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Granada 1936, crimen sin condena
por Daniel Campione
En la madrugada del 18 de agosto de 1936, Federico García Lorca, gran poeta y
dramaturgo, fue fusilado en la carretera que une las localidades de Víznar y Alfacar, en
la provincia de Granada, España.
No hubo ninguna forma de juicio, sólo unos balazos en descampado y a altas horas de
la noche. Un asesinato liso y llano, después de días de arresto sin ninguna acusación
concreta.
A la infamia del homicidio se unió, como era común en la época, la del certificado de
defunción, expedido más de tres años después. En el mismo se lee que Federico “…
falleció en el mes de Agosto de 1936 a consecuencia de heridas producidas por hecho
de guerra siendo encontrado su cadáver el día veinte del mismo mes en la carretera de
Viznar a Alfacar”.
El artero fusilamiento se trasmutaba en acontecimiento bélico. Y se consignaba el
supuesto hallazgo de su cuerpo, siendo que hasta hoy se ignora el paradero del mismo.
�Más allá de las imposturas del lenguaje burocrático, otro gran poeta español,
anatematizó en verso el atropello cometido:
Se le vio, caminando entre fusiles,
por una calle larga,
salir al campo frío,
aún con estrellas de la madrugada.
Mataron a Federico
cuando la luz asomaba.
El pelotón de verdugos
no osó mirarle la cara.
Todos cerraron los ojos;
rezaron: ¡ni Dios te salva!
Muerto cayó Federico
– sangre en la frente y plomo en las entrañas –
… Que fue en Granada el crimen
sabed – ¡pobre Granada! -, en su Granada…
Antonio Machado. Fragmento de “El crimen fue en Granada”.
�¿Por qué lo mataron?
Lorca no fue víctima de un error, como hasta la actualidad sostienen algunos
neofranquistas. Quienes lo llevaron a la muerte no lo hicieron por razones ajenas a la
política. Su homosexualidad pudo tener que ver en el odio que muchos reaccionarios
le profesaban. Pero incluso su opción sexual era un hecho político.
Contra lo que a veces se ha sostenido, era un hombre comprometido, si bien no tenía
una adscripción militante expresa. Decidido partidario de la república se sentía
enfrentado no sólo con la monarquía, sino con las clases que usufructuaban una
estructura social y política signada por la desigualdad y la explotación.
De la clase dominante a la que más conocía, la de Granada, había dicho que era “la
peor burguesía de España”. Allí fue que lo fusilaron.
En comentarios sobre el público teatral, son múltiples sus manifestaciones a propósito
de que había que quitar el teatro de las garras de la burguesía y ponerlo en contacto
con campesinos y trabajadores, que lo sabrían apreciar mucho mejor.
Con sus propias palabras expuso la idea elocuente de dar primacía al público popular y
cambiar de raíz la extracción de clase de lxs espectadores: “Yo arrancaría de los teatros
las plateas y los palcos y traería abajo el gallinero. En el teatro hay que dar entrada al
público de alpargatas. ¿Trae usted, señora, un bonito traje de seda? Pues, ¡afuera!”
Una gran experiencia escénica que creó y dirigió, el teatro universitario La barraca,
tuvo como premisa central ir a pequeñas ciudades, pueblos y aldeas, lejos de los
circuitos “cultos” habituales. Buscaban el contacto con un público que tal vez nunca
había asistido al teatro, a menudo iletrado. Federico les atribuía una particular
sensibilidad que facilitaba su acercamiento con el gran teatro.
Los “barracos” no daban un repertorio simple o “ligero”, sino grandes clásicos del
teatro hispano. Calderón, Lope de Vega, Tirso de Molina, los “entremeses” de
Cervantes… El “siglo de oro” español se enlazaba con el siglo XX y las representaciones
eran verdaderos éxitos.
En cuanto a la obra escrita por Lorca, la crítica a la sociedad española, sus costumbres
y a alguna de sus instituciones, tenía un lugar eminente. Tanto en sus poemas como en
sus obras teatrales.
Un claro ejemplo es el titulado Romance de la guardia civil española, que recoge
hechos reales de represión a agricultores y gitanos en la zona de Jerez de la Frontera,
Andalucía.
�El estudioso Miguel Caballero considera a esos versos “... una crítica a esa sociedad de
grandes propietarios convertidos en caciques y que se apoyaban prioritariamente en la
Guardia Civil para que velara por la protección de sus propiedades y de ellos mismos.”
El poeta llega a la mención expresa de un gran terrateniente y productor vitivinícola de
la zona, Pedro Domecq, relacionándolo con los actos represivos. Un atrevimiento del
tipo del que los poderosos suelen no perdonar.
Para la apreciación de burgueses y militares reaccionarios el poeta granadino era un
personaje para nada simpático. Ciertas osadías en la pintura moral y en el lenguaje de
su teatro tampoco obraban a su favor, desde la perspectiva de pacatería generalizada
que auspiciaba el clero integrista y compartían “las personas de orden”.
Fue protagonista en su denuncia y captura Ramón Ruiz Alonso, dirigente en Granada y
exdiputado de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), un partido
católico fascistizado. La acción de Ruiz Alonso estuvo respaldada por los oficiales a
cargo del “gobierno civil” de Granada, sostenedores de la decisión de darle muerte al
poeta.
En la suerte corrida por el autor de Bodas de sangre también pudo influir su estrecha
relación con Fernando de los Ríos, coterráneo y dirigente socialista al que los
“nacionales” aspiraban a capturar.
-------------------Lo seguro es que el asesinato de García Lorca se inscribe de lleno en el accionar
represivo y genocida puesto en marcha por el golpe de julio de 1936. El suyo es sólo el
más tristemente célebre de los “paseos” de prisioneros: Sacados de sus celdas en
plena noche se los baleaba en algún sitio más o menos apartado y sus restos eran
enterrados en secreto.
El crimen de Viznar sigue impune y el cuerpo no ha sido recuperado. El homicidio de
una de las figuras insignes de la literatura en lengua española del siglo XX continúa sin
que se reponga a pleno la verdad. Y se haga justicia.
Artículo publicado originalmente en revista Tramas: periodismo en movimiento
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Granada 1936, crimen sin condena
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Campione, Daniel
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Artículo publicado originalmente en revista Tramas: periodismo en movimiento https://tramas.ar/2022/08/05/granada-1936-crimen-sin-condena/
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biografías
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La guerra de España en tierras rioplatenses
Por Daniel Campione
Introducción
La guerra civil española se produjo a partir de un golpe cívico-militar fracasado. Se combatió
durante casi tres años hasta que los autores del golpe, con el apoyo de las potencias
fascistas, alcanzaron su objetivo inicial de derrocar al gobierno legítimo, e instauraron un
orden represivo, guiado por un programa reaccionario orientado a disciplinar a lxs
trabajadores y campesinxs españoles.
El conflicto tuvo una repercusión mundial, expresada sobre todo como solidaridad con la
república española. Para algunos se trataba de apoyar a la democracia frente a una
agresión de tinte fascista. Para otrxs de dar impulso a la acción revolucionaria desplegada
por las corrientes más radicalizadas dentro de lxs leales al gobierno.
En Argentina las solidaridades fueron fuertes y variadas. Son conocidos y recordados los
múltiples actos de apoyo a la república. Y la presencia de argentinxs en España, en diversas
funciones en el frente y la retaguardia republicana.
Uno de los artículos aquí recogidos hace referencia a escritorxs y poetas que, en el papel de
corresponsales, cubrieron la contienda española con clara toma de partido por las fuerzas
de izquierda.
Los demás toman un aspecto menos conocido: La amplia gama de apoyos que
intelectuales, dirigentes políticos y la iglesia católica de Argentina brindaron a lo que
consideraban una “cruzada” en pro de los valores cristianos y de las mejores tradiciones
hispánicas.
Con motivo del aniversario de la sublevación y el inicio de la guerra, es necesaria la
recordación de quienes prefirieron compartir bando con Italia fascista y Alemania nazi, en
contra del pueblo español y de las democracias a las que percibían como “antesala del
comunismo”.
Más allá del transcurrir de las décadas, la guerra de España aún atrae el interés intelectual y
el compromiso afectivo de millones de argentinas y argentinos.
1
�Intelectuales argentinos con Franco. Entre la Iglesia y el
fascismo
El golpe militar con apoyo empresarial y eclesiástico que dio origen a la guerra civil española
tuvo apoyos desde el primer instante en nuestro país. Destacados intelectuales se
encolumnaron con la perspectiva antiparlamentaria, anticomunista y ultracatólica de los
autores e inspiradores de la sublevación.
Para un sector muy amplio de la derecha argentina y de sus exponentes intelectuales en
particular, oponerse a la “amenaza roja” en España, se convirtió en un signo de identidad.
En ese campo se encontraba la mayoría de la militancia católica, proclive al entendimiento
con los fascismos europeos.
Puede servir de ejemplo la declaración de un por entonces joven intelectual nacionalista,
Mario Amadeo: “Durante la guerra civil me sentí íntimamente solidarizado con las fuerzas
nacionales porque entendí que no se debatía una cuestión puramente doméstica sino que
se planteaba la disyuntiva entre los más altos valores religiosos y culturales de Occidente y
la barbarie marxista.”
Los nacionalistas católicos defendían la idea de un “ser nacional” fundado exclusivamente
en el catolicismo. La sustancia irrenunciable de la nación se encontraba en su contenido
religioso. España, “nación católica” por excelencia, era el ejemplo a seguir.
Para entender este pensamiento no hay que limitarse a coordenadas ideológicas sino ver la
extracción de clase de quienes lo sustentaban. Estaban vinculados a sectores de la
burguesía que creían que el régimen parlamentario dejaba el terreno libre a los desbordes
de las mayorías plebeyas y permitía la expansión del comunismo.
Querían un Estado fuerte, encabezado por un liderazgo personalizado e indiscutible, a la
manera de los fascismos en auge en Europa. Que suprimiera las libertades públicas y el
régimen liberal para disciplinar a la nación en la preservación del orden y la defensa de los
valores tradicionales.
Todo lo que los llamados “nacionales” prometían para España.
Si bien no se identificaban con el gobierno del general Agustín P. Justo, apoyaban las
medidas represivas de éste y propiciaban la adopción de otras nuevas, como una ley
integral de represión del comunismo. Cuando el gobierno encarcelaba y torturaba obreros
en huelga o declaraba ilegales a partidos obreros y organizaciones de izquierda, aplaudían
con entusiasmo.
En lo que muchos de estos intelectuales se diferenciaban de los fascistas era en que no
compartían el espíritu plebeyo del régimen italiano y alemán, ni su discurso de matices
anticapitalistas. Eran ante todo hombres de orden, profundamente elitistas, querían al
pueblo fuera del campo político.
Los intelectuales más destacados que apoyaban al bando de
Franco
Entre ellos se encontraban los dos escritores de mayor llegada al público en Argentina:
Manuel Gálvez y Gustavo Martínez Zuviría. Ambos católicos, ambos nacionalistas, los dos
2
�cercanos a los fascismos, los dos cultores del mito de la “hispanidad”, una cultura
hispanocatólica que debía unificar contra cualquier amenaza laica y comunista.
Había influido mucho sobre ellos Ramiro de Maeztu, doctrinario que había sido embajador
de España en Argentina a fines de la década de 1920. Era propulsor de la idea de la
“hispanidad”, marcada por la unidad de los pueblos de ascendencia española y fe católica, a
ambas orillas del océano.
Su interpretación de España como nación católica coincidía con la de la derecha española,
exaltadora del Imperio, de la reconquista, de la contrarreforma. Todo eso estaba amenazado
por la “canalla marxista” que había estado a punto de apoderarse de España de modo
definitivo y el golpe militar “salvador de España” salía a impedirlo
Como otros nacionalistas, condenaban todo el pensamiento y la práctica de la Ilustración,
añoraban de algún modo la época de las grandes monarquías, que habían conquistado
buena parte del mundo y combatido a cualquier signo de heterodoxia o disidencia.
Martínez Zuviría había tenido un colosal éxito de público con “El Kahal-Oro”, dupla de
novelas antisemitas que pintaban una conspiración judía mundial con eje en Argentina.
Era además el director de la Biblioteca Nacional, en la que había cometido actos de
discriminación contra lectores judíos.
Gálvez producía novelas que exaltaban el catolicismo, deploraban la quiebra de valores, las
libertades excesivas y propiciaban la “recatolización” de la sociedad. En 1934 había
publicado una serie de artículos luego convertidos en libro, Este pueblo necesita, que eran
un verdadero manifiesto fascista, una elegía a la instauración de un régimen plenamente
autoritario en nuestro país.
Gálvez afirmaba que era ineludible elegir entre “Roma y Moscú”. Roma era “la mano de
hierro del fascismo, violenta, justiciera, salvadora”. Sus simpatías se extendían hasta el
nazismo: “Yo no apruebo las persecuciones realizadas por los nazis, pero me entusiasman
aquellos campos de concentración en donde millares de jóvenes aprenden la vida austera.”
Otro intelectual profranquista destacado era Carlos Ibarguren. No era un escritor masivo
como los anteriores, pero sí un destacado dirigente de instituciones culturales y literarias.
Asimismo había sido un dirigente político importante, con una candidatura a presidente con
elevada votación incluida. Publicó un libro de exposición de sus ideas en 1934, La inquietud
de esta hora, en el que abogó por una nación unificada, sin partidos políticos, con el
reemplazo de la democracia individualista, propia del liberalismo, por lo que llamó
“democracia social”, de tinte corporativo.
Gálvez e Ibarguren colaboraron de modo activo con organizaciones de solidaridad, como el
Socorro Blanco, imitación reaccionaria del Socorro Rojo Internacional.
Internacionalismo “negro”
Esos sectores recibieron con euforia el triunfo de las fuerzas antirrepublicanas. En una
recepción celebrada el 13 de abril de 1939 en el hotel Continental de Buenos Aires, Gálvez
e Ibarguren participaron de los festejos por el triunfo de Franco. Se aprestaron a secundar
todas las iniciativas a favor del régimen triunfante.
Su anticomunismo, su enfrentamiento con cualquier formar de democracia y su defensa de
una concepción integrista del catolicismo se gratificaban con esa victoria.
3
�Hay que insistir en que el profranquismo de un sector de la intelectualidad argentina tuvo
íntima vinculación con sus posiciones en el conflicto social en nuestro país. Estaban
alarmados por el crecimiento del comunismo y otras fuerzas de izquierda y por el aumento
de la conflictividad obrera.
No confiaban en el poder de contención del gobierno del “fraude patriótico” y querían un
régimen de fuerza que persiguiera hasta borrarlos a los “enemigos del orden”. Y miraban
con simpatía a los proliferantes grupos nacionalistas que ejercían la violencia en las calles
contra las corrientes de izquierda.
La solidaridad con los sublevados españoles fue por su parte un ejercicio de
internacionalismo reaccionario, en el combate mundial contra la democracia y el socialismo.
4
�Los hombres de sotana
También actuaban los sacerdotes con elevada formación intelectual que se constituían en la
voz oficial de la Iglesia. El más destacado era Monseñor Gustavo Franceschi, director del
periódico católico Criterio.
Esa revista entiende a la Guerra Civil Española como una neocruzada heroica en clave de
siglo veinte, antídoto para los males de la modernidad. Incluso el medieval concepto de
guerra santa cobraba nuevos bríos.
Los impulsaba también un factor más coyuntural: El repudio a la política laicista de la
segunda república, a la que percibían como una “intolerante persecución” a la iglesia
española. En un par de artículos de la constitución republicana y en alguna ley posterior se
condensaban una serie de recortes a las atribuciones eclesiásticas, sobre todo en materia
educativa, actividad que les prohibía. También les quitaba el apoyo económico del Estado y
les vedaba la acumulación de bienes y las actividades industriales.
Lo que iba acompañado por la supresión de la orden de los jesuitas, tal vez la más poderosa
y a la vez la más repudiada por los partidarios del laicismo.
La rebelión de julio de 1936 fue tomada por la iglesia española como una reivindicación y un
ataque al laicismo de la constitución de 1931, que volvía a entronizarse con el triunfo del
Frente Popular. La actitud de hombres como Franceschi se hallaba en un todo de acuerdo
con eso.
Iniciada la guerra civil los numerosos fusilamientos de sacerdotes católicos y la quema de
iglesias se convirtieron en un agravio que los medios católicos mayoritarios condenaron en
todo el mundo tomaron como propio. Sin embargo hubo corrientes católicas que sin dejar de
repudiar los ataques contra la iglesia denunciaban también los salvajes actos represivos de
los “nacionales” y se negaban a asumir la idea de una “guerra justa” contra la república.
La iglesia argentina sigue esa línea de su par española. Los intelectuales del clero
estimulaban el alineamiento de la feligresía, cada católico fue llamado a tomar posición y
toda crítica al espíritu de cruzada dominante era puesta en sospecha de encubrir simpatías
hacia el comunismo.
En cada parroquia los curas predicaban a favor de la causa de la “salvación de España”,
una verdadera cruzada contra infieles, para conjurar la peste laicista que había corroído a la
República y combatir a las fuerzas que atentaban contra el orden social.
A los factores provenientes de España y del clima político mundial se unían componentes
locales. Las fuerzas conservadoras visualizaban un auge del comunismo y otras corrientes
radicalizadas en el país. El año 1936 había comenzado con una gran huelga, con epicentro
en el sector de la construcción, que a su vez había dado lugar a fuertes disturbios callejeros,
como no se veían en Buenos Aires desde la semana trágica de 1919. Meses después, un
gran acto pluripartidario el 1 de mayo había sido visto como el preanuncio de la
conformación de un frente popular, que podía llevar a las fuerzas de izquierda al gobierno.
En esa situación, el “combate al comunismo” en España era un correlato de la lucha contra
el comunismo en la sociedad argentina.
5
�Franceschi tomaban también parte en actividades prácticas de solidaridad con los rebeldes
españoles.
Por ejemplo, se dedicó a una colecta para reponer los objetos sagrados que habían sido
destruidos o sustraídos por los “rojos” en las iglesias españolas. Viajó luego a la península
para llevar lo obtenido en la colecta y allí hace la defensa incondicional de los rebeldes.
Interviene por ejemplo en la discusión sobre el bombardeo de Guernica, defendiendo la tesis
oficial de que habían sido los “rojos” los que habían incendiado la ciudad mientras se
retiraban, en actitud negacionista del bombardeo efectuado por la Legión Cóndor alemana.
Sus vivencias españolas fueron volcadas en un libro En el humo del incendio, un alegato
contra el llamado “terror rojo”.
Otro sacerdote católico que se destacó en relación con la guerra española fue Julio
Meinvielle. Debatió con un gran filósofo católico, Jacques Maritain, que desmentía el
carácter de guerra santa del conflicto español y denunciaba los crímenes de los
“nacionales”. Maritain visitó Buenos Aires en 1936, ya estallada la guerra. El sacerdote
defendió la idea del carácter sagrado de la guerra contra el comunismo e impugnó las
tendencias liberales de su adversario.
Los periódicos de simpatía fascista jugaban asimismo un papel en la propaganda
profranquista, eran Bandera Argentina, Crisol, Sol y Luna, La Fronda. Si bien mantenían
relaciones con el ámbito católico, su fidelidad principal era con las ideas del fascismo.
Algunos incluso estaban financiados por la embajada alemana.
La dirigencia política conservadora
Manuel Fresco, gobernador de la provincia de Buenos Aires, declarado partidario del
fascismo. Desde el primer momento fue adherente a la sublevación española. Durante la
guerra buscaba entorpecer cualquier manifestación a favor del gobierno español. Los
comités de ayuda fueron víctima de redadas de carácter "anticomunista", incluso de
actividades de represión directa hacia los adherentes a tales organizaciones.
Matías Sánchez Sorondo era un destacado senador del partido conservador, que se destacó
en toda la etapa en actividades anticomunistas, como la confección de un proyecto de ley
orientada a la represión, que en realidad no iba sólo contra el partido comunista. Ese
proyecto no tuvo mayor eco durante años, pero con la guerra se activó y logró media
sanción del Senado, sin llegar a convertirse en ley. Estaba orientada no sólo contra el
comunismo y tendencias afines, sino a cualquier fuerza independiente y cuestionadora, con
el movimiento obrero al frente. Sánchez Sorondo viajó a España en marzo de 1937, invitado
por el gobierno de Burgos. Fue objeto de una concurrida y resonante despedida antes de
salir de Buenos Aires. Luego siguió viaje a Italia a Alemania, donde se entrevistó con Hitler.
Estos dirigentes no encarnaban la corriente principal del conservadorismo, pero lograban
adhesiones importantes. El gobierno argentino de la Concordancia siguió manteniendo
relaciones con la república pero tuvo una actitud más que reticente hacia quienes la
apoyaban en nuestro país. Por ejemplo, poniendo condiciones y a veces prohibiendo sus
actos públicos. Y después de la guerra pondrían obstáculos al exilio español, no querían
recibir “rojos” en el territorio nacional.
6
�Las organizaciones de la colectividad española que
estuvieron con el franquismo
Las entidades que reunían a los sectores más acaudalados de la comunidad hispana
estuvieron del lado de los sublevados. Algunas sostenían una apariencia de neutralidad que
apenas encubría la inclinación por los rebeldes. Banco Español, Hospital Español, Cámara
de Comercio hispanoargentina, Club Español, Asociación Patriótica Española, integraron la
conjunción antirrepublicana. Cabe aclarar que algunos de estos organismos articularon la
solidaridad con “los nacionales” en España con el propósito de “recristianizar” a las
comunidades españolas en Argentina y a combatir el “influjo comunista” en su seno.
Vale la pena especificar tres situaciones diferentes entre las organizaciones ligadas a
colectividades de España. Las que agrupan población de origen hispano en general, sin
acepción de regiones o lugares, tendieron a inclinarse hacia el franquismo. Las de carácter
regional, como el Centro Gallego o el Centro Asturiano fueron objeto de disputa y las
llamadas microterritoriales (las que agrupan a originarios de una misma comarca, ciudad o
pueblo) tendieron a inclinarse por la defensa de la república. La más conocida, la
Federación de Sociedades Gallegas.
También estaban las organizaciones específicamente políticas y las creadas ex profeso para
la solidaridad con los sublevados. La filial argentina de Falange, la Agrupación Monárquica
Española, los Legionarios Civiles de Franco, la Asociación gallega de cruzados de Santiago,
el Socorro argentino a las víctimas de España, el socorro blanco argentino, Centro Acción
Española y Agrupación Tradicionalista Española.
En la Agrupación Monárquica tomaba parte una princesa española radicada en el país,
María Pía de Borbón. En los Legionarios Civiles de Franco actuaba el conde de
Guadalhorce, máximo directivo de la gran compañía española que construyó el subte C.
Publicaciones y órganos de prensa de las instituciones españolas afines al alzamiento, entre
ellas: El Diario Español, Falange Española, Juan Español, Correo de Galicia, El requeté,
Orientación Española, Acción Española, Fe Gallega, Por Ellos y Orientación Española.
También hubo programas de radio profranquistas, como “Habla España”, que se trasmitía
por Radio Callao.
En algunos de estos medios se pueden encontrar menciones a los desacuerdos existentes
dentro del conjunto de agrupaciones franquistas.
Así en El requeté, órgano de un sector del carlismo: “Con Franco absolutamente y sin
reservas, en todo cuanto se refiere a la guerra. Con Franco, condicionado al bien común, en
todo lo referente a la gobernación y ordenación del Estado. Fuera de Franco o contra Franco
en cuanto dice relación con política de partido o personalista. Detestamos toda apariencia
de fascismo o racismo y no la queremos para España
El mando de Burgos envió a un representante informal, Juan Pablo de Lojendio, que
participó en la coordinación de las actividades solidarias con el franquismo. Asimismo hubo
encargado en Argentina del servicio de prensa y propaganda del gobierno de Burgos.
Funcionaba la Oficina de Prensa y Propaganda de la Representación de España -OPYPRE-.
Además de las publicaciones periódicas, en 1937 y 1938 editó un total de 23 libros
claramente favorables a los “nacionales.”.
7
�La investigadora Mónica Quijada señaló que la campaña a favor del bando nacionalista
español fue efectuada, de manera casi exclusiva, por una minoría perteneciente a los
estratos medios y altos de la colonia hispana radicada en el país, la cual estuvo
acompañada por miembros influyentes de la oligarquía local y de la Iglesia Católica
argentina.
Otra investigadora, Alejandra Noemí Ferreyra ha hecho un estudio detallado de la
solidaridad con el franquismo que partió de Argentina. Seguimos aquí parte de la
información que proporciona su tesis doctoral: “La conformación de un consenso profranquista en la comunidad española de Buenos Aires: solidaridad material y propaganda
político-cultural (1936-1945).”
Estos sectores se caracterizaron por realizar significativas contribuciones económicas al
movimiento rebelde y por mantener una adhesión cercana al “fervor religioso” hacia el
General Franco.
Estas organizaciones realizaban colectas, encuentros, comidas. No eran muy numerosas y
por eso no solían recurrir a actos masivos, pero sí podían movilizar recursos económicos y
muchas relaciones. Un acontecimiento muy peculiar era la celebración de reuniones de
“plato único” tomadas de una política del franquismo en España. Se consumía un solo plato
y se pagaba como si se hubiese tomado un menú completo.
Después de alguna colecta que prometía enviar recursos a ambos lados del frente, los
simpatizantes de la derecha empezaron a organizar recolecciones de fondos y bienes
explícitamente destinados a apoyar a las fuerzas antirrepublicanas. El Centro Acción
Española organizó una colecta muy temprana. La consigna era “tomar a su cargo la tarea de
recaudar víveres, ropa, medicamentos y demás elementos, con destino a los patriotas que
defienden en los campos de batalla la soberanía española”, así como también, dio inicio a
una colecta de joyas, alhajas y objetos de valor para acrecentar las arcas de la España
nacionalista.
En total, se crearon Juntas Nacionalistas Españolas en todo el territorio argentino, entre
ellas hubo filiales en: Santiago del Estero, Entre Ríos, Córdoba, San Luis, Santa Fe,
Corrientes, Misiones, Tucumán, Catamarca y Buenos Aires. No obstante, los obstáculos con
los que se encontraron los emisarios fueron múltiples, desde la apatía hasta el rechazo más
absoluto. Sus informes evidencian la presencia de una abrumadora mayoría pro republicana
en las colonias españolas del interior (más de un 80% según sus propias palabras), a lo que
se sumaba la de aquellos quienes, a pesar de manifestar su simpatía hacia el bando
rebelde, por temor a perder sus ganancias comerciales no accedían a comprometerse y
declarar abiertamente su posicionamiento político.
Otra iniciativa del Centro Acción Española fue la producción y venta de tarjetas postales a
color con la imagen del General Franco, cuya recaudación fue donada a la colecta a favor
del ejército sublevado (Imagen 3). 22 El director del Colegio Champagnat ideó esta
propuesta que tuvo un notable éxito entre los alumnos del colegio católico, quienes en poco
tiempo lograron vender más de nueve mil tarjetas entre sus familiares, allegados y amigos
También hubo agrupaciones femeninas de Acción Española: “a las secciones femeninas
movilizadas correspondía el ejercicio de la función maternal, debiendo ocuparse casi
exclusivamente de la contención y el socorro a los niños y huérfanos españoles que sufrían
las calamidades de la guerra.
8
�Damas de otras agrupaciones encabezaron iniciativas, como el Ropero Santa Teresa de
Jesús, que se encargaba de proveer ropa y calzado para niños y adultos de la zona llamada
“nacional”, de los Legionarios Civiles de Franco. El mismo fue integrado a la Delegación
Nacional de Frentes y Hospitales que presidia en España nada menos que Carmen Polo, la
esposa del General Franco.
Otras entidades se fundaron para contribuir con el alzamiento militar en la península, pero
con protagonismo de ciudadanos argentinos, pertenecientes muchos de ellos a lo que se
llamaba “alta sociedad”. Fue el caso de “Socorro Blanco Argentino pro Reconstrucción de
España”, creado en diciembre de 1936 por reconocidas personalidades de la intelectualidad
y la oligarquía local. Y también el caso de SALVE (Socorro Argentino a las Víctimas de
España), cuya comisión directiva estaba conformada por Adela Gramajo de Patrón Costas,
Isabel Bonorino Udaondo de Marcó, César González Álzaga y Saturnino Zemborain.
Uno de los fundamentos de esa solidaridad era que se sufrieran en Argentina convulsiones
similares: “Imaginemos las consecuencias de una victoria del gobierno rojo de Valencia. Es
casi seguro que ello provocaría estallidos revolucionarios en América. Ahora mismo
observamos aquí un recrudecimiento del espíritu miliciano en la numerosa colonia española
(…)”
Además de ello, el Centro Acción Española protagonizó una de las primeras campañas
propagandísticas a favor del movimiento rebelde por el interior del país.
También hubo envío de voluntarios, en particular por parte de la filial argentina de Falange
Española. No hay un número preciso de cuantos españoles o descendientes de españoles
viajaron, pero sí la información de que 80 pidieron la repatriación al final de la guerra.
La primera expedición partió desde el puerto de Buenos Aires a bordo del vapor General
Artigas el 26 de agosto de 1936, bajo el comando de Nicolás Quintana y José Ruiz Bravo,
este último viajó además en calidad de corresponsal del periódico Bandera Argentina. Este
primer grupo compuesto por 26 jóvenes fue despedido por los adeptos al alzamiento en un
almuerzo de camaradería organizado en el Centro Acción Española y Soledad Alonso de
Drysdale, quien no escatimó en los costos del agasajo y en el envío de obsequios para los
soldados que se hallaban en el frente.
Una despedida muy distinta le daban los trabajadores del puerto que los hostigaban dando
vivas a favor de la república y derivaban en enfrentamientos que llegaron a provocar la
intervención de la policía.
“Es importante destacar que la campaña de solidaridad a favor del bando liderado por el
General Franco logró una mayor uniformidad que la de sus pares republicanos. Esto en gran
medida se debió a la acción del Representante oficioso, Juan Pablo de Lojendio, quien
promovió la creación de una única “Suscripción Nacionalista Española” orientada a fiscalizar
las recaudaciones y el envío de los donativos que se remitían a la España nacionalista.”
Terminada la guerra e instalada la embajada de la dictadura española, continuó una amplia
gama de actividades de apoyo al nuevo régimen, incluida la formación de espacios de
intercambio cultural hispanoargentinos: Programas de radio “Habla España” de Acción
Española y “Orientación Española” de la propia Oficina de Prensa y Propaganda.
9
�Corresponsales y poetas en la guerra de España
Entre los corresponsales argentinos en la guerra de España, se destacaron los enviados por
dos medios, de muy distintas características y envergadura. Coincidían sin embargo en su
alineamiento sin fisuras con la república: Crítica y La Nueva España. Órgano del Comité de
Ayuda al Gobierno Español del Frente Popular Más aún, parte de los periodistas del
segundo provenían del diario que se distinguía por su colosal masa de lectores.
De este núcleo de corresponsales enrolados en la causa republicana, dos viajaron juntos a
España, en febrero de 1937, Raúl González Tuñón y Cayetano Córdova Iturburu. Los dos
eran comunistas. Por añadidura a su labor de corresponsales, ambos se hallaban invitados
al Congreso de Intelectuales Antifascistas, que se inauguraría más adelante en Valencia.
Córdova venía de ser uno de los impulsores de la Agrupación de Intelectuales, Artistas,
Periodistas y Escritores (AIAPE), organización de clara orientación antifascista desde una
perspectiva de izquierda.
Tuñón y Córdova formaban parte de un grupo de figuras que ingresan a Crítica para llevar a
cabo una transformación: los hermanos González Tuñón, Nicolás Olivari, Conrado Nalé
Roxlo, Pablo Rojas Paz, Ulyses Petit de Murat y Córdova Iturburu, entre otros, quienes se
convirtieron a su vez en los representantes de “la vanguardia del periodismo argentino”.
En Cayetano, el poeta se superponía al periodista: Si bien en las crónicas previas ya
aparecen ciertos rasgos poéticos a la hora de exaltar la dimensión moral y épica de la
resistencia republicana en contraposición al bando de los sublevados, en esta crónica, sin
dudas, la poesía se apropia del escritor y se impone por sobre la prosa periodística. Córdova
Iturburu insiste en una belleza inherente al aspecto humano que desborda al horror de la
guerra. A la dirección del diario no le gustaron esas crónicas y sólo publicó tres. Y al tiempo
C.C.I dejó de ser corresponsal del diario. Reunió y revisó sus escritos periodísticos para el
libro España bajo el comando del pueblo. Y escribió: Este libro aspira a ser un alegato. Pero
un alegato en el que la pasión y el entusiasmo se recatan en la firme voluntad de
comprender y expresar con serena objetividad el resultado de mis inquisiciones […] He
creído que mi deber consistía en recoger un panorama estricto para ofrecerlo a mis
compatriotas en prueba de la justicia de la causa de España y en testimonio de la grandeza
de su sacrificio.
En cuanto a los contenidos más sobresalientes del libro pueden agruparse en tres grandes
temas que, a su vez, contemplan lo sucedido tanto en la retaguardia como en el campo de
batalla. En primer lugar, aquellos preocupados por denunciar las atrocidades de la guerra
llevadas a cabo por los sublevados, desde las batallas y bombardeos en el frente y sobre la
sociedad civil hasta las violaciones de mujeres; en segundo lugar, temas relacionados con el
carácter heroico de los leales definidos en la organización laboral –que se observa en la
puesta en marcha de fábricas al servicio de la guerra–, las reformas agrarias y la
maduración de los soldados a lo largo del conflicto gracias a la disciplina y la conciencia
política. Y, en tercer lugar, en consonancia con el papel específico de los intelectuales
antifascistas, la lucha “por la defensa de la cultura”, destacada sobre todo a partir del
cuidado y rescate del patrimonio cultural y el impulso de las campañas de alfabetización
llevadas a cabo en plena guerra.
José Gabriel, sería el primero de los corresponsales de guerra de Crítica: viajará después,
de febrero a agosto de 1937 Córdova Iturburu, La sede del diario, en la Avenida de Mayo, se
10
�había convertido desde los primeros meses de la guerra en un lugar de reunión para
simpatizantes de la República Española: allí podían leer los últimos cables, transcritos sobre
pizarras en el vestíbulo; allí podían contribuir a la colecta para la Cruz Roja impulsada por el
periódico; y allí, más tarde, iban a poder visitar exposiciones de fotos o carteles de la
guerra.
De militancia trotskista, tenía un fuerte vínculo con el proceso político español, acerca del
cual había comenzado a escribir ya en 1932, con el folleto Burgueses y proletarios en
España. La revolución española. Su origen – su significado – su destino.
Gabriel recorre los frentes de combate, relata los choques armados con dramatismo, vive
experiencias tan singulares como compartir algunos días en el campamento de
Buenaventura Durruti. “Recorrí todo el tramo de la columna Durruti, siempre con el enemigo
ahí enfrente, a tiro de escopeta; tomé mate en su cuartel general, donde tuve la suerte de
reforzar la previsión de yerba a punto de agotarse; estreché en ella la mano a un voluntario
cubano y a cuatro voluntarios argentinos; conversé amenamente con el primer y segundo
jefe, ambos largos años residentes en Buenos Aires; y al caer el sol espléndido, con el
destacamento que la columna tiene en Osera, a treinta kilómetros escasos de Zaragoza,
asistí a un admirable ataque de los milicianos”
En consonancia con su cercanía al trotskismo, Gabriel se alinea con la revolución en curso
en Cataluña y suscribe la posición de la CNT, de que es indispensable hacer la revolución
para ganar la guerra. Esas opiniones generaron algunos desagrados y es posible que hayan
influido en su intempestivo regreso de España. En noviembre de 1936 ya estaba de vuelta
en Buenos Aires.
Las crónicas que escribió para el diario fueron el basamento de los libros que dedicó al
conflicto hispánico, La vida y la muerte en Aragón y España en la cruz.
María Luisa Carnelli escribía para La Nueva España. No fue enviada, sino que ya residía en
la península desde antes del conflicto, y al iniciar su colaboración llevaba publicado un libro
U.H.P, mineros de Asturias, recorrido por la identificación con la insurrección obrera de
1934. También escribía para medios gráficos españoles, como Ahora y El Sol, en especial
este último. Una mujer reportera, y nada menos que en una situación de guerra, era algo
nada frecuente en la época. En la época, las mujeres periodistas solían dedicarse a las
páginas “femeninas” o a comentarios sobre literatura y temas culturales. Carnelli incluso va
al frente, y relata sus experiencias allí: “Acompañados siempre por el comandante
Rodríguez y por el poeta y escritor argentino Raúl González Tuñón, salimos en fila india de
la línea quebrada de las trincheras. Nos aguarda un espectáculo magnífico. Al segundo
batallón de andaluces de la Brigada 36 acaban de suministrarle los nuevos equipos […].
Salud a los jóvenes campesinos del Sur que luchan aquí, en Madrid, para reconquistar la
tierra querida…”
Carnelli fue también militante comunista, poeta y se desempeñaba en el oficio de letrista de
tango, entre cuya producción se pueden mencionar dos grandes éxitos Se va la vida y
Cuando llora la milonga.
En España se vinculó estrechamente al Socorro Rojo Internacional (SRI), colaborando en su
periódico, Ayuda. Semanario de la Solidaridad, junto con Tina Modotti y Fanny Edelmann.
Escribe numerosos artículos desde el escenario mismo de los combates en torno a Madrid.
“Por sus apasionados artículos en el diario El Sol sabemos sus andanzas de 1937: en abril,
11
�visitó el frente de guerra en Carabanchel; el 14 de julio narra un asalto de unidades
marroquíes contra las líneas y parapetos que defienden Madrid; el 21 de julio hace un
reportaje sobre un hospital de sangre; el 7 de septiembre escribe sobre la importancia de
mantener lejos de la artillería enemiga a los niños y niñas madrileños; el 10 de noviembre
escribe sobre el frío en las trincheras de la sierra de Madrid. En otros artículos aparecen los
camilleros que trasportan heridos del frente, las mujeres del Partido Comunista y su labor en
la retaguardia o las trabajadoras del Metro”
González Tuñón era ya un reconocido poeta, periodista y militante comunista al viajar a
España.
En un artículo enviado desde España Tuñón escribe: Como poeta al servicio del pueblo, de
su vanguardia, la clase trabajadora, como argentino, es decir, como español de América,
sintiendo que la ceniza de antepasados campesinos, obreros, imagineros y mineros me
corre hecha sangre por las venas vitales, vengo a entrar al drama grandioso, vengo a entrar
al fuego, vengo a recorrer los caminos de la victoria convencido más que nunca de que la
barbarie y la cobardía fascistas serán desterradas tarde o temprano del territorio español, lo
que quiere decir que España habrá ganado para el mundo la más formidable de las batallas.
—“La ruta del coraje”, La Nueva España, Buenos Aires, 4 de abril de 1937.
Antes de eso, había escrito los versos de su libro La Rosa Blindada, dedicados a la rebelión
asturiana de octubre de 1934, fruto de un viaje a la península anterior a la guerra. Allí
desempeñaron un papel principal los trabajadores de las minas: “La sangre cayó a la tierra /
de la cuenca de su pecho. / La tierra se fecundó / con la sangre del minero. / Como era tierra
de Asturias / entre sus granos nacieron / miles de puños cerrados / y corazones abiertos”
Tuñón cuando viaja a España, en febrero de 1937, no lo hace en representación de Crítica
sino a La Nueva España, que era órgano del Comité de Solidaridad con España en
Argentina.
Además de las crónicas de guerra que envía desde España y de su muy copiosa producción
periodística, entre 1936 y 1939 González Tuñón da a la imprenta cuatro libros de asunto
español: La rosa blindada (Buenos Aires, 1936), poemario dedicado al levantamiento minero
de Asturias de 1934; 8 documentos de hoy (Buenos Aires, 1936), conjunto de discursos y
artículos sobre la situación de España y el papel de los escritores; Las puertas del fuego.
Documentos de la guerra de España (Santiago de Chile, 1938), volumen misceláneo de
relatos y prosas breves; y La muerte en Madrid (Buenos Aires, 1939), formado por poemas
dedicados a la defensa de la capital.
Una posible lectura de la producción literaria y periodística de Raúl González Tuñón de 1936
a 1939 permite considerar todos sus textos de manera global como una larga epopeya. En
efecto, el propósito de contar y cantar los hechos gloriosos y los personajes heroicos, las
hazañas que deben ser recordadas por el pueblo (memorables porque deben ser
albergadas en la memoria)
La lectura de las obras del escritor argentino como una epopeya clásica arroja una fecunda
interpretación. Al mismo tiempo, permite comprender con mayor amplitud el colosal impacto
que la Guerra Civil Española provoca en González Tuñón, quien consecuentemente se ve
obligado a reafirmar su posición ideológica y su papel de poeta armado que, mediante una
escritura desatada y comprometida, pretende alcanzar un doble objetivo: favorecer la
victoria del bando republicano y preservar el recuerdo de unos hechos memorables que lo
12
�convocan íntimamente. (Jesús Cano Reyes. “Fiebre y épica. González Tuñón, corresponsal
de la guerra civil española)
Nos gustaría terminar con los últimos versos de un poema que Raúl dedicó a Miguel
Hernández, , con el que había trabado amistad en España, después del fallecimiento de
éste, en 1943, un enlace entre la poesía hispana y la rioplatense, atravesada por la
militancia comunista:
Miguel, la Libertad vigila tu cadáver
tiene labio de espada y es un grito tendido—
Nosotros vengaremos tu sangre derramada
/ mientras tu verso vence los tiempos y los mitos.
Hoy las espigas dicen fusiles por tu nombre
y por tu nombre dicen espigas los fusiles.
Los surcos campesinos y el ancho mar levantan
ruido de guerras justas y poemas civiles.
Y mientras te deshaces bajo la tierra obscura,
y mientras te transformas de polvo en amapola,
por ti vemos los signos celestes del Gran Día,
y tu resurrección en el alba española».
13
�Índice
La guerra de España en tierras rioplatenses...........................................................................................1
Introducción......................................................................................................................................1
Intelectuales argentinos con Franco. Entre la Iglesia y el fascismo...................................................2
Los intelectuales más destacados que apoyaban al bando de Franco..........................................2
Internacionalismo “negro”...........................................................................................................3
Los hombres de sotana......................................................................................................................5
La dirigencia política conservadora...................................................................................................6
Las organizaciones de la colectividad española que estuvieron con el franquismo..........................7
Corresponsales y poetas en la guerra de España.............................................................................10
14
�
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La guerra de España en tierras rioplatenses
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Fil: Campione, Daniel. Centro Cultural de la Cooperación. Dep. Unidad de Información
Subject
The topic of the resource
HISTORIA
ESPAÑA
GUERRA CIVIL
FACISMO
COMUNISMO
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ARG
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Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini
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2022
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Dep. Unidad de Información
historia mundial
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a65a45f9d5134d9a6aa20b91bde04311
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El Capital. Obras de Marx y Engels
Obra crítica sobre los fundadores
del materialismo histórico
Hace 150 años, en una carta de fecha 16 de
agosto, un jubiloso Karl Marx escribía, alrededor de las dos de la madrugada a Friedrich Engels: “Querido Fred: Acabo de terminar la corrección del último pliego del libro.”
Daba así conclusión al tomo I de El Capital,
el único que fue publicado en vida de su autor. De este modo comenzaba un recorrido
intelectual y político de una riqueza y duración con pocos parangones posibles en la
historia del pensamiento mundial.
En consonancia con el foco puesto en el pensamiento de izquierda y marxista por parte de la
Biblioteca Utopía del Centro Cultural de la Cooperación, nuestra colección posee un importante acervo de ediciones de la obra magna del
pensador alemán. También integran nuestros
fondos las ediciones de otros libros y trabajos
breves de Marx y Engels y un amplio conjunto
de estudios y comentarios en torno a sus obras,
obra de autores de distintas época y latitudes.
En función del aniversario que se cumple
este año y en particular de ser sede el CCC
de unas Jornadas de reflexión y debate en
Ediciones de El Capital de Karl Marx
en Biblioteca Utopía
La Vanguardia
Marx, Karl (1818-1883). El capital : crítica de la
economía política / traductor Justo, Juan Bautista (1865-1928). -- Buenos Aires : La Vanguardia,
1946. 664 p. -- (El capital : crítica de la economía
política / Karl Marx ; T. 1)
[1] Inv.:14360 S.T.:330.85 MAR v.1 1946
Ediciones Ciencias del Hombre
Marx, Karl (1818-1883). Obras escogidas. El
Capital. Crítica de la economía política / Engels,
Friedrich (1820-1895). -- Buenos Aires : Ediciones
Ciencias del Hombre, 1973. 3 vol. -- (Obras escogidas / Karl Marx)
[1] Inv.:02099 S.T.:141.82 MARo v.1 ; [1] Inv.:02100
S.T.:141.82 MARo v.2 ; [1] Inv.:02101 S.T.:141.82
MARo v.3
Biblioteca de Propaganda “Ideal Socialista”
Marx, Karl (1818-1883). El capital : crítica de
la economía política. -- Buenos Aires : Bib. de
Propaganda “Ideal socialista”, 1918. 615 p.
[1] Inv.:03778 S.T.:330.85 MAR v.1 1918
Cartago
Marx, Karl (1818-1883). El capital : crítica de
la economía política. -- Buenos Aires : Cartago
Ediciones, 1956. t. i, 3 vol.
[1] Inv.:01939 S.T.:330.85 MARc v.1 ; [1] Inv.:01940
S.T.:330.85 MARc v.2 ; [1] Inv.:01941 S.T.:330.85
MARc v.3
torno a esa obra fundamental del pensamiento crítico, hemos elaborado la presente selección bibliográfica, como aporte a la
celebración de la obra de Marx y Engels y
a la discusión que en su torno tendrá lugar
en nuestra institución. Esperamos sea de
utilidad tanto para el público habitual de la
Biblioteca como para quienes se acerquen
con motivo de las Jornadas.
Utopía es una biblioteca especializada en
Ciencias Sociales y Humanidades, con especial énfasis en el movimiento cooperativo, el estudio de los movimientos obreros y
populares, temas de historia en general, el
pensamiento marxista, economia y ciencias
politicas. Lo invitamos a conocer y consultar
el material de su interés.
La biblioteca esta situada en el 4º Piso del
Edificio del Centro Cultural y presta un servicio a la comunidad de libre acceso para todo
publico. El horario es de lunes a viernes de
12:00 a 18:00 hs. Tambien se puede acceder
a nuestros servicios en linea en http://www.
centrocultural.coop/biblioteca-utopia.html.
Marx, Karl (1818-1883). El capital : crítica de la
economía política : libro primero : el desarrollo
de la producción capitalista / traductor Mazía,
Floreal (1920-1990). -- Buenos Aires : Cartago
Ediciones, 1973. 2 vol.
[1] Inv.:01139 S.T.:330.85 MAR v.1 ; [1] Inv.:04325
S.T.:330.85 MAR v.2
Folio
Marx, Karl (1818-1883). El capital, I. -- Barcelona : Folio, 1997. 3 vol.
[1] Inv.:05536 S.T.:33 MAR v.1 ; [1] Inv.:00786
S.T.:33 MAR v.2 ; [1] Inv.:00787 S.T.:33 MAR v.3
Siglo Veintiuno
Marx, Karl (1818-1883). El capital : crítica de la
economía política. Libro primero : el proceso de
producción de capital. -- 16a. ed. -- México : Siglo
Veintiuno, 1987. t.ii. -- (Biblioteca del pensamiento socialista. Serie Los Clásicos ; v. 1)
[1] Inv.:01571 S.T.:330.85 MARs t.1 v.1
Marx, Karl (1818-1883). El capital : crítica de la
economía política. Libro primero : el proceso de
producción de capital. -- 13a. ed. -- México : Siglo
Veintiuno, 1986. t.ii. -- (Biblioteca del pensamiento socialista. Serie Los Clásicos ; v. 2)
[1] Inv.:01572 S.T.:330.85 MARs t.1 v.2
Marx, Karl (1818-1883). El capital : crítica de
la economía política. Libro primero : el proceso
de producción de capital / editor Scaron, Pedro.
-- 12a. ed. -- México : Siglo Veintiuno, 1986. t.i.
-- (Biblioteca del pensamiento socialista. Serie
Los Clásicos ; v. 3)
[1] Inv.:01573 S.T.:330.85 MARs t.1 v.3
Marx, Karl (1818-1883). El capital : crítica de
la economía política. Libro segundo : el proceso
de circulación del capital / editor Scaron, Pedro.
-- 10a. ed. -- México : Siglo Veintiuno, 1985. t.ii.
-- (Biblioteca del pensamiento socialista. Serie
Los Clásicos ; v. 4)
[1] Inv.:01574 S.T.:330.85 MARs t.2 v.4
Marx, Karl (1818-1883). El capital : crítica de la
economía política. Libro segundo : el proceso de
la circulación del capital / Engels, Friedrich (18201895), editor Scaron, Pedro. -- 10. ed. -- México :
Siglo Veintiuno, 1986. t.ii. -- (Biblioteca del pensamiento socialista. Serie Los Clásicos ; v. 5)
[1] Inv.:01575 S.T.:330.85 MARs t.2 v.5
Marx, Karl (1818-1883). El capital : crítica de la
economía política. Libro tercero : el proceso de la
producción capitalista. -- 8a. ed. -- México : Siglo
Veintiuno, 1986. t.iii. -- (Biblioteca del pensamiento
socialista. Serie Los Clásicos ; v. 6)
[1] Inv.:01576 S.T.:330.85 MARs t.3 v.6
Marx, Karl (1818-1883). El capital : crítica de la
economía política. Libro tercero : el proceso de la
producción capitalista / Engels, Friedrich (18201895), editor Scaron, Pedro. -- 8a. ed. -- México :
Siglo Veintiuno, 1987. t.iii. -- (Biblioteca del pensamiento socialista. Serie Los Clásicos ; v. 7)
[1] Inv.:02404 S.T.:330.85 MARs t.3 v.7
Marx, Karl (1818-1883). El capital : crítica de la
economía política. Libro tercero : el proceso de la
producción capitalista. -- 6a. ed. -- México : Siglo
Veintiuno, 1989. t.iii. -- (Biblioteca del pensamiento
socialista. Serie Los Clásicos ; v. 8)
[1] Inv.:10076 S.T.:330.85 MARs t.3 v.8
Marx, Karl (1818-1883). El capital : libro I :
capítulo VI : inédito : resultados del proceso inmediato de producción. -- 15a. ed. -- México D.F.
: Siglo Veintiuno, 2000. 174 p.
[1] Inv.:03285 S.T.:330.85 MARsi
Fondo de Cultura Económica
Marx, Karl (1818-1883). El capital : crítica de la
economía política : I. -- México : Fondo de Cultura Económica, 1973. 3 vol.
[1] Inv.:01934 S.T.:330.85 MARf v.1 ; [1] Inv.:01937
S.T.:330.85 MARf v.2 ; [1] Inv.:01936 S.T.:330.85
MARf v.3
Marx, Karl (1818-1883). El capital : crítica de
la economía política : tomo I libro I : el proceso
de producción del capital / estudio preliminar
Perrotini, Ignacio, prólogo Campa, Riccardo
(1934-...), traductor Roces, Wenceslao. -- 4a. ed.
-- México : Fondo de Cultura Económica, 2014.
lviii, 1016 p. -- (El capital : crítica de la economía
política / Karl Marx ; v. 1)
[1] Inv.:28507 S.T.:330.85 MARfo v.1.1 2014
Claridad
Marx, Karl (1818-1883). El capital: resumido
por Gabriel Deville. -- Buenos Aires : Claridad,
s. f... 201 p.
[1] Inv.:02408 S.T.:330.85 MARCc
Ediciones Libertador
Marx, Karl (1818-1883). El capital : selección
de textos. -- Buenos Aires : Ediciones Libertador,
2005. 159 p.; 19 cm.
[1] Inv.:27431 S.T.:141.82 MAR 2003
Obras sobre Marx, Engels
y El Capital
Attali, Jacques. Karl Marx o el espíritu del
mundo : biografía. -- Buenos Aires : Fondo de
Cultura Económica, 2007. 446 p. -- (Sección de
Obras de Filosofía)
[1] Inv.:16368 S.T.:929 ATT
Borón, Atilio Alejandro (1942-...). Ciclo A 150
años de El Capital de Carlos Marx [grabación
sonora] / Aronskind, Ricardo C., Schuster, Federico Luis ; organizador Centro Cultural de la
Cooperación Floreal Gorini. Departamento de
Estudios Políticos, organizador Centro Cultural
de la Cooperación Floreal Gorini. Departamento de Economía Política y Sistema Mundial,
coordinador Burgos Cevallos, Martín. -- Buenos Aires : Centro Cultural de la Cooperación
Floreal Gorini, 2016. 1 CD
[9] Inv.:1762 S.T.:re CCC 1230
Bruhat, Jean. Marx/ Engels : biografía crítica.
-- Buenos Aires : Martínez Roca, 1975. 240 p.
[3] Inv.:01121 S.T.:UI 3 929 BRU
Enzensberger, Hans Magnus (1929-...), ed.
Conversaciones con Marx y Engels. -- Barcelona
: Anagrama, 2009. 585 p. -- (Compactos)
[1] Inv.:23751 S.T.:141.82 ENZ
Fernández Lira, Carlos (1959-...). El orden de
El capital / Alegre Zahonero, Luis (1977-...). -- Caracas : Fundación Editorial El Perro y la Rana,
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Harvey, David. Guía de El Capital de Marx :
libro segundo. -- Madrid : Akal, 2016. 381 p. -(Cuestiones de antagonismo / director Carlos
Prieto del Campo ; 85)
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Engels, Friedrich (1820-1895). El Anti-Dühring
: o “La revolución de la ciencia” de Eugenio
Dühring : introducción al estudio del socialismo
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[1] Inv.:02048 S.T.:32 PyP 1
Marx, Karl (1818-1883). Las luchas de clases
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[1] Inv.:00073 S.T.:141.82 MARII
Marx, Karl (1818-1883). Manifiesto del Partido
Comunista / Engels, Friedrich (1820-1895) ; estudio preliminar Borón, Atilio Alejandro (1942-...),
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Marx, Karl (1818-1883). Manifiesto comunista /
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Engels, Friedrich (1820-1895). Sobre el arte /
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[1] Inv.:04259 S.T.:7.01 MARso
Engels, Friedrich (1820-1895). Socialismo utópico y socialismo científico : principios de comunismo (anteproyecto del manifiesto comunista).
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escuela con mayor autonomía / Camila Cámpora
[1] Inv.:04820 S.T.:141.82 ENGds
Engels, Friedrich (1820-1895). Temas militares: selección de trabajos 1848-1895. -- Buenos
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[1] Inv.:02413 S.T.:141.82 ENGt
Engels, Friedrich (1820-1895). Teoría de la
ideología : textos para su estudio / Federico
Engels y Carlos Marx; selección y prefacio de
Ludovico Silva. Contracultura / Ludovico Silva. -- Caracas : Fundación Editorial El Perro y
la Rana, 2007. 465 p.; 21x14 cm. -- (Biblioteca
Popular para los Consejos Comunales. Serie
Inventamos o erramos)
[1] Inv.:23142 S.T.:316.7 SIL
Marx, Karl (1818-1883). Teorías sobre la plusvalía. -- México : Fondo de Cultura Económica,
1980. 3 v.
[1] Inv.:01658 S.T.:141.82 MARf
Marx, Karl (1818-1883). Trabajo asalariado y
capital : salario, precio y beneficio. -- Buenos
Aires : Problemas, 1941. 143 p.
[1] Inv.:02129 S.T.:141.82 MARts
Este material se preparó para las jornadas “A 150 años de la edición de “El Capital”: vigencia
y actualidad desde una mirada latinoamericana”/ Centro Cultural de la Cooperación (CCC);
Universidad Nacional General Sarmiento (UNGS). 11 y 12 de Abril 2017.
Bib. Responsable: Mirta Villalba
Compilación bibliográfica: Sergio List
Introducción: Daniel Campione
Corrección: Pablo D’Amico
Director General
Prof. Juan Carlos Junio
Subdirector
Ing. Horacio López
Director Artístico
Juano Villafañe
Secretario de Investigaciones
Lic. Pablo Imen
Secretario de Comunicaciones
Luis Pablo Giniger
Engels, Friedrich (1820-1895). La revolución
española : artículos y cronicas 1854-1873 / Marx,
Karl (1818-1883). -- Moscú : Ediciones en Lenguas
Extranjeras, [s.f.]. 238 p.
[1] Inv.:05230 S.T.:141.82 MARrev
www.centrocultural.coop/biblioteca-utopia.html | referencia@centrocultural.coop
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List, Sergio (comp.)
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Fil: List, Sergio. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Dep. Unidad de Información
Subject
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MARXISMO
MARX, KARL, 1818-1883
HEGEL, GEORG WILHELM FRIEDRICH, 1770-1831
BIBLIOGRAFIAS
EL CAPITAL
Coverage
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ARG
Source
A related resource from which the described resource is derived
Este material se preparó para las jornadas “A 150 años de la edición de “El Capital”: vigencia y actualidad desde una mirada latinoamericana”/ Centro Cultural de la ooperación (CCC); Universidad Nacional General Sarmiento (UNGS). 11 y 12 de Abril 2017.
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Hecho el depósito Ley 11.723
I.S.B.N. 950-860-120-5
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I
Introducción
Sin dudas, en la última década del Siglo XX se produjeron profundos cambios en la economía, el Estado y la sociedad de nuestro país. Podría decirse también que son modificaciones que se operaron a escala mundial. La ruptura de
la bipolaridad existente durante gran parte de la centuria
pasada así lo confirma: la ola de reformas neoconservadoras que afectó a la mayoría de los países del mundo a partir de la década de 1980, el tipo de “reformas estructurales”
que los mecanismos de consenso del gran capital a nivel
mundial aplicaron en la crisis de la deuda, a partir sobre todo del decenio siguiente; son todos componentes del escenario internacional que influyeron sobre el curso de las reformas operadas en el país. Sin embargo, la incidencia de
las transformaciones mundiales sobre las locales no invalida fenómenos específicos en cada país, que son los que nos
proponemos discutir en este trabajo.
Vale la pena enumerar los principales caminos de reforma estructural:
1) Las privatizaciones de empresas públicas y otros organismos del Estado prestadores de bienes y servicios, algunos de ellos creados como estatales más de un siglo atrás,
como el servicio de correos y el Banco Hipotecario Nacional. La forma inédita en que se llevó a cabo el proceso
privatizador –su grado de corrupción y la ausencia de
instancias de control efectivas- así como su magnitud distinguen a la Argentina de otros países donde se llevaron
a cabo reformas neoliberales.
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2) Un proceso de concentración capitalista de grandes proporciones, que aparece como resultado combinado de las privatizaciones, la desregulación de varias ramas de la economía,
la derogación de muchas cláusulas antimonopólicas que impedían la concentración, y la política financiera que llevó a
la concentración bancaria. Entre muchos otros factores se
destaca la actitud de empresarios de mediana y aún de gran
envergadura, que ante la imposibilidad de competir frente a
la gran inversión extranjera, optan por vender sus empresas
a multinacionales o a grupos locales de gran porte. Incluso
algunas ramas largamente signadas por la dispersión (transporte urbano de pasajeros, establecimientos gastronómicos,
farmacias minoristas), empiezan a sufrir un proceso de concentración y el ingreso de grandes capitales que antes no incursionaban en esos campos.
3) La derogación, por procedimientos normativos o por la
práctica, de buena parte del derecho laboral erigido durante más de ocho décadas, enmarcada en una inducción de la
liberalización de las relaciones capital-trabajo y la pérdida
de poder de las organizaciones sindicales, originada fundamentalmente en la traición de buena parte de su dirigencia
a los genuinos intereses de los trabajadores.
4) El reemplazo del sistema jubilatorio basado en el reparto
por otro mixto, que contemplaba al sitema de capitalización,
pasando el grueso de la administración del sistema a empresas financieras privadas, y dejando para el estatal el pago de
las jubilaciones existentes sin la cantidad de aportantes necesarias para respaldarlo..
5) Reducción de las regulaciones estatales sobre precios, funcionamiento de mercados sectoriales (como carnes y granos), mercado de capitales.
6) Liberalización de la inversión extranjera, con la simplificación de la radicación de inversiones, la ilimitada salida de
utilidades, la supresión de reservas de mercado o privilegios
de cualquier tipo para las empresas nacionales.
7) Supresión de buena parte de los mecanismos de protección de la producción local frente a la importada, vía reba-
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ja de aranceles, suspensión de subsidios y reservas de
mercado, etc.
8) Reorganización del sistema financiero público, modificando
el régimen presupuestario, la contabilidad estatal, el crédito y la inversión pública.
9) La diversificación de la oferta de la salud pública, al facilitar la captación por las empresas de medicina pre-paga
y otras modalidades comerciales, del 'mercado' de la medicina social.
10) El traspaso de la educación secundaria y terciaria no universitaria a los estados provinciales, acompañada por el
aliento a la diversificación de la oferta universitaria, mediante la creación de nuevas universidades nacionales y sobre
todo, de la profusión de autorizaciones de funcionamiento a
universidades privadas, cambiando el eje de un sistema
educativo que hasta los años 70 estuvo inequívocamente
centrado en el Estado nacional.
11) La primera reforma constitucional en la historia del país
que introduce cambios importantes en el plano de la organización estatal1, como la figura del Jefe de Gabinete, la modificación en el mecanismo de designación del Poder Judicial,
el cambio de status institucional de la Capital Federal, etc.
12) El fuerte impulso dado a la 'mercantilización' más amplia
de sectores de actividad en manos del Estado o de actividades que no operaban de modo puramente mercantil (desde
el aliento al auge de la seguridad privada hasta los cementerios, pasando por la autorización de la constitución de los
clubes deportivos como sociedades anónimas).
La sola enumeración del contenido de las reformas principales
demuestra que la transformación fue muy importante. Pero la valoración de la importancia de los cambios se amplía aún más si nos
detenemos en la apreciación general del proceso, si mas allá de las
políticas explícitas de reformas, se procura examinar la totalidad
de la sociedad argentina, y no sólo aquellos campos directamente
afectados por las medidas emanadas del aparato estatal.
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Señalemos tres aspectos:
1º) La década de 1990 es aquella que consolida las reformas
necesarias para aplicar a rajatabla el nuevo capitalismo depredador, el modelo neoliberal. Cambios que se iniciaron como salida a
la crisis que se agudizó a mediados de los 70, pero que tuvieron un
vínculo esencial con las acciones de contraofensiva que los sectores de poder en el país emprendieron después del auge de movilización de masas y radicalización política de fines del sexto decenio
y principios del séptimo. Aunque es imprescindible subrayar la
existencia de una continuidad esencial para el periodo 1975/2001,
en materia de transformaciones de las relaciones sociales capitalistas, la realidad asigna especificidades a los procesos operados durante los diez años de la administración gubernamental de Carlos
Menem (1989/1999).
Es que durante dicha gestión presidencial se hacen plenamente operativas las modificaciones estructurales que venían siendo
planteadas desde el comienzo de la dictadura genocida instalada
en 1976. El predominio del “mercado” sobre el “Estado” es ostensible con las privatizaciones menemistas, aunque ya se anticipa el
“espíritu” con leyes como las de Inversiones Extranjeras, o de Entidades Financieras de la dictadura. Las reformas de largo alcance
de la década de 1990 no serán tan sólo económicas, sino que tienen que ver con aspectos de la organización política, tales como la
reforma constitucional de 1994, el nuevo papel de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, la reformulación de las políticas sociales en
especial las de salud y educación, con orientación a su ejecución
más descentralizada (provincias y municipios en lugar del Estado
nacional) y su diseño con criterio focalizado (atender sólo a los que
comprueben estar afectados por carencias y situaciones de riesgo)
y no de universalidad, lo que deriva en una clara orientación hacia
la mercantilización de derechos socialmente adquiridos.
Resulta de interés destacar que es bajo un gobierno constitucional, el iniciado en 1989, que se consolidan los objetivos2
de última instancia de la dictadura militar. La coalición social que
se impone en 1976 (el capital más concentrado de origen local y
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extranjero, la banca internacional, los organismos financieros internacionales) sigue comandando el rumbo social de la Argentina,
con ajustes y contradicciones, pero los componentes fundamentales del bloque siguen siendo idénticos. Ha cambiado de modo drástico el régimen político (de dictadura militar a democracia representativa), y más en profundidad, la distribución del poder al interior del Estado (las FFAA perdieron espacio en una medida impensable dos décadas atrás), pero no el dominio del gran capital sobre
los ámbitos sociales fundamentales, dentro y fuera del aparato estatal. La novedad que aporta la democracia al respecto, es que las
reformas se realizan con el paraguas que significa la hegemonía del
Partido Justicialista, el agrupamiento político que contiene la adhesión mayoritaria de los trabajadores y sectores pobres del país
desde su surgimiento en 1945. La debilidad del otro partido de mayorías en la Argentina, la Unión Cívica Radical, facilitó el acelerado
proceso de transformaciones. Se puede constatar que el partido de
gobierno concentró en sí mismo el papel de oficialismo y oposición
durante su gestión, haciendo que buena parte del impulso crítico
se canalizara dentro del mismo partido (la rivalidad entre el presidente Menem y el gobernador de Buenos Aires, Eduardo Duhalde,
cumplió parte de esa virtual ‘duplicación’ del justicialismo). Es importante señalar el consenso electoral, de base popular (aún asociado a la derecha clásica y antipopular, representada por la Unión
del Centro Democrático) que permitió tamañas transformaciones
de corte regresivo, vigente por lo menos hasta las elecciones presidenciales de 1995.
La tarea de las clases dominantes y sus aliados en política, ha sido sobre todo la de desarrollar la desorganización y desmovilización de las clases subalternas, desalentar de modo “preventivo”
las luchas sociales, quitar prestigio a la movilización y la militancia, sembrar la idea de su inviabilidad, e imponer la noción de que
la búsqueda del beneficio individual, el de la familia o el pequeño
grupo, es el único objetivo digno de ser perseguido con empeño.
La búsqueda de consenso para las reformas en curso, fue acompañada en todo momento por una suerte de “plan B” dirigido a
los que de todas maneras permanecieran disconformes, en pri-
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mer lugar los ostensiblemente perjudicados por los cambios: que
siguieran pensando que el orden de cosas imperante es injusto,
que las dirigencias políticas, gremiales y empresariales son básicamente egoístas y corruptas; pero que al mismo tiempo desarrollaran la convicción de que no se puede hacer nada para cambiarlo. Privatizaciones, desregulaciones, flexibilización laboral, altas
tasas de desempleo, no serían así resultado de la voluntad y la acción de determinados grupos sociales y estructuras de poder, sino parte de un proceso de alcance mundial, tan inevitable como
irreversible. Se incorpora, para reforzar estas ideas, un componente de chantaje: si se decidiera seguir otro rumbo, si el aparato estatal implementara otras políticas, sobrevendría la “catástrofe”, el castigo inexorable para quienes osan desafiar el único rumbo posible del proceso social3.
2º) La conciencia de la regresividad de los cambios en el imaginario social se opera, recién, sobre el final del período. Los primeros años de la década de 1990 fueron de amplia confianza en los
efectos benéficos de las privatizaciones y en general de desplazamiento del Estado, visto con alta dosis de justicia como ineficiente, de respuestas siempre lentas, deficitario en lo financiero, poblado de relaciones sociales de tipo clientelista. Es recién con la segunda presidencia de Menem, entre 1995 y 1999, con el aumento
de la tasa de desempleo y la detención del acelerado ritmo de crecimiento del período 91/94, que ese consenso comienza a resquebrajarse. En ese momento empieza a tornarse más visible un debate sobre la necesidad de cambios en el “modelo”, categoría difusa
que contiene el sentido principal de la “política” del gobierno en
ese tiempo (reformas de mercado, política de convertibilidad, desregulación laboral, apertura económica). A veces se identifica el
modelo con las políticas neoliberales en general, otras con el régimen de convertibilidad, o incluso meramente con la paridad cambiaria. En nuestra concepción lo asimilamos a las variaciones que
abarcaron transversalmente las relaciones sociales capitalistas, y la
relación de fuerzas sociales y políticas en Argentina.
La actual etapa de resurgimiento de una contestación social y
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política visible habilita expectativas hacia algún camino de retorno
a parámetros más equitativos de organización social, aunque por
ahora la situación sólo tiende a empeorar. Esto se inscribe en un
proceso de disputa de poder que se dirime en función de la acumulación lograda por la clase dominante y los actores sociales subordinados. No se trata sólo de poder económico, sino de poder social y cultural. El control de la gran empresa sobre los medios de comunicación, y buena parte de la educación y la salud; el debilitamiento de los sindicatos acompañado por la cooptación cada vez
más completa de buena parte de su dirigencia; la instauración y
aceptación de mecanismos de “disciplinamiento” del capital sobre
las instituciones políticas que actúan al instante (“los mercados votan todos los días”, se ha dicho para explicar esta situación); el usufructo por los poderes extra-institucionales del desprestigio de la
dirigencia política, de modo de reducir cada vez más el efectivo
campo de toma de decisiones por parte de los poderes públicos;
son algunas de las instancias donde se plasma la lucha por el poder.
Es esa formidable concentración de poder en manos de un
gran capital omnipresente lo que las tentativas de contraofensiva
identificadas con las clases subalternas deben enfrentar. Es un periodo de ensayos sociales y políticos complejos que remiten a la esfera que define la dinámica social, la capacidad de organización popular y la posibilidad de expresarla en el plano de la política. Es decir, resistencia popular, organización social e instalación de un proyecto político alternativo.
Los hitos de la movilización popular en contra de las políticas
en curso recorren desde la revuelta espontánea conocida como
“Santiagazo” (diciembre, 1993), pasando por la Marcha Federal
(junio, 1994) y la organización del Congreso de los Trabajadores
Argentinos (1992) y luego Central de Trabajadores Argentinos
desde 1997. Con la aparición de formas inorgánicas de resistencia como ocupaciones de tierras, cortes de rutas, piqueteros, que
se han tornado menos inorgánicas. Incluso comienzan a aparecer
serias tentativas de articulación con lo “nuevo emergente” en el
movimiento de los trabajadores: CTA, Corriente Clasista y Combativa (CCC) y activismo territorial conteniendo a los desocupa-
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dos, tal como la Federación Tierra, Vivienda y Hábitat, o las organizaciones ligadas a la CCC que actúan en el ámbito territorial.
También merece destacarse en este sentido la importancia de la
movilización popular por el vigésimo aniversario del golpe militar
del 24 de marzo de 1976, que fuera el argumento para el inicio
del proceso judicial en España, que terminará con el encarcelamiento de Pinochet (1999) en Gran Bretaña y la reapertura de un
debate contra el olvido.
En el ámbito de la política y la representación electoral, la segunda mitad de la década de 1990 incluyó el intento por hacer parir
una tercera fuerza entre los clásicos PJ y UCR: el Frente Grande
(FG), con sus antecedentes de la disidencia peronista en el Grupo de los 8, el FREDEJUSO y la articulación con el derrotero de
parte de la izquierda (luego de la caída del muro y desarticulación
de Izquierda Unida del 89/90) en el Frente del Sur. Corto proceso
que generó expectativas, a partir de la unión del FREDEJUSO
(Carlos Alvarez, Graciela Fernández Meijide), con el Partido Comunista, sectores del peronismo y el grupo liderado por el cineasta Fernando Solanas, que en las elecciones de 1993 obtuvieron
bancas en Capital Federal y provincia de Buenos Aires; y que terminó con el salto del Frente Grande al lugar de defensor de la ‘gobernabilidad’, luego de la exclusión de los sectores mencionados,
aunque hubo adherentes a Fernando Solanas y buena parte de la
dirección del PC que convergieron en el Frepaso para las elecciones presidenciales del 95, bajo la fórmula Bordón-Alvarez. Es dable también mencionar los diversos intentos de la fragmentada izquierda política, con más peso testimonial que efectivo a la hora de
expresar una política alternativa con consenso social masivo.
3º) La conciencia de la necesidad del cambio que se empieza a verificar a fines del mandato menemista, se manifiesta como
resistencia popular extendida en 1997/98, siendo un dato relevante la ausencia de contención política de ese descontento. En
ese marco es que la Alianza UCR-FREPASO aparece como opción
electoral que, entre el 1997 y 1999, prepara el terreno para un
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tránsito ordenado de la gobernabilidad con cambio de administración gubernamental, aunque manteniendo los ejes de la “política”, es decir, del “modelo” de transformación regresivo del capitalismo local.
Estos tres aspectos requieren que se analice el decenio iniciado en 1990, pensando que al comienzo de la misma existía un
estado de ánimo de desazón, que en términos económicos se manifestaba como estancamiento e inflación y donde se popularizó
la expresión ‘década perdida’ formulada por la CEPAL en relación a los años 80. En términos políticos se expresaba en el fracaso del gobierno de Alfonsín, que había logrado consenso con la
propuesta ilusoria de que con “democracia, se come, se cura y se
educa” y que sin embargo le abrió el paso a “la casa está en orden”, la “economía de guerra”, el “Plan Austral” y el “Plan Primavera”, el “Punto Final y la Obediencia Debida”, es decir el retroceso en casi toda la línea de las esperanzas ‘progresistas’ iniciales, incluso en el campo de la democracia política y los derechos
humanos que eran el “fuerte” de ese gobierno. De las expectativas generadas por el enjuiciamiento y encarcelamiento de los jefes militares en 1985, se pasó al proceso que luego culminaría con
el indulto de Menem a los genocidas en 1989-90. El primer turno
constitucional generó gran frustración de buena parte de la sociedad y de la militancia política en particular. El fracaso será extensivo al activismo que viera en la CGT liderada por Saúl Ubaldini, un proyecto serio de confrontación con el modelo de acumulación capitalista en curso. El fin de la década de 1980 devuelve una imagen de fracaso de lo que fue la política “clásica” de
buena parte del siglo XX. Los dos “partidos populares” habían
agotado sus propuestas tradicionales, y se hallaban en tránsito
(que luego se reveló más veloz y completo de lo esperable en
principio), a dejar de lado la mayoría de los rasgos que les habían
permitido definirse como tales. La arraigada idea de la existencia
de un “campo popular” que incluía al núcleo central de los dos
partidos mayoritarios, en lucha contra un enemigo nombrado de
múltiples maneras, pero identificable con el capital transnacional,
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los capitalistas subordinados a ellas, habitualmente subsumidos
bajo el sustantivo “oligarquía”, las Fuerzas Armadas y la precaria
dirigencia política ligada explícitamente a políticas de derecha,
dejó de tener sentido. Las políticas que tradicionalmente se asimilaban a una orientación “oligárquica e imperialista”, pasarían a ser
patrimonio de los otrora conocidos como “partidos populares”,
que mientras atenuaban en forma paulatina los componentes nacionalistas y populistas de su discurso, adoptaban en sus políticas
concretas las medidas preconizadas por el gran capital.
Con todo, hasta 1989 esto distaba de estar claro. Menem apareció como “lo distinto” en su campaña electoral de ese año. Venía
desde afuera del aparato del PJ hasta ganarle la interna a Antonio
Cafiero en julio de 1988 y se presentó como el “restaurador” de un
imaginario golpeado por la política del radicalismo, sobre todo desde Sourrouille4 en adelante, reivindicando lo “nacional y popular”,
el interior del país contra la capital, la unidad de los pobres, de la
“América morena”. Todos eran enunciados que navegaban sobre
una generalizada vaguedad de las propuestas. El populismo de Menem ya no era el del peronismo original, aparecía meramente gestual, reducido a la superficie de un discurso cuyo núcleo era una
ambigüedad susceptible de adaptarse a propuestas muy diferentes. Luego Menem dirá que no podía anunciar su plan de gobierno,
ya que nadie lo hubiera votado. De manera que pese a los anuncios
de incremento salarial (salariazo) y reactivación industrial (revolución productiva) que sugerían una política de redistribución
progresiva del ingreso, el resultado fue de profundización de la
brecha entre ricos y pobres, y pérdida de conquistas que los trabajadores habían disfrutado durante décadas. La campaña electoral de 1989 será el último intento por utilizar las banderas tradicionales del “populismo” argentino, siendo el anterior intento el
de Alfonsín/Grinspun (83/85) y lógicamente la campaña electoral
a la salida de la dictadura militar en 1983. Lo que en 1983 tuvo
principio de ejecución, seis años después quedaría en promesa, en
preludio de la adopción plena del programa del gran capital. Las
elecciones siguientes se disputarían bajo la hegemonía del “pensamiento único” de cuño neoliberal, y los viejos temas del nacionalis-
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mo popular quedarían erradicados del debate político, arrojados al
desván de lo arcaico e inviable.
El establishment ideológico, a la hora de hacer un balance del
período menemista, instalará a fines de los 90 como “logros” los resultados “económicos” de ambos períodos presidenciales, es decir,
el fin del estancamiento y la elevada inflación que caracterizaron el
turno radical (1983/1989). Se trata de una verdad a medias, tanto
en materia de crecimiento económico como de estabilización macroeconómica. Hay necesidad de desnudar la falacia de ambas aseveraciones que encubre el programa de convertibilidad (vigente
desde abril de 1991) y en todo caso, poner luz sobre qué tipo de
crecimiento operó en la Argentina y quién financió la reducción inflacionaria. Aludimos al llamado “costo social” del ajuste y la reestructuración. Pero sobre todo, poner acento en la transformación
de la política operada en éste período, ya que en la reelección de
1995, la campaña del PJ se hará en defensa de la convertibilidad y
la política económica. Ello en el medio de una profunda recesión
relacionada con la crisis mexicana (la conocida como Efecto Tequila) y medidas que elevaron del 12 al 18% el desempleo, llegando
con la suma del subempleo al 30% y con una nueva disparada de
la deuda externa.
La legitimidad alcanzada por esa política antipopular se proyectará finalmente en la campaña de sucesión presidencial de
1999. En el transcurso de la misma, la “política económica” no se
discute, es más, la confrontación es por quién expresa mejor la
defensa del “modelo”, por quien posee mayor “experiencia administrativa”, valor este último cuya aparición en el debate sólo es
explicable a la luz de la renuncia anticipada a toda tentativa de hacer política renovadora: para la mera “administración de lo existente”, nada mejor que la permanencia, o el regreso, de quiénes
ya estuvieron a cargo de esa tarea. De esa situación se desprende
un dato estructural para entender a la sociedad argentina al inicio
del nuevo siglo: la ausencia de un proyecto político alternativo al
hegemónico, que fue instalado por la fuerza de las armas (volca-
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das a una represión de alcance desconocido) y consensuado en
las urnas en tiempos de vigencia constitucional.
El escenario político se perfila con unas instituciones a las que
sólo se accede previa demostración de “seriedad” intelectual y
“sensatez” en la toma de decisiones (es decir adhesión, teórica y
práctica, a la realización plena y eficaz de los objetivos marcados
por la coalición del gran capital, expresado en “reformas” de invariable signo regresivo), y un ámbito signado por la marginación y
la protesta, en el que se hallarían los “excluidos” (desocupados,
pobres estructurales, trabajadores precarios, jubilados pauperizados) término que más allá de su pretensión de denuncia tiene la
funcionalidad de colocar desde el vamos en el “afuera” a quiénes
intentan resistir. Muchos analistas han minimizado los objetivos de
los resistentes con un razonamiento especioso, apoyado en la categorización de la “exclusión”: “no pretenden cambiar el sistema,
sólo quieren entrar en él”.5 Se trata de instaurar así, por vía indirecta, la ratificación del carácter inmodificable de las relaciones sociales existentes, ya que nadie pretendería cambiar nada fundamental, sino atemperar las consecuencias “indeseadas”, recuperar
el “lugar en el mundo” perdido como resultado de la ofensiva del
gran capital.
En definitiva, el “menemismo” es el nombre dado (falso y reduccionista en su carga de personalización de transformaciones
harto complejas) al proceso concreto por donde transita el cambio
de las relaciones sociales capitalistas tal como se conocieron hasta mediados de los 70. Implica transformaciones económicas, sociales y políticas; cambios en la estructura económica, la sociedad
y el Estado; modificaciones en la política y sus formas de expresión en el régimen de gobierno y la forma que asume la democracia constitucional, la burocratización parlamentaria y el clientelismo político. Algunos son viejos mecanismos que asumen contornos renovados en este período. Otros son enteramente nuevos. La
denominación de “menemismo” ha terminado de demostrar su
inadecuación de diciembre de 1999 en adelante: no hubo que esperar ni un día (casi literalmente) para ver que el gobierno de
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quiénes habían construido (Frepaso) o re-construido (UCR) su
lugar en la política denunciando los males de la era Menem, no tenían otra alternativa real que la continuación de la misma política
en todos sus aspectos esenciales. Con el correr de los meses, el
componente de continuidad alcanzó un grado de evidencia rayano en el patetismo: sería el ministro de Economía que llevó al “éxito” el ajuste estructural del decenio anterior, el encargado, con
ampliación de poderes, de la gestión económica del gobierno de la
Alianza, cuyo desbarranco final no pudo evitar, llevándose en la
caída a la Convertibilidad, el dispositivo que había cobrado una dimensión casi mágica como garantía del no regreso de la inflación
y otras formas de inestabilidad económica.
Con todo, estos años son también el período que marca la “consolidación” o al menos la “estabilización” del régimen democrático
representativo en Argentina, no sólo por una cuestión de duración
de ese régimen sin interrupciones militares ni de otro origen, sino
por la completa dilución de la amenaza de golpe de estado militar
(y la pérdida de poder político de las Fuerzas Armadas en general) y por la consolidación de la alternancia en el poder de partidos diferentes. Y sobre todo por el mantenimiento de la “gobernabilidad” en cuanto a la posibilidad de las clases dominantes de realizar ampliamente un programa de gobierno que articula sus propuestas, aún en una versión radical de las mismas, sin que haya
una impugnación desde abajo que signifique una amenaza consistente al orden instituido. Es sobre todo esta última característica
de la democracia “realmente existente” en Argentina, la que ha
generado condiciones para su estabilización: el régimen constitucional se ha revelado menos riesgoso que las dictaduras para el
gran capital, y también más “flexible”, al no obligarlo a delegar poder en un Estado convertido en fortaleza, cuyos mecanismos íntimos de decisión pueden volverse más difíciles de penetrar y
orientar. El empresariado generó sus propias modalidades de acción en la esfera pública, su propia estrategia comunicacional, y
se adaptó con éxito a las reglas de un “pluralismo” en el que el
campo de juego estuvo invariablemente inclinado del lado del
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capital.
La democracia argentina desde 1983 está signada por políticas
que deterioran el nivel de ingresos, la calidad de vida, la posibilidad de organización y movilización de las clases subalternas, y amplían las oportunidades de negocios nuevos y el nivel de ganancias
de los existentes. Ese es el logro estratégico de esta etapa para la
gran empresa, en cuanto la institucionalidad democrática queda
capturada por éste, que materializa por primera vez en la historia
argentina la posibilidad de prestar una legitimación estable a su
dominio del Estado, por medio del sufragio popular, superando el
repetido recurso a las intervenciones militares que imperó hasta la
década de 1970. El estigma del “poder de hecho” al abrigo de golpes militares queda atrás, y no sólo se apuesta a la continuidad democrática, sino que se pide su “perfeccionamiento” en forma de
“seguridad jurídica”, abolición de clientelismos y mecanismos de
corrupción disfuncionales para el gran capital, “abaratamiento” de
las campañas electorales y de las instituciones representativas,
morigeración general de los “gastos de la política”.
Un nuevo estilo político
Sin dejar de tener en cuenta la necesidad de no “personalizar”
en exceso un proceso social complejo y multiforme, es indudable
que los diez años que van de 1989 a 1999 están marcados de modo indeleble por la personalidad de Carlos Menem. No sólo por la
obvia razón de haber sido el presidente de la Nación durante todo
el período, sino por la modalidad con que ejerció ese cargo, y el
inmenso poder que consiguió a través de él. No sólo fue el presidente, sino el jefe, por períodos “de derecho” y en otros momentos “de hecho” de su partido, y sobre todo un poderoso “disciplinador” de aliados y adversarios, a partir de una propuesta política
caracterizada por una peculiar radicalidad y audacia, unida a una
coherencia innegable para llevarla a cabo contra toda resistencia
de las fuerzas que se le oponían, y por sobre cualquier vacilación
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de los miembros de su gobierno o sus aliados.
La presidencia Menem fue, como ninguna otra de la tortuosa
historia de los gobiernos elegidos por sufragio popular en la Argentina, expresión de una alianza estrechísima entre los sectores más
concentrados del gran capital, o más genéricamente, el establishment económico y político del país y del extranjero. Lo que aparecía en 1989 como una malversación de las promesas electorales y
una ruptura con la orientación tradicional del peronismo (cuando
no de su significado social e histórico en su totalidad), dio como resultado en el plano electoral, una sucesión de victorias, primero en
las elecciones parciales de 1991 y 1993, y luego (y más significativamente, por estar en juego su propia candidatura) en las presidenciales de 1995, con el logro de la re-elección. El matrimonio no
previsto entre el peronismo y el programa de máxima del gran capital local e internacional para la Argentina, se veía enriquecido
por la legitimación electoral ex post, interpretable como consentimiento (pasivo, resignado, temeroso, si se quiere, pero consentimiento al fin) con el tipo de políticas que se venían implementando. El responder al por qué un programa a priori tan impopular
logró ser electoralmente rentable, es una cuestión importante que
trata de encarar este libro, pero encuadrada en un problema que
excede largamente el plano político-electoral: ¿Por qué las políticas de Menem no suscitaron luchas exitosas contra ella en ningún
plano? ¿Cómo consiguió derrotar, dispersar y diluir, huelgas, movilizaciones callejeras, campañas de protesta de las más variadas,
motines populares como los que sacudieron reiteradamente a varias provincias argentinas, si bien con predominio de las más alejadas de Buenos Aires y, 'periféricas' en múltiples sentidos? ¿Qué es
lo que dio esa apariencia de “indetenible” al proceso económico,
social y cultural que se llevó adelante?
La “crisis terminal” de lo que podría llamarse el “régimen social de acumulación” imperante en Argentina desde los años 40 es
sin duda un aspecto fundamental. La “hiperinflación” con su correlato de destrucción del salario, licuación de ahorros, falta de acce-
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so al crédito, pérdida de toda referencia de cálculo y previsión, la
ruina financiera, tecnológica y en calidad de servicio de la mayor
parte de las empresas estatales, fue un introito más que oportuno
para la realización de las reformas estructurales impulsadas por
Menem. La desmovilización del entusiasmo democrático de los primeros años 80 mediante la progresiva mostración de que el gran
capital que se había beneficiado de la reestructuración económica,
social y cultural inducida por la dictadura militar seguía siendo el
“poder detrás del trono” (y el aliado en última instancia escogido
por el gobierno democrático) aportó en la misma dirección. La
anulación de los avances alcanzados en el juzgamiento de los genocidas de la dictadura mediante las leyes desincriminatorias que
culminaron en el indulto, tendieron a completar el sentido común
generalizado de que nada cambiaría. Que algunas de esas medidas
fueran tomadas pese a la movilización popular masiva en defensa
y por la profundización de la democracia, como fue la obediencia
debida después de la Semana Santa de 1987, remacharon un brutal anticlímax de masas. Todos fueron factores que coadyuvaron a
que la mayoría de la población “asintiera” luego a las políticas de
Menem, y tuviera incluso su momento de “voto de confianza” hacia la dogmática neoliberal que se presentaba como la buena nueva, la reversión de una sociedad estancada y conflictiva que tras
décadas de padecimientos, se hundía en la anomia, en la crisis terminal. La culpabilización absoluta del Estado expansivo e interventor parecía un diagnóstico plausible. El llamado a dedicar los mejores esfuerzos a ocupar un lugar ventajoso en el mercado, asignador supremo de todos los bienes y recursos, constituyó por un
tiempo un programa deseable para una sociedad invitada a disolverse en un “colectivo de individuos competidores”.
Parte del secreto de la radicalidad con que el presidente
planteó su política está sin duda en la necesidad de hacerse
creíble para los factores de poder locales e internacionales que
lo habían visto como un vehículo de regreso al “populismo” hasta poco antes de su asunción del gobierno. Y también influyó la
convicción de que sólo un gobierno que transmitiera determinación y coherencia absoluta podía salir de una “crisis terminal”, a
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19
la que invocó de modo reiterado y terminó convirtiendo en un
capital político apreciable.
Sin embargo, el viraje de Menem no consiguió estabilizarse en
una política económica que pudiera presentarse como exitosa, y
en un aparato estatal que reconquistara su capacidad de “gobierno” de regir efectivamente los destinos de la sociedad, de articular
un consenso al interior de la clase dominante y proyectarlo hacia
“abajo”, hasta que logró sumar al equipo económico de Domingo
Cavallo y al corset (“autoatamiento” lo han llamado algunos estudiosos) representado por la aun vigente Ley de Convertibilidad6.
En una paradoja sólo aparente, la recuperación de un margen de
autonomía para las decisiones estatales frente al imperio directo,
sin mediaciones, de la gran empresa y los organismos financieros
internacionales, fue la llave para dar una consolidación estratégica
a la política del gran capital. El Estado volvía gradualmente a tener
un presupuesto aprobado en fecha, ponía límites a la emisión monetaria y al gasto público tal como pide la dogmática neoliberal,
profundizaba la apertura de la economía a capitales y bienes provenientes del exterior, avanzaba en la desregulación de las relaciones capital-trabajo, levantaba las variadas restricciones a la acumulación capitalista que se habían ido conformando durante décadas,
abolía los controles de precios, los subsidios, las barreras a la importación, con las oportunas 'excepciones' que sectores muy concentrados (como la industria automotriz) hicieran aconsejable,
etc. Era el programa del gran capital, pero con la capacidad de disciplinar en alguna medida a los dueños de ese capital, de marcarle
correcciones cuando los intereses inmediatos tendieran a prevalecer sobre los estratégicos, los de fracción o sector sobre los del
conjunto del núcleo decisivo de la clase, aptitud inédita en el Estado nacional de las últimas décadas. Todo sobre el telón de fondo de
una amplia exhibición de saberes tecnocráticos, con los brillos de
una modernización tecnológica no por superficial menos impresionante (fueron los años de la difusión masiva de las computadoras
personales, de la explosión de Internet, del “consumismo tecnológico” expresado en una vida cotidiana poblada de teléfonos celula-
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- Julio Gambina - Daniel Campione
res, agendas electrónicas y computadoras portátiles), y las facilidades de una apariencia de “internacionalización” facilitada por el
imperio de un dólar barato, que facilitaba tanto la importación de
todo tipo de bienes y servicios, como la “exportación” de los propios argentinos, viajando por turismo, trabajo o estudio a Europa y
EE.UU cada vez en mayor cantidad y con mayor frecuencia.
En ese sentido, puede coincidirse con Juan Carlos Portantiero
en que la gran novedad del gobierno Menem fue su ministro de
Economía, Domingo Felipe Cavallo. O introduciendo un matiz, Menem inauguró un estilo político que necesitaba un modelo de gestión exitosa para llegar a ser una herramienta eficaz y duradera de
construcción de poder, y el autor de la convertibilidad le proveyó,
con creces, ese modelo de gestión. La actuación de Cavallo entraña el trazado e implementación del Plan de Convertibilidad, pero
también la entronización de una tecnocracia cohesionada, con
fuertes apoyos en el empresariado y con los organismos internacionales, que sin embargo no le implican una dependencia absoluta; y
que a partir de su legitimación por la aplicación exitosa del plan de
estabilización, “coloniza” diversas unidades dentro del Estado (en
el ministerio del Interior, en Ciencia y Técnica, 'anexión' del ministerio de Obras Públicas por Economía, etc.) y logra así dar la tónica predominante de la gestión pública. Bien que ese predominio
fue siempre acompañado por amplios bolsones clientelísticos, dirigidos por grupos de poder cuya preocupación por los negocios
particulares basados en el Estado y por pujas desvinculadas (y a
veces antagónicas) de un racional cumplimiento de las funciones
de gobierno los convertía en un mentís, siquiera parcial, de la aparatosa “excelencia” que las huestes del ministro predicaban.
Las organizaciones de las clases subalternas, empezando
por los sindicatos y la organización obrera de base fueron, casi
literalmente, “bombardeadas” durante la dictadura militar iniciada en 1976. Esa obra destructiva, descaradamente violenta, y en
el límite ”incontrolable” aún para la clase capitalista, fue “continuada” (en el sentido más “objetivista” de continuación) bajo el
�Cirugía Mayor Argentina, fin de siglo -
21
orden constitucional. Lo que había sido combatido con las armas,
siguió siendo hostigado, pero con predominio de las “armas” político-institucionales e ideológicas. La proscripción o intervención
de las organizaciones, la desaparición o prisión de militantes y dirigentes, fueron reemplazadas por las normas jurídicas que restringen sus acciones, por las campañas de desprestigio tan duraderas como persistentes, por la cooptación de los sectores más
acomodaticios y conciliadores (que en el caso particular del sindicalismo siguen predominando con amplitud frente a las dirigencias que articulen con algún grado de decisión la defensa efectiva
de sus representados). A la eliminación física se la reemplaza con
el debilitamiento moral, con la intimidación que no apela a la amenaza de la violencia sino a la de la ruina económica, al desprestigio y la paulatina marginación o extinción de las organizaciones
que se opongan con fuerza al “modelo” social que se instala.
El contexto internacional, y muy en particular el desmoronamiento del “socialismo real” entre 1989 y 1991, contribuyeron generosamente a crear el “clima de época” favorable. Con el marco
que imponen la restauración salvaje del capitalismo en marcha en
Europa del Este, con Alemania reunificada en nombre del neoliberalismo, con la socialdemocracia que vira a posiciones neoliberales
en Europa Occidental, con los prolongados reinados de la derecha
partidaria de la “revolución conservadora” en Estados Unidos y
Gran Bretaña, no enfrentó mayores dificultades la operación ideológica de presentar al gobierno de Menem en general y a su política económica en particular, como plenamente encuadrados en una
“ola” histórica tan universal como indetenible, en la que el capitalismo se hacía definitivamente amo y señor de todo el mundo y no
quedaba margen alguno para “socialismos” o nacionalismos de ningún tipo. El capitalismo aparecía retomando su imperio, rampante
tanto en la economía como en la política y la cultura, en forma de
capitalismo del libre mercado, el que venía a “quebrar el espinazo”
de los sindicatos “cortejados” por las políticas keynesianas, a destruir las políticas sociales y los servicios públicos desmercantilizados que habían puesto en cuestión la fuerza de la coerción econó-
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- Julio Gambina - Daniel Campione
mica a la venta de la fuerza de trabajo, del trabajo asalariado como
único medio de vida para todo aquel que no tenga medios de producción propia. Las contradicciones del Estado de Bienestar fueron resueltas con la supresión del Estado de Bienestar mismo; los
problemas de la regulación y el control del mercado, con la eliminación de toda regulación y control, salvo aquellas necesarias para
los fines de acumulación del gran capital.
La política de Menem era la política del “Primer Mundo”, presentada a su vez como la modernidad misma, el único espejo en
qué mirarse, el camino exclusivo para un 'éxito' convertido en un
criterio de verdad incontrovertible. Toda oposición, incluso toda
hesitación, era presentada, al principio con bastante audiencia, como arcaísmo, nostalgia, o pérdida del sentido de realidad.
En las clases subalternas se tendía a consolidar la conciencia de
los altos costos (y en última instancia la inutilidad) de toda forma
de militancia, de organización, de lucha, toda tentativa de formular
y llevar a la práctica proyectos de transformación. Toda lucha parecía destinada a la derrota, toda insubordinación sería castigada. Así
la famosa expresión “ramal que para, ramal que cierra”, aplicada a
la huelga ferroviaria y en forma modificada pero con idéntica sustancia, a muchos otros conflictos, inclusive con amenazas de las
más siniestras apenas veladas, como la de que hubiera “nuevos desaparecidos” si ciertas luchas continuaban. Menem se dedicó a impulsar la derrota de toda lucha popular, incluso a riesgo de asumir
“costos políticos” que hubieran detenido a gobiernos anteriores. De
nuevo, el “vacío” dejado por la represión violenta (que dista de desaparecer, pero ya no es el modo dominante de respuesta a los conflictos) es llenado por una voluntad política inconmovible, un alineamiento con cualquier poder cuestionado, que se instala mas allá
de toda consideración táctica que se le oponga.
Otra de las paradojas de la época: la declinación del proyecto político personal de Menem, se efectiviza al mismo tiempo (y
podría decirse incluso “en la medida que”) su proyecto estratégico es adoptado progresivamente por la oposición “realmente
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existente”. En los primeros años, el radicalismo intentó jugar un
papel serio de oposición, pero claudicó ruidosamente en el “Pacto de Olivos”. El Frente Grande (después Frepaso) apuntó a
reemplazarlo en ese rol, pero poco después comenzó a exaltar las
virtudes de la “convertibilidad”. La oposición se abocará (para
convertirse en “alternativa de gobierno”, es decir en potable para el poder económico) a discriminar con astucia entre los aspectos estructurales y estratégicos del proyecto Menem, y aquellas
cuestiones susceptibles de descartarse, tales como el “menemismo” stricto sensu, un modo de ejercer el poder susceptible de
producir ciertas disfuncionalidades desde el punto de vista de las
clases dominantes. El sentido de esa escisión al interior de las políticas gubernamentales resultaba claro: mantenerse como oferta
válida para una voluntad de cambio estrictamente político, en
nombre de la honestidad, la protección de las instituciones democráticas amenazadas por el “estilo” menemista. Y a la vez ser
una opción de continuidad aceptable (y aún deseable) para el
gran capital y los organismos financieros.
El propio lenguaje de los mentores de las reformas estructurales lo hace transparente: desde 1999 en adelante, Argentina debería encarar las “reformas de segunda generación”, es decir el
perfeccionamiento, la “institucionalización” en el sentido más amplio del término, de las políticas de largo alcance implantadas por
Menem. La política del capital es acogida también como la única
posible (y aún la única deseable), porque la supresión total del
“poder” se completa en este caso con la del “querer”, la no confianza en la factibilidad de cambios sustanciales con la convicción de
que hay que renunciar hasta a la “ilusión” de que haya otra forma
de organización social que pueda ser más justa y humana, incluso
por la oposición. Y cuidadosamente separada del mero “menemismo” con sus corrupciones disfuncionales, sus presiones demasiado
evidentes sobre instituciones formalmente independientes, su
concepción personalista del poder político. Se ha terminado la
época de la audacia que tiende a descreer de normas y límites, para pasar a la “rutinización” de las políticas que se instauraron gra-
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- Julio Gambina - Daniel Campione
cias a esa audacia desbocada, que hoy se revela excesiva.
Hubo dos formas de enunciar los cambios a realizar a partir del
final del gobierno menemista en el 'modelo' imperante. Uno es el
predominante en los organismos financieros internacionales y en
los políticos que ejecutaron la “reforma estructural” pero reniegan
del “menemismo”. Esta formulación no renuncia del todo a una
cierta “épica”. Sería el turno de la educación, la justicia, la equidad
fiscal, etc, pero el contenido de ese “turno” no es más que un desarrollo de las recomendaciones del Banco Mundial. Algún teórico
adscripto a la coalición opositora lo ha dicho de manera más modesta y realista: se trata ahora de hacer “reformas dentro de la reforma”. La “reforma” en singular (a la que podrían añadirse mayúsculas para hacerla más restallante) es la de los años de Menem, la
que indica los objetivos básicos, y también el marco, los límites. Allí
están los grandes temas de la “agenda” pública, en esta etapa se
ajustarán aspectos que corresponden a su profundización, o al
completamiento de “atrasos” o “desvíos” en un rumbo juzgado inmutable. Las reformas de Menem fueron caracterizadas como una
“modernización indispensable”, una operación dolorosa pero necesaria, el reflejo de un proceso mundial que podía tener diferentes
ritmos o modalidades, pero no un contenido diferente. Sin decirlo
nunca explícitamente, quienes se opusieron en su momento (con
mayor o menor convicción) a las políticas del Dr. Menem, reconocen que, mas allá de sus métodos objetables, la visión que se imponía desde el gobierno era acertada en lo esencial. El “menemismo”
muere porque el programa de máxima del gran capital ya no depende de su permanencia en el poder (ni la de su partido), los años
transcurridos permitieron un nuevo salto cualitativo en la 'naturalización' no ya del capitalismo, sino de la modalidad particular que
éste asumió en el mundo, y muy especialmente en Argentina. Es
más, la coalición política que emerge como gobernante en 1999,
contiene elementos novedosos, pero el partido predominante en la
misma no rompe con su tradición al asumir la tarea que le cabe en
esta etapa, sino que se inscribe en un costado posible de su tradición (la del “alvearismo”, la de la Unión Cívica Radical del Pueblo
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que se erigió durante años en adalid de la continuidad histórica de
la “Revolución Libertadora”). Por otra parte, la Alianza en sus equipos de gobierno conjuga un brillo intelectual y un prestigio social
(bien o mal habidos, esa es otra discusión) ostentosamente ausente de la mayoría del personal de la era Menem. El bipartidismo imperfecto del período presidencial de Raúl Alfonsín parece marchar
a transmutarse, luego de un sendero zigzagueante, en un bipartidismo sustantivo, definido no sólo por la dualidad de opciones, sino por un sustrato programático coincidente en todo lo decisivo y
una voluntad de distribuir y compartir el poder, de negociar las decisiones. Hay que hacer hincapié en que las políticas de reforma
estructural de Argentina no son un caso más dentro de una tendencia mundial que avanzó en el mismo sentido. Por el contrario,
se trata de una versión particularmente extrema de las mismas,
sobre todo en lo que respecta a las privatizaciones, que no sólo revirtieron las nacionalizaciones producidas a partir de los años 40,
sino que transfirieron organismos estatales y servicios públicos
que nunca habían estado en manos privadas (el servicio de correos es el ejemplo más claro en ese sentido) o que habían permanecido en manos del Estado nacional desde épocas muy anteriores (como el servicio de agua corriente y cloacas de la ciudad de
Buenos Aires). Es que la profundidad de los cambios, y la velocidad de su implementación, contribuían poderosamente a suscitar
ese particular desconcierto frente a lo que aparecía como el rebasar constante de fronteras que se habían considerado infranqueables. El ensanchamiento de los “límites de lo posible” que las clases subalternas intentaron en los primeros años setenta, fue efectivamente realizado en la década de 1990 en la dirección opuesta,
sin que pudieran constituirse vallas políticas, jurídicas o de cualquier otro carácter a su avance.
El “there is no alternative” de Margaret Thatcher, se ha corporizado con singular fuerza en la Argentina. Lo que supervivió de la
izquierda política y social osciló, desde el retorno al orden constitucional, entre la cooptación por el pensamiento dominante (en
una dinámica en que ese pensamiento cada vez deja menos espa-
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- Julio Gambina - Daniel Campione
cios para variantes o matices en su interior) y la defensa de ortodoxias superadas, repetidas en un lenguaje que suena largamente
a hueco. No se ha trazado hasta ahora un camino diferenciado respecto a: a) la pretensión de construir una izquierda “moderna y
democrática” que derivó en el progresivo abandono no ya de la tradición marxista y revolucionaria, sino de toda asunción seria de un
proyecto democratizador. La idea inicial de construir un proyecto
de transformación social no comprendido en el paradigma del
cambio revolucionario, naufragó en la renuncia práctica al propósito transformador, o en el abandono liso y llano de la acción política; y b) El sectarismo inconmovible que hace de la repetición mecánica de unas cuántas “verdades inmutables” la médula misma de
su “estrategia”, regodeándose en una marginalidad política y cultural que se ha vuelto un “sistema de vida” para cierta izquierda.
Sin adherir a ninguna de las dos actitudes, en las nuevas generaciones de intelectuales y militantes no ha llegado a haber una
articulación con la tradición de izquierda, con la activa rebelión
social de los últimos 60 y la primera mitad de los 70, y una perspectiva que reconozca los cambios ocurridos y saque conclusiones
de los mismos. La movilización por problemas específicos, la defensa de determinados derechos, la resistencia frente a los abusos
del poder, no se unieron hasta ahora con ningún proyecto con vocación de universalidad, que pueda interpelar al conjunto de las
clases subalternas, y exceder la mera impugnación del orden vigente para lograr la formulación de propuestas creíbles. En suma,
que para transitar la “vereda de enfrente” metaforizada por Menem no existe más que la mera negación o como formulación de
proyectos que carecen de articulación social efectiva, de 'organicidad' en el sentido gramsciano. La ideología dominante se ocupa
permanentemente de restar “verosimilitud” a toda propuesta realmente alternativa, y aquellos preocupados por construirla (o que
se supone deberían estarlo) no logran despegar del lugar de irrelevancia que se les pre-asigna. El establishment está dispuesto a
tolerar (y a veces, incluso, a recompensar) a una izquierda retirada
de la política, remitida a la “crítica cultural” y opuesta de modo mi-
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litante a la idea de revolución social, pero no alienta su intrusión en
la política, salvo en la figura mediatizada del “asesor”, desprovisto
de capacidad decisoria pero diligente a la hora de proveer construcciones discursivas de tono progresista a la asunción apenas disimulada de los paradigmas intelectuales de la gran empresa.
Casi dos décadas de democracia arrojan como resultado, hasta ahora, un país socialmente aún más desigual e injusto que cuando se emergió de la dictadura más sangrienta de la historia argentina. Basta mirar cualquier indicador social (desocupación, participación de los asalariados en el ingreso, nivel del salario real, niveles de pobreza e indigencia, tanto por ingresos como estructural)
para comprobarlo de modo fehaciente. La construcción de una democracia “participativa” no es ya ni siquiera un lema vacío, y la
constitución de “otra forma de hacer política” parece resolverse en
la arquitectura de reformas del sistema electoral y de la legislación
que rige a los partidos políticos.
El bloque en el poder, sin embargo, está en dificultades crecientes, ya que la disipación progresiva de las ilusiones de estabilidad
y crecimiento sostenido despertadas en los primeros años de vigencia de la convertibilidad ha afectado profundamente tanto el
proceso de acumulación como las posibilidades de mantener la legitimidad del sistema de dominación. Las contradicciones de intereses entre distintos sectores del gran capital, afectados de diferente manera por la apertura económica, según sean primordialmente proveedores, o por el contrario, usuarios de servicios públicos e infraestructura privatizada, beneficiados o perjudicados por
el tipo de cambio imperante, por el modo diferente en que son
afectados, según el tipo de bien que produzcan y vendan, por la
caída de salarios y la desocupación. La ruptura del ‘Grupo de los
8’ en la segunda mitad de los 90, y con ello el afloramiento de posiciones diversas según el rubro de inserción en la economía de
las grandes empresas, son síntomas del resquebrajamiento de lo
que en los primeros años del decenio, al ritmo de privatizaciones,
desregulación y mayores facilidades para la expropiación de las
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- Julio Gambina - Daniel Campione
masas trabajadoras, apareció como un sólido conglomerado de intereses convergentes en casi todos los aspectos sustantivos. El
sistema de partidos y el propio régimen democrático tal como se
ha venido dando hasta ahora, sufrieron un deterioro irreversible,
ante la evidencia de que el signo del último cuarto de siglo fue la
concentración de la riqueza, la pérdida del nivel de empleo, el empobrecimiento generalizado, el empeoramiento de las condiciones
de vida y trabajo para la gran mayoría de la población, y la total
desvinculación del aparato estatal respecto de las necesidades y
deseos de la gran mayoría de la población. En tanto las luchas populares han ido alcanzando un nivel de movilización y organización cada vez mayor, que se acompaña gradualmente con un cuestionamiento más profundo e integral del orden social y político.
En este marco queremos analizar:
1. Los cambios en la economía: los nuevos dueños de la Argentina, es decir, los movimientos ocurridos en la cúpula de la
fracción dominante. La transformación del perfil económico
con disminución del componente productivo a manos del de
servicios. Los cambios ocurridos en torno de los trabajadores: ocupados, desocupados, inscriptos e irregulares, jubilados, etc. Un enfoque de modificaciones de las relaciones sociales: capital-trabajo; nueva función del Estado; inserción
internacional; subordinación monetaria al dólar y la política
norteamericana.
2. El proceso social y político general: los actores y sus formas
de organización. El predominio de la burguesía transnacionalizada. El menor peso de la vieja hegemonía que se expresaba en la Unión Industrial (UIA) y la Sociedad Rural
(SRA) a manos de la Asociación de Bancos (ABA, que es
resultado de la fusión entre ADEBA y ABRA) y las empresas de servicios públicos privatizados. La extensión política
de la dominación: la burocracia política y sindical/social. El
nuevo papel de los partidos políticos. El sistema electoral y
las formas clientelares. Los procesos en el bloque popular y
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la disputa de proyectos políticos.
3. La institucionalidad de los cambios en el ámbito de la superestructura: la reforma del Estado y sus efectos estables, la
aparición de nuevos paradigmas en la administración, los
comportamientos derivados de las privatizaciones como los
organismos de control, la impregnación por el enfoque “fiscalista” de toda la actividad estatal.
4. El papel de las clases subalternas, los fenómenos de resistencia a lo largo del período, el movimiento sindical, el papel de los intelectuales.
Al cierre de este libro se produjo la pueblada de diciembre de
2001, que arrastró al gobierno del Dr. De la Rúa y al régimen
de convertibilidad. Lo nuevo de este proceso abierto está determinado por el fuerte protagonismo que adquiere la sociedad movilizada y la emergencia de una nueva institucionalidad
popular que se expresa en las asambleas barriales y la consolidación del movimiento de piqueteros. Todo ello, dicho al margen de fragmentaciones y objetivos diferenciados de sujetos
que actúan territorialmente para constituirse como nuevos
sectores en una puja política que no termina de definirse.
Los gobiernos que se sucedieron luego de la crisis pretendieron reinstalar un discurso “populista”, aunque rápidamente fueron
reconducidos hacia los rumbos estructurales desarrollados en el
último cuarto del siglo XX. Existe una generalizada opinión de situación abierta. En ese marco, creemos, sigue siendo necesario estudiar la especificidad de la particular década de desarrollo capitalista presidida por el Dr. Carlos Menem.
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NOTAS
1
Las reformas constitucionales de 1866, 1898 y 1957 fueron de menor alcance, focalizadas en unos pocos puntos del texto constituyente. La reforma de 1949, en cambio, introdujo una amplia gama de derechos sociales, y
declaraciones que afianzaban la intervención económica estatal, como el artículo 40, pero no variaba en ningún aspecto sustantivo la institucionalidad
política. La reforma de 1994 incursionaba con más amplitud en ese campo.
Nuestra tesis es que la dictadura militar 76/83 vino a resolver las tareas inconclusas del intento golpista 66/73. La importante acumulación de poder
popular entre 1968 y 1974 impidió que se materializaran los objetivos de
reestructuración capitalista que alentaba el gobierno de los militares asociados al poder empresario, representado al inicio por Krieger Vasena en el Ministerio de Economía. Es por ello que para el éxito se requería modificar la
correlación de fuerzas en la ecuación del poder. El tema se resolvió con el
terrorismo de Estado, él que se anticipó con el terror de paramilitares y parapoliciales.
2
3
En los últimos tiempos (2000-2001) esta apelación al miedo tiende a perder fuerza: el escenario económico, social, político y cultural es lo suficientemente sombrío en el presente, como para que sea verosímil que su construcción ha evitado “males mayores”.
Juan Vital Sourrouille fue Ministro de Economía entre febrero de 1985 y
febrero de 1989. Tuvo a su cargo encauzar la política económica del gobierno alfonsinista en la corriente principal que definía el Consenso de Washington. Se habló de heterodoxia, lo que sin lugar a dudas fue un tránsito hacia
la ortodoxia exigida en el golpe de mercado que le costó el ministerio y que
se resolvería luego con Domingo Cavallo.
4
Quien popularizó esta noción fue el fallecido dirigente del Frepaso Carlos
Auyero, quien la formuló poco antes de morir. Luego de su fallecimiento, sería repetida hasta el hartazgo.
5
Eliminada luego de la renuncia de Cavallo y la caída del gobierno de De la
Rúa al cabo de los acontecimientos del 19 y 20 de diciembre de 2001.
6
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I. La economía de la década
Estabilización y reforma estructural 1989/1999
Antecedentes
El continuado proceso de ajuste que signó la década adquiere una significación especial, más allá de las especificidades nacionales, en virtud de la similitud evidenciada por los países de América Latina y el Caribe, en cuanto a los desequilibrios macroeconómicos, agravados con posterioridad a la crisis de la deuda externa
(1982) y a las políticas aplicadas por los gobiernos de la región, encuadradas en las recomendaciones del Consenso de Washington y
emanadas de los organismos financieros internacionales, particularmente el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
La aplicación de medidas de “reforma estructural” fue estimulada por:
• Agotamiento de políticas cortoplacistas para solucionar dificultades que eran intrínsecas a un determinado patrón de
desarrollo económico, basado en la expansión del mercado
interno, el consumo estandarizado de carácter masivo, la
tendencia al pleno empleo y la fuerte participación estatal en
la producción de bienes y la prestación de servicios; junto a
secuelas de un conflicto social y político concentrado en la
puja distributiva.
• Auge de las propuestas liberal-conservadoras apoyadas por
los organismos financieros internacionales y por los gobernantes de los principales países capitalistas desarrollados,
quienes sostenían que el origen de los desequilibrios se encontraba en el agotamiento de un modelo que había perdido su base de sustentación. Un dato que conviene destacar
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- Julio Gambina - Daniel Campione
para la región latinoamericana y caribeña es la presencia de
los republicanos y sus concepciones de "nueva derecha" en
los EEUU (1980/1992).
Ambas cuestiones son un producto “intelectual” de la forma
"política y cultural" en que culminó el conflicto social abierto entre
las décadas de 1950 y 1970 por la redistribución de la renta nacional en cada país. De una concepción desarrollista, o si se quiere populista, se generalizó una orientación de política centrada en las demandas de restablecimiento de la rentabilidad del capital privado
más concentrado y la capacidad estatal de generar incentivos para
la atracción de capitales transnacionales. No puede entenderse este fenómeno sin considerar la situación operada en el capitalismo a
escala mundial. Hacia fines de la década de 1970 se produce una
crisis que se expresa en una baja de la tasa de ganancia, con repercusiones en los mercados financiero, energético y productivo. Esta
crisis confronta a los distintos actores sociales por la distribución de
la renta socialmente generada. La resolución de la crisis se tramita
en la esfera política, en un trayecto que se inicia con las dictaduras
militares en Chile y Argentina, en un “ensayo” de las políticas que
serían hegemónicas en el cambio de siglo. Inglaterra con Thatcher
y Estados Unidos con Reagan, transformarán el “ensayo” en políticas de gobierno en los principales países del capitalismo.
La década de 1980 expresa el tránsito entre un período y otro,
y se desarrolla bajo el lema de la “década perdida” para América latina, donde el volumen del endeudamiento externo, la crisis desatada en 1982 y las sucesivas renegociaciones, inspiradas por el gobierno norteamericano y sus secretarios del Tesoro, primero Baker
y luego Nicholas Brady, instalarán el marco para el condicionamiento de las políticas aplicadas en la región. A cambio de esas
concesiones, se aseguraba la vuelta de un flujo de capitales interrumpido por esos años. En 1985, con el Plan Baker, se hizo visible
la intención de adaptarse a la nueva situación, en la medida en que
se impulsó un cambio del papel del Estado en la economía y en un
mayor acercamiento a los mercados internacionales.
Observando la singularidad de estos procesos en la Argentina,
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para 1985 se cierra el intento (1983/1985) de aplicar propuestas
de política económica de corte "keynesiano - desarrollista" y, con
matices, se retoman los mecanismos de transformación regresiva
de la estructura económico social que había iniciado la dictadura
militar (1976/1983) en la tríada expresada por la apertura de la
economía, la subsidiariedad del Estado y la desregulación de los
mercados. Las continuas rondas de negociaciones con los acreedores internacionales que se aceleraron con los cambios en el Ministerio de Economía, la aparición del Plan Austral (1985) y las reformas que le sucedieron durante la administración Alfonsín
(1983/1989), contribuyeron para que gradualmente fueran introduciéndose modificaciones en la estructura económica, que aún se
encontraban distantes del “salvajismo”, calificación que se adjudicaría posteriormente a las políticas aplicadas en los 90.
Una constante repetida con especial énfasis en la década respecto de la política económica sería la lucha contra la inflación
(por lo menos como enunciado) y la manera de reinserción internacional de la Argentina en las nuevas condiciones de desarrollo
tecnológico y de reestructuración de las relaciones sociales en el
capitalismo. En realidad, inflación y reinserción internacional expresaban una crisis reflejada en las dificultades para la valorización
de los capitales. En este sentido actuaba la resistencia extendida
de los trabajadores y su grado de organicidad, sindical y política,
que ejercía presión sobre empresas y Estado, limitando la capacidad de hacer rentable las inversiones. Dicha crisis se extendía al
escenario político y social. En el plano económico, el bloque de poder inducía una redistribución regresiva mediante la modificación
de los precios relativos, en una carrera inflacionaria que derivó en
la hiperinflación.
La crisis hiperinflacionaria que tuvo lugar en los últimos tiempos del gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989), fue la manifestación de esa crisis económica y política que escondía la puja distributiva y de poder. El desenlace se anunció con el “golpe de mercado” (febrero de 1989) perpetrado a través de una maniobra cambiaria impulsada por la banca extranjera con sede en el país y que
terminó con el anticipo de la entrega del gobierno a Carlos Menem,
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presidente electo para la primera sucesión presidencial
(1989/1995) en tiempos de vigencia de la Constitución Nacional,
luego de siete años bajo una férrea y sangrienta dictadura militar.
Así como el terrorismo de Estado había actuado en el disciplinamiento social para inducir el camino de las reformas estructurales,
el temor hiperinflacionario generaría las condiciones, desde la economía y en el imaginario social, para disciplinar al conjunto de la
sociedad tras las políticas de estabilización que resultaron hegemónicas durante los 90, particularmente desde la llegada al Ministerio
de Economía de Domingo Cavallo (febrero 1991).
El nuevo gobierno, recién asumido y con el aliento que da el
primer tramo de todo mandato, más la evidente debilidad del saliente, impuso una combinación de políticas de estabilización y de
reformas estructurales caracterizadas por su profundidad y audacia, máxime por su fuerte impacto regresivo, impulsadas por un
partido político de clara inserción y consenso entre las clases populares. La implementación de tales reformas estructurales fue posible gracias a la capacidad disciplinadora que el gobierno de Menem tuvo sobre la burocracia política (legisladores del Partido Justicialista y de la Unión Cívica Radical), la sindical (CGT dominada
por jerarcas sindicales del peronismo) y la subordinación del Poder Judicial a los designios del Poder Ejecutivo. El PJ negocia la
asunción anticipada en julio de 1989 a condición de que la UCR facilite quórum parlamentario para instrumentar la legislación reformadora. El gobierno justicialista limitó la capacidad de resistencia
del movimiento de trabajadores desde el control ejercido sobre
gran parte de la cúpula del movimiento sindical, que actuó como
freno y negociador de toda resistencia.
Por lo tanto, para analizar el ajuste estructural de los 90 en la
Argentina, motorizado por el presidente Menem, en dos periodos
constitucionales, entre 1989/95 y 1995/99, vale la pena recorrer los
postulados generales que instaló el denominado Consenso de Washington, en tanto recomendaciones de política económica que se
transformarían en hegemónicas en la región, más allá de las diferencias y matices existentes en América Latina y el Caribe.
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Los postulados del Consenso de Washington (C.W.)
Los “teóricos” del C.W. fueron construyendo sus planteos en
un proceso operado entre la crisis de mediados de los 70 y la instalación de las políticas liberal - conservadoras en Gran Bretaña y
EEUU a fines de esa década, y sus argumentaciones se potenciaron con la caída del socialismo en el este de Europa. Asientan sus
concepciones en un diagnóstico que adjudica los desequilibrios
macroeconómicos de cada país a la política adoptada con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, la cual había sido dirigida, en
la región, a realizar un proceso de industrialización mediante la
sustitución de importaciones (ISI). Es un diagnóstico "ideológico"
que en la Argentina sustentó el liberalismo tradicional y que se
transformó en hegemónico en el trayecto entre la dictadura militar
(1976) y el comienzo del decenio de 1990.
El argumento del C.W. asocia al proceso de ISI con la ineficiencia en la asignación de los recursos, y vincula a la intervención del
Estado en la economía con el origen de todos los desequilibrios.
Así se escamotea la correlación social existente por un largo período, que determina cierta función del Estado para el desarrollo de
determinados beneficiados y perjudicados entre los actores sociales actuantes en un momento histórico determinado. El cambio de
beneficiario de las políticas estatales, o de la propia función del Estado, resulta así de una clara decisión política y no de las condiciones del funcionamiento de los mercados.
Dichos desequilibrios macroeconómicos, se arguye, no poseen un carácter de corto plazo, dado que los déficits fiscales y del
sector externo, además de sus mecanismos de propagación (en la
forma de alta inflación y/o incremento en la fragilidad financiera)
llevaron a una situación que no puede ser revertida en el corto
plazo dado que es necesario un cambio completo en el presente
régimen económico. Las políticas inspiradas en el C.W. señalan
que no solo son necesarias medidas de estabilización en el corto
plazo, sino que además son imprescindibles cambios estructurales
como única alternativa para superar los desequilibrios de las “economías en desarrollo”.
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- Julio Gambina - Daniel Campione
El menú de políticas identificado por Williamson (1990) contiene un decálogo instrumental a utilizar para la superación del
modelo "estatista" y avanzar en el camino del crecimiento. Esos
instrumentos se centran en:
1. Achicamiento del déficit fiscal a no más de 1 ó 2 puntos porcentuales del PBI. Por ser el déficit el origen de los desequilibrios y estar vinculado a la ineficiencia y corrupción instalada en él aparato estatal.
2. Disminución del gasto público eliminando subsidios diversos
y concentrando la gestión estatal " social" en educación primaria y salud para los más desprotegidos. Se abre paso así
al arancelamiento educativo, particularmente en la Universidad, y al desarrollo de la medicina prepaga. Es una concepción mercantilizada de la educación, la salud y otros derechos asignados históricamente al gasto del Estado.
3. Acrecentamiento de la recaudación impositiva con base en
la ampliación y generalización de la base imponible, particularmente de los impuestos indirectos. Disminución de los
mínimos no imponibles en el caso de impuestos directos.
4. Establecimiento de tasas de interés positivas como forma de
atraer capitales y evitar la fuga, incrementando la tasa de
ahorro interna y favoreciendo la inversión.
5. Fijación de tipo de cambio estable y alto para favorecer las
exportaciones que sustenten el financiamiento del sector
externo (dependiente de insumos y capital), y al mismo
tiempo dar seguridad a los inversores.
6. Eliminación de barreras arancelarias y para-arancelarias, favoreciendo la apertura comercial. Implica un proceso creciente de desprotección de la producción local en el marco
de una exposición mayor con la producción externa.
7. Favorecer una legislación de inversiones externas atractivas
para inducir la radicación de capitales y tecnología.
8. Asentar la estrategia de acumulación en la iniciativa privada
y por ello inducir la privatización de las empresas públicas.
9. Desregular la economía, particularmente el mercado de
trabajo, para eliminar las "distorsiones" que impusieron a
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través del tiempo las demandas de los trabajadores y sus
organizaciones sindicales.
10. Impulsar las reformas institucionales que aseguren los derechos de propiedad.
Como se puede apreciar, se induce un desarrollo asentado en
el capital privado en desmedro del público, generando una nueva
funcionalidad del Estado para favorecer la rentabilidad del capital,
con una concepción inspirada en la promoción de los intereses del
capital transnacional. El postulado general se asienta en que el
ajuste fiscal inducido alimentará el crecimiento económico que
permita la mejor utilización de la capacidad instalada y los recursos existentes para satisfacer necesidades sociales insatisfechas.
El argumento central se organiza en dos movimientos. Uno es
el ajuste fiscal que actúa como ordenador y estabilizador de las
cuentas macroeconómicas. El otro actúa en la reestructuración de
la economía en su conjunto. Ambos se recorren simultáneamente
para avanzar desde la estabilización al crecimiento.
El primero consiste en sentar las bases de la estabilidad macroeconómica, poniendo énfasis en los instrumentos destinados a
disminuir el gasto público (una de las fuentes principales de las espirales inflacionarias) y ampliar la recaudación. Estas medidas deberán ser acompañadas por un estricto control del crédito interno
(restricción crediticia) y de la demanda agregada (salarios e ingresos de sectores vinculados al mercado interno), para lograr de esta forma atacar la estructura de precios relativos.
Durante el segundo, se implementan aquellas políticas que
apuntan a producir un shock de productividad en el ámbito empresario; utilizando el paquete de reformas destinado a lograr la liberalización de la economía, es decir, las recomendaciones de políticas del C.W. relativas al sector financiero, la estructura del comercio y su apertura, la desregulación del mercado de trabajo, etc. Se
considera que solamente luego de que los anteriores estados hayan sido atravesados, podrán esperarse fuertes incrementos en los
niveles de producto y mayores posibilidades de acceso a los mercados mundiales. El conjunto de argumentos expuestos ha sido
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- Julio Gambina - Daniel Campione
parte sustancial, en Argentina, de la fundamentación de las políticas aplicadas en la década de 1990.
Sin embargo, los malos resultados obtenidos en el primer quinquenio, especialmente en los países latinoamericanos, llevaron a
John Williamson, inspirador del Consenso de Washington, a revisar
las propuestas realizadas. Entre las correcciones, se hace hincapié
en reorientar el gasto público hacia un bien direccionado gasto social (en vista de los graves problemas distributivos que causó la
aplicación del modelo). Se observa que en cuestiones de liberalización comercial debe adoptarse una actitud menos indiscriminada,
utilizando el poder de negociación internacional de cada gobierno.
El llamado a la privatización y desregulación total de la economía
del primer manifiesto, se cambió por un llamado a reforzar la competencia de los mercados, habida cuenta que gran parte de las privatizaciones realizadas generaron mercados monopólicos privados. Según el propio Williamson “uno puede argumentar que reemplazar un monopolio público por un monopolio privado es como
saltar de la sartén al fuego”. De todas formas, esta revisión presentada por Williamson no causó el mismo impacto sobre los centros
internacionales de poder que su propuesta original.
Las reformas
El episodio hiperinflacionario que acabó con el gobierno radical en 1989 apresuró la toma de medidas drásticas apenas asumió Menem. En materia legislativa, el Congreso aprobó dos leyes fundamentales que mostrarían claramente la intención del
nuevo gobierno: la Ley de Emergencia Económica y la Ley de
Reforma del Estado.
La primera tuvo como núcleo central, la suspensión por 180
días (aunque luego se renovaría indefinidamente) de los regímenes de promoción industrial, regional y de exportaciones y las
preferencias que beneficiaban a las manufacturas nacionales en
las compras estatales; además se autorizaron los licenciamientos
de empleados públicos y se puso fin a los esquemas salariales de
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"privilegio" en la administración. El objetivo estaba centrado en
una reorientación del gasto público a favor del poder económico
más concentrado. A su vez la Ley de Reforma del Estado marcó
las pautas para la implementación de un cruento proceso de privatizaciones de las empresas públicas (teléfonos, aviación comercial, ferrocarriles, complejos siderúrgicos, rutas, puertos y varias
empresas petroquímicas).
En la Argentina de comienzos de los noventa las medidas de
estabilización y reforma estructural fueron presentadas y "supeditadas" a solucionar el problema de la inflación y de las cuentas
públicas más que a aumentar la productividad y la competitividad
de la economía en el largo plazo. Dicha tarea se iniciaría con la
llegada de Cavallo al Ministerio de Economía (1991). Es más, el
saldo que quedaría en el imaginario social a fin del mandato es
que en la década se habría "resuelto" el problema de la inflación
y el crecimiento. Claro que no pocos especialistas llaman la atención sobre la prolongada recesión, la vulnerabilidad externa y las
diversas presiones que se ejercen local e internacionalmente sobre la convertibilidad.
En el período anterior a 1991 se plantean algunos de los pilares sobre los que se basó la reforma estructural, desde las privatizaciones de empresas estatales y la reforma tributaria, hasta la liberalización del comercio exterior, entre las fundamentales. En
ese marco se firma en 1991 el Tratado de Asunción entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay para establecer el Mercado Común
del Cono Sur (Mercosur), que iniciaría formalmente sus actividades en el segundo período presidencial de Menem.
El proceso de privatizaciones se inició aceleradamente y se
otorgaron importantes "facilidades" a las empresas adjudicatarias.
Se establecieron beneficios tarifarios que aseguraron una elevada
rentabilidad empresaria y un carácter monopolista de la actividad.
No existió marco regulatorio previo y de hecho se promovió una gigantesca transferencia de capital público al privado para consolidar el dominio del capital local y extranjero altamente concentrado. Los fondos obtenidos de esas privatizaciones fueron principalmente utilizados para la cancelación de una importante porción de
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- Julio Gambina - Daniel Campione
la deuda externa que de todas formas se tornaría incontrolable con
el transcurso de los años.
En lo relativo a la reforma tributaria, se concentró la estructura impositiva en unos pocos impuestos, prevaleciendo el impuesto
al valor agregado (IVA), del cual se aprovechó su mayor facilidad
de recaudación y se contribuyó así a la profundización de un régimen tributario regresivo. El impuesto a las ganancias fue otro de
los impuestos en que se centró la recaudación. Se aumentaron las
alícuotas de estos impuestos, se expandió la base imponible y se
mejoró el control de los agentes de retención, aunque subsiste como asignatura pendiente el problema de la evasión fiscal. Además
se utilizó en gran medida el impuesto a los combustibles y los aranceles a las importaciones.
Por imperio de la Ley de Emergencia Económica se eliminaron
las exenciones impositivas, en forma parcial o total, de los regímenes de promoción industrial y se estableció un tratamiento igualitario para el capital local y el extranjero en materia de inversiones
en actividades productivas. Desde el punto de vista institucional,
se sancionó la Ley Penal Tributaria para enfrentar con mayor rigor la elevada evasión impositiva. Más allá del instrumento jurídico y el tiempo transcurrido desde su aprobación, se verifica que
la lucha contra la evasión y elusión fiscal sigue siendo una asignatura pendiente en la Argentina. Hay que entender que las medidas tomadas en materia tributaria estuvieron destinadas a financiar el déficit fiscal y que los aspectos fundamentales, tales
como incrementar la progresividad de la estructura impositiva,
nunca fueron considerados.
La liberalización comercial por su parte, es un claro ejemplo de
subordinación de las políticas de reformas a la necesidad imperante de lograr la estabilización. Las primeras medidas adoptadas
consistieron en la reducción del arancel máximo al 20% y en la eliminación de una gran parte de instrumentos paraarancelarios. A
pesar de que inicialmente se estipulaba que para el logro de tales
metas se dispondría de un plazo de cuatro años, hacia fines de
1990 la mayoría de las restricciones cuantitativas ya habían sido
eliminadas. En marzo de 1991 los aranceles habían sido reducidos
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alcanzando un nivel promedio del 10% mediante una estructura
escalonada del 0%, 11% y 22% para las materias primas, los insumos y los bienes manufacturados finales respectivamente.
En estos primeros años, las autoridades oscilaron entre la aplicación de medidas aperturistas para lograr un incremento sustancial en la asignación de recursos y el control de la inflación, y la suba de tarifas o recargos a las importaciones como forma de incrementar la recaudación tributaria en los momentos más apremiantes. Desde 1989 hasta 1991 las autoridades modificaron en sucesivas oportunidades los niveles de protección. A pesar de las medidas implementadas durante estos primeros años del gobierno
menemista, existieron rebrotes hiperinflacionarios. El tipo de cambio fue liberado, como así también se aplicó una política de control
estricto de la oferta monetaria. Esto se complementó con la liberación de las restricciones a los movimientos de capitales nacionales y extranjeros, y con la facilitación de la remisión de utilidades
al exterior. La deuda interna existente en ese momento, generada
en encajes bancarios cercanos al 100% y una gran cantidad de títulos públicos indexados, hacía inviable cualquier política de estabilización que no solucionara esta cuestión. Así, se implementó el
Plan Bonex que consistió en una sustitución compulsiva de los depósitos a plazo fijo en el sistema bancario y títulos públicos por
nuevos bonos externos a largo plazo denominados en dólares (Bonex). Fue el inicio de un proceso de transformación del sector bancario, que incluyó la privatización de varias entidades financieras
de provincia y la fusión, absorción y concentración de la banca privada en manos de entidades de capital externo.
Como consecuencia de nuevos rebrotes inflacionarios y de
sendos ataques especulativos, el gobierno implementa en 1991 el
denominado Plan de Convertibilidad. Se estableció una paridad
fija de 1$ = 1 U$S y se adoptó el compromiso de que el Banco Central debía respaldar con reservas internacionales el 100% de la base monetaria, quedando imposibilitado por lo tanto de emitir dinero sin la correspondiente contrapartida en divisas. De esta forma se le quitó al Banco Central la posibilidad de utilizar política
monetaria activa y quedó por completo relegado a acompañar los
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- Julio Gambina - Daniel Campione
movimientos de capitales internacionales. Si a lo anterior le sumamos la inexistencia de mecanismos de esterilización, podemos
afirmar que en los 90 quedó configurado un sistema financiero
procíclico, el cual dificulta la generación de crédito interno en las
recesiones y profundiza la vulnerabilidad de la economía argentina. Este hecho quedaría evidenciado con la fuerte fuga de depósitos del sistema financiero y el consiguiente recorte de préstamos productivos durante el llamado Efecto Tequila, que comenzó en diciembre de 1994 y se extendió hasta fines del 95.
Otro elemento a considerar es la aprobación de la nueva Carta
Orgánica del Banco Central (1992), que estableció la autonomía de
la autoridad monetaria respecto al Poder Ejecutivo, suprimió la garantía oficial de los depósitos y fijó límites estrechos para que la autoridad monetaria pudiera comprar bonos públicos y prestarlos a
los bancos comerciales. En la práctica, la Ley de Convertibilidad
transformó al Banco Central en una caja de conversión e impidió su
función de prestamista de última instancia. Durante la crisis financiera de 1995, el gobierno debió reformular la Carta Orgánica para
permitir otorgar redescuentos a los bancos en problemas, medida
que rindió escasos frutos, pues rápidamente se encontró con la limitación que imponían el nivel de reservas internacionales a la concesión de redescuentos a los bancos. Hubo entonces que recurrir a
financiamiento interno (de los bancos más fuertes) y externo (de
entidades bancarias del exterior). En síntesis, desde principios de
1991, los flujos comerciales y de capital quedaron completamente
liberalizados y la vulnerabilidad de la economía argentina se manifestó con una amplitud desconocida en otros países de la región.
El nuevo plan produjo resultados inmediatos satisfactorios en
términos de "estabilización". La reducción de la inflación permitió
que reapareciera el préstamo para el consumo, el cual había estado ausente durante la época inflacionaria. De esa forma, y en medio de un contexto externo favorable, se financió la expansión de
la demanda interna incentivando un boom de consumo y crédito
que tendría como contrapartida el acrecentamiento del déficit del
sector externo y la vulnerabilidad económica, con alta exposición
y dependencia respecto del ingreso de capitales del exterior. Du-
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rante el período que va hasta 1995, el gobierno gozó de un grado
mayor de flexibilidad y pudo, gracias al boom inicial y al incremento subsiguiente en los niveles de recaudación, destinar mayores recursos a casi todas las partidas del presupuesto público, pudiendo
obtener superávits fiscales (una novedad para Argentina) gracias
a los ingresos por privatizaciones.
La etapa de las reformas posteriores a 1991, ya bajo el régimen
de convertibilidad, tuvo características distintas a la anterior. El
caso de las privatizaciones lo muestra claramente. En la fase anterior, las mismas habían sido llevadas a cabo en un clima de subordinación a los objetivos fiscales y se reconoció desde el propio gobierno la existencia de algunas "irregularidades" referidas al diseño de los pliegos de bases y condiciones de la venta y concesión,
ausencia de políticas de saneamiento empresario durante el período de transición, contratos de transferencia ambiguos, establecimiento de garantías para la explotación monopólica de los mercados, licitaciones no competitivas, y debilidad de los marcos regulatorios y las instituciones de control. Hacia fines de 1994 la mayor
parte de las empresas de propiedad estatal que producían bienes
o servicios habían sido vendidas, incluyendo las más importantes,
por ejemplo, la compañía petrolera YPF y las que producían y distribuían electricidad. Este proceso cubrió un amplio rango de
áreas productivas, desde hierro y acero hasta petroquímicas y gas.
En algunos casos (áreas petroleras, ferrocarriles, puertos, autopistas, agua corriente y cloacas y canales de televisión y radio) el gobierno utilizó mecanismos de concesión.
En 1992 la Argentina ingresa al Plan Brady, que a juicio del gobierno constituía el mecanismo más apropiado para superar la carga
de la deuda. Esta decisión estratégica de ingresar al Brady tuvo
importantes consecuencias económicas de largo plazo, debido
tanto a las condiciones aceptadas en términos de superávit fiscal
comprometido, como a los cambios operados en la estructura de
la deuda según el tipo de acreedor. La deuda con la banca comercial (cercana a los 25.000 millones de dólares) se renegoció a 30
años de plazo, y parte de ella quedó respaldada por bonos del Te-
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soro de los Estados Unidos. Los convenios Brady significaron una
dura condicionalidad en el cumplimiento de los plazos de pagos e
intereses, dado que ante los atrasos, automáticamente se cae el
acuerdo y se ejecuta la garantía. Para Argentina, el Brady no significó la reducción de la deuda, pues solo se renegoció con descuento una exigua parte (discount bonds por U$S 4.150 millones), otra se renegoció a la par (par bonds por U$S 12700 millones), mientras que los intereses vencidos, acumulados y capitalizados a altas tasas de interés, se emitieron en un bono con tasa
flotante (FRB U$S 8.650 millones). Esta capitalización de intereses vencidos y punitorios absorbió el beneficio del descuento realizado, con lo cual el monto total de la deuda prácticamente no varió con el Plan Brady, aunque sí aumentó su condicionalidad. La
deuda con la banca comercial, transformada en títulos públicos,
habilitó una extensión de los tenedores de esos compromisos dificultando su individualización.
El nuevo esquema de desmantelamiento del sector publico y
descentralización de la infraestructura social del Estado Nacional
hacia las provincias, implicó una profunda racionalización del personal. Se instauró un esquema de retiros “voluntarios” masivos e
indiscriminados, sin criterio alguno de preservación de las antiguas
funciones y de la capacitación del personal, que implicó un desmantelamiento en relación con el nivel de técnicos especializados
en diversas áreas importantes de la estructura gubernamental. Este proceso fue funcional con las nuevas normas de desregulación
del mercado de trabajo que comenzaron a implementarse en 1991
y que lejos estuvieron de utilizarse como mecanismo de incrementos en la competitividad sino que crear una situación de desempleo
creciente que marcaría su punto critico con la crisis del “Tequila”.
Por otra parte, las autoridades relajaron en cierta medida la rigidez en materia comercial, implementando políticas que apuntaron a reducir el déficit comercial y que tranquilizaron las crecientes demandas de los sectores industriales (implementación del régimen automotor). En cuanto a las importaciones, se utilizaron
medidas destinadas a frenar la avalancha importadora, mientras
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que se recurrió nuevamente a los incentivos fiscales como forma
de incentivar las exportaciones en virtud de la apreciación cambiaria que acompaña a la convertibilidad desde sus inicios.
Si bien esta nueva etapa modifica en cierta medida el grado de
apertura comercial, también se registraron profundizaciones en
otros aspectos del ámbito microeconómico. Este fue el caso de
ciertas medidas de desregulación, cuyo objetivo fue inyectar competencia en los sectores no transables.
Evolución económica
Sistema financiero: creación de las AFJP`s y ART`s
En julio de 1994 se implemento el nuevo régimen previsional
mixto con el objetivo de solucionar a largo plazo el financiamiento
del sistema previsional, y fortalecer el mercado de capitales. El sistema resultó mixto ya que se permitió la opción de mantenerse en
el viejo régimen de reparto o de incorporarse al nuevo régimen
gestionado por las Administradoras de Fondos de Jubilación y
Pensión (AFJP). En el caso de esta última opción, la percepción
jubilatoria final se compone de una parte que recibe del sistema
público en proporción a los años aportados hasta el inicio del nuevo sistema, más la renta acumulada en el fondo personal de la
AFJP. El efecto sobre el financiamiento del sistema público es muy
fuerte, pues el sistema estatal debe continuar pagando jubilaciones
y pensiones, pero deja de percibir los fondos de la mayoría de los
trabajadores activos, los cuales se derivan a las AFJP. Este reemplazo se realizó por la asignación de nuevos impuestos, y el incremento de alícuotas de los ya existentes, aunque la debilidad de los
ingresos fiscales que caracterizó al plan económico, generó un déficit significativo en el sistema previsional. A este déficit en el ámbito nacional, se agrega el déficit de las numerosas cajas previsionales de provincia. Como resultado, las percepciones jubilatorias y
las pensiones fueron perjudicadas. Las percepciones de base se
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mantuvieron constantes, en un mínimo de $150 desde la implementación del Plan de Convertibilidad, a pesar de lo exiguo de la
cifra y de la inflación acumulada a lo largo de los años siguientes.
Respecto a uno de los objetivos planteados al implementar este sistema, el fortalecimiento del mercado de capitales, si bien el
volumen de fondos creció, por la volatilidad sufrida por los mercados en las distintas crisis y el estancamiento de la economía en distintos períodos, las oportunidades de inversión en nuevos instrumentos fueron escasas, con lo cual la mitad de los fondos de las
AFJP se invirtieron en títulos públicos (el máximo que permite la
ley), una parte sustancial en plazos fijos, y una menor parte en acciones de empresas. La posibilidad de invertir en instrumentos de
desarrollo regional y sectorial, prácticamente no fue utilizada por
las AFJP. En resumen, el sistema previsional privado financia fundamentalmente al sector público, y no fue capaz de desarrollar un
mercado de capitales maduro.
La concentración del sector, al cabo de numerosas fusiones, incentivó la competitividad, y llevó a las AFJP a tratar de obtener altos rendimientos para captar público a costa de invertir en activos
de alto rendimiento, pero también de alto riesgo, situación que
causó una estrepitosa caída del valor de los fondos previsionales en
las crisis del Tequila y la posterior asiático-rusa. Debe mencionarse también que la comisión de administración de las AFJP asciende aproximadamente a un tercio del monto mensual descontado a
cada aportante, lo que reduce en forma sustancial los fondos que
quedan en su cuenta de capitalización.
En consonancia con la privatización del sistema previsional, y
acorde con la política de resolver el problema del tipo de cambio
real mediante la baja de los costos de la producción, se crearon las
Administradoras de Riesgo de Trabajo (ART), entidades dedicadas
a asegurar los riesgos de accidentes del trabajador, a cambio de un
canon que pagan las empresas que las contratan. Las ART son las
responsables de controlar la seguridad en la empresa, y de realizar
las sugerencias necesarias para el mejoramiento de las condiciones
de seguridad, aunque la única herramienta que poseen para hacer
cumplir sus observaciones es el aumento de la cuota que paga la
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empresa, lo cual no resulta operativo pues ante la situación del posible aumento de cuota por no cumplir con las normas de seguridad, la empresa contrata otra ART que ofrezca una cobertura más
barata. El funcionamiento de las ART no resultó eficiente para mejorar el nivel de seguridad laboral, pero si disminuyeron sustancialmente los pagos a los siniestrados, que resultan totalmente exiguos. Esta situación generó fallos judiciales en contra de este sistema, ante la desprotección en que coloca a los accidentados o a
los deudos de los trabajadores fallecidos.
Las políticas de desregulación y concentración se aplicaron al
límite en el sector financiero. De los cerca de 200 bancos existentes en el inicio del Plan de Convertibilidad, quedaban sólo 87 en diciembre de 1999. El proceso significó una aguda concentración, favorecida por la política de fusiones que llevó a cabo el Banco Central de la República Argentina (BCRA), intensificada en los momentos de crisis. Ante la imposibilidad de actuar como prestamista de última instancia, el BCRA buscó apoyo en el sector financiero local, y en las casas matrices de los bancos locales extranjeros,
utilizando el mismo, para constituir fondos fiduciarios por 2.000
millones de dólares constituidos con el objetivo de facilitar las fusiones y adquisiciones entre bancos. Ante la aparición de problemas de liquidez o insolvencia de un banco, rápidamente se buscaba un comprador para la totalidad del mismo o para las filiales, en
caso que fuera necesario desguazarlo para su venta. Los compradores gozaban de beneficios en materia de regulaciones y contaban con la ayuda del fondo fiduciario. Ello dio origen a una fuerte
reconversión del sector, en la cual muchos bancos regionales y
cooperativos fueron absorbidos por otros más grandes, creciendo
rápidamente por esta vía el número de sucursales de los bancos
más poderosos. Paralelamente, se produjo la transformación de la
gran mayoría de los bancos provinciales en bancos privados, destruyéndose de esa forma la banca regional de provincia. Sólo quedaban al cabo de la gestión Menem menos de una docena de bancos provinciales y municipales. También se desmanteló el Banco
Nacional de Desarrollo y se privatizó la Caja Nacional de Ahorro y
Seguro. El Banco Hipotecario Nacional fue convertido en sociedad
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anónima para su posterior privatización, concretada en 1999, bajo
el control accionario del grupo inversor de George Soros.
Si tomamos la totalidad de los bancos privados, en noviembre
de 1994 (antes del comienzo del efecto Tequila) los cinco primeros bancos en el ránking poseían el 31.8% de la cartera de depósitos del total de los bancos privados. Esa relación asciende al
37.2% en mayo de 1997. Luego, y paralelamente al proceso de fusiones descripto, se plasmó un agudo proceso de extranjerización
de la banca argentina, a través de la compra de grandes bancos nacionales pertenecientes a los grupos económicos de capital nacional por parte de bancos extranjeros, españoles fundamentalmente,
pero también estadounidenses, ingleses, escoceses, franceses y
alemanes, entre los más importantes.
Parte de este proceso comprendió la compra de más de un
banco grande por parte de un mismo grupo inversor, fusionando
luego las entidades entre sí y generando bancos que se ubicaron (o
reforzaron su presencia) en los primeros puestos del ránking. A fines del 98, los cinco primeros bancos privados poseían el 50% de
la cartera de depósitos de la totalidad de bancos privados.
Dentro del listado de las veinte entidades privadas más grandes, sólo podemos ubicar a un banco totalmente nacional, de origen cooperativo (Credicoop). En la lista de los nacionales, también
se ubican el Banco de Galicia y el Hipotecario S.A., ambos clasificados como nacionales por el BCRA por no tener participación
mayoritaria de capitales externos, aunque poseen una participación significativa de los mismos. El resultado de este proceso se
puede medir por la participación de los activos de los bancos extranjeros en los activos del total del sistema, que en Argentina asciende al 51%, mientras que en Chile, paradigma del modelo económico neoliberal, asciende al 21%, en México a sólo el 10% y en
Brasil al 9%. En países industrializados, como por ejemplo Estados
Unidos, esta relación llega al 22%. Este proceso de extranjerización y fusiones se concretó en desmedro de la banca regional y la
banca mediana, y por ende de los sectores por ellas atendidos. La
banca extranjera no se muestra interesada en atender crediticiamente a las pymes, ni tampoco a las empresas del interior del país.
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La estrategia de los bancos extranjeros es utilizar la amplia red de
sucursales para bancarizar la población y cobrar comisiones por los
servicios prestados. Resultado de esta actitud, y de una estructura
centralizadora en Buenos Aires, el 67% del crédito se concentra
allí, el 15% en la región pampeana, y sólo el 18% en el resto del
país. Entre 1991 y 1999, los depósitos crecieron, en el interior del
país (sin considerar Buenos Aires y Región Pampeana) entre cuatro y cinco veces según la región, mientras que los préstamos crecieron en promedio una vez y media, lo que indica el drenaje de
fondos desde el interior del país a los centros financieros y de producción primaria del mismo.
La aguda concentración se observa también en la distribución
del crédito por agente económico; si tomamos los préstamos de
más de un millón de dólares, encontramos que el 50% del monto
crediticio fue otorgado a cerca de 12.000 empresas, mientras que
otro 40% correspondió a 1900 empresas (préstamos de más de 5
millones a 100 millones) y el 10% restante se encuentra concentrado en sólo 43 deudores, con préstamos superiores a los 100 millones cada uno.
Esta concentración, y consiguiente reducción del crédito a las
pequeñas y medianas empresas se ubica en un contexto de baja
monetización de la economía, que la estabilidad de precios ayudó
a recomponer de los bajos niveles de la época hiperinflacionaria,
aunque el Plan de Convertibilidad colocó un rápido techo que ayudó a esta monetización, dado que la cantidad de dinero de la economía depende del monto de reservas acumuladas en el Banco
Central. El otro instrumento creador de dinero, su multiplicación
a través de los bancos a través del encaje, tampoco fue utilizado
para monetizar ampliamente la economía, en parte por definición
de las autoridades del BCRA, y en parte por la imposibilidad de reducir encajes en un sistema financiero totalmente abierto al resto
del mundo, y sin un prestamista de última instancia.
El coeficiente de monetización de la economía argentina
(M4 / PIB) era del 24% a fines del '97, mientras que para Chile arrojaba valores del 43.4% y del 29.4% en Brasil. Cabe mencionar que en los países industrializados, este coeficiente llega
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al 58.2% en el caso de Estados Unidos, 114.8% para Japón y
74.3% para España.
Producción y desigualdad de ingresos
Luego de la asunción del gobierno menemista (Julio/1989), la
estabilización y el ajuste estructural alcanzaron el grado de objetivos primordiales. Así luego de los primeros intentos estabilizadores del nivel general de precios, la problemática surgió con mas
fuerza aún, evidenciándose tasas de inflación en el año 1990 del
1343.9% y 798.4% para el IPC (consumidor) y el IPM (mayorista)
respectivamente. Con el fin de disciplinar la escalada inflacionaria,
el gobierno implementó el Régimen de Convertibilidad en abril de
1991. Desde ese momento, la tasa de incremento acumulado del
nivel de precios a abril de 1999 fue de 54% para los precios al consumidor y de 11% para los precios mayoristas. (Cuadro 1).
El gobierno utilizó el argumento de la reducción en los niveles
de precios, como medio de obtener el consenso de la población hacia la política económica en su conjunto, aún en momentos recesivos y de fuerte ajuste, tal como aconteció luego de la devaluación
de la moneda mexicana a fines de 1994, de fuerte impacto en la
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economía local. La política antiinflacionaria actuó como un disciplinador sobre el conjunto de la sociedad. En aras de combatir la inflación, se indujo una fuerte reestructuración de los precios relativos en detrimento de los salarios y los ingresos populares. El régimen de convertibilidad fue utilizado para inducir una presión sobre la productividad del trabajo y empujar el proceso de reformulación empresaria del sector privado. A su vez, contribuyó a la aceleración de la reestructuración del Estado.
La inflación terminaría convergiendo a los niveles internacionales rápidamente, pero en ese marco se operó internamente un
proceso de desindustrialización relativo y una fragmentación regresiva del consumo. Si bien es cierto que en los primeros años de
la convertibilidad el PBI mostró fuertes incrementos, lo cierto también es que dicho incremento se financió con recursos derivados
de la situación de liquidez internacional y altas tasas de rendimiento ofrecidas en la economía local. En ese sentido, la voluntad política de reiniciar los pagos por el endeudamiento externo a comienzos del 90 y las negociaciones del Plan Brady en el 92, hicieron más
confiable a la Argentina como destino de inversiones, préstamos y
flujos del capital especulativo. Capitales, que luego de la crisis de
fines del 94, retomaron el clásico camino de la fuga: los activos totales de los residentes en el exterior fueron estimados por el gobierno en 87.000 millones a fines del 98.
La reducción de la inflación se produjo por el accionar mancomunado de un conjunto de herramientas de política económica,
entre las cuáles resulta de importancia la liberalización comercial,
en rigor, la apertura importadora. Simultáneamente, debe registrarse el impacto en la fijación de precios que resulta de la forma
que asumieron las privatizaciones, con tarifas dolarizadas en su actualización, con rentabilidad asegurada y sin mecanismos de control y regulación previamente establecidos. Ambas cuestiones, liberalización y privatizaciones, indujeron el abaratamiento de los
bienes transables y el encarecimiento de los precios de aquellos
bienes no comercializables internacionalmente. Como señalamos,
para los servicios públicos privatizados se impusieron tarifas con
una lógica muy alejada de los lineamientos del libre mercado.
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- Julio Gambina - Daniel Campione
Si bien se reconoce un aumento de los salarios reales en el
sector manufacturero, al mismo tiempo registra una pérdida del
poder adquisitivo en términos de la incidencia del gasto familiar
por el uso de los servicios públicos privatizados. Lo señalado se
agrava si consideramos la reducción de ingresos salariales del resto de los trabajadores formales en un marco de fuerte caída del
empleo industrial en todo el período. En efecto, desde la implementación del nuevo régimen monetario, hasta mediados del año
1997 se estimó que los salarios reales ajustados por el Indice de
Precios al Consumidor habían descendido en un 13%; a partir de
una influencia decisiva del aumento del 97,8% de los servicios privados y del 85,8% de los servicios que habían sido propiedad del
Estado en épocas anteriores.
Efectivamente y como lo demuestra el Cuadro 2, el incremento del PBI desde la implementación del Plan de Convertibilidad fue
de gran magnitud, utilizado además con fines propagandísticos para favorecer las reformas estructurales. Son notorios los impactos
recesivos sobre el PBI derivados de las crisis internacionales (México 1994; Asia, Rusia, Brasil 1997/1998). La crisis del “Tequila”
echó luz sobre lo oculto: la vulnerabilidad externa de la economía
Argentina, que funcionaba con el corsé de la convertibilidad gracias al ingreso externo de capitales.
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La contrapartida de los incrementos notables en los niveles
de PBI y la contención de la inflación, se hizo presente en el
marco de la recesión resultante a posteriori de la devaluación
mexicana bajo la forma de desempleo y subempleo, poniendo
muy en claro quién había pagado lo sustancial de la reforma económica. En efecto, si en el comienzo de la década de los ochenta el desempleo era del 2,6%, la ola de reformas estructurales en
los 90 se realizó partiendo de un desempleo del 8,1 % (Cuadro
3), y que previamente al impacto local del efecto Tequila, el índice registraba un 10,4%, guarismo que venía incrementándose
por causas internas, tal como lo demuestra la evolución de los
indicadores del Cuadro 3. Si bien la crisis externa contribuyó a
elevar el índice de desocupación hasta llegar al 18,5% en mayo
de 1995, el argumento del contexto externo como único perturbador de las condiciones internas queda descartado dado que el
talón de Aquiles del modelo (el desempleo), terminó incrementándose a pesar de haberse atravesado por momentos en los
cuales las condiciones externas eran realmente favorables. Es
más, el fenómeno a destacar es la tendencia creciente al aumento de la tasa combinada de desempleo y subempleo, estabilizándose en la segunda mitad del periodo en un 29% la subutilización de la fuerza de trabajo.
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- Julio Gambina - Daniel Campione
¿Qué fue lo que ocurrió con el mercado de trabajo, que no
pudo acompañar la bonanza de los indicadores macroeconómicos? La realidad muestra una combinación de factores que influyeron sobre el mercado de trabajo, y se puede mencionar entre
otras, la apertura comercial importadora, las privatizaciones y
sus cesantías, el achicamiento de la planta de trabajadores estatales, la especialización primario exportadora que demanda escasa fuerza laboral, la presión de la política económica sobre la productividad y el costo laboral, y también por cierto, los efectos locales de las crisis financieras internacionales. Son, en definitiva,
factores que actúan en el marco de la disputa por la apropiación
de la renta y que se expresa como ofensiva a favor de la rentabilidad y en contra de los salarios y el poder de los trabajadores. Tal
proceso fue iniciado durante la dictadura militar (1976/83) y acelerado en el decenio del 90, con base en la capacidad disciplinadora sobre el movimiento sindical, fuertemente hegemonizado
por la CGT y el partido de gobierno (PJ).
El problema a destacar es que en la década subió el piso estructural del fenómeno de la desocupación, asociado a una tendencia creciente a la precarización laboral, la disminución salarial
y la capacidad de compra de los trabajadores. Al mismo tiempo
se verifica un crecimiento del promedio de horas trabajadas, que
según el Ministerio de Trabajo y para el año 98, arroja un promedio de jornada laboral de 10,30 horas, confirmándose la paradoja que junto a la falta de empleo, existe sobre-trabajo.
De este modo, puede argumentarse que ante cada shock, interno o externo, se modifican las pautas distributivas del ingreso
entre los polos extremos de la apropiación del ingreso. Fenómeno que se aprecia también entre los sectores de ingresos medios
y bajos. Dicha situación se vincula a la disminución de la capacidad de negociación que se manifiesta en estos sectores, afectados por diferentes mecanismos que contribuyeron a deteriorar su
organicidad, generando un proceso de fractura y fragmentación
social. Entre otros, puede señalarse una fuerte tendencia a la desindicalización de los trabajadores. Debe computarse también
que la sobreoferta de fuerza laboral, acrecentada con la incorpo-
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ración al mercado laboral de jubilados, mujeres y jóvenes que aspiran tempranamente al primer empleo, presiona sobre los ingresos y contribuye a la exclusión de la fuerza de trabajo de escasa
calificación. Esto último puede verificarse, ya que el porcentaje
de desempleo es mayor entre los sectores de menor nivel de alfabetización, los que a su vez se encuentran en la escala más baja del reparto del ingreso.
La correlación existente entre la situación en el mercado de
trabajo y la distribución del ingreso marca, tal como lo expresa el
Cuadro 4, un empeoramiento sustancial en los niveles de desigualdad. Si se toma como variable la proporción del ingreso que
percibe la población económicamente activa (PEA) en el ámbito
de la Capital Federal y del Gran Buenos Aires (1/3 de la población
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- Julio Gambina - Daniel Campione
total), se observa un empeoramiento relativo en las capas de bajos ingresos de la sociedad durante todo el período. En efecto, el
último decil de la PEA (que incluye a ocupados y desocupados),
el sector de mayor ingreso, absorbe en el año 1998 el 38.5 % del
PBI, incrementando su participación relativa, particularmente en
la segunda parte de la década, momento en que como vimos, se
afectó la capacidad de generar empleo. Por su parte los deciles representativos de la clásica "clase media" argentina, los niveles 5 al
8, vieron deteriorada su situación a partir de la fuerte recesión
posterior al tequila.
En síntesis, los sectores de menos ingresos (40%) son los
que más terreno perdieron desde la implementación de las reformas; un sector medio (40%) que aprovechó el boom de consumo
y créditos favorecido por el fuerte ingreso neto de capitales externos en la primera mitad de la década, y que vio esfumar dicha ventaja en la segunda mitad; y por último un sector en la cúspide
(20%) que no sufrió los efectos de la crisis, e incluso incrementó
sus ingresos. Debe agregarse además, que estos datos son proporcionados por el INDEC y la Encuesta Permanente de Hogares, con
un reconocimiento de subdeclaración de ingresos en todos los deciles (mucho mayor es la deformación en los sectores de mayores
niveles de apropiación), que estadísticamente es distribuido entre
todos los deciles, contribuyendo así a diluir los mayores niveles de
pobreza existentes y de acrecentamiento de la brecha entre los
que más tienen y los más empobrecidos.
El viraje de las políticas adoptadas con relación al antiguo esquema de sustitución de importaciones suponía (como así lo expresaran los teóricos de Washington) una reasignación de recursos hacia el sector de los bienes transables internacionalmente
que naturalmente cerraría la brecha externa inicial producida por
la liberalización comercial. La reformulación del patrón productivo y de acumulación del capitalismo local equilibraría en el mediano plazo las cuentas externas. En Argentina, hubo un apoyo deliberado por parte del gobierno hacia las empresas de no transables, especialmente las privatizadas. Puede sostenerse, como se
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hizo desde el gobierno, que era una estrategia para asegurar el
ingreso de capitales externos y que constituía una clara ventaja
en el corto plazo, pero que se eliminaría con la reestructuración
global. Si bien es técnicamente cuestionable que esto se diera
para un lapso breve, y si además observamos que la adopción de
tal política coincidió con la liberalización brusca de la cuenta de
capitales, era previsible entonces que en un contexto de elevadas tasas de interés internas se produjera la consiguiente apreciación del tipo de cambio con fuertes consecuencias en los niveles del comercio exterior, cuya capacidad de generación de divisas es en definitiva la fuente de recursos genuinos para el mantenimiento del propio Plan de Convertibilidad (aquí radica una
de las principales causas del endeudamiento externo). En otros
términos y más allá de las formulaciones que se hagan, existe un
circulo vicioso que terminará limitando la supervivencia del actual régimen, o condenándolo a un elevado nivel de endeudamiento para su sostenimiento.
Es cierto que los deprimidos niveles de inversión de los
ochenta cambiaron drásticamente en el esquema de la Convertibilidad, y que junto a la inversión hubo elevación de la productividad promedio (aunque aquí influyó la desaparición de las empresas menos competitivas). Claro que esto ocurrió en un marco donde los salarios reales cedieron terreno con relación al comienzo del plan en 1991, con el agravante del fuerte crecimiento del desempleo. El proceso que se despliega a partir de ese año
no es más que uno en el cual la distribución del ingreso (con
fuertes aumentos del producto) se ve modificada una vez más,
siendo los sectores populares los derrotados en una disputa despareja con el capital de origen local o extranjero. La inversión en
1997 creció a una tasa que triplica los niveles de crecimiento del
PBI en la década, hecho que es considerado como un logro, aunque no discrimina el carácter ni el destino de la misma.
Contrario a lo sostenido, lo acontecido no tuvo su contrapartida en la modernización de la estructura productiva que el "modelo" sugería. Los sectores de bienes transables no fueron los
más dinámicos en la acumulación de capital, si bien creció la par-
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- Julio Gambina - Daniel Campione
ticipación del comercio externo en el PBI. Las exportaciones de
manufacturas de origen industrial representan alrededor del 30%
en el total de las exportaciones. Este rubro creció a una tasa acumulada del 188% entre 1991/98, su principal componente, el material de transporte (36% del total) creció a una tasa acumulada
del 1063%, amparado en un régimen promocional y de protección
de la industria automotriz, que contradice las propias concepciones librecambistas, y en el cual el 87% de las mismas tienen como
destino el Mercosur. Por otra parte la gran participación del componente importado dentro de las exportaciones de material de
transporte conforma una estructura caracterizada por el ensamblaje en la cual el valor agregado generado internamente es escaso en comparación con los niveles de intercambio.
Respecto de lo ocurrido con el Mercosur es necesario destacar que, en el marco del proceso de integración en el cual se manifiestan hacia el interior del bloque regional las mismas falencias
y asimetrías que a escala mundial, y en función de los recursos naturales y el tamaño del mercado interno, Argentina en su comercio con Brasil (los pilares del intercambio intrazona), presenta una
clara especialización en exportaciones de materias primas, alimentos y energía, lo cual delimita un superávit comercial en estos rubros que se encuentra desdibujado por el elevado déficit en el comercio de manufacturas de origen industrial.
La sobrevaluación de partida del tipo de cambio jugó además
un importante papel que perpetúa la inconsistencia de la actual
estructura productiva, facilitando la incorporación de bienes importados, desestimulando la inversión en sectores transables, y
estimulando a la vez la entrada especulativa de capitales. En efecto, las fuertes tasas de inversión tuvieron destino principal en el
circuito de valorización del capital que implicó el proceso de privatizaciones y de apertura de la cuenta de capitales. Muy poco se
volcó hacia la inversión productiva real destinada a los mercados de
exportación. En el séptimo aniversario de la convertibilidad se señalaba que “la insuficiencia en la inversión reproductiva aparece
como una característica más patente si se la analiza en perspectiva,
vale decir comparativamente con el ritmo al que razonablemente
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cabe esperar que evolucione el crecimiento global de nuestras necesidades de dólares, sea para comprar bienes o remunerar a los
factores del exterior. A modo de ejemplo, puede señalarse que en
1997, de acuerdo a los datos contenidos en el balance de pagos,
mientras las exportaciones FOB experimentaron un crecimiento
del 5,9%, las importaciones CIF aumentaron el 27,6%, las remesas de utilidades y dividendos un 26,6% y las de intereses el
15,7%. A ello debe agregársele el peso del nuevo saldo negativo
arrojado por los servicios reales en cuanto demandantes de dólares.” Esta claro que el modelo de inserción internacional definido
en la década no es sostenible sino, como venimos diciendo, sobre
la base de un fuerte endeudamiento externo.
Un párrafo aparte merecen las importaciones de bienes de
capital. No sólo la apreciación del tipo de cambio fue responsable
del incremento en dicho rubro, a esto le debemos agregar que el
Estado influyó en el proceso de compras de material importado a
través de la aplicación de un régimen de bienes de capital fuertemente discriminatorio de la producción local. Se utilizaron rebajas arancelarias, programas especiales de promoción y el atraso en el pago de los subsidios que se estipularon para los productores nacionales. La industria pasa a importar repentinamente
productos que estaban siendo fabricados internamente y cumplían con todas las normas internacionales, tal es el caso de motores, calderas y refrigeradores, entre otros, definiendo así el
proceso de ensamblaje antes mencionados.
Un dato para destacar al respecto: hasta 1996, solo un 3.8% de
la IBI correspondía a bienes de capital importados dirigidos a la industria de bienes transables, mientras que en 1998 dicho guarismo
alcanzó el 47%. La apertura importadora y el destino de dichos bienes en la estructura productiva determinan el tipo de inserción de
la economía y el patrón de acumulación resultante de este proceso.
Al mismo tiempo, debe señalarse que las magnitudes implicadas en
el desarrollo del sector exportador son muy pequeñas y en definitiva, el modelo aperturista favorece al capital concentrado que juega
un papel fundamental al asignar recursos internos y externos hacia
emprendimientos con elevada rentabilidad: cadenas comerciales,
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- Julio Gambina - Daniel Campione
autopistas, trenes, inmuebles, puertos, etc., sin significar ello un beneficio apropiable socialmente.
Privatizaciones a medida
La oleada de privatizaciones que se inició en 1990 arrasó, en poco más de tres años, con la mayor parte de los activos del sector público. Entre los rasgos más destacables del proceso, más allá de la
mencionada carencia de mecanismos de competencia y otras fallas
del proceso privatizador, se encuentra la alta participación del capital extranjero en el total de las operaciones. Si consideramos únicamente los ingresos en efectivo, entre los años 1990 y 1998 los montos percibidos por la Nación y las provincias alcanzaron un valor de
18.173 millones de dólares (Cuadro 7). La cifra se incrementa en
1999 con la realización del 14.99% remanente de las acciones de
YPF en poder del Estado, operación que agrega una suma cercana
a los 2.010 millones de dólares. Del total mencionado, el 31.2% correspondió a desembolsos de empresas y conglomerados locales y el
57.4% a capitales extranjeros (Cuadro 6).
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Por otra parte, si se considerasen los títulos de deuda implicados en el proceso (en función de su valor de mercado), los ingresos superan los 23 mil millones de
dólares. La mayoría de las operaciones se vinculan con activos en
manos del Estado nacional. Tanto
en el ámbito nacional como provincial, se efectuaron aproximadamente 150 operaciones que incluyeron la venta de acciones,
tanto como la segmentación de la
propiedad, tal como fue el caso de
las empresas de energía eléctrica.
Analizadas desde el ángulo
jurisdiccional, el 91% de las privatizaciones correspondieron al Estado Nacional, mientras que el
resto pertenece a los gobiernos
provinciales. En el Cuadro 7 se
aprecian tanto los montos desembolsados como los sectores a los
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- Julio Gambina - Daniel Campione
cuales dichos montos fueron destinados. Desagregando sectorialmente, encontramos que tanto las empresas extractivas y energéticas en primer lugar, como el transporte y las comunicaciones en segundo, han sido los núcleos sobre los cuales giró todo el proceso.
Sin embargo, es necesario aclarar que muchas de las operaciones
realizadas no implicaron desembolsos directos sino que existieron
compromisos de inversión y pago de cánones como es el caso de los
ferrocarriles, subterráneos y aeropuertos, entre otros (Cuadro 8).
La intervención del capital foráneo en todo el proceso de
cambio de manos de las empresas públicas tiene su importancia,
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no solo en el dominio de los negocios más rentables por parte de
unas pocas empresas y los frutos del poder monopólico, sino
también en la magnitud que adquieren las remisiones de utilidades al exterior. Es cada vez más, un componente fundamental de
la balanza de pagos y con fuerte impacto en las correspondientes
salidas de divisas, que se suman a los clásicos pagos por endeudamiento externo.
El Cuadro 9 muestra que los capitales originarios de los Estados Unidos fueron partícipes principales en el proceso de privatizaciones, acaparando el 47% de los desembolsos, seguido en segundo término por España y Chile con el 11%. Debe consignarse
que en una primera etapa del proceso de privatizaciones, fueron
los capitales europeos los que apostaron a la compra del capital público. Sólo a partir de 1993, con la venta de YPF, los capitales norteamericanos se presentaron agresivamente a disputar un lugar en
la apropiación de las empresas estatales. Esta tendencia continuó
hasta 1998, año en que, según el Informe de la Dirección Nacional
de Cuentas Internacionales, Subsecretaría de
Programación Macroeconómica y Secretaría
de Programación Económica y Regional del
Ministerio de Economía
de La Nación, sobre las
privatizaciones en la Argentina en el período
1990-1999, Estados Unidos seguía siendo el
principal inversor, con
una participación de
33% en los flujos acumulados, seguido por
España con 17% y Chile con 15%, y luego por Francia e Italia con
11% y 10% respectivamente. Sin embargo, según el mismo informe, en 1999 Estados Unidos fue desplazado del primer puesto por
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- Julio Gambina - Daniel Campione
España que luego de la privatización, en el primer semestre del
año, de las acciones de YPF que todavía estaban en manos del estado aumenta su participación al 42% (Cuadro 10).
Cuadro 10
1992-1998
1998-1999
En la práctica, las privatizaciones estuvieron rodeadas de procedimientos irregulares en los cuales los agentes privados, supieron aprovechar su poder económico para resultar beneficiados con
la nueva política. En materia tarifaria, la entrega de las empresas
fue acompañada por
la elevación del precio de los servicios en el preciso momento
en que se hacían efectivas, tal fue el caso de los teléfonos y ferrocarriles entre otras. Durante los gobiernos anteriores, las tarifas
de los servicios estaban reguladas como mecanismo de redistribución del ingreso. Es más, las rondas de negociaciones destinadas
a evitar el constante incremento tarifario generaron la resignación
de aspectos claves, tales como el cobro de impuestos a dichas empresas y la dolarización de las tarifas, cuyos incrementos fueron
utilizados por el Estado con la intención de garantizar elevada
rentabilidad para las empresas adjudicatarias. Fue un mecanismo
deliberado para obtener mejores ofertas, con lo cual el deterioro
de los consumidores de dichos servicios sería una situación de difícil reversión, dada el escaso poder de renegociación estatal y de
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los organismos reguladores. El rol de contralor quedó en manos
de organizaciones sociales, que demandaron y promovieron reuniones de discusión y alcanzaron un fuerte protagonismo en las
audiencias públicas, convocadas para discutir las condiciones de
los contratos y sus renegociaciones.
Se puede ejemplificar citando algunos casos específicos, como
electricidad y gas, que generó cierta estructura competitiva en virtud de la desregulación del sector generador, y que no alcanzó a la
fase de distribución; es decir, se decidió utilizar en esta última, un
mecanismo de fijación de precios tope, en virtud de un índice de
precios y de un factor de productividad, con lo cual se incentivaba
un mejoramiento de la eficiencia (como una forma de apropiarse
de la diferencia de utilidad que se había pactado con el organismo
regulador) que nunca fue trasladado como beneficio vía precios
hacia los consumidores. De todas formas, la idea de vincular directamente los precios a la estructura de costos por parte del gobierno redundaron en fuertes aumentos en los servicios, que en el caso del gas fue del 29% entre 1991 y 1993.
En el rubro agua y servicios cloacales, la introducción de medidores para el cobro del servicio desplazando la anterior cobertura por metros cuadrados, redundó en mayores costos para los consumidores, debido a que fueron los encargados de financiar la instalación del nuevo sistema. En el caso de los teléfonos, se produjo
un importante aumento en las tarifas y se implantó un “rebalanceo
telefónico” que abarató las llamadas internacionales e interurbanas
a costa del encarecimiento de las urbanas, hecho que dada la diferencia de volumen que se registra entre las llamadas de uno y otro
tipo, implicó un perjuicio sobre las casas de familia y comercios minoristas, mientras que los beneficios fueron directamente a parar
a las manos de las empresas concesionarias.
En tanto, las mejoras producidas en las prestaciones fueron financiadas por los consumidores en la mayoría de los casos, eliminando cualquier clase de riesgo para las empresas, en algunos casos subsidiadas por el propio Estado Nacional de manera directa,
como es el caso de los ferrocarriles, que recibían un subsidio de
350 millones de dólares anuales. Antes de privatizarse, se utilizó
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por parte de conocidos periodistas (operadores ideológicos) el argumento de la ineficiencia de las prestaciones, ilustrándolo con la
perdida del Estado de un millón de dólares diarios en la administración de los ferrocarriles. Por otro lado, se acordaron en algunos
casos, inversiones para mejorar la calidad de los servicios a cambio
de la extensión de los contratos de concesión. En ningún caso existió beneficio para los usuarios y sin lugar a dudas el énfasis otorgado a la libertad con que las empresas se manejaron y el rechazo a
normas regulatorias que establecieran claros límites para su accionar determinó mayores réditos para las empresas privadas. En
efecto, el desajuste temporal ocurrido entre la implementación de
las normas regulatorias, la creación de los entes y el traspaso de las
empresas fue funcional a tal situación. En el servicio telefónico,
transporte aéreo y ferrocarriles, la privatización se realizó sin que
existieran previamente ni los entes reguladores ni los marcos correspondientes. En otros casos como el gas y electricidad, no existieron los entes correspondientes al momento de la transferencia.
El apuro con que fue realizado el proceso redundó en el cuidado
de los instrumentos formales más que en el desarrollo de las condiciones reales para el buen desempeño empresario.
La ineficiencia de los entes reguladores, vinculada a asimetrías
de información o a escaso financiamiento (el cual depende fundamentalmente del resultado de las empresas privatizadas), no puede ser utilizada para explicar por si mismo las falencias que se encuentran en el seno mismo de la relación entre el Estado y los consorcios. Cabe recordar que la designación de los directivos de los
entes está estrechamente vinculada a los designios del poder ejecutivo y que en función de ello, la defensa de los intereses de los
consumidores difícilmente pueda ser llevada a cabo por entidades
que carezcan de autonomía para desempeñar tales funciones.
A pesar de haberse incorporado en la Constitución de 1994 la
figura de las entidades de defensa de los consumidores como instancia participativa dentro de los entes de regulación, tal situación
no se manifestó en acciones que traspasen la esfera de lo consultivo y que impliquen mejoras para los consumidores. Es decir no se
ha permitido su participación directa dentro de las decisiones de
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los entes, basándose en el argumento de que dichos organismos
deben ser jueces neutrales y que la influencia de los consumidores
en representación de sus intereses socavaría tal premisa. En realidad, se da un juego de intereses en el cual el Estado toma parte
activamente en defensa de una de las partes, los consorcios, evitando por otro lado, cualquier tipo de protagonismo de los usuarios
que limite las elevadas tasas de rentabilidad de las empresas.
Inserción internacional y sustentabilidad del modelo
En este apartado seguimos las investigaciones del área de Economía de FLACSO que dirige Eduardo Basualdo. Conjuntamente
con los cambios producidos en la distribución del ingreso, se registraron modificaciones en la cúpula empresaria durante la década,
modificando la interacción propia de épocas anteriores entre empresas estatales, y de capital externo o local. Actualmente debe
pensarse la existencia de un bloque económico dominante que articula el capital de origen local con el externo, situación potenciada con la privatización de las empresas públicas y un proceso creciente de fusiones y ventas que se opera entre capitales de origen
local y externo, con tendencia a un mayor peso en la propiedad de
las empresas de los capitales externos. Es un proceso que se aceleró luego de la crisis mexicana y la asiática de los años 97/98, que
se expresa en todas las ramas de la actividad económica.
En la primera mitad del período, se registró un creciente papel
de los capitales de origen local, como consecuencia de un proceso
de repatriación de capitales con destino a las inmensas posibilidades de obtener elevadas tasas de retorno para la inversión especulativa, las inversiones derivadas de las ventas de empresas estatales y los fuertes rendimientos en el mercado de capitales. Por el
contrario, la fuerte fuga de capitales expresada como depósitos de
argentinos en el exterior, estaría produciendo nuevos reacomodamientos en la cúpula empresaria, con ventajas para los capitales
transnacionales más concentrados y asentados en los sectores de
mayor ventaja comparativa a la hora de obtener tasas de retorno
altamente favorables, tales como los servicios públicos, el petróleo,
los alimentos, o las finanzas.
En el cuadro 11 se comparan los incrementos en las ventas de
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las doscientas principales firmas y las modificaciones que se fueron produciendo hacia el interior de la cúpula empresaria. El achicamiento constante de la participación de las empresas estatales,
hasta su virtual eliminación, ejerció una influencia significativa en
la demarcación de la nueva estructura de la cúpula empresaria. Dicho cambio abarcó también el plano sectorial, favoreciendo el desarrollo del sector terciario en desmedro del secundario.
Los cambios más importantes que se produjeron en la cúpula
empresaria están relacionados con la aparición de una cantidad importante de joint-ventures (articulaciones de grupos económicos
nacionales con grandes conglomerados extranjeros o con empresas
transnacionales), la mayoría de ellos relacionados con la adjudicación de las empresas públicas y por consiguiente con el aprovechamiento de las políticas utilizadas por el Estado durante dichos procesos, que le confirieron importantes privilegios en materia regulatoria, subsidios y subvaluación en los precios de las adquisiciones.
Un dato a considerar indica que para las doscientas principales empresas en la Argentina, se verifica una independencia entre
sus niveles de alta rentabilidad y el fenómeno de la recesión o crisis, que impacta como pérdida de ingresos en los sectores populares y como pobreza y desempleo en aumento. A modo de ejemplo, durante la crisis del Tequila, el monto de facturación de dichas empresas fue en 1995 un 11,3% mayor que en el año 1994,
mientras que las utilidades se incrementaron en 29,9%. Durante
dicho lapso, los consorcios adjudicatarios de los servicios públicos
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privatizados tanto como los holdings mostraron niveles crecientes de facturación y de los márgenes de beneficios en relación con
las ventas. Todo en un período que manifiesta importantes saltos
en los niveles de subutilización de la fuerza de trabajo.
Por lo tanto, y si bien existen factores tales como la posibilidad
de financiamiento en el exterior, la integración vertical u horizontal
y los subsidios otorgados por políticas decididamente preferenciales por parte del gobierno, puede destacarse entre otros, la posibilidad que tienen los grandes conglomerados transnacionales para
adaptarse a las fases contractivas de la economía. En ese sentido se
destacan las empresas vinculadas al proceso de privatización y concentración de la economía local, que dan contenido particular a la
transformación de la estructura empresaria en los últimos años.
La concentración empresaria y su vínculo con la salida de capitales no fue menor en el transcurso del Plan de Convertibilidad. Si
el shock implantado en la economía a principios de los noventa fue
un arma utilizada por el oficialismo para demostrar que la confianza depositada por los tenedores de activos internacionales era una
señal extremadamente positiva, la reversión de esta situación después del año 1993 debería considerarse de manera inversa. En efecto, entre los años 1991 y 1992, el stock de activos externos de residentes disminuyó de 60,4 miles de millones de dólares a 53,6 miles
de millones de dólares. Estamos refiriendo a un proceso de repatriación de capitales en convergencia con las oportunidades de privatizaciones, proceso que verifica un signo contrario luego del efecto recesivo de la crisis mexicana. La estabilización de los niveles de
endeudamiento externo también acompañó este proceso.
Si bien la repatriación de capitales estuvo vinculada estrechamente al proceso de privatizaciones y de valorización del capital
que se generó alrededor de éste, la nueva coyuntura internacional,
con una tasa de interés doméstica superior a la internacional y el
seguro de cambio que implicaba la paridad fijada por la Ley de
Convertibilidad, fueron dos factores que influyeron en el comportamiento de los movimientos de capitales.
A partir del año 1993, la disminución en el ritmo de las privatizaciones, la revaluación del valor de los activos en poder de los
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consorcios que habían participado en las adjudicaciones y la rentabilidad privilegiada que dichas empresas habían obtenido, sumado a los frutos de la IED, determinaron un nuevo marco de salida de capitales.
Si a lo anterior se le suma el crecimiento de las remesas de utilidades al exterior, que pasaron de 1.200 millones a comienzos de la
década a unos 3.500 millones en 1998, y los pagos de los servicios
de la deuda, se obtiene un cuadro de situación en el cual el sector
privado fue el principal encargado de remitir divisas hacia el exterior. Además, fue el que más se endeudó proporcionalmente en todo el proceso (multiplicó por 10), superando el crecimiento en los
niveles de endeudamiento del sector público (lo duplicó). Igualmente debe constatarse que el sector público sostuvo el actual régimen cambiario con endeudamiento externo, y dispuso de ese modo de un stock de reservas, neto del pago de su propia deuda, que
a pesar de la fuerte salida de capital registró un considerable aumento durante la etapa de la convertibilidad. El cuadro 12 brinda
una mejor idea de lo expresado anteriormente.
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Se observa claramente que las salidas de capitales durante
1997 fueron superiores a los 16,9 mil millones de dólares, mientras
que el pago de intereses de la deuda más las amortizaciones alcanzaron los 14,4 miles de millones de dólares. El cuadro muestra como en 1997 la pérdida de recursos superó los 30 mil millones de dólares, más que los ingresos obtenidos en materia exportadora, con
lo cual, y considerando además que en dicho año se experimentó
un fuerte déficit comercial, la configuración de un elevado y creciente endeudamiento con el exterior queda per se explicada.
El cuadro depredatorio que la fuga de activos externos le impone al sistema económico, tiene su correlato en altos niveles de endeudamiento al que recurren los sectores público y privado. La estimación de la deuda externa a marzo de 1999 alcanza los 140 mil millones de dólares, comparado con los inicios de la convertibilidad
arroja un incremento del orden de los 80 mil millones de dólares. A
pesar de ser el sector público el principal emisor de dicha deuda, por
81 mil millones de dólares, el sector privado no financiero con 35 mil
millones de dólares a fines del 1999 incrementó en diez veces su
stock de deuda desde que se implanto el nuevo plan (Cuadro 13).
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Los crecientes niveles de endeudamiento del sector público
determinaron que el equilibrio impositivo necesario para el sostenimiento del actual modelo debiera realizarse sin tomar en cuenta
las distintas realidades de la sociedad argentina. La creciente carga de intereses de la deuda pública interna y externa, modificaron
en forma sustancial la estructura del gasto público y exigieron un
importante incremento en los niveles de recaudación.
El nivel de endeudamiento del sector público aumentó considerablemente la necesidad de financiamiento en los mercados de
capitales como forma de compensar el déficit del sector. Como lo
demuestra el Cuadro 13, considerando las privatizaciones y los intereses de la deuda pública (gran impacto de la reanudación de los
pagos de intereses a partir de 1993 luego del Plan Brady), el déficit creció en forma considerable en comparación al nivel de 1991.
Los intereses de la deuda pública pasaron de representar el
1.23% del PBI en 1993 al 2.31% en 1998 y utilizan el 18% del gasto público presupuestado para el año 2000. El cuadro 14 muestra
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claramente como la caída en los ingresos por privatizaciones a partir del año 1994 y la reanudación de los pagos de los intereses revirtieron fuertemente el signo del resultado del sector público, el
cual sufre su mayor impacto en 1995 con el efecto Tequila y denota la clásica inflexibilidad del gasto con un constante crecimiento
de los pagos por intereses de la deuda externa pública (principal
componente de la tan mentada inflexibilidad). La situación se
agrava con la consecuente caída de ingresos originada por la privatización del régimen previsional, ya mencionada, así como queda
legalizada y perfeccionada con la aprobación en 1999 de la Ley de
Responsabilidad Fiscal, también llamada de Convertibilidad Fiscal,
que establece un límite al déficit fiscal en relación con el PBI y del
mismo modo lo hace con los niveles de endeudamiento estatal.
Mucho se habló en torno a reducir el déficit fiscal y el gasto público, en acuerdo con los postulados del Consenso de Washington, y
pese a las privatizaciones y cesantías de empleados de la Administración Central que contribuyeron a restar dos tercios de la planta
permanente del Estado Nacional y sus empresas, casi 600.000 trabajadores, la realidad fue la de un presupuesto en expansión. La
constante necesidad de recursos por parte del Estado determinó
una estructura impositiva de carácter regresivo y una baja presión
fiscal en relación con otros países. El balance de la década señala
que, entre 1992 y 1998 la recaudación aumentó un 27%, consolidándose como principal tributo en materia de recaudación el Impuesto
al Valor Agregado (IVA), cuya recaudación se incrementó un 47% y
representa el 60% de la recaudación impositiva total. Sigue en orden de importancia el Impuesto a las Ganancias, que siendo menos
de la mitad del IVA en la recaudación, se incrementó en un 255%.
Ambos tributos, siendo la principal fuente de financiamiento tributario, reconocen el mayor índice de evasión y elusión fiscal.
En el total de lo recaudado (impuestos, aduana, seguridad social) se observa que el IVA representa un 40,6%, Ganancias 19,0%,
Seguridad Social 20,5%. En 1992 la situación era: IVA 35,2%, Ganancias 6,8%, Seguridad Social representaba el 29,3% del total recaudado. La reducción en la recaudación de la seguridad social y
el aumento del gasto, muestran el desfinanciamiento y la crisis del
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sistema previsional. En 1993, tomando el PBI a precios de ese año,
la recaudación tributaria representaba el 16,6% del mismo, mientras que en 1998 fue del 17,37% (calculando el PBI con la tasa de
crecimiento provisoria del 3,8%), mientras que los gastos corrientes que incluyen los intereses de la deuda pasaron de representar
el 18,7% del PBI a hacerlo en un 19,8% en los años mencionados.
En este análisis queda demostrado que el aumento en materia
recaudatoria, fue absorbido por el aumento correspondiente del
gasto (las tasas de crecimiento en el período 1993-1998 fueron
27% y 28% respectivamente) y la modificación de la estructura del
gasto fue dirigida a achicar los gastos corrientes para hacer frente
a los gastos en materia de intereses.
En relación con el gasto se observa (1993/1998) un aumento del
orden del 28%, mientras que el cambio en su composición ha sido la
siguiente: los intereses de la deuda han aumentado su participación
del 6.58% al 11.67%; los montos destinados a la seguridad social pasaron de representar el 28.3 % de los gastos corrientes a hacerlo en
un 30.6%, mientras que la gran disminución recayó en el rubro Gasto de Consumo y Operación que incluye las remuneraciones del sec-
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tor público y la compra de bienes y servicios, el cual pasó del 27,8%
a representar un 16,4%. Al mismo tiempo, se produjo un fuerte deterioro de las prestaciones de la seguridad social.
El mecanismo económico que se constituyó en una herramienta de presión formidable para imponer políticas favorables a los sectores concentrados de la economía es el endeudamiento externo. El
creciente peso de los intereses de la deuda (representaba más del
18% del total del gasto público de la administración central según el
presupuesto del año 2000), actúa como condicionante del conjunto
de la economía. En ese sentido resulta notoria la presencia del FMI
en el control de las finanzas públicas y en las reformas estructurales
de carácter regresivo en el capitalismo local. Sin dejar de destacar al
mismo tiempo la injerencia de Estados Unidos en el rumbo marcado
por el organismo internacional, que toma sus decisiones por consenso en el seno del directorio, lo que hablaría de cierta posibilidad de
negociaciones entre varios países. Sin embargo, el reglamento del
FMI establece que las determinaciones se toman con el 85% de los
votos, en tanto Estados Unidos ostenta el 17% de los sufragios totales, lo que es igual a decir que tiene poder de veto, ya que ninguna
decisión puede adoptarse en contra de su voluntad.
Así, el fenómeno de la deuda se potenció en los 90, en el marco de la vigencia del régimen de convertibilidad, aunque comienza a cobrar relevancia en tiempos de la dictadura militar
(1976/1983), con epicentro en el financiamiento del sector privado a tasas muy convenientes, que pudieron licuar gracias a la gestión de Domingo Cavallo en la presidencia del Banco Central durante el año 1982, con lo cual, el costo del endeudamiento fue socializado a través del presupuesto del Estado Nacional. De ese
modo, la transferencia de ingresos se materializó mediante la reconfiguración de la relación capital–trabajo, la transferencia de
ingresos por ella derivada y también por una redistribución regresiva del ingreso por medio del Presupuesto de gastos.
Durante la última parte de la administración del presidente
Raúl Alfonsín, la Argentina dejó de pagar la deuda y, sin afectar los
intereses dominantes en la economía local, contribuyó a deteriorar
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las condiciones de gobernabilidad del capitalismo local, lo que derivó en el adelantamiento de la transferencia de gobierno. Bajo el
gobierno de Carlos Menem se inició un proceso de voluntad de pago y renegociación que desembocó en el Plan Brady en 1992/93 y
en el acelerado proceso de privatizaciones de empresas estatales,
ya analizado. Contrario a lo que se sostenía, la deuda se disparó en
forma alarmante durante el noveno decenio del siglo pasado.
CUADRO Nº 16: ESTIMACION DE LA DEUDA EXTERNA BRUTA
POR SECTOR RESIDENTE
(1)Cifras provisorias. (2) La línea de Bonos y Títulos Públicos incluye los bonos Par
y con Descuento del año 1992. (3) No incluye obligaciones con matrices incorporadas en las estimaciones de inversión directa. (4) Fuente: estados contables de las
entidades financieras. (5) Incluye títulos de deuda emitidos por las entidades financieras. (6) Se incluyen en este rubro, además de otros conceptos, operaciones de
pase y compras y ventas al contado a liquidar que reflejan un derecho y una obligación futura y que se registran contablemente en rubros del activo y del pasivo por
igual monto, el que se consigna debajo. (7) Incluidas en obligaciones diversas y en
créditos diversos.
Fuente: MEyOSP
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Los datos expresados en el cuadro Nº 16 dan cuenta del volumen de ingreso de capitales de préstamo en tan corto lapso. Se
destaca el importante volumen captado por el Estado (sector público), que tuvo como destino sostener la convertibilidad y la viabilidad de la política económica para favorecer las fuertes acumulaciones de ganancias en el periodo. Por otra parte, se destaca la
inusitada expansión del sector privado, que multiplica por diez su
endeudamiento. Además, merece especial atención el peso que adquiere la conversión de deuda en títulos públicos, que pasa de
9,4% al 40,2% en el sector público; del 0,7% al 11,5% en el sector
privado no financiero; y de 0,2% al 4,4% en el sector financiero.
La apertura de la economía y la facilidad otorgada al movimiento internacional de capitales determinó un proceso de agravamiento del déficit del balance comercial y la cuenta corriente en
general (Cuadro 17), representando en la década un volumen muy
importante, que debió ser compensado con el incesante ingreso de
capitales. Se destaca también la injerencia de los pagos por intereses y las remesas de utilidades y dividendos al exterior.
CUADRO Nº17: EL DEFICIT DE LA CUENTA CORRIENTE
(según sectores internos o institucionales)
*Incluye Transferencias corrientes y Otras Rentas.
Fuente: MEyOSP
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CUADRO Nº 18: CUENTA CAPITAL Y FINANCIERA
(según sectores internos o institucionales)
*Incluye BCRA y Otras Entidades Financieras
Fuente: MEyOSP
CUADRO Nº 19 : CUENTA CAPITAL Y FINANCIERA
(según tipo de instrumento financiero)
Fuente: MEyOSP
En los cuadros 18 y 19 se aprecian los sectores receptores (saldos netos de ingresos y egresos) de esos capitales compensatorios
(Cuadro 18) y el tipo de instrumento financiero (Cuadro 19). En
el que además puede apreciarse la relevancia que adquiere la inversión especulativa (de cartera), muy superior a la inversión directa. La cifra se acrecienta durante 1999 en razón de la compra
de la petrolera YPF por parte de la compañía española Repsol.
Operación que permite explicar un fenómeno extendido de muchas inversiones que sólo son "cambio de mano" y no representan
genuinas inversiones con capacidad de ampliar la capacidad productiva. Además, constituyen inversiones que actúan sobre recursos naturales agotables, como el caso del petróleo, que se realizan
con un fin explícito de resolver ganancia en el corto plazo, con independencia de los impactos ambientales y el agotamiento de recursos no renovables y estratégicos como el petróleo.
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CUADRO Nº 20: MOVIMIENTO DE CAPITALES
El cuadro 20 muestra un resumen, donde
se aprecia con total claridad que el libre movimiento de capitales internacionales, para el
Fuente: MEyOSP
caso argentino, no solo
compensó el saldo negativo de la balanza comercial, sino que contribuyó a incrementar las reservas internacionales y hacer viable el
sistema impuesto por el régimen de convertibilidad. Al mismo
tiempo, la estadística oficial reconoce la existencia de activos de
residentes argentinos en el exterior por 115.000 millones de dólares. Monto superior a los depósitos del sistema financiero local que
supera los 80.000 millones en pesos y dólares. El balance de la década es, por lo tanto, de duplicación del endeudamiento externo,
hasta alcanzar 144.000 millones al 31 de diciembre de 1999 (Cuadro 16); en el marco de un proceso de fuga de capitales, que de un
stock de 60.000 millones al comienzo de la década, llega casi al doble en las postrimerías de los 90. Puede comprobarse que se trata
de una cifra (fuga de capitales) superior a la suma de pago de intereses y remisión de utilidades al exterior (Cuadro 17), con lo
cual se genera la paradoja de la fuerte dependencia del ingreso de
capitales y la fuga de los mismos, claro que financiada por el Estado, tal como lo demuestran las crecidas reservas internacionales.
Balance: concentración de la riqueza y fragmentación social
El gobierno de Menem se encontró frente a una situación en
la cual la inflación y la descapitalización de la economía eran los
puntos más visibles con destino a ser modificados. En realidad, las
medidas adoptadas respondieron a una reestructuración que no
solo atendió dicha problemática heredada, sino que fue mucho
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más allá e implicó una adecuación del rumbo que posibilitó la profundización de un modelo delineado esencialmente a partir del golpe de 1976 y cuyo eje central remite a la concentración y centralización del capital.
La visible reducción inflacionaria fue un hecho. El crecimiento
del PBI debe relativizarse en relación con la baja performance del
decenio de 1980, especialmente, el muy bajo nivel de 1989. El dato relevante sin embargo, está dado por el elevado costo que en
materia social se ha generado. Es la contrapartida más evidente
que se puede apreciar ante la baja inflacionaria y los registros de
crecimiento. La política destinada a contener la inflación (desde la
apertura indiscriminada de la cuenta corriente, la liberalización de
la cuenta de capitales, la desregulación de los mercados, hasta el
Plan de Convertibilidad) influyó sobre el mercado de trabajo, produciendo la destrucción de puestos laborales, caídas en los salarios
reales de los trabajadores y precarización de las condiciones de
trabajo. Por su parte, el crecimiento del producto (mostrado por
registros estadísticos fuertemente cuestionables) que había sido
considerado como una condición suficiente para el derramamiento del bienestar hacia el resto de la población, no tuvo su correlato en los niveles de vida de la población, impactando de manera regresiva, tal como sucedió en épocas anteriores, en la distribución
del ingreso y quedando de esta forma fuertemente cuestionado
uno de los principales postulados con los que el neoliberalismo justificó la implementación de las políticas.
La redistribución regresiva del ingreso fue la consecuencia lógica del sendero por el cual la economía fue obligada a transitar. Es
decir, si bien la internacionalización de los movimientos de capitales y mercancías es un proceso que ya a finales de los 80 y principios de los 90 se encontraba en pleno auge, la rapidez y virulencia
con que la economía fue integrada al nuevo contexto mundial se
tradujo en un mayor grado de vulnerabilidad ante shocks externos,
los que difícilmente puedan ser amortiguados en virtud de las limitaciones en materia de políticas activas, acentuadas con el régimen
de convertibilidad. La libre entrada y salida de capitales allanaron el
terreno para el aprovechamiento de importantes rentas financieras
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derivadas de las altas tasas de interés y del proceso de privatizaciones encarado por el gobierno, las cuales no solo implicaron un fuerte ingreso de capitales (los que a su vez permitieron el boom de los
primeros años de la convertibilidad), sino también una fuerte contracción ante cambios en las condiciones internacionales, con las
consiguientes caídas en los niveles de actividad interna y afectando
por lo tanto los niveles de empleo y condiciones de vida de la mayor parte de la sociedad.
La apertura y la revaluación del tipo de cambio juegan un rol
clave a la hora de evaluar el papel de la Argentina en el contexto
internacional. La entrada de productos importados fue utilizada
como un mecanismo para disminuir la inflación, pero terminó a su
vez desencadenando un modelo de aguda desindustrialización
que explica una de las causas fundamentales del desempleo crónico en la década de 1990. La integración al mercado mundial
manteniendo el antiguo esquema de división del trabajo, en el
cual se acentúa la primarización del esquema exportador (con
gran participación de productos como el petróleo y el gas, los
cuales, debido a la intensidad de extracción y a la ausencia de inversiones en materia exploratoria, encuentran serios límites para
su desarrollo futuro) y la dependencia hacia las importaciones de
manufacturas de origen industrial. En función de lo anterior, se
verifican fuertes déficits comerciales con la Unión Europea y los
Estados Unidos, mientras que en el comercio con el Brasil el saldo ha sido deficitario en la primera etapa de la década, registrando ligeros superávits luego. De todas formas, y a pesar de haberse incrementado el comercio intrazona (Mercosur), el país se enfrenta con una estructura en la cual el principal sector productor
de manufacturas de origen industrial se caracteriza por el ensamblaje y exportación posterior, con un valor agregado generado internamente apenas significativo. El cambio de funciones del Estado, que muchos presentan como "achicamiento", afirma su
“aparente” desaparición mediante la política de privatizaciones y
de cesantías. A la vez, el incremento en los niveles de gasto, junto a la expansión del endeudamiento público (en 1999 alcanzó los
114.000 millones de dólares) señalan parte de la nueva función
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del Estado en la asignación de recursos para las nuevas modalidades de acumulación de capitales. El nuevo papel del Estado es
uno de los hechos más significativos en materia de transformaciones ocurridas en el transcurso de los noventa.
El balance de la década en este sentido plantea un Estado que
liquidó sus activos en empresas y que, a través del pago de intereses de la deuda pública como el componente más importante del
presupuesto nacional y principal causal del desplazamiento de gastos hacia otras áreas fundamentales de la economía, generó una
grave situación de desfinanciamiento del sistema de seguridad social. Además, se verifica una excesiva carga tributaria sobre los
sectores de menores recursos. Todo en aras de facilitar la apropiación de renta por los capitales más concentrados e incluso el incremento sustancial de la remisión de utilidades al exterior.
Por lo tanto, y teniendo en cuenta que en los años noventa se
produjo en nuestro país un fuerte proceso de concentración empresaria, estrechamente vinculado al proceso de privatizaciones y
valoración del capital que se generó a su alrededor, podemos concluir que la desaparición del Estado no fue más que “aparente” en
el sentido de que jugó un rol fundamental a la hora de defender los
intereses de los grupos dominantes y de garantizar la lógica regresiva de un modelo impuesto por una elite dominante, que encuentra en el desempleo, en la fragmentación social y en los crecientes
grados de polarización, la herramienta más efectiva para alcanzar
sus objetivos de acumulación de la riqueza nacional.
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II. El nuevo Estado
Reforma estatal: el ausentismo aparente
Lo que se considera como el cambio de modos “tradicionales”
de administración pública por otros “modernos”, constituye un
proceso que puede calificarse, con justicia, como incompleto y distorsionado. Lo primero porque no se llega a un punto de implantación generalizada de los criterios modernizadores, e incluso, en el
propio avance de las reformas, se generan capas “atrasadas” del
aparato estatal, que generan clientelismo o burocracias rígidas del
tipo tradicional. Mientras que la distorsión consiste en que la maquinaria estatal no responde a un principio unificador, a un rumbo
estratégico asumido con decisión, y el proceso de reformas tiende
a agotarse en el fiscalismo (ampliación de recursos, y sobre todo
reducción de gastos –o mera pretensión de reducirlos– vía privatizaciones, disminución de personal y supresión de organismos), así
como en el cortejo a los capitales de toda rama y procedencia, sin
criterios de selectividad, ni autonomía suficiente frente a los intereses de las empresas portadoras de los mismos.
En el caso particular de la Argentina el contenido realmente
modernizador de las reformas realizadas en el aparato del Estado
estuvo ligado a reflejar los cambios económicos, políticos y culturales que, en curso desde la década de 1970, convirtieron a nuestro país en una sociedad muy diferente a la que se había conformado a partir de los 40. El problema fundamental es que las reformas estatales fueron efectuadas en el sentido de la acentuación
de las tendencias de cambio de la estructura social, y no de su atenuación o compensación: La concentración y centralización del
capital, la redistribución regresiva del ingreso, la destrucción masiva de puestos de trabajo, pérdida de poder e influencia de los
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sectores asalariados y populares en general, respondieron en buena medida a procesos de alcance mundial, originados lejos del alcance del aparato estatal de nuestro país, pero fueron una “obra”
completada y acelerada desde el Estado, por una decisión consciente de los hombres que tuvieron responsabilidades de gobierno.
Transformación del Estado argentino
Desde el inicio de la década de 1990 se produjo un profundo
y acelerado proceso de transformación del aparato estatal en Argentina. Este cambio aceleró y completó una amplia reformulación de las relaciones Estado-sociedad civil que, como hemos dicho, se venía produciendo desde 1970.1 Desde 1989 se impulsaron con decisión las medidas que desmontaron lo que se ha llamado “matriz estadocéntrica”, caracterizada por industrialización
sustitutiva, economía cerrada, regulación estatal de los mercados
y patrón de inflación moderada,2 y en ese marco, se privatizó el
grueso de las empresas públicas, y fueron suprimidas, o traspasadas a los estados locales buena parte de las funciones a cargo del
Estado nacional. Solamente desde una perspectiva ingenua o interesada, podría sostenerse que esta gigantesca transformación
derivó de la confección de una agenda estratégica, que estableciera las necesidades de transformación, a partir de visualizar los
grandes problemas de la sociedad argentina. Por el contrario, los
cambios (privatizaciones, desregulaciones, descentralización,
apertura económica, supresión de organismos, reducción de personal), obedecieron a la combinación de un criterio estrechamente “fiscalista” de reducción de gastos y aumento de ingresos en el
sector público, con otro de generación de “oportunidades de negocios” para empresas y capitales locales e internacionales. Con
respecto a esto último, se produjo una suerte de “trueque”. Por un
lado, se concreta el abandono por el Estado de buena parte de las
funciones de provisión de infraestructura, subsidios a la producción privada, generación de un mercado “cautivo” en el sector público y protección frente a la competencia externa, todas ellas
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propias del período abierto en la década del 40, y que iban en el
sentido de favorecer la acumulación de los empresarios locales. A
cambio de esta “retirada” que afectaba de diversas maneras a sectores empresarios concretos, el Estado genera, vía privatizaciones, desregulación de diversos mercados, y “flexibilización” de las
normas que regían la relación capital-trabajo, posibilidades de ganancias que compensaban con creces las resignadas por el “achicamiento” estatal. Esto permitió, en un consenso favorecido por
el agotamiento y crisis permanente del modelo anterior, que la
clase dominante, como conjunto, saliera favorecida del proceso
de reformas, con una mayor ganancia relativa para los capitales
más grandes y diversificados, lo que venía operándose por otras
vías al menos desde los 70; y la correlativa pérdida de sectores de
menor envergadura, menos diversificados y orientados prioritariamente al mercado interno.3 Importante gravitación tuvo también
la voluntad de adaptarse a las “presiones hacia la reestructuración” que, fortalecidas –aunque no generadas– por el problema de
la deuda externa, indujeron a producir cambios rápidos y, en general, extremos.4 Una peculiar coyuntura socioeconómica, política e ideológica5 se conjugó así con el agotamiento de la modalidad
populista-desarrollista de acción estatal que había predominado
en los lapsos de gobierno constitucional del país desde 1946, para dar como resultado el violento ajuste estructural implementado a partir de 1989, complementado y “ordenado” por un plan de
estabilización a partir de 1991.6
Apuntes históricos
Argentina poseía un aparato estatal muy amplio, cuyo desarrollo se había iniciado en la segunda mitad del siglo XIX, incrementándose a posteriori, a partir primero de las acciones anti cíclicas de la década de 1930, y luego, con las políticas populistas y
desarrollistas, y la conformación de una suerte de particular Estado de bienestar. Varios objetivos se conjugaron para llevarlo a proyectar sus actividades en dirección a la regulación de mercados, y
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a la producción de bienes y servicios, entre ellas:
1) Un conjunto de instituciones reguladoras de los mercados
de bienes, sobre todo agropecuarios (las famosas Juntas
Nacionales, que llegaron a sumar varias decenas), originadas a partir de la crisis de 1930 y el vuelco proteccionista
producido durante la presidencia de Justo.
2) La nacionalización (o iniciación) de una serie de actividades de infraestructura, transporte y servicios públicos (ferrocarriles, gas, extracción y refinación petrolera, teléfonos, transporte aéreo) básicamente desarrollada en el período peronista.7 Estas actividades se sumaron a algunas
que estaban en manos del Estado desde fines del siglo anterior (Correos, obras de agua corriente y salubridad,
construcción y reparación de caminos, etc.)
3) La producción de bienes de valor estratégico, sea por constituir insumos básicos para otras ramas productivas, o por
revestir un valor militar. (La siderurgia y todo el complejo
industrial-militar que se inicia en los treinta y se fortalece
con la presidencia de Perón, a fines de la década de 1940.)
4) Estatización de empresas de producción de bienes, originalmente privadas, en general por circunstancias coyunturales, sin una perspectiva estratégica.8
5) Un sistema de organismos dedicados a investigación y desarrollo (INTA, INTI, INCYTH, CONICET)9 generados a
partir de preocupaciones de un periodo posterior (entre
1955 y 1966), inclinadas al desarrollo tecnológico y científico vinculado a la producción.
6) Organismos específicos con funciones de transferencia de
recursos, orientados a prestaciones sociales o de salud
(recaudación previsional, cajas de jubilaciones y de salarios familiares, PAMI), creados a lo largo de un prolongado
proceso, que comienza signado por la dispersión y luego
tiende a unificarse. El Estado intentaba dar, por vía del
gasto social, base material a su legitimidad10, proporcionando mejoras en el nivel de vida de las masas. En este ámbito, el Estado combinó responsabilidades con los usuarios,
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y generó entidades mixtas como las cajas de jubilaciones,
en tanto numerosos organismos estatales centralizados se
ocuparon de estas funciones, por ejemplo en el ámbito de
la cartera de Trabajo. También se produjeron afectaciones
de recursos financieros para actividades especificas, como
el FONAVI, en el área de la vivienda. En conjunto, el Estado asumía funciones destinadas a ampliar su base de legitimación, bajo la bandera de la "justicia social". En rigor, se
apunta no sólo a la legitimación, sino a la reproducción de
la fuerza de trabajo (ampliación de oportunidades de capacitación, educación y "mantenimiento" de la capacidad laboral), y a la ampliación del mercado consumidor para la
industria local.
7) El sistema financiero oficial, de desarrollo lento pero continuado, se modificó también a favor del apoyo a actividades
productivas (Banco Industrial, después Nacional de Desarrollo) y satisfacción de necesidades sociales (Banco Hipotecario Nacional, originariamente destinado a crédito para
compra de campos y luego reorientado a crédito para la vivienda), que se sumaron al Banco de la Nación, especializado en el crédito agrario, y el Banco Central, instrumento de
regulación monetaria y financiera por excelencia.11
Este aparato estatal ampliado fue objeto de un perenne cuestionamiento por amplios sectores de la gran burguesía, pero esta
discusión no alcanzaba los límites de una contestación global a la
intervención estatal. Solo los doctrinarios del liberalismo mas extremo mantenían posiciones tendientes al desmantelamiento
completo del Estado intervencionista.12
Fuera del orden del día
El periodo 1976-1981 se caracterizó en nuestro país por el
planteo y puesta en marcha de un proyecto claro de reestructuración global de la sociedad. Se operan cambios que abarcan todos
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los planos, desde el económico hasta el ideológico. En lo económico, comienza un proceso de concentración y centralización del
capital, enmarcado en el abandono de la estrategia de sustitución
de importaciones, y la búsqueda de una nueva integración en el
mercado mundial.13 Esa modificación del capitalismo a nivel global, se complementa con una transformación de las relaciones entre capital y trabajo, que abarca la organización interna de las
plantas productivas. Paralelamente, se desarrolla un cambio global en los roles asumidos por el Estado, y su forma de vincularse
con la sociedad. Todo se complementa con un impulso ideológico,
genéricamente neoliberal, pero muy específicamente antiestatista,14 que apunta a reorientar la concepción misma que sobre la estructura y funciones del Estado imperaba hasta ese momento.
Dentro de esa reestructuración global, se da el impulso hacia una amplia acción antiestatista, expresada en la reducción de
mecanismos reguladores, la liberación del sistema de precios y el
descenso de barreras aduaneras. En materia de privatizaciones,
sin embargo, todavía se trabaja en terrenos periféricos, o en la
desestatización de sectores absorbidos por razones meramente
coyunturales.15 Sí hay una actividad consciente, ideológica y material, de debilitamiento de la estructura estatal, de endeudamiento improductivo de las organizaciones publicas, de disminución de inversión.
Durante toda esta etapa, el gran capital trabaja con intensidad en el sentido de concentrar capital y centralizar control de
actividades diversificadas, al amparo de mecanismos de protección, financiación y subsidios estatales. Es una acumulación de
fuerte inserción financiera, pero con anclajes productivos, en la
que el Estado se convierte en un "socio perdedor" indispensable
para todo el proceso. Desde el Estado se dirige en favor del gran
capital su enorme capacidad de demanda, y se dan grandes facilidades para la especulación financiera (Ley de Entidades Financieras de 1977)16 y la producción industrial subsidiada, así como
se permite la salida de capitales al exterior, como una forma práctica de internacionalización de las operaciones. Hacia el fin de la
dictadura militar, las facilidades otorgadas se completan con la
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virtual estatización de la deuda externa privada que, en un 90%,
queda a cargo del Estado, vía seguro de cambio, avales y otros
procedimientos similares.
Otro papel jugado por el Estado en esta etapa, fue el de despejar el camino para que los capitalistas retomen el pleno control
sobre la organización y manejo de los medios de producción,
cuestionado en cierta medida hasta los primeros 70, por vía de un
aparato sindical de ideología y prácticas conservadoras pero poderoso, que a su vez soportó un creciente cuestionamiento de
agrupaciones obreras situadas a su izquierda. Se arremete contra
los mecanismos de participación obrera directa en las fabricas
(comisiones internas, cuerpos de delegados), que fueron durante décadas una fortaleza peculiar del movimiento obrero argentino17. La organización de los trabajadores en el interior de las unidades productivas fue destruida con ayuda del Estado, en gran
parte expresada en el uso directo y criminal de la violencia.18 El
resultado es que los capitalistas retoman el control pleno en las
unidades productivas, amenazado virtualmente desde el primer
peronismo.19 En el plano laboral más general, se emprende una
verdadera batalla contra las normas protectoras de los derechos
laborales, tendiente a reducir los costos de la mano de obra, por
una parte, y a ampliar las facultades de dirección de los empleadores, por la otra.20 En lo que respecta al "poder sindical" la dictadura lo considera como una de las causales de los fenómenos
de ‘subversión’ y ‘corrupción’ con los que había que terminar, y
por lo tanto es un enemigo a destruir. Se propende por todos los
medios a la fragmentación de las organizaciones sindicales o su
pérdida de capacidad negociadora efectiva.
Más adelante, la crisis financiera de 1980, el debilitamiento
de sectores industriales orientados al consumo del mercado interno, y el estallido del problema de la deuda externa, pusieron
en tela de juicio el supuesto éxito de estas políticas, pero no revirtieron en nada las modificaciones socioeconómicas y aún ideológicas que había producido el primer periodo del Proceso de
Reorganización Nacional.
En medio del endeudamiento externo21, el persistente déficit
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fiscal22, el debilitamiento del mercado interno23 y de los sectores
empresarios a él dirigidos, el aparato estatal constituido a partir de
1930, queda en los comienzos de la década de 1980 anémico de recursos y huérfano de una racionalidad clara a implementar.24 La
crisis planteada entre las necesidades de acumulación y las de legitimación, para el Estado capitalista, se van resolviendo en la Argentina claramente a favor de la acumulación.25 Ni el impulso del
desarrollo económico, ni la búsqueda de la justicia social, son ya
creencias legitimadoras para ciertas acciones estatales. El empeño
en generar ‘bases materiales’ que dieran sustento al consenso de
las clases subalternas, virtualmente desaparece desde entonces.
El aparato estatal en debate
Producida la vuelta al régimen democrático-constitucional, el
período 1983-1985 constituyó un intermedio, en que se ensaya
con timidez la vuelta a políticas redistribucionistas y de desarrollo orientado al mercado interno, y se frenan las políticas dirigidas al desmantelamiento del aparato estatal que habían avanzado en la dictadura. Existen sí orientaciones a una refuncionalización de ese aparato, con un sesgo de predominio tecnocrático,
centrado en la profesionalización y tecnificación del aparato estatal. La configuración estructural del Estado ingresa ahora en el
debate, pero bajo una perspectiva genéricamente calificable como "modernizadora", que intenta clarificar objetivos y funciones,
y ajustar su estructura en base a definiciones en esos terrenos.
Este enfoque puede denominarse también "refuncionalizador",
en cuanto piensa al Estado en base a las funciones que se le asigne, y no a su "tamaño", es decir a su participación en el producto
bruto global, y más precisamente al nivel de gastos que genera.
Durante ese periodo, el "achicamiento" del Estado, era una bandera de la oposición neoliberal, llevada adelante con fuerza e insistencia crecientes, pero que no parecía penetrar decisivamente
en los ámbitos gubernamentales.
La necesidad de reformular el Estado encuentra un lugar no
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central, pero sí importante, en la programática y el accionar inicial del gobierno del presidente Alfonsín. El planteo comprendía
una redefinición de funciones y una reestructuración al servicio
de las nuevas estrategias y tácticas fijadas, de orientación vagamente redistribucionista en lo económico y democratizante en el
plano sociopolítico. Como concomitante de ello, se planteaba la
necesidad de un proceso global de modernización, que acompañara a una readaptación del aparato estatal a condiciones de gestión
propias de un Estado de derecho. Se conjuga allí la preocupación
por incorporar nuevas tecnologías de gestión, con la de capacitar
al personal directivo tanto en conocimientos de administración y
gestión modernas, como en nuevas pautas éticas y de comportamiento, que regeneraran un sentido de la responsabilidad perdido
en la administración pública, desquiciada por años de manejo discrecional.26 El presupuesto claro era que no se trataba necesariamente de una reducción del aparato estatal, sino de una refuncionalización, que rescataba el sentido fundamental de las intervenciones del Estado en el campo de la sociedad civil. Si bien era el
peronismo el relacionado de modo primordial con la regulación
estatal y la justicia social, el radicalismo, hasta 1985, reconocía
ampliamente esos valores y aspiraba a su perduración.
En cambio, desde los organismos financieros internacionales,
y los demás componentes del ‘complejo acreedor’,27 se presionaba en dirección al ajuste fiscal generalizado, y como parte de esa
lógica, a la reducción del aparato estatal. El poder económico local se inclinaba hacia las privatizaciones, pero resistía otros aspectos del fiscalismo, que pueden reducir la capacidad del Estado como cliente (comprador de bienes y servicios, así como contratante de obras públicas). Así es que el enfoque refuncionalizador, y el fiscalista debaten a lo largo del periodo radical, sin encontrar un claro vencedor en sus primeros tiempos, hasta que el
propio desarrollo de la crisis indica un vencedor. Comienza entonces a hablarse con insistencia de la Reforma del Estado, aunque ésta aparece aún como un enunciado genérico, sin contenidos precisos. De hecho, no hay medidas importantes de reestructuración estatal, en los dos primeros años del gobierno radical.
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Existen sí algunos esfuerzos, destinados a perdurar, en el campo
de la formación de tecnoburócratas dotados de alta capacitación.28
A partir de 1985 toma fuerza una reorientación global del gobierno, basada en la asunción del pago de la deuda externa y el
abandono de las medidas reformistas. Las preocupaciones de índole fiscal se van acercando al primer plano. Gradualmente, la reducción del aparato estatal, ingresa en la agenda gubernamental
y toma un papel central.29 Uno de los primeros síntomas de la
adopción en la práctica de las concepciones de ajuste fiscal es
que, ya en 1986, se reduce el personal de la administración pública por medio de mecanismos de retiro voluntario, y se hace participar a representantes del gran capital en la gestión de las empresas públicas.30 Hacia los años 1987 y 1988, se ingresa en una
nueva etapa en la adopción del modelo "fiscalista" de reforma estatal. Los grandes ejes del discurso tecnocrático neoliberal sobre
el tema son tomados como propios desde el gobierno radical y se
presentan proyectos concretos de privatización de empresas de
servicios (básicamente Aerolíneas Argentinas y Entel), junto con
acciones de “desregulación" y "desmonopolización."31 Estos intentos serán derrotados en el Congreso, debido a que los integrantes del sistema partidario no habían profundizado lo suficiente su consenso sobre el desmantelamiento del aparato estatal, y el peronismo en la oposición asumía todavía parte32 de sus
banderas tradicionales de nacionalismo económico y justicia social, para oponerse a las privatizaciones.
El saldo fundamental de esta etapa, es que se expande el
convencimiento de que el Estado ya no está en condiciones de
mantener una estructura tan extendida, y una gama de actividades consiguientemente amplia.33 Los dos partidos mayoritarios
asumen como verdadero que su relación con el Estado no puede
seguir siendo la misma que hace cuatro décadas. La "retirada" es
el toque de clarín para el Estado, y ya alrededor de 1988, la discusión se centra más bien en la profundidad y el ritmo con que
esto debe hacerse, mientras que la necesidad de privatizar, desregular, y reducir el déficit fiscal, pasan a ser verdades aceptadas,
puestas fuera de la discusión.
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Las motivaciones invocadas para llevar a cabo esas reformas
son tres, en lo fundamental: 1) El pago de la deuda externa. 2)
La disminución del déficit fiscal, visto cómo causa fundamental
de la alta inflación.34 3) La supresión de trabas para la acumulación capitalista, que permita abrir nuevos espacios de obtención
de ganancias para el gran capital local y extranjero, así como aumentar sus posibilidades de reorganizar la producción en un sentido favorable a sus intereses.
De ese modo, las acciones del Estado en Argentina tienden a
ponerse en línea con la ola ideológica neoconservadora que gana
el predominio a nivel mundial en los 80,35 sobre la base de devolver espacios al juego de las fuerzas del mercado, revirtiendo el
largo ciclo de expansión estatal abierto en la década de los 30’.
Ajuste estructural
La disfuncionalidad del Estado argentino, desde el punto de
vista de cualquier proyecto de desarrollo más o menos coherente,
se había hecho evidente al menos desde los primeros años de la década de 1980. La carencia de una estrategia global de desarrollo
que articulara a las organizaciones públicas, la falta de coordinación entre los organismos y la frecuente superposición de funciones entre ellos, el dispendio de recursos materiales y financieros
por administraciones ineficaces o corruptas, el exceso de personal
promovido para satisfacer necesidades políticas36, una estructura
tarifaria de los servicios públicos plagada de subsidios no reconocidos como tales, son sólo algunos de una larga serie de problemas
que eran objeto de críticas casi generalizadas. Un enfoque más
comprensivamente crítico, hacía hincapié también en la colonización producida por las empresas capitalistas, fuera en carácter de
proveedoras o contratistas, en el aparato estatal.37 La misma actividad de lobby para influir en las decisiones públicas, normal en cualquier economía capitalista, se volvía un enorme factor de distorsión, dada la anarquía interna del aparato estatal y su consiguiente
debilidad para preservar un grado de autonomía indispensable
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frente a las presiones de las grandes empresas, que dedicaban buena parte de sus esfuerzos a “posicionarse” favorablemente en el seno del aparato estatal. Al plantearse elementos de aguda crisis, relacionados con el cambio de la estructura social de acumulación38
, y que estallan en torno a 1981 con el problema de la deuda externa, el Estado comienza a ser también incapaz de generar políticas que atiendan los intereses estratégicos del conjunto de la
clase capitalista. Sus funciones de "capitalista colectivo"39, en orden a la reproducción general del sistema, se evidencian como
vacantes a lo largo del primer periodo democrático, con un Estado que no acierta a definir una estrategia apta para contribuir a
la redefinición del patrón de acumulación imperante40, e incluso
pierde progresivamente la capacidad para hacer efectiva sus decisiones. A todo ello se suma un deterioro generalizado de su infraestructura, y de los sueldos del sector publico, que derivan en
un progresivo empeoramiento de la prestación de servicios, y una
difundida sensación de inevitabilidad en cuanto a la ineficacia,
morosidad e incapacidad de modernizarse de las organizaciones
oficiales. El resultado de esto último es que la gestión estatal no
sólo pierde legitimidad frente al capital, sino también frente al
conjunto de la población, y la “opinión pública” se vuelve un sustento de las políticas de “retirada” estatal. En torno al año 1989,
las privatizaciones y la reducción del aparato estatal se había
vuelto una “causa popular”.
Todo esto se producía en el marco de las presiones externas
a favor de un ajuste estructural, desatadas a partir de la crisis de
acumulación del capitalismo mundial, acentuadas con los problemas en el pago de la deuda externa. A ello se sumaban, en el plano local, las presiones de la gran empresa, que buscaba consolidar su predominio económico y construir poder político a partir
de allí.41 Esto en condiciones tales que, dado el estancamiento de
sus otros mercados, el Estado aparecía como principal fuente de
ganancias potenciales.42
Para esos intereses internos y externos, fortalecidos en la coyuntura, la refuncionalización del Estado no ocupaba una alta
prioridad. Esta era sí asignada a la implantación de políticas de
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ajuste que implicaban el desmantelamiento de buena parte del
aparato de intervención, empresario, y de regulación social que
se hallaba en manos del sector público. Desregulación y privatización pasan a ser los reclamos centrales en el campo del sector
publico, dentro de una reestructuración que abarca la reorientación exportadora de la economía,43 el retiro de las regulaciones
monetarias y fiscales, la generación de mecanismos novedosos de
pago de la deuda (privatización con capitalización), y la disminución del nivel de “tutela” de las relaciones capital-trabajo. Estos
requerimientos se potencian a través de planteos más globales,
que procuran revertir el creciente peso del sector estatal, al que
se percibe como un obstáculo para la acumulación capitalista.44 En
verdad, se estaba asistiendo a la combinación de una lógica local
de concentración capitalista, facilitada por las respectivas ofensivas de las clases dominantes nativas e internacionales, expresadas
por un cambio del patrón de acumulación que abarca desde el
proceso de trabajo (fin de la era fordista de producción en masa
basada en una línea estandarizada con la consiguiente ‘flexibilización’ del proceso de trabajo), hasta la configuración de los mercados a nivel mundial (masiva internacionalización en un cuadro de
mercados segmentados para una mayor variedad de bienes y servicios sofisticados),45 y el cuestionamiento abierto a las colisiones
producidas entre la lógica de acumulación y la del Estado de Bienestar, al que se lo veía afectando a la ganancia capitalista por varias vías.46 Así, una tendencia iniciada con cierta autonomía en
tiempos del proceso militar, empalma con una ola mundial que,
con contradicciones parciales, avanza en el mismo sentido.
A partir de 1985, como ya expresamos, los gobiernos democráticos y los partidos que los sustentan, resignarán con relativa
rapidez sus posturas tradicionales frente al Estado,47 a partir del
convencimiento de que no puede sostenerse al aparato estatal en
su antigua forma, pero también, de la creencia de que su transformación no puede tener un sentido de fortalecimiento de las
estructuras y de mejora del funcionamiento, sino más bien de retirada de funciones y empequeñecimiento de las mismas. Cuando se vuelve a plantear la cuestión de la refuncionalización, ya se
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lo hace en un marco de aceptación de la “retirada” como condición para hacerla posible.
El objetivo de la refuncionalización cede ante la presión hacia el achicamiento. Ello es significativo, en tanto implica renunciar, por parte del Estado, a alguna de sus formas usuales de legitimación: las políticas redistributivas de ingresos, las transferencias vía créditos y prestaciones sociales, y las políticas industriales de sesgo desarrollista y/o nacionalista.48 Ocurre que los recursos financieros y organizacionales para llevarlas a cabo están
agotados, y las presiones de los que ostentan el predominio económico a nivel local e internacional, convergen en un mismo sentido
Con el regreso al gobierno del peronismo, en 1989, la discusión en torno al desmantelamiento del Estado queda resuelta
desde el inicio. A partir de la extrema agudización de la crisis, se
planteó un escenario propicio a la ejecución de una política de
ajuste en su versión mas extrema. Ya con vistas a las elecciones
presidenciales de 1989, la UCR había adoptado un programa neoliberal, que en sus líneas centrales, resultó a la postre similar al
aplicado después por el presidente Menem.49 La hiperinflación,
con el cuadro de desintegración económica, social y política que
desata, actúa como una especie de corte, a partir del cuál las visiones neoliberales quedan claramente instaladas en posición hegemónica.50 A la señalada agudeza de la crisis se agregaba la producción de un cambio de gobierno anticipado, y el debilitamiento de las resistencias a la transformación del Estado, tanto desde
la sociedad civil, como de parte de la burocracia estatal.
El presidente Menem decide dar entonces un vuelco, y abandonar toda aspiración a una política de mediación o autonomía
frente a los factores de poder. Desde el inicio de su gobierno,
adopta en plenitud el programa para el aparato estatal trazado
por el "complejo acreedor", apoyándose en una alianza con el
gran capital e ideólogos del establishment local.51 Privatizaciones
y desregulación en toda su extensión, y con la mayor rapidez posible, es el programa básico, a lo que se agrega con posterioridad,
la decidida asunción de una política de apertura económica.
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Esto comenzará, de modo bastante desordenado, con la privatización de las empresas de comunicaciones (ENTEL) y de
aeronavegación (Aerolíneas Argentinas). Con algunos reajustes
en los procedimientos, la retirada del Estado continuará a todo
ritmo (electricidad, agua y gas, empresa petrolera, servicios ferroviarios, etc.) En definitiva, y mediante sucesivas declaraciones de
"sujeta a privatización" en el marco de la Ley de Reforma del Estado, u otros procedimientos legales (entre ellos la "venta en Bolsa" de las acciones de YPF fue el más importante) las privatizaciones avanzaron mas allá aún de las previsiones iniciales del gobierno52. De ningún modo las privatizaciones se limitan a revertir las
creaciones o nacionalizaciones posteriores a 1930, sino que también avanzan sobre actividades que siempre habían sido de competencia estatal en el país, como el mantenimiento de caminos o
la prestación de servicios de agua y cloacas. Otra línea de retirada del Estado, es el completamiento de la "descentralización", que
hacia fines de la década de 1970 había emprendido la última dictadura militar en campos como la enseñanza primaria, que se extendieron a los restantes niveles educativos, con la única excepción de las universidades nacionales, y, con excepciones, fue completa en el campo de la salud pública.53 La meta buscada en este
campo ha sido que el Estado nacional deje de prestar servicios de
modo directo, “descargándose” así de demandas que tendían a
caer en su órbita.
Un papel equivalente a la privatización, lo realiza la descentralización, pero en el área de las "responsabilidades indelegables
del Estado", con salud y educación en primer lugar, que no resultaban prima facie privatizables, y por tanto requerían otros mecanismos para sacarlas del presupuesto nacional, y de paso generar ‘oportunidades de negocios’ para la empresa privada.
En realidad, la afirmación definitiva del programa de ajuste
estructural, se produce cuando a partir de marzo de 1991, se alcanza la estabilización monetaria54, y a favor de ella comienza una
reactivación económica55 que, superada la recesión de 1995 y
1996, se mantuvo con niveles de crecimiento que no se habían
dado en la década anterior hasta 1998, cuando recomenzó una
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recesión que continúa hasta el presente.56 En ese cuadro de mejoría, el gobierno logró soluciones de mayor alcance en el pago de
la deuda externa, primero con un acuerdo de préstamos con el
F.M.I. de más larga duración que los habituales stand-by, conocido como Programa de Facilidades Extendidas, firmado en marzo
de 1992; y luego con el ingreso formal al Plan Brady, precedido a
su vez de sendos acuerdos con el Club de París y con la banca privada extranjera. El afianzamiento del Plan de Convertibilidad,
también trajo como resultado la afirmación de una peculiar coalición de sectores internos y externos del capital, que encontraron en la tecnocracia situada a la cabeza del ministerio de Economía, a eficaces diseñadores y ejecutores de políticas.57
Con esa base, tanto la política de privatizaciones, como los
restantes aspectos del ajuste estructural, lograron un importante
nivel de asentimiento en amplios sectores de la sociedad, que se
reflejó en los resultados electorales de 1991 y 1993, donde el apoyo a los resultados del Plan de Convertibilidad se reveló más decisivo que la preocupación generalizada por los niveles de corrupción o el persistente aumento de la desocupación. Algo similar ocurrió en los comicios presidenciales de 1995, en los que primó el temor a perder el horizonte medianamente previsible (sobre todo por la baja inflación y la fijación del tipo de cambio) que
se había instaurado a partir de 1991.
Si recordamos el debate entre la racionalidad fiscalista y la
refuncionalizadora, la segunda parece quedar relegada en esa
etapa. Lo importante es disminuir déficit, capitalizar deuda, obtener divisas para los pagos externos. Sin embargo la racionalidad tecnocrática sigue conservando un espacio de vigencia.58 El
Estado supérstite, que abarca la estructura de los diferentes ministerios y un buen conjunto de organismos descentralizados, se
supone debe ser reorganizado, y dotado de una funcionalidad. Lo
que ocurre es que la tecnificación y profesionalización pasa a realizarse sobre los restos del aparato estatal y no sobre su totalidad,
como se planteaba durante el gobierno radical.
Modalidades organizativas mas flexibles, con mayor descentralización, dotadas de controles basados en consideraciones de
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eficiencia, son planteados como horizontes administrativos deseables. En líneas generales, se trata de trasladar a los organismos estatales técnicas de dirección y gestión similares a las que
se utilizan en empresas capitalistas, con una amplia aplicación de
criterios basados en el cálculo de costos y beneficios. También se
procura tomar de la empresa privada el reciente criterio de "concentración en el negocio principal", lo que da lugar a la concesión
de servicios accesorios, ligados a seguridad, limpieza, mantenimiento, informática, liquidación de sueldos, etc., en aquellos organismos en que lo central de la gestión queda en manos estatales. En el plano de los recursos humanos se multiplican los programas de capacitación de altos funcionarios, así como la extensión del régimen de concursos.59 Estos apuntan a la creación de
una burocracia altamente profesionalizada, orientada en un perfil gerencial, mas que en el del burócrata tradicional centrado en
las normas. Además, dentro de ciertos límites, propugnan eliminar mecanismos clientelísticos de designación y ascenso. Una
compleja normativa, conocida como SINAPA (Sistema Nacional
de la Profesión Administrativa), apuntó a unificar y sistematizar el
total de los puestos de la Administración Publica, los requisitos
para ocuparlos, y los procedimientos para cubrirlos. La administración financiera del Estado también se profesionalizó y perfeccionó, a partir de una Ley de Administración Financiera que reformó completamente el sistema de contabilidad pública e introdujo importantes ajustes y especificaciones en los mecanismos
presupuestarios y de inversión pública. El presupuesto de gastos
y recursos recuperó así su papel de instrumento de planificación
y programación de la actividad estatal, totalmente desvirtuado
durante largas décadas. En suma, la reorganización interna del
aparato estatal recibió un impulso importante, indudablemente
alineada con el programa general de transformaciones, pero que
produjo un efecto de ajuste funcional en las estructuras del aparato estatal, y una racionalización de sus procesos administrativos.60 De todas maneras, la aplicación de estas reformas administrativas se deterioró con el tiempo. El régimen SINAPA, por ejemplo, se distorsionó por todo tipo de contrataciones temporarias y
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otros mecanismos ‘flexibles’ de toma de personal, la previsibilidad del presupuesto de gastos se vio afectada por los continuos
‘recortes’ durante el transcurso del ejercicio, y la gravitación alcanzada por los tecnócratas solió girar en el vacío producido por
la escasez de recursos.
Ahora bien, este proceso de tecnocratización opera sobre
unos límites claros: un Estado empequeñecido61 y limitado en sus
funciones, que se limita a dos direcciones principales: a) Las más
tradicionales del Estado-gendarme (defensa, seguridad interior,
justicia, recaudación y manejo de la hacienda pública), acompañadas por funciones de regulación y supervisión del sistema educativo y sanitario, en el que ya casi no presta servicios directos; y
b) Una serie de actividades ligadas a la planificación y la coordinación de la economía (relaciones económicas internacionales,
manejo de la deuda externa, negociación con los empresarios de
diferentes ramas productivas, superintendencia de las actividades financieras), dentro de las pautas marcadas por la reforma
estructural, y que tienden a concentrarse en la órbita, directa o
indirecta, del Ministerio de Economía.62 Cabe agregar, como complemento, un conjunto de áreas nacidas de la necesidad de aplicar un mínimo de supervisión y regulación a lo que se ha privatizado o descentralizado (regulación de servicios públicos privatizados, superintendencia en materia educativa y sanitaria, supervisión de programas sociales cuya ejecución directa pasó a estar
a cargo de los estados provinciales, etc.)63
En el terreno de un debilitamiento y achicamiento generalizados, algunas unidades estatales fueron reforzadas (los organismos de recaudación, el Banco Central, los entes de control,
algunos organismos técnicos como el INDEC, etc.) mediante el
incremento de sus funciones, aumentos presupuestarios e incorporación de tecnologías tanto "duras" como de gestión, con la
idea que estas unidades constituyan herramientas valiosas para
el aumento de eficiencia y el afinamiento de los criterios de decisión de los organismos estatales. En este terreno, un éxito inicial fue el innegable incremento de la capacidad de recaudación,
que combinó la reforma de la normativa, con el aumento de la
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eficacia operativa de los organismos recaudadores (DGI y Aduanas), pero limitado en sus efectos por la falta de decisión para
reformar un sistema impositivo altamente regresivo, y deteriorado por la evasión fiscal en cuánto se aplanan los índices de crecimiento económico. La imposición de una disciplina fiscal efectiva, sobre todo para las grandes empresas, sigue siendo un problema de apariencia insoluble hasta el presente, con un aparato
estatal que no puede consolidar su capacidad de extraer recursos de la sociedad para el cumplimiento de sus fines.
En cuánto a los aspectos político-institucionales, la tendencia
al fortalecimiento del Poder Ejecutivo, acompañado por una concentración de poder en el área económica sin precedentes, es la
nota distintiva a partir de 1989. La dinámica concentradora, general en la sociedad, se traslada a la distribución del poder estatal, que procura exitosamente, concentrar todos los instrumentos necesarios para desarrollar las reformas que pretende. En
ese sentido, no hay debilitamiento sino fortalecimiento en el Poder Ejecutivo Nacional, que se constituye más que nunca en el
vértice de todo el sistema institucional. La retirada del Estado es
selectiva, y en aquéllas áreas donde no se repliega, sino que redefine funciones, la tendencia es a generar más eficaces instrumentos de acción. Ocurre que todo el ajuste se modela en un estilo político de innegables componentes autoritarios.64 Desde la
presidencia, los decretos de necesidad y urgencia y ocasionalmente el veto del Ejecutivo, se utilizaron como instrumentos de
mediatización del Parlamento. En el Poder Judicial, se licuó la
Corte Suprema mediante la ampliación del número de miembros, y se realizó una compleja alquimia de traslados y ascensos
para generar el predominio de jueces "leales". Los organismos
de control, tales como la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y el Tribunal de Cuentas, registraron el reemplazo de los
funcionarios responsables, para ser luego neutralizados o directamente suprimidos. En lo que respecta a las provincias, Menem retoma el uso de la intervención federal, que Alfonsín había abandonado, y la hace caer sobre varias provincias (Corrientes, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero). En síntesis,
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mientras se descentraliza en aspectos que no interesa cubrir
desde el Estado nacional (transferencia de escuelas, hospitales,
servicios públicos no privatizables), se sigue la dirección contraria cuando se trata de definir espacios de poder importantes.
Instalación del discurso único
Si pretendemos entender en qué marco conceptual operó el
proceso de “Reforma del Estado”, es necesario remitirse a las
condiciones del debate político sobre el Estado. La crisis de la
deuda en los primeros años 80, fue el detonante de la promoción
de políticas de ajuste que luego se orientaron a un programa más
amplio de reformas estructurales expresado en el “Consenso de
Washington”. En esas circunstancias, el pensamiento neoliberal,
rotundamente antiestatista, percibió la coyuntura como una
oportunidad histórica de imponer sus ideas en toda la línea, y desató una arrolladora ofensiva tanto en el terreno académico como, sobre todo, en el de los ámbitos decisorios del establishment. Por otro lado, los sectores ligados a la puesta en práctica
de políticas populistas y desarrollistas, quedaron virtualmente
paralizados, sin respuestas novedosas que fueran mas allá de una
vacilante y poco fundamentada defensa de un modelo de Estado
ya en evidente quiebra,65 lo que en buena parte de los casos, fue
seguido por una adhesión acomodaticia o una aceptación resignada de las reformas en curso cuando estas avanzaron, dejando
así demostrada su incapacidad para generar alternativas en momentos de crisis. Estas condiciones se dieron en Argentina en
una versión extrema, en donde más que un debate, lo que existió
fue una abrumadora campaña de “instalación” de las ideas de privatización, liberalización de la economía y achicamiento del Estado, al que el discurso neoliberal erigía en la fuente de todos los
males históricos del país. Con un aparato estatal reducido a un
Estado “gelatinoso”, donde la confusión e indefinición de estructuras y funciones habían alcanzado grados alarmantes, llevándolo a perder toda capacidad de gestión y a ver puesta en tela de
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juicio su autoridad; y una sociedad civil originalmente poderosa,
pero aun no recuperada de impactos traumáticos muy fuertes sufridos primero durante la dictadura y en la crisis hiperinflacionaria de 1989-1990; la disputa política en torno a la transformación
estatal adquirió el aspecto de una blitzkrieg, sólo matizada por
combates de retaguardia en los que la ofensiva neoliberal resultaba a la postre siempre triunfante.66 Por añadidura, y sobre todo
a partir de la asunción de la presidencia por el Dr. Menem, buena
parte de los antiguos defensores de un Estado fuerte y expansivo,
concluyeron por pasar con armas y bagajes al campo de la “retirada estatal”, al amparo del viraje en redondo de un gobierno identificado con el Partido Justicialista, el defensor por excelencia de
las concepciones “estadocéntricas” a lo largo de décadas.67
A partir de allí, todo lo que fuera reforma del Estado apareció teñido por la temática de la “retirada” del mismo, en tanto que privatización y transferencia de actividades, reducción de estructuras y personal, y supresión de normativas reguladoras. La estructura y rol del Estado pos-reforma recibió una atención considerablemente menor, no más allá de una vaga noción de reconstrucción del Estado-gendarme, al que se sumarían funciones, más de financiación, planificación y control que de prestación directa, en el campo de la salud y la educación. Tanto los
funcionarios públicos como las empresas, estaban concentrados
en el gigantesco proceso de transferencia de recursos y ‘oportunidades de negocio’ del ámbito estatal al de la empresa privada
capitalista, y no era en principio fácil que racionalidades con
otra orientación ingresaran en el modo de pensar y efectuar el
proceso de reformas.
La carencia de orientaciones que provinieran de una definición
de mediano y largo plazo sobre el tipo de desarrollo conveniente
para el país, acerca del diagnóstico y perspectiva de solución de
sus problemas de pobreza, desempleo, déficits en la calidad de vida y el nivel de educación, dejaron a las reformas sin definición sobre sus objetivos de fondo. En ese cuadro, la reformulación de las
funciones a cumplir por el Estado, y la consiguiente adecuación de
las prácticas a su interior, la readaptación con sentido estratégico
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de sus estructuras organizativas y su dotación de recursos humanos, se tornaba difícil no ya de instrumentar, sino aún de debatir
para arribar a la estructuración de propuestas integrales y coherentes. El “debate” (en realidad, la gradual imposición de un único pensamiento oficial) en torno al sentido y finalidad de las reformas, se dio en un campo conceptual plagado de prejuicios, generalidades no susceptibles de convertirse en hechos, y soluciones de manual, cuya precariedad se agravaba al sacársela del
contexto geográfico o de actividad en que inicialmente fueron
formuladas, casi invariablemente desde EEUU y otros países de
alto nivel de desarrollo.68
Como resultado, quedó un Estado nacional dedicado al dictado
de normas, planificación, y ejercicio de supervisión y control sobre actividades ejecutadas en otros ámbitos, y sólo en menor
medida involucrado en la producción directa de bienes y servicios de carácter público. Ahora bien, este cambio de fisonomía
estatal aparece como un emergente de todo el proceso, y no como una búsqueda explícita que haya presidido el proceso de reforma y le haya dado sentido. Y si bien, visto desde la política
global, puede reconocerse a esta transformación una lógica general, la falta de previsión profunda sobre lo supérstite en el Estado, hacen que el “Estado restante” aparezca como un resultado “fortuito”, como un efecto casi colateral de los cambios operados, y carezca de una articulación eficaz.
En el discurso oficial, las referencias a la transformación del
Estado aparecen muy a menudo teñidas por la lógica de la “retirada” estatal, con una presencia mucho menor de los temas del
“día después”, sobre definición y cumplimiento de nuevas funciones.69 70Esto se ve realimentado porque la lógica de generación de
oportunidades de negocios a través del Estado, se “reinventa”
constantemente, descubriendo nuevas áreas susceptibles de privatización o disolución.71 De esta manera, la esperada y anunciada
“segunda etapa” de las transformaciones, que pondría las bases
del nuevo papel del Estado, nunca bien definido, termina sepultada por la implementación de renovadas instancias de “traspaso”
de las responsabilidades estatales al mercado.72 Las reformas de
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‘segunda generación’ se convirtieron luego en un tema de la oposición política, que aceptaba así la ‘primera generación’, para autoproponerse para una segunda parte signada por preocupaciones mas ‘progresistas’, como la educación, la justicia y el equilibrio institucional.
Por añadidura, existe un factor relativamente nuevo que se
suma a los desequilibrios ya tradicionales. El Estado nacional tiene una soberanía73 más limitada que la tradicional, y tras el derrumbe producido en las dos décadas anteriores de la situación
de “aislamiento relativo” de los mercados nacionales y sus Estados correspondientes –que se había sancionado a nivel mundial
con los acuerdos de Bretton Woods, y dio lugar a las políticas desarrollistas y redistributivas–, estos se muestran cada vez más
comprometidos en reciclar la inserción de sus países en el mercado mundial.74 Y, por lo tanto, en generar condiciones financieras, de circulación, laborales, jurídicas, etc. que conviertan a sus
países en una escala atractiva para capitales en permanente circulación, a la vez que en remover todas aquellas instituciones y
regulaciones que, concebidas originalmente como estímulos a la
acumulación capitalista, en esta nueva fase histórica se convertieron en trabas para la misma.75 Se condicionan así las orientaciones generales de políticas, el propio diseño del aparato estatal,
y las pericias y comportamientos buscados en sus directivos por
parte de los estados nacionales. Es como si todo el proceso de
reestructuración estatal estuviera orientado desde afuera de la
sociedad a la que ese Estado aspira a regir.76 A esta lógica global
se le superpone, presionando en el mismo sentido, la emanada
del poder creciente de instituciones de alcance internacional
que actúan como factores de limitación de autonomía de las iniciativas estatales. El FMI, el Banco Mundial y el BID (entre otras
instancias internacionales, gubernamentales o no) ingresan como controles directos y activos de las tareas del Estado nacional,
por medio de préstamos que van atados a un "monitoreo" de las
políticas que se realizan. Esta reforzada injerencia, en el marco
conocido como "Consenso de Washington" (acuerdo alcanzado
como conjunto de respuestas al “problema de la deuda” formali-
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- Julio Gambina - Daniel Campione
zado en torno a 1988), inspiró políticas incluso "de detalle" para
las diversas áreas estatales, con sus propios préstamos, controles, y funcionarios contratados con esos fondos.77 Entre sus diversos componentes (dirigidos por la lógica del ajuste) han introducido propuestas de cambio en las pautas de gestión y en las características de reclutamiento, capacitación y relaciones laborales para el personal estatal.
Las perspectivas de transformar el modelo de gestión estatal,
de orientarlo a objetivos y no a normas, de acercarlo a la ciudadanía (a menudo redefinida y sectorizada como “cliente”), de llevarlo a confiar en la negociación y el manejo de las relaciones interpersonales, más que en la información cuantitativa y las reglas
preestablecidas, adolece de cierta carencia, o al menos de insuficiente definición, en cuánto a sus contenidos reales. La instalación efectiva de una racionalidad sustantiva que reemplace a los
criterios “formalistas”, el acusar recibo de las transformaciones en
el contexto mundial, son cuestiones que se tornan bastante abstractas si no hay una “orientación a la sociedad” de esos cambios,
sin la instalación de una “visión del mundo” más compleja que el
equilibrio fiscal y la “captación” de capitales que la presida.
La ilusión tecnocrática
Los planteos modernizadores encuentran uno de sus puntos
de síntesis en el trazado de una nueva “gerencia pública” o de
modo más personalizado “un nuevo gerente público”. Se trataría
de una novedosa modalidad de acción, encarnada en sujetos portadores de una cultura renovada que reemplazaría definitivamente a la vieja, en nuestro caso representada por una mezcla de burocracia tradicional y clientelismo, que sería propia del Estado
populista-desarrollista.
Aplicando una mirada superficial, resulta fácil coincidir en
una valoración positiva de los rasgos que se presentan como
constitutivos de una “gerencia pública” deseable: Se trataría de
su atención y capacidad de respuesta orientadas a los cambios en
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el contexto, de aptitud para, en ese contexto de cambios, diferenciar lo principal de lo accesorio y también lo urgente de lo
postergable. Una gerencia dotada de aptitud de seleccionar lo
realmente relevante dentro de un flujo de información superabundante, orientada a la negociación y en general al cultivo de las
relaciones interpersonales, más que a la aplicación inflexible de
normas y principios. A esto se agrega la disposición crítica para
reconocer los propios errores y la actitud consecuente de batallar para corregirlos.
Lo que ocurre es que, si no se incluye en el debate el tipo de
resultados sustanciales a obtener por esos gerentes, así como
los objetivos sociales que deberían guiarlos, no se hace otra cosa
que “mapear” cualidades de reflexión y liderazgo, que con leves
modificaciones podrían ser aplicadas a la dirección de las organizaciones más disímiles, desde una corporación multinacional a
un partido político, pasando por casi cualquier dependencia estatal en gobiernos de las más disímiles orientaciones. Todos podríamos acordar con la necesidad de incorporar esos rasgos, pero todavía no habremos dicho nada del “para qué” de esas transformaciones culturales. Sin una mirada preponderante hacia las necesidades de la sociedad, la figura del “gerente moderno”, tiende a
confundirse con la de un tecnócrata, que se ilusiona desvinculado de las necesidades y presiones del universo político y social.78
Diseñada con esa carga tecnocrática, la transición del paradigma
burocrático al gerencial, corre el riesgo de entroncar claramente
con el enfoque neo-conservador de la crisis del Estado, que plantea como solución a la “sobrecarga” de demandas experimentada
por los aparatos del Estado de bienestar, la disminución de los
“requerimientos de legitimación” para los regímenes democráticos: Convertir los asuntos de gobierno y administración en cuestiones de “expertos”, circunscribiendo paralelamente el componente democrático del funcionamiento estatal a la periódica elección de las cúpulas decisorias de las instituciones representativas, es el nada apolítico programa que se esconde tras un avance
tecnoburocrático indiscriminado, por más que lo cubra un velo
de “modernización”, presentada como neutral en lo ideológico y
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unilateralmente beneficiosa en términos de gestión. En suma, es
un modo más de reducir el componente de intervención de la voluntad popular, en cualquiera de sus formas, en el funcionamiento concreto de las instituciones estatales
La “gerencia pública”
En realidad, los intentos de introducir lo que hoy definiríamos como “perfiles gerenciales” en la administración pública argentina, concebidos como una lucha simultánea con la burocracia tradicional y con el clientelismo de raíz oligárquica, pueden
rastrearse en el Estado argentino al menos hasta la década de
1930. En efecto, las acciones destinadas a introducir profesionales dotados de orientación gerencial, y “neutralidad” política, con
reclutamiento desde el sector privado, formación económica y
administrativa y no jurídica, se remontan al menos hasta la actuación del conjunto de funcionarios conocidos como grupo PinedoPrebisch.79 Esa experiencia era impulsada como reflejo de necesidades de ajuste de las políticas macroeconómicas del Estado
nacional, en el marco de una situación crítica global generada a
partir de 1930. A la vez, constituyó una interesante experiencia
de “cooptación” de sectores sociales nuevos al interior de una elite tradicional que presentaba serios síntomas de agotamiento.80
Con todo, ya podían observarse entonces, las dificultades para introducir un grupo tecnoburocrático, en el universo de una administración que se dividía entre el crudo clientelismo, y la formación burocrática tradicional, y por lo tanto estaba tomada por la
conflictiva coexistencia entre tipos organizacionales completamente distintos.81
La superposición de racionalidades diferentes, que en los
enfoques de la “modernización” corresponderían incluso a etapas históricas distintas, fue destinado a mantenerse en el tiempo en nuestro país, a la vez que un rasgo común a los estados
periféricos en general y latinoamericanos en particular.82 Clausurada la experiencia inicial bajo regímenes conservadores, la
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modalidad estatal surgida en Argentina con el peronismo, iría
apuntando, de modo discontinuo y no del todo consecuente, a
las nuevas empresas estatales como el espacio de experimentación de la modernidad administrativa y de instauración de
“roles tecnocráticos”. Pero el desequilibrio y la falta de coordinación entre áreas siguió siendo la regla y no una simple “disfunción” a resolver, y los mecanismos de tipo clientelista continuaron neutralizando las frecuentes tentativas de “profesionalización” de la administración pública.83 Posteriormente, durante el régimen resultante del golpe de Estado de 1966, los
enfoques tecnocráticos y el personal con esa formación, fueron
propuestos como reemplazo liso y llano de las instancias vistas
como “políticas", esto en un contexto político-cultural (el de la
dictadura ultraconservadora y clerical de Onganía) que parecía
diseñado a propósito para mostrar las inextricables combinaciones de “modernidad” y “tradición” que nuestra realidad
puede llegar a ofrecer.
Las dirigencias tecnocráticas de la época gustaban imaginarse a sí mismas como librando una dura lucha contra la “resistencia al cambio” de niveles inferiores de la administración pública,
rutinizados, anticuados, “burocráticos” hasta la médula en el sentido peyorativo de la palabra, a los que estigmatizaban generando
así un estereotipo destinado a gozar de prolongada eficacia. Pero
rescataban el protagonismo estatal en la economía, y la idea de
fortalecer y mejorar la administración pública, nunca de regresarla a un papel aproximado al tradicional “Estado-gendarme”.
La problemática de la forma del Estado, de la implantación
de modos de mejoramiento de la gestión estatal, reaparece entre los entresijos dejados por una cabalgata de “achicamiento”
que continúa, con cierta tendencia a la auto reproducción, pese a que el final de esa etapa ha sido reiteradamente anunciado.84 La novedad relativa es que los replanteos de modalidades
organizativas y de funciones, relegados durante largo tiempo,
volvieron para operar sobre los “restos” del aparato estatal anterior, sobre los resultados de un “achicamiento” que en la
práctica no estuvo guiado por la “refuncionalización” del Estado,
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sino por la búsqueda de la rentabilidad de los capitalistas.
En ese marco, y al reproducirse coyunturas económicas críticas, la lógica del ajuste fiscal volvió a cubrir el panorama, con
una racionalidad de “caja” que sólo se detiene, eventualmente,
ante presiones políticas en contrario, pero nunca se subordina a
un planeamiento consecuente de una fisonomía para el Estado
basada en orientaciones estratégicas.
Quizás, el componente central del discurso de reforma estatal de la etapa menemista (si excluimos el omnipresente planteo
de la “retirada”), fue la pretensión de implantar una racionalidad
sustantiva o de objetivos (en lugar de una juridicista, de cumplimiento de normas), y con ella la posibilidad de instaurar estructuras organizativas y diseños de relaciones interpersonales
más flexibles, mas orientados a los resultados: Desde la contabilidad hasta la mediatización de las tareas de apoyo y la concentración en las sustantivas, pasando por el régimen de empleo público, el cambio de los sistemas de control, la perspectiva de planificación en sentido moderno, las nuevas técnicas presupuestarias. Todos esos instrumentos tienen como rasgo en común la
pretensión de superar los corsets legales y reglamentarios, para
"leer" las actividades estatales en clave de objetivos fijados y de
resultados obtenidos.
¿Quiénes dirigieron el Estado en los 90?
En un breve repaso sobre los actores concretos que se desempeñaron al frente del aparato del Estado en la década, se
puede establecer un grupo de conductas típicas, que incidieron
de diversos modos en los cargos de dirección, y que, por diferentes caminos procuraron acercarse a la difusa noción de “gerencia moderna”, dentro de un clima cultural que idolatra la
modernización acelerada y el acercamiento real o supuesto a
los modos de vida y pensamiento de los países capitalistas avanzados, junto con la ética individualista y la búsqueda de ganancias como motivaciones fundamentales de toda acción humana.
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A falta del reclutamiento consciente y consensuado de una
nueva dirigencia estatal, se fueron produciendo “floraciones”
de dirigentes estatales más o menos espontáneas, con resultados disímiles.
En 1989 se instaló con fuerza una tendencia. El poder estatal había quedado al borde de la disolución, con la virtual desaparición de la moneda y la pérdida de toda capacidad de disciplinamiento por parte del Estado sobre una clase empresarial
que aparecía cada vez más como el único actor con capacidad
efectiva de decisión. De allí partió la decisión de ocupar los cargos decisivos del aparato estatal por empresarios, que asumían
explícitamente esa representación, a partir de la asunción de
un plan económico diseñado por un único holding empresario
(Bunge y Born). La idea era simple y seductora: Los mejores
gerentes privados serán los mejores gerentes públicos, los hacedores de una empresa exitosa pueden lograr un país exitoso.
Esta experiencia sólo duró unos meses, no sin antes demostrar
la fragilidad de simplificaciones que pretenden trasladar mecánicamente el éxito empresarial al terreno público. De todos modos, dejó de algún modo legitimada la gestión empresarial como
antecedente válido para la función pública, a despecho de las
seguras colisiones con intereses particulares.85
Un “tipo humano” que resultó más persistente, hasta tornarse característico del período democrático que vivimos en Argentina, es una suerte de político-gerente.86 Poco afecto a cualquier postura o discusión que suene a “ideológica”, identificado
con el funcionariado estatal y no con un “trabajo militante” al
que considera superado por la historia, sus méritos pasan más
por los aceitados vínculos con reales o supuestos factores de
poder (siempre hacia arriba), y por la habilidad para construir
cierta imagen positiva en los medios masivos de comunicación
(o por la aptitud para ayudar a otros a obtenerla). En sus representantes más rudimentarios (pero quizás también más numerosos), estos políticos-gerentes se distinguen por una conducta imitativa de lo que consideran un gerente moderno, donde el consumismo tecnológico, el manejo de una jerga tomada a
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medias del lenguaje informático-comunicacional y del financiero, y la adopción, como si fuera un rasgo positivo, de un alejamiento olímpico de la problemática del hombre común (superada a su juicio por un mundo en cambio y los requerimientos de
un sedicente realismo identificado con frecuencia con la satisfacción de las demandas de los sectores sociales más poderosos),
conforman una figura más bien despreocupada por la fijación y
cumplimiento de cualquier objetivo de fondo para el bienestar de
la sociedad. Lo que sí parece común a todos ellos, es una concepción elitista del manejo del Estado, basada en negociaciones y
contactos “reservados”, donde la militancia es reemplazada por
el funcionariado, y dentro de este último ocupan el lugar destacado los cargos políticos de mayor nivel.
Pero a la vez, el Estado en reforma requirió otro tipo de personal, a partir del contenido que asumió la transformación: La
búsqueda de “adelgazamiento” de la estructura estatal, para
que no trabe el proceso de acumulación,87 a los fines de que
abandone funciones que pueden ser fácilmente rentables en
manos particulares, y asimismo, buscando que promueva respuestas más rápidas a los requerimientos de la acumulación del
gran capital, y encuentre las formas más eficaces de debilitar la
capacidad de resistencia de los sectores sociales afectados por
los cambios que se promueven en las políticas públicas. En esta etapa de acelerado movimiento de los capitales, la generación de "atracciones" para que estos fluyan hacia o permanezcan en el mercado nacional, es una preocupación fundamental
de los estados nacionales.88
Esa orientación generó nuevas actividades, y modificó
otras tradicionales, de acuerdo a las nuevas finalidades establecidas: Estímulo al comercio exterior, desregulación, disminución de los costos de la fuerza de trabajo, marcos jurídicos
más favorables para la instalación de empresas, fortalecimiento
de un mercado de capitales en crecimiento para atraer inversiones de cartera o institucionales (esto cobra gran importancia
por la tendencia del capital a permanecer en la forma mas líquida posible, sea como acciones, bonos, seguros, jubilación
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privada), pasaron a ocupar el centro de la escena. Estas actividades requieren el manejo de herramientas técnicas, y el conocimiento de un mercado sumamente mundializado, por lo
que es un espacio para nuevos tecnócratas estatales.
En consecuencia con ello, a partir de 1991, buena parte de
los cargos de cúpula de la administración nacional fueron ocupados por hombres con un marcado perfil tecnocrático, no necesariamente atados a lealtades partidarias, que combinaban
sólidos lazos con el poder económico nacional e internacional,
con una importante competencia técnica. Los cuadros provenientes de la Fundación Mediterránea89 fueron paradigmáticos
en este sentido. Conformaban un equipo de alta capacitación
técnica, con fuertes ligazones con el empresariado y los organismos internacionales (aunque en un vínculo no “dependiente”, que les permitía reservarse un margen de autonomía), dotado de elevada cohesión interna, bajo un liderazgo fuerte y poseedor de objetivos estratégicos claros, como el ejercido por el
ministro Domingo Cavallo.90
Ellos fueron los encargados de encarar una cierta recuperación de la capacidad autónoma del Estado en la toma de decisiones, acompañada por la posesión de habilidades técnicas de
gestión para su puesta en práctica. Pero esto a partir de tomar
como datos de la realidad, y no como una situación a cuestionar, la correlación de fuerzas económicas y políticas emanadas
de los procesos de concentración y ajuste iniciados ya en 1975,
y nunca interrumpidos en lo sustancial.91
Al volverse permanente la lógica del ajuste y la reducción,
se constituyó una verdadera profesionalidad del ajuste, que
tiende a realizar permanentemente estudios y evaluaciones sobre la mejor manera de reducir gastos, personal, mejorar los sistemas de gestión y privatizar los aparatos empresarios en manos del Estado. La privatización tomada en un sentido amplio,
y no solamente de transferencia de bienes estatales a manos privadas, es el término clave para describir el proceso. Se comienza
a exigir al Estado que funcione con criterios propios de la empresa capitalista, con administradores tomados de la misma, y con
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ésta como ejemplo al que se supone siempre eficiente, bien
orientado, con personal directivo y cuadros de mejor calidad. El
problema es que todo lo que no es actuación en esferas mercantilizadas de la economía y la sociedad pasa en esta concepción a
ser residual, carente de una valoración social positiva, cuando
son precisamente las actividades no mercantiles las que caracterizan y dan razón de ser al aparato estatal. La producción de bienes y servicios que adquieran la forma mercancía se convierte en
la única actividad que aparece como digna de las organizaciones
y de las personas. Y a partir de allí, la función pública se convierte en “un trabajo como cualquier otro”, donde solamente la posibilidad de un ingreso comparable o mayor que el del sector privado puede atraer a profesionales competentes.92
Esto dio como resultado el afianzamiento de lo que parece
ser un sector socioprofesional multiforme, que “habita” dentro y
fuera del Estado, aspira a una modernidad radical, busca incluso
internacionalizarse en medida creciente, y termina generando un
modo de gestión estatal crecientemente tecnocrático, donde se
encuentran, e incluso se combinan y circulan de un ámbito a
otro, tecnocracias empresarias con otras de origen estatal.
Queda poco lugar tanto para las asociaciones voluntarias
de fines públicos, como para los aparatos políticos y sindicales
de carácter tradicional, en cuánto fuentes de reclutamiento de
funcionarios. Beneficiados y cautivados a la vez, por los avances
de la tecnología, "atados" hasta el delirio a la informática y las comunicaciones, es un sector sociocultural que atraviesa el ámbito
estatal y el privado, e incluso se mueve con comodidad entre ambos. Sus calificaciones profesionales son decisivas, y en general
están ligadas a la administración y al management: Abogados y
contadores perdieron posiciones, o bien las mantienen sólo
cuando su espectro de calificaciones es más amplio que el tradicional. En general, adhieren a un estilo intelectual signado por
la elaboración técnica, con fuertes componentes cuantitativos
mezclados con las modernas disciplinas de management, que
invadieron la gestión pública y privada. Se suceden unas a otras
(“planeamiento estratégico”, “calidad total”, “reingeniería”,
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etc.) con una rapidez que recuerda inoportunamente a la “obsolescencia planificada” de ciertos bienes de consumo masivo.
En nuestro país, en estas “disciplinas” predominan los "repetidores", de formación poco profunda en materias de por sí bastante
superficiales y endebles en sus bases "epistemológicas".
Un complemento de los “nuevos tecnócratas” es un sector
de fluido enlace público-privado, también estructurado en base a roles tecnocráticos: el de las consultoras, que trabajan con
el sector público y privado, dan empleo a ex-funcionarios, captan a figuras destacadas dentro de la función pública, albergan
también a managers retirados de empresas. De ellas van y vienen funcionarios públicos, tanto “políticos” como de carrera,
que incluso en ocasiones trabajan “en paralelo” entre la consultora privada y el puesto estatal. La inserción más directa posible en el aparato estatal, es a su vez para las consultoras un
“crédito” muy importante a la hora de conseguir clientes entre
las grandes empresas, a la búsqueda de negocios que se originan en el ámbito del sector público, o que requieren algún tipo
de apoyo estatal.
Se dan cruces entre todos estos sectores, pero en general el
protagonismo recae cada vez más en profesionales jóvenes, muy
calificados, en muchos casos catedráticos universitarios, bastante internacionalizados (estudio, trabajo, radicación en el exterior
es una calificación muy común en sus "historias de vida"). Tienen
poca identificación con el Estado en sí, ostentan una cultura individualista y una postura que se pretende desideologizada y
pragmática. El sector público les confía responsabilidades crecientes, muchas veces sin necesidad de implicarlos en una relación de "empleo público" tradicional.93 El culto indiscriminado de
la tecnología y la “modernidad” encaja bien con una administración autorreferenciada, que se relaciona cada vez menos con la
ciudadanía de carne y hueso, y se vincula, en sus estratos superiores, a una dirigencia política que vive en un “equilibrio inestable” entre un enfoque tecnocrático y mass-mediático de la política, y prácticas clientelistas bastante tradicionales.94
Junto con las privatizaciones y el “achicamiento” de diversas
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áreas, se produjo el fortalecimiento de sectores de predominio “gerencial”, ligados a actividades donde prevalece la información y la
tecnología, y en los que actúan los detentadores del poder económico: los "entes reguladores", una creación a partir de la reforma
del Estado, con sueldos de privilegio; las áreas de Economía más
ligadas a las finanzas públicas y a la planificación; los organismos
de recaudación y los de producción de información (INDEC); así
como los especificamente encargados de la desregulación, las privatizaciones y otras reformas. Todo esos sectores fueron fortalecidos en materia de recursos humanos, tecnológicos, edilicios, y
puestos bajo la dirección de personal bien remunerado, muchas
veces fuera del régimen oficial, por algún mecanismo paralelo de
contratación y financiamiento, contribuyendo a fortalecer esta generación de “gerentes modernos” que ocupa parte de los puestos
directivos del Estado.
El proceso de tecnocratización no es novedoso, ya que se
lo encuentra en la médula misma del Estado de Bienestar, que
contaba con funcionarios especializados en convertir en "administrativos" los problemas políticos, y en trasmutar los reclamos de poder provenientes de la sociedad civil, en "derechos"
a aplicar desde el mismo Estado.95 La novedad relativa es que
la crisis de ese modelo estatal, manifiesta a partir de los 70,
terminó resolviéndose claramente en favor de lo más concentrado de las clases dominantes, en la línea de orientación de
quienes criticaban a ese Estado desde perspectivas mas afines
al liberalismo económico y elitistas, sumando además un fuerte componente de ‘revancha’ frente a lo que entendían como
abusos de las burocracias públicas, las dirigencias sindicales, y
otros sectores que habían prosperado a la sombra del Estado
intervencionista. En consecuencia, el grado de tecnocratización no disminuye, sino que modifica su signo, en función de
una vinculación más rápida y directa entre el funcionariado y
los intereses del gran capital. El ingreso masivo de las condiciones de "eficiencia" como medida de los méritos de la función pública, la aplicación de criterios de rentabilidad aun en
las áreas mas "sociales", impuso cierta privatización "interna"
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(la de los objetivos y modos de gestión de lo que permanece en
el Es ta do), mien tras la pri va ti za ción "ex ter na" 96 pro du cía un
gigantesco flujo de riqueza, y lo que es tanto o más importante, de capacidad de control y organización de la sociedad, en
dirección al gran capital, local y transnacional. Con las privatizaciones fundamentales ya realizadas, en profundidad y alcance nunca antes pensado, junto a las "desregulaciones" y “descentralizaciones” más reclamadas97 el aparato estatal aún es
importante, en cuanto a los recursos de todo tipo que absorbe,
pero sus funciones y composición siguen en cuestión, por las
imposibilidades para financiar esos gastos con sus recursos. El
nivel de vinculación de la administración pública con la sociedad civil continuó siendo deficitario, y los reclamos sin solución se acumularon sobre ella. Algunos son ya de vieja data (el
descalabro del sistema de seguridad social estatal, agravado
por la implantación en paralelo del privado, es un ejemplo entre tantos), otros son generados por los mismos cambios (los
reclamos frente a la “pasividad” o “ineficacia” de algunos entes
reguladores y otros mecanismos de control en supervisar la acción de las empresas de servicios privatizadas). No parece que
nos hallemos ni ante un Estado más “barato”, ni tampoco dotado de alta eficacia en el cumplimiento de las funciones que se
le siguen reconociendo como propias, tales como justicia, seguridad, defensa, educación, salud pública y políticas sociales
en general.
El rol “social”
La pérdida de relieve de la acción social del Estado, es en gran
parte una consecuencia, un emergente, del tipo de concepción y de las heterogeneidades en su aplicación, que presidieron sus procesos de transformación. En un Estado donde la
política económica está signada por la búsqueda de grandes
equilibrios macroeconómicos (balance comercial y de pagos,
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equilibrio fiscal, etc.), mas que por los resultados sociales concretos que estos producen (distribución de la riqueza, desequilibrios regionales, nivel de ocupación) y el gran capital se lleva
todas las atenciones para atraerlo o retenerlo, a la esfera ‘social’
sólo le queda el espacio de la atención de los problemas más
agudos, mientras se esperan los efectos de “derrame” de la riqueza creada en el circuito de las grandes empresas. La desigualdad social, como problema, desaparece de una agenda estatal que, en los hechos, se centra en el tercio más rico de la población.98
Por otra parte, el desarrollo de las políticas sociales contribuía a que muchos bienes y servicios circularan en la sociedad
por vías “des-mercantilizadas” contradiciendo objetivamente las
tendencias a la expansión y acumulación del capital, tal como
señalaba Claus Offe ya hace años. El empobrecimiento del rol
social del Estado, contribuye a un proceso de “re-mercantilización” de esos bienes y servicios, con la consecuencia de que el
empresariado amplía sus oportunidades de negocios, y promueve su control directo sobre esferas de la vida social y el consumo que habían quedado en buena parte fuera de su órbita.
La tecnocratización y “espectacularización” creciente de la
vida política operada en los últimos años del menemismo, actúa
en la misma dirección. Las grandes masas de la población son
vistas mas como receptores de “imágenes” de los políticos y sus
actos, vía los medios masivos de comunicación, que como destinatarios de acciones concretas. Y por añadidura, la preocupación mediática contamina seriamente las acciones de gobierno
en el campo social, ya que los funcionarios y dirigentes tienden
a valorizarlas por su eficacia para el “simulacro” televisivo y su
efecto en las omnipresentes encuestas, mas que por los resultados concretos que contribuyan a producir.
Al ampliar las brechas sociales en lugar de tratar de cerrarlas, al adscribir a teorías que sostienen que el bienestar de los
sectores más postergados se deriva del propio mer ca do por el
efec to de “de rra me” del cre ci mien to eco nó mi co, el Es ta do
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argentino posterior a 1989 consolidó la tendencia a concebir las
políticas sociales - como afirma Vilas, al modo de una ambulancia que recoge a los heridos por los efectos deletéreos de las reformas producidas.99 Las políticas ya no son integrales, sino “focalizadas”, dirigidas a paliar sufrimientos individualizados y demostrables, en una orientación que privilegia la tranquilidad social y la “gobernabilidad” más que algún concepto de desarrollo
social, a la espera de que los ingresos provistos por el mercado
provean las soluciones de mediano y largo plazo. Las concepciones “solidaristas” contenidas en las políticas anteriores desaparecen, en procura de que cada individuo (o a lo sumo el núcleo
familiar) busquen resolver su propio destino.
En el modelo imperante hasta los primeros 70 las políticas
sociales tenían potencialidad para cumplir diversas funciones:
Reproducción de la fuerza de trabajo a cargo del Estado (salud, educación), liberar recursos de los trabajadores que podían ser utilizados en el mercado para la adquisición de bienes
producidos por la industria nacional, aportar mayor legitimación en forma de proporcionar “bases materiales” al consentimiento de los trabajadores y sectores populares en general respecto a la perduración del orden social capitalista, proporcionando a su vez posibilidades de integración, de “ciudadanización” económica, social y cultural que integrara nuevas dimensiones a la ciudadanía política.
Puesto en crisis aquel modelo, todo el andamiaje de las políticas sociales pasó a ser contabilizado en la columna de los
“costos”: Costos económicos por el peso del sistema de políticas sociales, aunado a la clausura de espacios potenciales de
acumulación que ellas significaban; y costos políticos por permitir el fortalecimiento y la influencia de amplios sectores de
las clases subalternas, principalmente los trabajadores sindicalizados. A reducir esos “costos” se lanzó ávidamente un Estado
cada vez más atado al poder económico, a partir de 1976.
Con las reformas introducidas desde 1989, se estableció
una nueva concepción, sin aspiración integradora, orientada a
la atención “caso por caso”, con una general tendencia a la pro-
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visionalidad, y carencia de planes generales que las articulen100:
La universalidad de las prestaciones fue reemplazada por el
particularismo y el asistencialismo inmediatista se alterna con
la solución individualista del tipo “microemprendimiento” para
los excluidos por la reforma estatal o por los mecanismos del
mercado. El aparato estatal en su conjunto sigue demasiado
atento a la “invención de negocios” en el campo de sus funciones de acumulación, mientras transfiere parte de sus funciones
a los estados locales (salud, educación), o a las empresas capitalistas (previsión y seguridad social, y también salud y educación aunque por vías indirectas como la expansión de la medicina prepaga, o el vía libre a las universidades privadas). Esto lo
aleja progresivamente de las inquietudes que se desarrollan en
la sociedad civil, a la que por otra parte se ha encargado de desmembrar y atomizar a los fines de aminorar las resistencias a las
políticas implementadas.101
Esto es particularmente cierto en el caso del Estado nacional. Alejado de la ejecución directa de las políticas, su tarea central puede sintetizarse en la transferencia de fondos a otras instancias, al control de su utilización, al trazado de programas y
estrategias generales. Se desarrolla la tendencia a poner freno y
en lo posible a reducir las erogaciones, reemplaza a la preocupación por desarrollar “inversiones” que produzcan beneficios sociales en el futuro.
De fiscalistas y tecnoburócratas
En suma, el clientelismo tradicional, la burocracia que se mantiene básicamente en una matriz de caracteristicas weberianas, y los estamentos tecnoburocráticos que pretenden asumir un liderazgo de tipo gerencial, siguieron conviviendo, más
conflictiva que pacíficamente, en el Estado argentino. Esa
convivencia conflictiva se complicó porque ese Estado fue privado de una racionalidad “pública” específica, para navegar en
una imitación de los modelos de administración privada, que
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no da un lugar claro a las finalidades sociales subsistentes en
el aparato estatal, y facilitan su utilización al servicio del “negocio” particular. Eso cuando no las mediatizan completamente en aras de una ideología y práctica políticas, que todo lo espera del mercado y de la “difusión” más o menos automática a
los sectores de menores ingresos de los beneficios del crecimiento económico. La acción social del sector público, definida como asistencialista, quedó circunscripta a proporcionar
una “red de seguridad” para el sistema de poder instalado,
mas que a preocuparse por mejorar la suerte de los sectores
sociales a los que políticas vigorosas y con alta dotación de recursos (y no el libre juego del mercado) desfavorecieron en su
calidad de vida y posibilidades de desarrollo.
Los nuevos instrumentos “técnicos” no garantizaron un
mejoramiento en cuánto a honestidad, autonomía y niveles de
eficiencia en la dirección del Estado, que facilitaran un comportamiento realmente “gerencial” si es que tal cosa puede llegar a existir. La racionalidad estrechamente “fiscalista” siguió
predominando sobre las tentativas de “refuncionalización”, pese a que éstas últimas ganaron en frecuencia y envergadura.
Esta refuncionalización tiende con consecuente regularidad a
facilitar la capacidad de respuesta del aparato estatal frente a
las necesidades del gran capital, quedando siempre a mitad de
camino la generación de una verdadera capacidad de gestión
autónoma, con potencialidad para contemplar intereses sociales más amplios.
Quizás sea hora de pensar un poco menos en términos de
“gerenciamiento” desde el Estado de proyectos que interesan
a la sociedad (o a un sector numéricamente reducido y económica y culturalmente privilegiado de ella), y hacerlo en términos de gestión desde la sociedad civil, autogenerada por sectores de las clases subalternas, voluntaria, comprometida con la
problemática social y nacional, ajena en sus motivaciones y características a un modelo “funcionarial”, profesionalmente motivado, y ligado con preferencia a ciertas formas de aparente
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- Julio Gambina - Daniel Campione
“despolitización” del Estado, que derivan más o menos perceptiblemente a una “repolitización” de sustancia nada democrática.102 Está allí, probablemente, en un “ámbito público no estatal de actividad social, realizada por agentes voluntarios organizados”103 la mayor esperanza de revertir las tendencias a la
tecnoburocratización (más o menos moderna, más o menos racional) que atraviesan toda la sociedad (no sólo ni principalmente al Estado), con la común proyección a alejar la toma
efectiva de decisiones del campo de acción (y en gran medida
hasta del de visión e información) de la mayoría de la población. La falta de identificación de esas mayorías con las instituciones estatales y los canales tradicionales de representación,
parece potenciar poco a poco a las organizaciones sociales autónomas, que se mueven en variados espacios, estatales y no
estatales, para procurar soluciones, a veces muy específicas,
otras bastante más globales, a los problemas que los afectan.
Una tarea fundamental que espera a los dirigentes estatales
con sentido social, no orientados exclusivamente a la acumulación de poder, es interrogarse sobre el sentido de su accionar
y actuar en dirección a facilitar el acceso al aparato estatal, y
el éxito en sus demandas, a los sectores sociales organizados
que entren en contacto con su nivel y competencias de actuación, participando desde su ubicación en el aparato estatal, con
el nivel de modestia y tolerancia necesario, en la articulación y
consecución de sus objetivos. De lo contrario, de persistir en
las orientaciones generales del Estado y en la cultura del funcionariado público (tanto “político” como “técnico”) la actitud
de llevar las acciones estatales en el mismo sentido que el proceso de concentración y centralización del capital, las posibilidades de revertir el cuadro social sólo podrán provenir de una
ola “social” en las reformas promovidas por los organismos internacionales, profundizando el carácter heterónomo de nuestro desarrollo.
Un auténtico cambio exigiría un profundo viraje en el modo de pensar y los comportamientos, una revisión de la “agenda” en el más amplio sentido del término, desde el nivel de la
�Cirugía Mayor Argentina, fin de siglo -
123
toma de decisiones estratégicas, hasta el reparto del tiempo
entre diversos interlocutores. Revertir el hábito intelectual de
visualizar el poder como situado siempre en las “cúspides”
(empresariales, políticas, administrativas), y ver que, en una
sociedad cada vez más compleja y diversa, el poder se distribuye, y aún se genera, en los más variados niveles y ámbitos. Ni
la pretensión de omnipotencia administrativa del Estado de
bienestar, ni el ausentismo solo aparente de un Estado de
orientación neo-liberal que esconde sus drásticas decisiones
tras el manto de una recuperación de los mecanismos de ajuste automático de que dispone el mercado, aumentaron el componente efectivamente democrático de las tareas de gobierno
y administración, más bien todo lo contrario. En nuestro continente, ni siquiera han logrado sentar bases materiales sólidas
para un conformismo social más o menos pacífico y generalizado, al modo de las democracias occidentales más prósperas y
estables. Algún autor caracterizó el proceso de “achicamiento”
estatal como una suerte de “devolución de poderes” a la sociedad. Al menos en nuestras sociedades, esos poderes “devueltos” han ido a parar a ámbitos concentrados, monopólicos,
exentos de controles efectivos, inaccesibles por definición al
“ciudadano común”. No parece ser la gerencia o la administración, sino la política (entendida en un sentido “agonal” y no
gestionario), el terreno principal por el que se puede transitar
a una nueva “devolución de poderes” en sentido sustancialmente democrático.
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- Julio Gambina - Daniel Campione
Concentración capitalista y vida política.
En 1999, al cumplirse una década y media de la restauración
del régimen constitucional, ya se podía hablar de una “estabilización” de la democracia, pero el interrogante sobre qué tipo de
democracia es la que se consolida en este período, surge inmediatamente. Toda idea de asociación entre estabilidad democrática y mejora de la calidad de vida de amplios sectores populares, o posibilidades de transformación social progresiva, quedó
de lado en esta etapa. Es una democracia signada por una correlación de fuerzas ampliamente favorable a la clase dominante.
La creciente concentración del capital, el descenso del salario
real, la desocupación en constante aumento fueron, no ya el telón de fondo, sino el contenido mismo del proceso social que le
ha ido asignando sus características.104 La promesa simbólica que
formulaba el primer presidente de la restauración democrática:
“con la democracia se come, se cura, se educa...” fue drásticamente desmentida en todos sus términos. La “democracia de la
derrota”, como se la ha llamado al filiar su origen en la dictadura
militar y la destrucción de las organizaciones radicalizadas de los
70, es también la “democracia de la pobreza” y del deterioro de
los servicios sociales básicos.105 El interrogante a despejar es qué
evolución puede seguir este régimen, marcado a fuego por una
extrema concentración del poder en la cúpula, y la exclusión de
las clases subalternas de las decisiones fundamentales en materia social y económica.106
No se puede comprender cabalmente qué tipo de democracia estamos viviendo sin atender a sus “marcas de origen”. La recuperación del régimen constitucional en Argentina, se produce
en el marco de un proceso de restauración democrática que comprendió a toda Latinoamérica a instancias de Estados Unidos,
que renuncia al mantenimiento de dictaduras que se habían revelado, paradójicamente, peligrosas e ineficaces para garantizar
los intereses norteamericanos y, en algunos casos, los de las burguesías de sus propios países. Algunos de estos regímenes, como es el caso particular de Argentina, destruyeron previamente
�Cirugía Mayor Argentina, fin de siglo -
125
movimientos políticos que postulaban la transformación social
radical, al tiempo que se producían procesos de fragmentación
de la clase obrera y los sectores populares de los diferentes países, signados por el “re-disciplinamiento” de unas clases subalternas que habían cultivado pretensiones “excesivas” a juicio de
las clases dominantes. La salida de las dictaduras se aceleró por
la crisis de la deuda externa y la manifiesta incapacidad política
de la mayoría de ellas para generar un consenso amplio en la población (con la excepción parcial de Chile) y no por imperio de
movimientos de resistencia que forzaran su salida, por lo cual las
transiciones se producen en circunstancias de debilitamiento de
las organizaciones populares que podrían haber influido en una
profundización de la “democratización”.
Una de la primeras cuestiones a tener en cuenta al analizar el
período de restauración democrática en Argentina es establecer
correlaciones temporales entre el cambio de régimen político y la
configuración social, económica y cultural de nuestro país, o más
específicamente vincular esas transformaciones con el desarrollo
de la confrontación de clases. De lo contrario se corre el riesgo de
realizar un análisis centrado en la institucionalidad política, que
deja afuera determinaciones sustanciales sobre las características
del desarrollo de la democracia argentina en estos años. En las
dos últimas décadas del siglo XX se alteró el conjunto de las relaciones entre clases, grupos y actores sociales, en el sentido de
otorgar una preeminencia desconocida hasta ahora al núcleo más
concentrado de la clase dominante, y modifica toda la relación
entre el estado y la sociedad.107
La restauración democrática resultó contemporánea de la
caída, a nivel mundial, del modo de acumulación que permitía
una autonomía relativa de las economías nacionales respecto del
mercado mundial, con base en compromisos de clase y arreglos
neo corporativos que sustentaban las trabas puestas al movimiento internacional de bienes y capitales.108
En ese marco, se produjo un proceso de estabilización democrática orientado y estructurado a partir de la determinación por
el gran capital –de forma cada vez más directa– de las políticas
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- Julio Gambina - Daniel Campione
que adoptan los gobiernos elegidos por sufragio popular.109 Los
capitalistas lograron hacer de las democracias representativas en
los últimos años sus subordinados más eficaces, que agregan, en
comparación con las pasadas dictaduras militares, el plus de la
legitimidad provista por la existencia del sufragio universal.
A partir de los últimos 80 la democracia restaurada se fue
“puliendo” rápidamente hacia su control más directo por el gran
capital y los organismos internacionales. En los años iniciales, la
actitud fue mas bien la de buscar alternativas de políticas sin confrontar con el establishment. Pero posteriormente, al compás de
la crisis económica creciente y del irresuelto problema de la deuda externa, la actitud desde el Estado pasó a ser la de instrumentar, cada vez con menos matices, las “instrucciones” que el “complejo acreedor” sistematizó en 1988 con el Consenso de Washington. Incluso, hacia finales de la década, el Estado pareció
perder toda autonomía relativa frente a los capitalistas, sucumbiendo a sus pujas intraclase, mientras la dirección del aparato
estatal pugnaba por someterse a sus dictados (El gobierno Menem bajo el Plan Bunge y Born y durante parte del ministerio de
Erman González). Una cierta “refuncionalización” del aparato estatal se hizo necesaria entonces y se ejecutó cabalmente desde
1991 en adelante, distribuyendo las “fortalezas” y las “debilidades” del Estado de acuerdo a los intereses del gran capital y con
carácter subsidiario, los de la elite política.110
La democracia de los 80-90 puede ser entendida, y así lo hacen varios autores, como una democracia degradada, con las instituciones forzadas por el “decisionismo” de las jefaturas de Estado. Nos inclinamos a pensar que se trata de fenómenos más profundos: Asistimos a la transformación del contenido de un régimen político sobre una armadura jurídico-constitucional que permanece intocada en lo sustancial. La representación política
(aun con todas las limitaciones de la democracia parlamentaria)
y el sentido amplio de ciudadanía, tienden a fenecer, a favor del
imperio indiscutido de una elite política sin otro compromiso firme que el de procesar las orientaciones del gran capital, aplicando toda su dedicación y recursos en el “posicionamiento” del país
�Cirugía Mayor Argentina, fin de siglo -
127
en el mercado mundial, en base a optimizar las posibilidades de
obtención de ganancias por el gran capital en su ámbito territorial
y adecuar en lo posible el plano ideológico-cultural a esos requerimientos.
Las posibles reacciones adversas del capital frente a políticas
que considere perjudiciales a sus intereses, no son susceptibles
de contrapesos políticos, ya que este no reconoce fronteras, y
puede trasladarse a bajo costo de un país e incluso de una región
a otra, por lo que los estados nacionales se sienten impulsados a
adaptar sus políticas a los “requisitos de ingreso y permanencia”
que los propios capitales van fijando.
En ese sentido, la evolución del régimen democrático-constitucional desde 1983, aparece claramente vinculada a una ofensiva
de las clases dominantes de alcance mundial, pero que en nuestro
país comenzó a manifestarse con claridad tempranamente, en torno a 1975. El parentesco entre el shock económico del ministro
Celestino Rodrigo y el planteo de apertura económica, desregulación financiera y “subsidiariedad” del Estado de la dictadura militar, por un lado, y las reformas estructurales puestas en discusión
a partir de 1985, e implantadas desde 1989, no obedece a semejanzas “formales” de las políticas, ni puede reducirse a coincidencias
ideológicas entre distintas generaciones de “fundamentalistas de
mercado”. Por el contrario, unas son el presupuesto necesario de
las otras: La acción represiva de la dictadura militar, explícitamente orientada a “derrotar a la subversión” encarnada en la
contestación armada, pero encaminada a la tarea estratégica de
desarticular la organización obrera, y mas aún, las bases materiales de la misma111 fue el modo de viabilizar las reformas que luego se emprenderían.
Tomada desde el ángulo de las clases subalternas, la distancia existente entre la movilización de las bases que terminó por
forzar a la dirigencia sindical a ir a la huelga contra el gobierno de
María Estela Martínez de Perón, al comienzo del período, y el desconcierto paralizante que sucedió a la derrota de las primeras resistencias antiprivatistas en 1990-1991, tiene como un eje explicativo fundamental los resultados de la represión y las políticas
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- Julio Gambina - Daniel Campione
dictatoriales, la fragmentación de la clase obrera, el debilitamiento del poder sindical para dejar campo libre a las patronales, la
caída de las expectativas en la realización de transformaciones
revolucionarias en nuestro país, todo alimentado por el propio
“desencanto” con la democracia suscitado por el deterioro del nivel de vida y la pérdida de “ciudadanía” que no dejaron de acompañar a ese régimen en nuestro país desde 1983. La sólida reacción frente a los esbozos iniciales en la década de 1970 de una
“revolución conservadora” se transfiguraron en desconcierto y
pasividad a comienzos de los 90. Las experiencias negativas acumuladas en dos décadas, jugaron a favor de la implantación de un
nuevo modelo que destruyó el estado populista-desarrollista
construido en los años 40’, luego de una prolongada agonía.
El período 1983/1989 fue, en el plano del proceso de concentración del capital y de expropiación de las condiciones de trabajo y de vida de las clases subalternas, una sustancial continuidad.
En ese plano, la transición al régimen democrático y su estabilización no trajo aparejada ninguna ventaja sustancial sino, por el
contrario, la persistencia del deterioro social y la expansión de
las carencias a sectores cada vez más amplios.112
Si nos remitimos, en cambio, a una caracterización del funcionamiento de la institucionalidad política, se comprueba la vigencia,
a grandes rasgos, del régimen establecido en la Constitución Nacional, por lo que el panorama podría resultar optimista. Promediando el noveno decenio, la Argentina experimentó el primer
traspaso de un presidente regularmente elegido a otro en muchos
años, que constituyó también el primer caso de transferencia del
gobierno de manos de un jefe del Ejecutivo perteneciente a un
partido, a otro de un partido opositor. Todo en condiciones de
más que aceptable limpieza electoral, sin proscripciones importantes de organizaciones políticas ni de personas, con funcionamiento ininterrumpido del Congreso de la Nación y vigencia también aceptable113 de las libertades públicas. Sin embargo, la evolución del período señala una degradación del régimen democrático que lo vacía de contenido sin alterar sustancialmente las formas institucionales, que suprime en la práctica la ciudadanía de
�Cirugía Mayor Argentina, fin de siglo -
129
vastos sectores sociales sin alterar en lo mínimo el reconocimiento formal de sus derechos. Veamos por qué.
Se puede pensar todo el período histórico en términos de una
“crisis orgánica” o “crisis global” de nuestra formación social, que
afloró a la superficie con toda su fuerza entre fines de los 60 y comienzos de los 70, y que en 1975 dio lugar a una contraofensiva
económica, cultural, política y militar de las clases dominantes,
que procuró articular una estrategia de erradicación de las “causas profundas” de lo que se consideraba genéricamente como
“subversión”. Organizaciones obreras poderosas y políticas estatales de corte keynesiano formaban parte de esas “causales”, y su
progresiva destrucción fue un presupuesto necesario de transformaciones posteriores con el mismo sentido de clase.
Se produjo una nueva agudización con la crisis de la deuda
externa en 1982, que no pudo ser superada por el primer gobierno democrático (1983-1989), sino que se agravó al extremo de
llegar a una situación de estancamiento prolongado y alta inflación, rematada en un brote hiperinflacionario. Todo en medio de
la búsqueda infructuosa por parte de los equipos gobernantes de
soluciones híbridas que no entrañaran ni una reforma neoliberal
con retirada intensa del Estado y liberación de las variables económicas, como ya venían propugnando las agencias financieras y
los bancos acreedores, ni un programa de retorno consecuente a
políticas keynesianas, lo que por otra parte tenía condiciones
más que desfavorables en el contexto económico, político y cultural, como había quedado demostrado en el comienzo de la gestión gubernamental de Alfonsín, cuando se intentó ese retorno
sin ningún éxito.114
Un gran cambio se produce a partir de 1989. Las políticas de
ajuste y reformas estructurales tomaron el primer plano, por encima del campo de los proyectos políticos de los hombres de gobierno, o mejor expresado, el proyecto político del presidente Menem se subsumió en la realización exitosa de las reformas estructurales (privatizaciones, desregulación, apertura económica, descentralización estatal), y tomó de la extensión y profundidad que
alcanzaron las mismas su principal carta de triunfo para construir
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- Julio Gambina - Daniel Campione
una legitimidad “de resultados”, presentándose como el gobernante que iba a sacar el país de la coyuntura crítica, pero a través
de un programa de largo alcance, de reformas estructurales. Con
esa base, se dio a la tarea, llena de dificultades pero a la postre
exitosa, de disciplinar desde arriba a sus colegas de gobierno y sus
compañeros de partido e incluso a la dirigencia sindical, a la que
en su momento dividió y dispersó para afianzar su política.
Durante la década de 1980, el telón de fondo de la restauración de las instituciones democráticas fue el estancamiento económico, en el que breves períodos de crecimiento se veían contrarrestados por fuertes recesiones, generando una situación en
que las clases dominantes sólo podían aumentar sus ganancias
depredando los niveles de ingreso de las clases subalternas, aumentando el nivel de explotación, y convirtiendo todo el proceso
de acumulación en un juego de suma cero. Pero a partir de los
primeros 90 se dan períodos de alto crecimiento, incluyendo cuatro años de importante incremento del producto a partir de 1991.
También los cuadros de alta inflación con picos hiperinflacionarios que dominaban hasta ese momento, quedaron reemplazados
por una estabilidad en el valor de la moneda mayor que en muchos de los países de más alto nivel de desarrollo.
Muchos fueron los síntomas de “normalización” del sistema
político, y aún de una cierta consolidación democrática. El término “revolución” desapareció del debate, y se configuró una democracia remitida en exclusividad al plano político, sin pretensiones
de transformación social, donde asume toda su fuerza la visión de
las teorías elitistas de matriz schumpeteriana, en la que el cuerpo electoral sólo escoge a quien va a tomar las decisiones, pero
sin ninguna otra incidencia efectiva en el sentido y orientación de
las mismas.115 Todo en un cuadro en el que la política reducida a
“administración de lo existente” se traduce en crecientes niveles
de pobreza, exclusión y desocupación. El “desencanto” alcanzó
incluso a amplios sectores de capas medias que apostaban a cubrir limitadas expectativas en cuánto a, al menos, no descender
del nivel social alcanzado, pero que se han visto empujados al límite de la pobreza.
�Cirugía Mayor Argentina, fin de siglo -
131
En ese cuadro, el juego democrático suma crecientes niveles
de apatía y desmovilización, que no son producto de cierta adhesión pasivamente satisfecha a un sistema en el que no se desea
participar activamente, sino reflejan la auto exclusión de un orden político con el que buena parte de la ciudadanía experimenta una pérdida de identificación. En los hechos hay una pérdida
de la ciudadanía social y económica que se proyecta hacia la privación (o la renuncia)116 de la ciudadanía política.
El debate en torno a cualquier proyecto de transformación
social profunda quedó obturado en nombre de la preservación de
la “gobernabilidad” de la democracia, en un clima en el que, como afirma Carlos M. Vilas, la consigna implícita parece ser “no hagan olas”, con el resultado de la preservación de una específica
dominación de clase, tornada “intangible” por la necesidad de
preservar el régimen político de las posibles iras de los capitalistas117, en la búsqueda de una consolidación democrática de signo
conservador, que termina clausurando toda aspiración de ampliación de la participación política y de la movilización social. Por el
contrario, convierte a la desmovilización y desorganización de las
clases subalternas en un reaseguro fundamental de la construcción de una democracia “gobernable”. Es como si la democracia
argentina purgara, a través de la nula audacia de las propuestas
y programas en circulación, la “excesiva” intrepidez demostrada
en los últimos 60 y primeros 70, prolongando en el tiempo los
efectos disciplinadores del terror dictatorial
Así las cosas, la “elegibilidad” de los partidos políticos y de
los dirigentes dentro de ellos tiene una referencia fundamental
en la disposición a mantener una relación amigable con el gran
capital, el que por otra parte cifra cada vez mayor confianza en
la posibilidad de “disciplinar” rápidamente a cualquier tentativa
de llevar adelante una política diferente. En realidad, el régimen
democrático-constitucional se tornó, no solamente nada riesgoso para los intereses del empresariado más concentrado, sino
que posibilitó a partir de 1989, el desmantelamiento de toda la
estructura del Estado intervencionista en beneficio casi exclusivo de las grandes empresas, y la aplicación absolutamente
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- Julio Gambina - Daniel Campione
consecuente de programas neoliberales con el aval del voto popular, por primera vez en la historia argentina.
La caracterización de la democracia argentina que venimos
esbozando, se confirma y enriquece cuando se analiza la evolución de los actores, tanto de los que encuentran su razón de ser
en el plano político-institucional, –los partidos políticos–, como
de aquéllos supuestamente “extrapolíticos” –organizaciones empresarias, gremiales y sociales en general–.
Evolución de las fuerzas políticas
Como en otros campos, una mirada de superficie podría sugerir la no existencia de cambios demasiado drásticos en el sistema
de partidos. Si bien irrumpió una tercera fuerza de elevada gravitación (Frepaso), ésta se sumó rápidamente a un esquema que reproduce el bipartidismo con variantes apenas importantes. Sin
embargo, todas las fuerzas políticas variaron sustantivamente sus
programas, el modo de reclutar su dirigencia, los mecanismos de
activación de sus bases, y sobre todo, su relación con el poder
económico local e internacional. Las profundas divergencias del
pasado, van quedando subsumidas en un consenso que asume el
compromiso excluyente con la “gobernabilidad” democrática, entendido como acatamiento a la correlación de fuerzas sociales
existentes y a las restricciones en el campo de las “decisiones viables” que ello impone.
Partido Justicialista
Es sin duda el que sufrió el proceso de cambio más drástico,
al trocar una tradición de fuerte regulación estatal, tendencia a
la redistribución progresiva del ingreso, otorgamiento de un lugar destacado en la protección estatal a las organizaciones gremiales de trabajadores, hasta volver cada uno de estos puntos en
�Cirugía Mayor Argentina, fin de siglo -
133
su contrario. Durante la década de 1970 el peronismo llegó a ser
el escenario privilegiado de la confrontación política, en un acelerado recorrido que fue desde la ofensiva masiva y movilización
de los sectores situados en su ala izquierda, hasta la sangrienta
reacción de los colocados en su derecha y extrema derecha. La
post-dictadura lo encontró atravesado por la marejada de la confrontación (esta vez infinitamente menos violenta, de acuerdo al
nuevo ‘clima de época) entre sectores aferrados a una ortodoxia
mayormente apegada a las tradiciones más reaccionarias del movimiento; y aquéllos que captaban la necesidad de producir una
‘modernización’ que significara adaptación al sistema democrático parlamentario, y al mismo tiempo prolija renuncia a toda veleidad ‘revolucionaria’. Esa puja entre ‘ortodoxia’ y ‘renovación’
fue clausurada por el ascenso político del Dr. Menem, que se había alineado sucesivamente con una u otra fracción, cultivando
generosamente la ambigüedad; en suma subordinándolo todo a
su proyecto de acumulación política individual, de un grado de
personalismo, pragmatismo y espíritu de adaptación, que nada le
hubiera envidiado ni al propio Perón.
Lo llamativo no es que haya tenido dificultades frente al cambio, sino que haya retenido importantes apoyos electorales en la
clase obrera y otros sectores populares, y en general mantenido
la cohesión de los cuadros medios. Sidicaro encuentra la razón de
la lealtad popular al peronismo por “la aceptación de un conjunto de representaciones sociales peronistas, que cubren temáticas
más amplias y permanentes que las afinidades con determinados
candidatos y que remiten a la vez a la lealtad al tejido social del
que participan y a su historia política y social en tanto sectores
populares”.118 Menem y sus partidarios reivindicaron ciertas características históricas del peronismo que no pasan por lo programático o la orientación de sus políticas, aunque sí dan continuidad a su discurso tradicional, como ser la opción por el hacer en
lugar de por el decir, diferenciándose así de la política de pura
deliberación, incapaz de tomar decisiones eficaces, por lo común
asociada con la UCR, y la tendencia a situar al líder en el lugar de
quien descifra el bien común de toda la comunidad, mas allá de
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todos los intereses particulares y las apetencias políticas.
En cuánto a las razones para explicar la persistencia del voto por el PJ pese a las orientaciones políticas nada “populares” de
los gobiernos del Dr. Menem, éstas han sido muy discutidas y
atribuidas a causas muy diversas: El peso inercial de la identidad
peronista, mas allá de los aspectos materiales; la desestructuración social y política que facilita la marginación completa de vastos sectores sociales y la eficacia renovada de mecanismos clientelistas hacia ellos dirigidos; la capacidad del justicialismo para
mantener en actividad variados discursos y actitudes políticas,
funcionando a guisa de gobierno y “oposición” simultáneamente,
compatibilizando la adhesión al justicialismo con la desafección a
la persona del Dr. Menem y a muchos aspectos de su gestión de
gobierno, y propiciando el mantenimiento del discurso y de algunas medidas cercanas a la tradición justicialista junto con el predominio de políticas neoliberales; el fuerte temor al retorno de la
hiperinflación y de una imagen de “caos social” vinculada a ella
que impulsa una opción por el PJ siquiera a título de “mal menor”, frente al temor al regreso de un tiempo de imprevisiblidad
y turbulencia.119 No debe subestimarse, sin embargo, el clima de
restauración del consumo y disminución de la pobreza y la indigencia derivados de las políticas de estabilización implementadas
entre 1991 y 1994. El impacto del boom de consumo de esos
años “benignos” del régimen de convertibilidad animaba el sentido común de derrota de la inflación y posibilidad de una recuperación de los niveles de vida anteriores de grandes capas de la
población. No hay que olvidar que las indemnizaciones eran la
contrapartida de los despidos, y si bien crecía el desempleo a niveles inusitados en mayo de 1995, del orden del 18,4%, es ese
mismo año de la reelección de Carlos Menem como presidente.
Todavía no se habían consumido las compensaciones cobradas
por cesantías (privatizaciones mediante) , y ello abonaba un
consenso que se resquebrajaba, pero al no encontrar alternativas creíbles, subsistía la idea de restituir credibilidad a las anteriores identidades políticas y tradiciones culturales, en este caso, el peronismo.
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Lo cierto es que, mas allá de las magnitudes del apoyo electoral, y de la incorporación en el “menemismo”, en proporción no
desdeñable, de importantes sectores socioculturales con tradición “antiperonista”, el PJ retuvo una importante proporción de
su electorado de origen popular. Lo que sí ha ocurrido es un cambio cualitativo en el carácter y alcance de ese apoyo. Es una adhesión desmovilizada, pasiva, que no se expresa, en general, en
la plaza pública, sino en el momento del voto, y que no parte de
una convicción entusiasta. Consignas como “la vida por Perón” o
“Perón o Muerte” son inimaginables con respecto al Dr. Menem.
De todas maneras, hubo un asentimiento expreso y consciente
hacia la continuidad del presidente Menem en el ejercicio del gobierno, que operó al menos hasta 1995. Se procuraba implantar
una nueva visión de la política, más guiada a la gestión rutinaria
de los asuntos públicos que a la perspectiva de transformación,
un acentuado “descenso de las expectativas” que ha hecho ver al
estado de cosas, si bien manifiestamente ajeno a cualquier noción de “paraíso”, al menos como un soportable “purgatorio” cuyo logro, apuntalado sobre todo por la estabilidad económica, le
pertenecía a la gestión del Dr. Menem tan claramente como a la
presidencia de su antecesor (y a la UCR como partido) el desencadenamiento de la hiperinflación y el “caos”.
Nos parece errada, en cambio, la visualización del apoyo social al “menemismo” como una coalición entre los capitalistas y
los sectores más humildes de la sociedad.120 Una alianza presupone cierta simetría en el potencial de uno u otro sector, o al menos, la posibilidad de que haya concesiones recíprocas de importancia. Esa no es la situación, pues todos los beneficios de la supuesta “coalición” son extraídos por el gran capital, mientras que
sectores populares fragmentados y empobrecidos se limitaron a
una adhesión en situación pasiva, sin posibilidades de desarrollar
una estrategia propia, ni siquiera de elegir entre distintos proyectos “exógenos”, ya que claramente no ha existido ninguno alternativo al hegemónico.
Este proceso se desarrolló en un cuadro de debilitamiento
de las lealtades partidarias,121 en el que los electores cambian de
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partido con facilidad, más orientados por la preferencia hacia determinados candidatos, u otras opciones coyunturales (como el
deseo de “castigar” una mala gestión”) que por una identificación
firme y perdurable con una corriente política, sea por sus ideas,
su adscripción de clase u otras características. La organización
partidaria sigue existiendo, pero acercándose progresivamente al
carácter de maquinaria electoral movilizable en apoyo de determinados líderes, no siendo ya fuerzas con una base social permanente, orientada por líneas divisorias de clase y/o ideológicas.122
Los programas pierden importancia, las consignas se “lavan” de
mensajes demasiado “principistas” o ligados a líneas ideológicas
muy definidas. Esto se relaciona con el extraordinario desarrollo
de los medios y de las técnicas de comunicación que hacen que
en esta era de espectacularización de la política un candidato ya
no dependa centralmente de organizaciones de militantes para
hacerse conocer.123 Bernard Manin liga el fenómeno, a escala internacional “con la creciente complejidad, amplitud e imprevisibilidad de las tareas de gobierno, que conduce a los candidatos a
tratar de no quedar comprometidos de antemano con ningún
programa específico”124. Si bien esta “complejización” es real, más
bien lo que ocurre en nuestro país es que los candidatos deben
aplicar políticas impopulares cuyo anuncio previo sería deletéreo
para sus posibilidades electorales. En realidad, Menem ya practicó esa táctica del “mínimo compromiso” en las elecciones de
1989, en las que sus consignas de “revolución productiva” y “salariazo” y su identificación con los “desposeídos” en todos los
frentes, quedaron siempre en un plano de deliberada vaguedad.
Suele afirmarse, con cierta ligereza, que Menem candidato sustentaba una programática netamente populista, totalmente dejada de lado, una vez convertido en Presidente de la Nación. Por el
contrario, ya por entonces se destacaba la escasez de definiciones de la campaña electoral, y la ambigüedad del discurso del
candidato, en gran medida subsumido bajo la omnipresente consigna “Síganme”, insuperable si de apelaciones meramente personalistas se trata. Menem reemplazó la doctrina peronista (desde ya flexible y ambigua) por un “cubo de aire” en el que luego
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podría caber casi cualquier política de gobierno.125
Por lo demás, Menem venía practicando, a partir de 1983,
una lógica de proyección personal al margen de la tradición peronista y de la dirección oficial del partido. Sin embargo, a medida que demostró capacidad para conjurar todas las resistencias a
sus medidas, fue disciplinando al partido, y retomó su dirección
efectiva, emprendiendo el camino de “reorganización” del PJ
convertido en maquinaria electoral y cadena de clientelas, orientado a una política “de poder” desvinculada de su tradición ideológica en el plano de las políticas nacionales, y reciclando los rasgos más paternalistas del asistencialismo tradicional en el peronismo en el plano de las provincias y localidades.
La Unión Cívica Radical
En los comienzos de la transición democrática, en 1982-83 el
radicalismo apareció como una fuerza movilizadora de capas medias, dotada de la doble aptitud de dar garantías al establishment en cuanto a un mínimo de orden y un programa no excesivamente cuestionador, y de convertir a la democracia en el “nombre de la esperanza” para amplios sectores sociales, al asociarla
estrechamente con el logro de cierto bienestar junto con la vigencia de las libertades públicas. Con todo, a partir de 1985, la idea
de impulsar un programa reformista moderado quedó de lado, y
el radicalismo fue atrapado entre la necesidad de impulsar políticas de ajuste y la pretensión de conservar consenso popular amplio. Mientras sus políticas sufrían un viraje en sentido conservador, también la organización del partido se modificó, comenzando la construcción de un modelo “gerencial” inclinado a las negociaciones reservadas por sobre la apelación a la movilización, a la
que había ejercitado ampliamente en los primeros años de gobierno.126 Incluso la estructura partidaria perdió capacidad de decisión y aun de deliberación, bajo la égida de un liderazgo restringido y un grupo de “operadores”. El fracaso de las sucesivas políticas de estabilización, y la consiguiente pérdida de apoyo del
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- Julio Gambina - Daniel Campione
gran capital y la banca acreedora, que comienzan a exigir sin más
la adopción de políticas liberalizadoras, terminan por sumir al radicalismo en una aguda crisis de coyuntura: La derrota electoral
de 1989, y finalmente el escenario de caos económico y social
que culminó con la entrega anticipada del gobierno. Cabe señalar
que en el plano programático, la respuesta del partido radical a
su fracaso no fue el intento de persistir en sus posiciones tradicionales, sino que predominó la tendencia a profundizar la “adaptación” a las demandas del gran capital. Su plataforma electoral
en las elecciones de 1989 resultó, curiosamente, un anticipo bastante aproximado de las políticas que luego aplicaría su oponente triunfante, el Dr. Menem, pese a que no había hecho anuncios
similares. Y en sus equipos de “técnicos” y asesores, campearon
con creciente influencia figuras que luego sólo fueron aventajadas por Domingo Cavallo en lo que hace a firmeza para defender
las reformas de mercado y el ajuste estructural.127
El trauma del fracaso y la renuncia forzada del presidente,
inhabilitó durante mucho tiempo a la UCR como fuerza de oposición efectiva, y la llevó a repetir derrotas electorales en 1991 y
en 1993, y a ceder ante el chantaje ejercido por el presidente en
torno a la reforma constitucional con la firma del Pacto de Olivos. Ese acuerdo, al entrañar el virtual abandono del papel de
oposición, dividió profundamente al partido y fue uno de los impulsos decisivos para el fortalecimiento electoral del Frente
Grande, encarnación de un “nuevo progresismo” frente a un bipartidismo neutralizado por la defección de la fuerza de oposición. A partir del fatídico 1989, si bien los sectores genéricamente clasificables como “alfonsinistas” conservaron la conducción
del partido de modo ininterrumpido, en lo que respecta a las
principales candidaturas el fiel de la balanza se inclinó hacia representantes de las corrientes más conservadoras,128 identificadas más acabadamente con la “moderación” política, e inexcusablemente cercanos al neoliberalismo en materia de política económica. En los comicios de 1995 la fuerza electoral que había ganado las elecciones de 1983 con el 52% de los sufragios, y había
bordeado el 40% en condiciones tan desfavorables como las de
�Cirugía Mayor Argentina, fin de siglo -
139
las elecciones presidenciales del mes de mayo de 1989, no alcanzó al 20%. Ese desastre electoral, junto con las profundas divisiones internas que se habían desatado después del Pacto de Olivos,
hacían pensar en un debilitamiento de largo alcance de ese partido.129 Será la alianza con el Frepaso en vísperas de las elecciones
parlamentarias de 1997 la que sacará a la UCR del marasmo, marcando el comienzo de una rápida reconstrucción de un escenario
con dos fuerzas principales, cercano en sus efectos concretos al
bipartidismo tradicional, que permitió el triunfo de la candidatura
De la Rúa en los comicios presidenciales de 1999.130
El Frente Grande y el Frepaso
El Frente Grande original, conformado en 1993, entroncaba
con una cierta “sensibilidad” política situada a la izquierda de ambos componentes del bipartidismo, que tendía a visualizar tanto al
gobierno de Alfonsín como al de Menem como administradores de
políticas de ajuste de contenido antipopular, con resultados de redistribución regresiva del ingreso, pérdida de derechos para los
trabajadores, carencia de autonomía nacional frente a los organismos financieros y las grandes potencias, etc. Comenzados sus éxitos electorales, en las elecciones para la Convención Constituyente de 1994, el FG131 (después FREPASO) se fue desplazando hacia
un discurso que identificaba al adversario con el “menemismo” (y
no con el bipartidismo en su conjunto, como era el planteo original), y cada vez más caracterizaba a este último como un “estilo”
político, corrupto e irrespetuoso de las instituciones republicanas,
más que como la construcción de un modelo de acumulación basado en la concentración del capital y el empobrecimiento de las
clases populares. La retórica crítica del “capitalismo salvaje” no
desapareció, pero se vio contrarrestada por la adhesión a la Ley de
Convertibilidad, las declaraciones enfáticas sobre la irreversibilidad de las privatizaciones y en general del “modelo “económico.
Lo que ha ocurrido es un acelerado proceso de transformación de lo que comenzó como una coalición heterogénea que
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- Julio Gambina - Daniel Campione
combinaba elementos de una izquierda explícitamente moderada
y reformista, junto con otras vertientes más radicalizadas, en un
partido del tipo catch all, con la mediación de un crecimiento
electoral muy rápido. Exento de una tradición ideológica y de
una estructura de dirigentes y militantes consolidada, el FG desarrolló un rápido proceso de adaptación, auto-asumido como requisito para transformarse en un partido de gobierno, dejando
atrás su carácter de fuerza testimonial y de relativa vinculación
con el movimiento social de resistencia, particularmente la experiencia que se derivaba de la marcha federal y la construcción de
la CTA, aún entonces como “Congreso...”, marcha en cuyo propio
transcurso se vieron las contradicciones irresueltas, con Chacho
Alvarez manifiestamente incómodo con tomar parte en iniciativas que lo alejaban de la imagen de `partido de poder’ que ansiaba construir. En este proceso, tuvo un valor tanto simbólico como
práctico la disolución de las pequeñas agrupaciones políticas que
habían convergido en el Frente Grande, con la consecuente salida de la coalición de aquéllas que no aceptaron su dilución en el
conjunto. Ello abarcó, como un componente central, el abandono
de cualquier demanda de transformación económica y social (que
de hecho nunca había adoptado la forma de un programa claro y
explícito) para centrar las críticas en el gobierno de Menem. Esas
críticas se fueron limitando a los aspectos institucionales y éticos
de su gestión, remitiéndose a los términos de los planteos clásicos de la democracia liberal, al mismo tiempo que se iban cambiando los cuestionamientos a las reformas económicas por una
aceptación de sus grandes líneas, cuando no de una adhesión tardía a las mismas (recuérdese el expreso arrepentimiento de Carlos “Chacho Alvarez” en cuánto a no haber votado la Ley de Convertibilidad en su oportunidad, en su carácter de legislador). Los
temas sociales quedaron subordinados frente a la “cuestión republicana”, a la que se juzgó más rentable en términos electorales y
mucho menos conflictiva frente al empresariado.
Cuando el Frente Grande se organizó como partido se basó en una organización verticalizada, con escasa vida política
en el nivel de base, pensada mucho más como forma de anular
�Cirugía Mayor Argentina, fin de siglo -
141
cualquier presión al abandono del “moderantismo”, que en la
organización de una militancia capaz de incidir por sí misma en
la lucha política.132 La culminación de ese proceso fue la conformación de la alianza UCR-FREPASO con vistas a las elecciones
legislativas del año 1997, que reconstituyó el bipartidismo tradicional, colocando al FREPASO ante el desafío de no terminar
absorbido por la estructura más sólida y con tradiciones incomparablemente más perdurables de su aliado. Uno de los elementos más curiosos de esta trayectoria es que la misma fuerza política que relegó a la UCR a un distante tercer lugar en los comicios presidenciales de 1995, terminó tres años después perdiendo las elecciones internas abiertas por la candidatura presidencial, y colocando nuevamente a la UCR en condiciones de
disputar con éxito la Presidencia de la Nación. De ser una seria
amenaza a la supervivencia del radicalismo, el Frepaso se constituyó en una tabla de salvación.
El FG se depuró hacia la izquierda (buena parte de los componentes del antiguo Frente del Sur se alejaron antes de los comicios presidenciales de 1995) y se amplió hacia la derecha
(PAIS, partidos provinciales de signo conservador, desprendimientos del radicalismo, etc.) Si bien la incorporación cuantitativamente más importante (Unidad Socialista) no puede ser
considerada una expresión a la derecha del FG original, su carencia de “referentes” mediáticos y su falta de adecuación a algunos aspectos de la “política-espectáculo” lo colocaron en un
papel de creciente subordinación, sin capacidad para modificar
sustantivamente las posiciones de la dirección partidaria en la
que no tenían presencia.
En definitiva, la oposición fue delineando una “oferta” política reducida a la perspectiva de una gestión más racional de las
mismas políticas llevadas a cabo en los sucesivos períodos presidenciales del Dr. Menem, despersonalizada, con menos costo en
términos de degradación institucional y fortalecimiento del Poder Ejecutivo y menor incidencia de la corrupción. Un sociólogo
ligado a la Alianza lo expresa como la adopción de un programa
de “reformas dentro de la reforma”, lo que equivale al abandono
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- Julio Gambina - Daniel Campione
de una tesitura de impugnación para adoptar la de “continuidad”
de las políticas fundamentales.133 El Chile de la Concertación Democrática y el gobierno laborista encabezado por Tony Blair en
Gran Bretaña se han convertido en los modelos a seguir por la
coalición, en tanto que gestores de signo “progresista” de modelos económicos instaurados por gobiernos ultraconservadores. Se
inscribieron así en la línea de la llamada ‘Tercera Vía’ que propagandizaron los adherentes de la Internacional Socialista reconvertida o colonizada por el ideario neoliberal. Era un intento fundamentado por el sociólogo inglés Anthony Giddens de encontrar
un lugar para el desarrollo capitalista ubicado entre el viejo Estado de bienestar keynesiano y el salvajismo impuesto por la nueva derecha de Thatcher y Reagan en los 80. En Argentina, el Dr.
De la Rúa la bautizó “el nuevo camino”. Esta proyección viene a
coincidir con la perspectiva, alentada por los organismos financieros internacionales en los años recientes, de realizar una “segunda generación” de reformas orientada a consolidar la estructura político-institucional que aporte mayor “seguridad jurídica”
a los inversores y creciente “transparencia” al funcionamiento de
los mercados. El Frepaso, contenido en una Alianza hegemonizada por la UCR, dirigió hacia allí su “programa”.
Partidos adaptados a los 90
Los fenómenos de profesionalización de los cuadros, de desradicalización ideológica y desmovilización de las bases que suelen asociarse a la transformación de los partidos políticos en organizaciones del tipo “atrapa-todo”, se realizaron a pleno en el
conjunto de los partidos argentinos con incidencia electoral significativa. Se llevó a cabo el reemplazo de la figura del militante
por la del funcionario, se otorgó un lugar más destacado a tecnócratas, especialistas y a la puesta en juego de un aparato de marketing y publicidad política altamente profesionalizado. Y la estratificación de la dirigencia partidaria en un número muy reducido
de “referentes” que llevan el peso de la comunicación mediática
�Cirugía Mayor Argentina, fin de siglo -
143
cotidiana, así como el protagonismo en los actos públicos en las
etapas de campaña electoral. Por debajo de esa primera capa,
una segunda de “operadores”, encargados de poner en ejecución
las decisiones del nivel anterior, comprometidos más directamente con la consecución de recursos, la negociación de alianzas internas y externas, la dirección de equipos de asesores, el mantenimiento y enriquecimiento de los vínculos con el poder económico, etc. Y ya más cerca de la base tienden a predominar estructuras de cuadros locales, también profesionalizados, encargados
de aceitar los mecanismos clientelísticos, en una peculiar mezcla
de modernidad y tradición, junto con las grandes operaciones
mediáticas y los arreglos tecnocráticos. Forman de alguna manera el “otro lado” de la política mass-mediática y tecnocratizada,
un sustento semioculto, de apariencia arcaica, de las operaciones
ultra-modernas que campean en la superficie.134
A partir del desmontaje de las políticas sociales con pretensión de universalidad, se abren asimismo espacios para un nuevo
clientelismo, no ya el proveniente de relaciones sociales precapitalistas, con relación a sectores sociales que no han arribado a un
ejercicio político autónomo. El clientelismo de nuevo tipo adquiere relevancia desde escenarios de “creciente pobreza y desigualdad, desempleo y subempleo y retirada del Estado, como los que
caracterizan a la Argentina de los años noventa”.135 Encuentra
parte de sus fuentes en la pretensión de ejercer la contención de
sectores sociales excluidos o marginalizados, a través de políticas
sociales focalizadas que canalizan fondos públicos hacia los sectores más empobrecidos, cuya administración se convierte en eslabón fundamental de vínculos de reciprocidad, y construyen una
relación de intercambio desigual, en que se trueca el acceso al
asistencialismo por el voto (y en ocasiones la asistencia a actos
políticos y otras colaboraciones en campañas electorales). El carácter “nuevo” de este clientelismo y su compatibilidad con formas más modernas de la actividad política, quedó evidenciado
sobre todo en el PJ. Nacido a la política como un movimiento superador de la manipulación “paternalista” de las masas populares, con la plaza pública como escenario fundacional, y una muy
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- Julio Gambina - Daniel Campione
temprana utilización de los medios masivos (los discursos radiales de Perón datan de su época de Secretario de Trabajo y Previsión entre 1943 y 1945), construyó desde 1983 en adelante una
densa trama clientelar, no ya en las provincias más “atrasadas”,
sino en la propia Capital Federal y, en amplísima escala, en el
Gran Buenos Aires.136
La militancia orientada por una ideología (o en su defecto por
un conjunto de convicciones políticas “de principio”), dispuesta
a empeñar trabajo personal y recursos sin ninguna compensación
material o en términos de poder, se aleja de los espacios partidarios tradicionales, reemplazada por relaciones guiadas por el beneficio recíproco que llegan incluso a los niveles más bajos de las
estructuras partidarias y a su “periferia”.
No se trata por cierto de que la militancia ideológicamente
motivada, “desinteresada” en términos materiales, haya dejado
de existir, sino que se ha confinado a movimientos no partidarios
y agrupaciones radicalizadas, en muchos casos teñidas de un rechazo general a la “política” a la que se percibe, no sin razón, como reducida a la desenfrenada realización de intereses personales o de grupo con la cobertura del aparato estatal y las organizaciones partidarias como instancia de legitimación, pero ese escepticismo global dificulta la visualización de un campo común
de acción para los sectores explotados y excluidos.
En cuánto al rol como componentes del “sistema de partidos”,
además de su legitimación recíproca y aceptación del juego competitivo, todas las fuerzas tendieron a acatar la disminución de la
autonomía de los estados nacionales a nivel mundial, aceptando
consecuentemente la salida del “campo de decisión” de los gobiernos electos democráticamente, en cuanto a toda medida que implique algún grado de confrontación (o siquiera de desagrado) de
parte de los intereses del gran capital. Las grandes líneas del manejo macroeconómico tienden a integrarse de facto a sendas “políticas de estado”, invariables mas allá de eventuales cambios de
gobierno, aun con alternancia entre diversos partidos.
En Argentina esta aparente “normalización” del sistema de
partidos137 se produjo en condiciones de empobrecimiento y
�Cirugía Mayor Argentina, fin de siglo -
145
marginación creciente, al tiempo que aumentaron las tasas de
desempleo, subempleo y cuentapropismo. Cierta apatía política
existente no contiene elementos de una cultura de la satisfacción que deja de aspirar a la transformación social radical en
función de importantes beneficios materiales y simbólicos más
inmediatos y seguros, como ocurrió en parte en Europa, EEUU
y otros puntos del mundo desarrollado, beneficios muchas veces
garantizados por la existencia de fuertes organizaciones sindicales de reconocida influencia sobre las políticas públicas. Por el
contrario, se extiende el descreimiento hacia un orden político
que no ofrece nada más que una permanente profundización de
la redistribución regresiva de los recursos, y que procura confinar a amplias masas de su población a una situación signada por
la desorganización, la pasividad y el refugio en un individualismo
de la supervivencia.
La proyección política de los grandes empresarios
La burguesía argentina experimentó una reformulación bastante integral a partir de la dictadura militar de 1976138 que tiende
a resolverse en el acentuado predominio del capital más concentrado y diversificado, que cubre actividades mucho más amplias
que la producción industrial para el mercado interno o a la producción de exportables agrícolas, que habían sido anteriormente
el centro del conflicto.139 Esta nueva correlación de fuerzas, tiene
una proyección también en el plano político, que se hace evidente en la transición hacia la democracia, en donde los grandes grupos económicos comienzan a actuar públicamente y al margen de
sus organizaciones corporativas.140
A partir de 1983,141 la burguesía se aprestó a estabilizarse como actor del juego democrático, a partir de una serie de condiciones que le eran favorables: 1) Consolidación de un núcleo
muy concentrado y diversificado del capital, con otras características de acumulación que las anteriores y mayor flexibilidad
para la acción en un juego político abierto142 2) La “peligrosidad”
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- Julio Gambina - Daniel Campione
demostrada por el actor militar en función de gobierno, capaz de
exhibir una autonomía dañosa aun para los intereses del gran capital. 3) La eliminación de los niveles de amenaza existentes en
períodos anteriores, provenientes de las luchas del movimiento
obrero y de la movilización popular en general, que se constituyó
en un resultado perdurable de la última dictadura militar. 4) La
actitud de actores internacionales decisivos, comenzando por el
gobierno de EE.UU, favorable a la reimplantación de instituciones democráticas como portadoras de una ‘seguridad’ que las
dictaduras demostraron no brindar. 5) Un clima ideológico de revalorización generalizada de la democracia, y paralelo desprestigio de los militares en función de gobierno, que sumaba dificultades a posibles tácticas golpistas.143
Todas estas condiciones se ven reforzadas por el triunfo de
la UCR en 1983, que termina con la equiparación vigente hasta ese momento entre elecciones democráticas y triunfo peronista, y da un indicio claro de menor nivel de riesgo.144 Había
culminado así un largo período en el que la alta burguesía jugó
un papel predominantemente defensivo, que recurría, o al menos asentía, a la irrupción periódica de los militares en la política como factor de “corrección” del poder de los sindicatos y
otras organizaciones populares que ponían en riesgo la estabilidad de su dominación. Los grandes grupos económicos, consolidados en el plano de la acumulación, decidieron, en vísperas del retorno a la democracia, a convertir en poder político la
preeminencia alcanzada en el terreno de los grandes negocios
a favor de su fortalecimiento y homogeneización interna, el debilitamiento de sus adversarios de clase, y un contexto político-ideológico favorable.
Ello derivó en una nueva forma de “plantarse” frente a la actividad política, en la que sin abandonar los pronunciamientos
institucionales, el lobbyng y la negociación reservada que eran
sus formas tradicionales de expresión en ese campo, incorporaron formas de actuación más ostensibles y de carácter permanente, fundamentalmente más aptas para instrumentar una actitud de ofensiva económica, social y cultural en condiciones de
�Cirugía Mayor Argentina, fin de siglo -
147
vigencia de instituciones democráticas, con discusión pública y
amplia de la “agenda” pública.
En la etapa histórica anterior de nuestro país, el empresario
se autopercibía en general como cultor de un “perfil bajo” incompatible con la actuación política pública, y existía un cierto
consenso social en no visualizar al gran empresario como figura
política, mas allá de que se aceptara, no sin objeciones, a uno de
ellos como gestor de la política económica, en tanto poseedor de
una “calificación” práctica alternativa a la universitaria formal
como economista.145
Desde 1983 (y más claramente a partir de 1985)146 los grandes empresarios como sector adquirieron una presencia pública
(y específicamente política) cada vez mayor. Como consecuencia
de la expansión en toda la sociedad de visiones individualistas y
competitivas, con la gestión orientada al mercado como una de
las actividades sociales más valoradas, se ha generado una valoración positiva del liderazgo social de los grandes capitalistas,
amén de inducir a visualizarlos como el sector que posee la “clave” del crecimiento económico y por lo tanto de la prosperidad
de la sociedad toda, así como la capacidad de hacer fracasar cualquier política vetándola en la práctica, mediante la fuga de capitales y la especulación financiera en su contra.
Paralelamente, se produce una valorización del componente
“intelectual” de la labor empresarial. El gran empresario no sólo
aparece como imagen del éxito y la riqueza, sino como miembro
de un sector cada vez más profesionalizado y tecnocratizado, con
capacidad no solamente de organización y dirección, sino de relaciones públicas y de ubicuidad “política”, que construye su
preeminencia no solamente por la cuantía de sus bienes materiales, sino también por vocación y preparación como dirigente.
Por último, en un plano algo más prosaico, la “farandulización”
de una parte de los empresarios, erigidos en signos tangibles de riqueza y poder en los medios masivos, los convirtió en figuras “populares”, reconocibles inmediatamente por el inmenso público televisivo,147 popularidad susceptible de ser trasladada a la política.
Al comienzo de la transición democrática, los grandes grupos
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- Julio Gambina - Daniel Campione
económicos, en gran parte inspiradores de la política económica
de la dictadura militar y del propio accionar represivo que proporcionó condiciones para un cambio de largo alcance en la correlación de fuerzas sociales en Argentina, decidieron asumir un
papel activo en las nuevas condiciones democrático-constitucionales, buscando construir vínculos privilegiados con los partidos
políticos y con el gobierno democrático. Generaron así sucesivos
nucleamientos informales que, a partir del Grupo de los 9, constituido en 1983, ingresaron resueltamente en la esfera pública y
se convirtieron hacia 1986 en virtuales co-protagonistas de la
gestión gubernamental.148
A esa altura la permanencia de la institucionalidad democrática ya era una apuesta estratégica asumida por el conjunto del
gran capital, que permanecerá organizado en esa especie de
“partido informal de la gran empresa149 ” hasta que el despliegue
por las políticas de Menem del programa del propio gran capital
en su máxima extensión y profundidad, quite relieve a esa actuación pública. Durante unos años fueron los protagonistas de “...la
fusión del gran capital y el aparato gubernamental y partidario en
condiciones de democracia burguesa, (...) selecto grupo, con
muy bajo grado de formalización, que nuclea a lo más concentrado y diversificado del gran capital.”150
El punto culminante (y a la vez el de iniciación de un retroceso relativo en el protagonismo de los grupos) fue el ministerio Roig-Rapanelli, a través del cuál el conglomerado Bunge y
Born, con algunos asociados de magnitud, diseñó y aplicó el
plan económico del nuevo gobierno. En las privatizaciones, los
grandes grupos participaron en complejos mecanismos de asociación con empresas operadoras de servicios públicos de origen extranjero, y con bancos que se integraban mediante el sistema de “capitalización” de deuda externa. Con posterioridad a
las privatizaciones, si bien hubo algunas apariciones públicas
como “club de privatizadores”, la presencia como conjunto disminuyó. Hubo cierta recuperación de influencia de los organismos empresarios tradicionales, aglutinados en el “Grupo de los
8” (Unión Industrial Argentina, Cámara Argentina de Comercio,
�Cirugía Mayor Argentina, fin de siglo -
149
Sociedad Rural Argentina, Unión Argentina de la Construcción,
Bolsa de Comercio, etc.). En el propio terreno económico, la creciente influencia de multinacionales e incluso de los “fondos de
inversión” modificó el protagonismo de los empresarios locales.
Algunos de ellos se integraron al “entorno” del presidente Menem y operaron políticamente desde esa posición. Un ejemplo
fue el líder del Grupo Macri, Francisco Macri, aunque se trató
más de una influencia política personal que de una actuación corporativa. El gran capital con radicación local asumió una configuración más compleja y menos personalizada, en tanto hay grupos
que perdieron mucha de su fuerza al vender sus empresas principales, como la familia Gruneisen, el propio Bunge & Born, el
grupo Roberts, lo que devolvió algo de gravitación a las entidades
empresarias, la UIA en primer lugar. En el contexto de inversiones fluidas y cada vez menos identificables en términos de origen
del capital, radicación de su dirección e identidad de sus dueños,
se instaló una idea abstracta y despersonalizada de establishment tan omnímodo como desprovisto de rostros concretos.
Además, buena parte de los grupos económicos vendieron parte
de su patrimonio empresario a filiales de multinacionales o a conglomerados financieros de origen poco claro, como el CEI, el Exxel Group y otros151.
Algunos comentarios relacionan este proceso de “pérdida
de visibilidad” con la reducción de la importancia del lobby en
el ámbito estatal como modo de generar negocios, pero más
bien lo que cambió es el estilo de esas acciones. Por otra parte, ante el creciente predominio de las formas más líquidas del
capital, y la creciente gravitación de empresas de servicios y finanzas, hasta la propia idea de “capitanes de la industria” parece algo obsoleta en cuánto a su aptitud para identificar al núcleo más concentrado y poderoso del capital en nuestro país. La
disociación entre dirección de las empresas y propiedad se profundizó, lo mismo que una modalidad de inversión que no sólo
no apuntó a la industria, sino que abandona un ramo y pasa a
otro con suma facilidad, tal como es la modalidad operativa de
los “fondos de inversión”.
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- Julio Gambina - Daniel Campione
El resultado de todo este proceso es que aumentó la capacidad de la gran empresa para disciplinar a las instituciones gubernamentales y al conjunto de las fuerzas, aunque adoptando
mecanismos menos ligados a presiones directas sobre las instituciones, ya que estas últimas actúan bajo el supuesto de que
las decisiones estratégicas se toman en un nivel que no controlan, al mismo tiempo que una abstracción denominada ‘los mercados’ expresa por medio de bajas pronunciadas en los precios
de acciones y otros valores su disconformidad con cualquier medida de tinte ‘demagógico’ o ‘populista’. Desde mediados de la década de 1990 en adelante, se acentuó una divisoria de aguas al interior del gran capital: La que opera entre los beneficiarios de las
altas tasas de interés, las elevadas tarifas de servicios públicos,
las comisiones del sistema jubilatorio privado, la venta de sus
productos por encima del precio internacional (los petroleros)
por un lado; y la de quienes se desenvuelven en el ámbito productivo, y sufren al mismo tiempo las superganancias del otro
sector, y las dificultades para mantener mercados en dificultades (caída del consumo privado, reducción de la inversión pública, difíciles condiciones para invertir en exportaciones). Una
parte del empresariado, atrincherado sobre todo en la Unión Industrial y en la Cámara Argentina de la Construcción, comenzó
a plantear la reivindicación del empresariado ‘productivo’ frente al ‘especulativo’, y buscaron alianzas partidarias, sobre todo
con el justicialismo y el radicalismo bonaerenses. La idea básica
era volver a solicitar medidas de subvención y protección estatales (desde la modificación del tipo de cambio a formas de estatización de la deuda empresaria), que las políticas neoliberales
habían tendido a suprimir, y propiciar la modificación de las
condiciones de mercado y del sistema de precios relativos que
beneficiaban al sistema financiero y a quiénes operaban con
bienes no transables internacionalmente. La presentación de
estas demandas en el plano público no pudo sino cubrirse con
la retórica de la defensa de la ‘producción nacional’, y la de los
‘hombres de trabajo’ frente a los especuladores, retomando
componentes ideológicos nacionalistas e incluso resonancias
�Cirugía Mayor Argentina, fin de siglo -
151
populistas, que habían sido silenciados a la hora de aprovechar
las grandes oportunidades de negocios de los primeros 90. Del lado de la dirigencia política tradicional, el nuevo embate ‘productivista’ y el reagrupamiento de un simulacro de ‘empresariado nacional’, les proporcionaba un canal para intentar retomar alguna
popularidad a los dirigentes partidarios que habían resuelto intentar una tímida oposición a las políticas de reformas impulsadas por el presidente Menem. Tanto el ‘progresismo’ radical, como el peronismo de bases clientelistas nucleado en torno a Duhalde, encontraban un modo de diferenciarse del ‘neoliberalismo’, y al mismo tiempo ganar apoyos importantes en el campo
del gran capital, sin los cuáles están previamente convencidos
que no vale la pena apoyar ninguna causa.
El debate ‘disciplinado’
Desde 1983, y con más claridad a partir de 1989, todas las
instancias de poder, tanto institucionales como “fácticas”, quedaron en una posición cada vez más subordinada en el conjunto social, con la fundamental excepción de aquellas vinculadas al gran
capital152. Esa orientación que privilegia al núcleo del poder económico mientras combate y desorganiza a casi todos los demás,
fue dejando de ser una política gubernamental para convertirse
en la marca fundamental de toda la discusión sobre el destino de
la sociedad, estrechada hasta límites antes impensables.
En realidad, un cambio cualitativo en la actitud tanto de la
dirigencia política opositora como de oficialistas con tendencias
disidentes, comenzó a producirse cuando el Dr. Menem demostró
sobradamente que su alianza con los grandes grupos locales, con
el gran capital a nivel mundial y con EEUU como sede máxima de
ese gran capital153 eran su opción estratégica máxima, a la cual se
subordinarían todas sus actitudes tácticas y posiciones coyunturales (y esto quedó cabalmente probado a más tardar entre 1991
y 1992). Ello se complementó (y complejizó) cuando el Plan de
Convertibilidad y la estabilidad económica, el ingreso de nuevos
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- Julio Gambina - Daniel Campione
capitales, el descenso de la inflación, el ingreso pleno de Argentina al Plan Brady, comenzaron a hacer comprender que era irracional esperar un rápido hundimiento de la presidencia Menem
en un caos similar al de los últimos años de su antecesor. Ante
esa evidencia, todos los actores, sin distinción entre oficialistas y
opositores, hicieron sus cuentas nuevamente, y en lo fundamental comenzaron a convertir su actitud en “adaptación” a transformaciones consideradas irreversibles. A medida que la política de
gobierno que había emprendido el Dr. Menem, profundizó su alcance, y demostró su perdurabilidad en el tiempo, produciendo
una apariencia de “capitalismo que funciona” expresado sobre
todo en crecimiento económico, los políticos de la oposición (y
los disidentes del oficialismo, entre ellos buena parte de la dirigencia sindical) comenzaron, primero implícitamente y luego de
modo explícito, a aceptar que las “reformas de mercado” se habían convertido en una “política de Estado”.154 La discusión política dejó de comprender a esas reformas, ya plenamente aceptadas en sus ejes fundamentales, y hubo cada vez menor resistencia frente a las medidas que se continuaron instrumentando.155
Ocurría que el fin de la amenaza permanente de moratoria de la
deuda externa, el control de la alta inflación, la implantación de
una economía menos regulada y la “apertura” a capitales y bienes del exterior, es decir la ‘solución’ de algunos de los grandes
problemas del país en sintonía con el diagnóstico del “Consenso
de Washington”, los organismos internacionales y los grandes
think tanks del neoliberalismo había sido encarada con éxito. Y
si bien los problemas que aquejaban a las grandes masas populares seguían en su mayoría no sólo sin resolver sino agravados
(la pérdida del poder adquisitivo del salario real, la desocupación llevada a niveles récords, la existencia de un sistema impositivo de escandalosa regresividad, las elevadas tasas de interés
para los préstamos a consumidores y pequeños empresarios,
etc.) las fuerzas políticas de oposición con peso electoral decidieron apostar en la práctica a profundizar los rasgos desmovilizadores y “espectacularizados” de la democracia realmente existente, en lugar de inclinarse por concepciones más “agonales” de
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la política, demandantes de esfuerzos y modalidades de acción a
las que algunos de sus dirigentes nunca estuvieron dispuestos y
a las que otros decidieron conscientemente renunciar.156 Y los
grandes empresarios y el mayoritario sindicalismo oficialista no
hicieron sino apuntalar ese modelo de “democracia” tan consecuente en expropiar capacidad efectiva de decisión a la mayoría
de la población y en erigir las necesidades de acumulación en la
meta suprema de toda la actividad política.
Hay que reconocer que las condiciones políticas fueron casi
invariablemente difíciles para proyectos de transformación social
profunda a lo largo de toda la etapa democrática, y esto quedó
aun mas claro desde los primeros 90. Todo concurría a construir
la visión de que no valía la pena enfrentar el fuerte “poder de veto” del gran capital a cambio de un sólo hipotético apoyo de masas a una alternativa de transformación.
La política se volvió así en cierto modo indigna de tal nombre, pues la noción de la misma como lucha por el poder entre
diferentes grupos que pretenden orientar los destinos de la sociedad en tanto portadores de intereses sociales diferenciados y
por lo tanto de proyectos políticos distintos sino opuestos, se
desvalorizó frente a la ostensible realidad de que quienes disputan en la arena política con posibilidades reales, aceptan plenamente que los destinos de la sociedad se resuelvan por fuera de
las instituciones y del ámbito político en su totalidad, y la “lucha” queda entonces limitada a dirimir quiénes ocuparán los roles directivos en el aparato del Estado, para desenvolver desde
allí la gestión cotidiana de tácticas y estrategias ya predeterminadas. La “agenda” pública fundamental se decide en recintos
cerrados, muchos de ellos situados fuera del ámbito geográfico
nacional. Y “seducir al capital”, un capital cada vez mas trasnacionalizado en su origen y volátil en su radicación, se vuelve la
tarea fundamental de los gobernantes democráticos.
Para comprender parte del éxito del menemismo en términos de conservar consenso en los momentos decisivos e incluso
en atraer a la oposición a sus propias posiciones o al menos a su
modo (y sus límites) a la hora de encarar la discusión, hay que
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- Julio Gambina - Daniel Campione
tener en cuenta que no se trata de que la entera sociedad argentina se perjudique con las políticas vigentes, o bien que apenas una “ínfima minoría” se beneficie. Un holgado 20% de la sociedad vio aumentar sus ingresos y su nivel de vida, y por debajo de esa capa superior, estaba un sector medio que, aunque
perjudicado en líneas generales, tenía aún bastante que perder.
Eso le proporcionó razones para temer una nueva desestabilización de la economía, así como pudo sentirse por momentos beneficiado, vía las facilidades para acceder a nuevas modalidades
de consumo, la posibilidad de cambiar más frecuentemente de
automóvil, las mayores oportunidades para hacer turismo en el
exterior, la de resguardar el valor de sus ahorros, aun siendo escasos. Esa “franja media”, creemos, brindó una base social a políticas que, siendo críticas de las implicaciones antirrepublicanas y poco éticas de los gobiernos de Menem, se mostraron dispuestas a aumentar la moralidad y racionalidad de los cuadros
de gobierno, pero a la vez prudentes en las correcciones económicas, compatibilizando ciertas aspiraciones de mayor equidad
y de algún margen de recuperación de la autonomía nacional en
cuanto al manejo de la economía y de las relaciones exteriores,
con el celoso mantenimiento de la buena relación con los grandes poderes mundiales y el “trato benévolo” a los capitalistas
dispuestos a invertir y dar trabajo en el país. Ello acompañado
con la disposición a recuperar algún nivel de políticas sociales
universales, en una mezcla de humanismo altruista y de preocupación por el orden social y la seguridad de la propiedad muy
típica de las capas medias “ilustradas”. Esas preferencias, con
proporciones ligeramente distintas en sus diversos componentes, hicieron aparecer como prometedor a un arco de dirigentes
que oscilaba entre la moderación elevada a principio en todos
los campos y otros con arrestos mayores de preocupación por
la equidad social y los derechos humanos, pero claramente afiliados al credo de la libre empresa como forma fundamental de
organización social.
La creciente conciencia a nivel internacional de lo que se
percibe como ‘excesos’ de la ideología neoliberal y las reformas
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155
de mercado, así como a la rigidez y falta de imaginación de los
programas de ajuste preconizados por el FMI y otros organismos internacionales, dieron pábulo a incipientes realineamientos en torno a muy moderados “tercerismos”157 que permiten
cuestionar el “pensamiento único” imperante y reconquistar un
conveniente tono anti- establishment sin necesidad de cuestionar un ápice del imperio del mercado y la propiedad privada. En
el caso particular de nuestro país, los rasgos “patrimonialistas”
de la administración Menem, la configuración de “antielite”158 de
muchas de sus conductas, la tendencia a visualizar las instituciones parlamentarias y judiciales como territorios a conquistar
y dominar pueden quedar atrás. Y para un amplio sector social,
con eso basta, a modo de “programa” para la Argentina. Otros
amplios sectores, en cambio, asumieron progresivamente actitudes de reacción frente al creciente deterioro de sus condiciones. La prolongada recesión iniciada en 1998, con el consiguiente deterioro de la situación incluso para parte de los estratos
superiores de la sociedad, comenzó a ‘adelgazar’ con rapidez
esa ‘franja’ dispuesta al consentimiento, siquiera pasivo y silencioso. El sector afectado votará en masa a Fernando de la Rúa
en las elecciones de 1999, para asistir a la continuidad y profundización del estancamiento económico, y aumentar con rapidez
su nivel de descontento.
Consolidación democrática: saldo de una década
A partir de 1989, con el cambio de gobierno, la Argentina
asistió a una nueva vuelta de tuerca en dirección al afianzamiento de una democracia que gana en estabilidad en la misma medida que excluye la participación popular e identifica su horizonte
con la intangibilidad de los intereses de las clases dominantes. En
una coyuntura más que crítica, el nuevo gobierno decidió dejar
de lado toda aspiración de "heterodoxia", todo resabio "populista" en el diseño de políticas, y asumir una singular concentración
�156
- Julio Gambina - Daniel Campione
de poder que en líneas generales no hizo sino incrementar con el
tiempo. El hecho de que esta decisión fuera tomada en primera
instancia por un gobierno peronista, le garantizó apoyos y neutralidades que una gestión de otro signo nunca hubiera obtenido
para la misma política. En ese sentido, se puede decir que el
triunfo peronista de 1989 y el inmediato viraje al neoliberalismo
del presidente Menem, constituyeron un punto decisivo en la
afirmación de un régimen democrático estable, al mismo tiempo
que afianzaron la tendencia al crecimiento de la inequidad y las
desigualdades sociales en esa democracia estabilizada.
En efecto, ambos factores se conjugaron a la perfección,
porque un gobierno no peronista que hubiese emprendido una
decidida política neoliberal, se hubiera granjeado la oposición
activa del sindicalismo, además de la del principal partido de
oposición, por ser el más fuertemente ligado a las políticas intervencionistas y de alianza con los sindicatos.159 Ante el manifiesto agotamiento del modelo de acumulación anterior, el gobierno Menem, con el auxilio decisivo del grupo de tecnócratas
liderado por el ministro de Economía Domingo Cavallo, impuso
el final de una larga discusión, alcanzando lo que ha sido denominado “consenso de terminación”160 y logrando homogeneizar
al núcleo del poder económico tras un conjunto de reformas estructurales que cubría con creces las aspiraciones de máxima
de aquél. A partir de 1989 y más aún desde 1991, quedó claro
que la vigencia de las instituciones democráticas no sólo no es
una amenaza para el gran capital (certeza ya afianzada en el período 1983-89), sino que resulta el modo de formular e imponer
a fondo un programa económico, social y político que lo beneficia en su conjunto, y que al menos desde 1993, logra una sanción explícita por la vía del sufragio en la que ha tenido mucho
que ver la falta de credibilidad de cualquier alternativa,161 pero
más aún con la superación del “infierno” de 1989 hacia un “purgatorio” social signado por la estabilidad de precios y la ampliación de la capacidad de consumo de amplios sectores.162 Un
manto no sólo de legalidad, sino de legitimidad democrática se
tendió sobre las reformas estructurales y la consecuente expro-
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157
piación del nivel de vida y los derechos de las masas populares.
El círculo se completó cuando, ya en la segunda mitad de la década de 1990, se delineó claramente una línea de moderación
de todas las fuerzas opositoras “sistémicas”, que demostró que
la legitimación del programa del gran capital no estaba ya atada
a una determinada fuerza política, sino que la garantizaba también la oposición, que la consideró cada vez más una “política
de Estado”, y limitó su enfoque crítico a la búsqueda de correcciones parciales en un claro contexto de continuidad de las reformas estructurales introducidas por el gobierno de Menem.
Un planteo de “reformas en la reforma” tal como mencionáramos más arriba.
Al tornarse inviable la alternativa a la democracia vigente, y
la caducidad en la práctica de las principales amenazas para los
sectores hegemónicos de la burguesía, posibilitaron que ésta se
instalase con comodidad en las condiciones de un régimen
constitucional. Logró no sólo que sus intereses no se vieran perjudicados, sino una mejoría en su participación relativa en la
distribución de la riqueza desde 1980 en adelante,163 y un lugar
no disputado de poder en la esfera específicamente política. El
“empate” en la distribución de bienes políticos y materiales vigente desde la década del cuarenta se quebró a favor de la burguesía mas concentrada, que logró que desde gobiernos democráticos se implementaran reformas globalmente coincidentes
con sus intereses, orientados, desde 1985164 en adelante, a la
búsqueda de un modelo de acumulación superador del sustitutivo de importaciones y mercado internista, y al mantenimiento
de una ofensiva permanente sobre los derechos y el nivel de vida de los trabajadores. A partir de 1991 el gran capital apoyó165
un plan de reformas que abarcó tanto la reestructuración del
aparato estatal, como la estabilización y liberalización de la economía, junto a una profundización en el cambio en las relaciones entre capitalistas y trabajadores, claramente orientado a
debilitar hasta su mínima expresión la capacidad de lucha y negociación de los trabajadores, y a abrogar un conjunto de conquistas que abarca incluso las de época pre-peronista. En la
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- Julio Gambina - Daniel Campione
“vereda de enfrente”, los trabajadores y su representación sindical perdieron tanto en poder social como en ventajas materiales y esto no desembocó, en general, en acciones contestatarias efectivas.166
Se conjuga así una actividad política que pretende ostensiblemente limitarse a elites que se comportan como empresarios maximizadores de votos, sin mayor horizonte que lograr el
triunfo electoral para ocupar la dirección del aparato estatal y
proseguir con la “administración de lo dado” y el “cortejo” a
los capitales por todas las vías posibles como preocupación casi excluyente.
Estos procesos y otros de signo similar tornaron objetivamente urgente la reaparición de la “política” en el sentido de lucha por la transformación de la sociedad y la democratización
de la vida pública, en dirección al autogobierno de las grandes
masas, pero sin que existan signos fuertes de constitución de
algún “sujeto” que ocupe ese “programa” sin portadores.
Mientras la posibilidad de trazar un programa de acción enfrentado al gran capital queda ominosamente vacante, las técnicas de construcción del consenso de las clases populares, consenso restringido a un contenido precario e individualista, retrocede a mecanismos clientelísticos y a un abandono de la acción
colectiva que, si bien marcados por ciertos signos de estos tiempos, se acercan a modalidades de “integración” anteriores a
1945. La adquisición de ciudadanía por parte de los trabajadores
a partir de la década de 1940, viene sufriendo una reversión que
llega hasta límites impensable. En el contexto “delegativo” el voto es cada vez menos identificable con un compromiso medianamente activo con una determinada política, e incluso el mismo
acto de concurrir a votar retrocede de modo persistente. Es
cierto al mismo tiempo, que los agrupamientos de izquierda han
crecido notablemente en los procesos electorales desde 1997 y
con relativa intensidad en 1999 y especialmente en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en 2000. Es un proceso que se presentó como sorpresa en las elecciones por la reforma constitucional en Córdoba en 2001 y que en los comicios nacionales de
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159
renovación parlamentaria de ese mismo año significó el ingreso
de una cantidad, aún pequeña, de representantes de la izquierda partidaria en niveles municipales, provinciales y aún a nivel
parlamentario nacional. Un esbozo de esa recuperación se presentó a fines de los 80, donde junto al inicio de la década menemista asumían por Izquierda Unida (IU) Luis Zamora como diputado Nacional y Silvia Díaz como diputada provincial, y también el luego expulsado de IU, concejal capitalino Gustavo Cóppola. La caída del bloque del Este y las desaveniencias en la IU
y en la izquierda en general en el marco de una sensación de derrota popular sumió a la izquierda partidaria a su peor ciclo político y una presencia testimonial. Más allá del exitismo que ello
puede generar en algunas de las conducciones de la izquierda
partidaria, un dato de la realidad es la aceptación de que aún
gozan los representantes de esas agrupaciones en momentos
que se generaliza el repudio a los políticos tradicionales.
El único ámbito social que parece capaz de proveer una calidad diferente al contexto de decadencia social y degradación
progresiva de la vida política, es el de los “movimientos” que se
han formado en la resistencia a las variadas formas de barbarie
desplegadas por el poder en los últimos años. Algunos han querido forzar el desencuentro entre lo social y lo político expresado por estos movimientos, sin percibir que en el seno de cada
uno de ellos se encarna un proyecto político y en algunos casos
se puede visualizar la convivencia de más de un proyecto, que ha
llevado en algunos casos a presentarse como divisiones que luego operan en la fragmentación del movimiento popular. Esos
movimientos sociales podrían jugar un papel fundamental en la
reconstrucción desde abajo de formas de democracia con un
contenido de construcción de mayores niveles de igualdad y de
libertad positiva. Pueden encontrar plena dimensión si no se repliegan sobre el espacio de la “micropolítica” local y sectorial, ni
ceden a la tentación de convertir a su propia problemática en el
eje de todas las luchas. De no construir una articulación general, que pueda incluir la conformación de un partido-movimiento para nuclear fuerzas de una base social extensa, corren el
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- Julio Gambina - Daniel Campione
riesgo de quedar reducidos a movimientos meramente reivindicativos, orientados centralmente a negociar con el estado algunos reconocimientos y beneficios, y resultarían funcionales a la
versión desmovilizadora de la democracia, aportando un leve
componente “participativo” que las dirigencias de perfil “gerencial” de los partidos atrapa-todo y de los sindicatos burocratizados no están interesados en brindar.
Se percibe también la necesidad de proyectos que puedan
apuntar de alguna manera a conjugar partidos políticos no asimilados a la modalidad representativa vigente, organizaciones obreras antiburocráticas y movimientos sociales no tradicionales dispuestos a superar el plano económico-corporativo para pasar a la
actividad política propiamente dicha. Con las limitaciones que
pueda tener como estrategia, la radical intransigencia del tipo de
la sostenida por Madres de Plaza de Mayo, la reivindicación en
bloque (sin que esto signifique acrítica) de los grandes combates
anticapitalistas contra el sistema de las décadas de 1960 y 1970,
y la disposición a cuestionar a la vez el capitalismo monopólico y
la “democracia realmente existente”, sin vacilaciones ante las coyunturas desfavorables, acumulan fuerzas para un combate con
éxito contra las múltiples tendencias a la absorción por el sistema que se despliegan frente a todo cuestionamiento.
No hay dudas que la debilidad del movimiento de las clases
subalternas, expresada en su fragmentación es el problema a
superar. Quizá sea la potencialidad de articular movimientos
tan diversos, que actúan en la esfera de la resistencia y de la política la posibilidad de habilitar un nuevo tiempo de transformaciones revolucionarias en la sociedad argentina. Agrupamientos
sociales como las asambleas de vecinos, el movimiento diverso
de piqueteros, los agrupamientos que sustentan reivindicaciones
democráticas (ej.: consulta popular) y aquellos que se inscriben
en la resistencia a la globalización neoliberal o capitalista (ATTAC, Diálogo 2000, Intergaláctica, Comité de Movilización por el
FSM, etc), como aquellos que expresan el múltiple arco de la lucha por los derechos humanos y contra la represión, sumados a
las organizaciones partidarias de la izquierda y un abanico aún
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161
disperso de disidencia política que algunos catalogan como de
centro izquierda, pueden conformar una articulación política y
social en debate y en disputa que pueda ser efectiva a la hora
de cuestionar el orden actual y pensar en la construcción de un
poder alternativo al capitalismo local que definen los poderosos
en un marco de crisis creciente, tal como resultan los acontecimientos al comienzo del otoño de 2002.
NOTAS
1
Ver, entre otros: Daniel García Delgado, Estado y sociedad. La nueva
relación a partir del cambio estructural, Eudeba, 1994; y Vicente Palermo y Marcos Novaro, Política y poder en el gobierno de Menem,
Norma-Flacso, 1996.
2
Marcelo Cavarozzi, Más allá de las transiciones a la democracia en
América latina, en José Luis Reyna (comp.), América latina a fines
de siglo, Mexico, 1977.
3
Subrayamos que se trata de la clase como conjunto porque forsozamente, en un proceso de cambio muy amplio y drástico, hugo ganadores y
perdedores tambien al interior del empresariado, ya sea en el nivel de
los capitales individuales o de determinadas ramas como un todo.
4
Como se percibe con facilidad, solo analíticamente pueden distinguirse
estos tres “criterios” obrantes, y es de su inextricable combinación que
proviene la fisonomía de la reforma del estado instaurada en Argentina
a partir del año 1989, con la asunción del presidente Menem.
5
Ya hemos efectuado con anterioridad la caracterización de la compleja
coyuntura del 89 y de las causantes del “viraje” político-ideológico que
se verificó en buena parte de la sociedad y la dirigencia argentina en
torno a esa época. cf. Estado y sociedad. De Alfonsín a Menem; Letra
Buena, 1994. Sólo remarcaremos aquí el inmenso cataclismo desatado
por los dos picos hiperinflacionarios del lapso 1989-90, que dio un término práctico al debate político sostenido a medias hasta entonces.
6
La drástica disminución de la inflación, el aumento consiguiente del
consumo masivo, la vuelta después de varios años a cifras importantes
�162
- Julio Gambina - Daniel Campione
de crecimiento del PBI proporcionaron un clima de consenso social que,
aunque signado por cierta pasividad y conformismo, que entre 1991 y
1995. sirvió de efectivo sustento al proceso de reformas.
7
Esto tiene algunos matices según la rama de actividad. El petróleo fue
colocado bajo la competencia estatal desde su descubrimiento, a comienzos de siglo, y en la década del 20 alcanzó la forma definitiva de
YPF. En el período peronista, se llevó adelante una concepción de manejo por el Estado de las ramas estratégicas de la economía, que nunca
fue sistematizada, ni llevada a la práctica en modo totalmente consecuente, ya que se mezclaron nacionalizaciones de actividades de ningún
modo estratégicas, con el mantenimiento en propiedad de capitalistas
de sectores que sí lo eran (como la energía eléctrica, nacionalizada recién después de la caída de Perón).
8
Durante el gobierno de Onganía, p. Ej., numerosas empresas en quiebra
fueron estatizadas, al amparo de una ley (17507/67) de “rehabilitación
de empresas”. Muchas de ellas no volvieron al Estado hasta muchos
años después.
9
INTA es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. INTI, el organismo de investigación en tecnología aplicada a la industria. INCITCH
se ocupa de Ciencia y Tecnología Hídricas. El CONICET es un organismo de patrocinio a la investigación en los más variados campos.
10
La noción de “base material de legitimidad”, asociada a la noción de hegemonía en su vertiente gramsciana, se encuentra desarrollada en Prszeworski, Capitalismo y socialdemocracia, 1988.
11
Los bancos oficiales se originaron en el siglo XIX como agentes financieros del Estado, pero en la tónica general de incremento del rol del Estado, fueron adquiriendo los nuevos roles que se señalan en este texto.
12
Economistas de orientación ultra liberal, como Alvaro Alsogaray y Roberto Alemann, mantuvieron siempre el postulado de la privatización.
En el caso del primero, trasladó esa posición al plano político-electoral
a través de los sucesivos partidos políticos que fundó (Cívico Independiente, Nueva Fuerza, Unión de Centro Democrático), pero estos siempre resultaron irrelevantes, salvo cuando en la década del 80, la Ucedé
logró interesantes votaciones en Capital Federal y luego en la provincia
de Buenos Aires.
13
En cuanto a las causas de este cambio de orientación, se ha señalado la
convergencia de dos factores: a) El agotamiento de la segunda etapa de
la industrialización sustitutiva (orientada a los bienes de consumo durables e iniciada en los años 50), b) La crisis capitalista mundial desatada
en los primeros años 70 (Con las manifestaciones que van desde el derrumbe de la paridad dólar-oro hasta la crisis del petróleo). A estos dos
�Cirugía Mayor Argentina, fin de siglo -
163
factores se añade un tercero, ya en el nivel de las decisiones políticas,
que fue el proyecto de alcance “refundacional” que planteó la gestión
Martínez de Hoz. Se expresan en este sentido Aspiazu et. Al. El nuevo
poder económico en la Argentina de los años 80, Bs. As. Legasa,
1986.
14
Ya en el discurso que inaugura su gestión, el 2 de abril de 1976, el ministro de Economía José Martínez de Hoz, plantea el paso del Estado a un
rol de “subsidiariedad”, que implica actuar sólo allí donde la “iniciativa
privada” no lo hace. Ver Jorge Schvarzer, La política económica de
Martínez de Hoz, Hyspamérica, 1986. Esa prédica a favor del “Estado
subsidiario” perdurará a lo largo de toda su gestión, alcanzando el rango de un principio básico.
15
Entre esas privatizaciones “periféricas”, se cuenta la concesión de áreas
de explotación y servicios de transporte por parte de YPF, algunos servicios anexos a ENTEL (del que la guía fue el más exitoso), buena parte de las actividades de la Dirección Nacional de Vialidad, reparación de
vías y material rodante de los ferrocarriles, y la apertura del servicio de
correos a la actuación de operadores privados. Dentro de las actividades que habían sido incorporadas al Estado, se privatizaron algunos ingenios azucareros, y los frigoríficos de la CAP. Sin embargo, llegaron a
concretarse operaciones en sentido contrario, como ser la estatización
de la Compañía Italo Argentina de Electricidad. Paralelamente se operó en sentido descentralizador, con la transferencia de las escuelas primarias nacionales a las provincias y la MCBA, y en OSN, también “provincializada”.
16
La reforma financiera da lugar a un cambio estructural del sistema bancario. Establece libertad de tasas, estimula los depósitos a interés por
sobre las cuentas corrientes, y da grandes facilidades para la constitución de nuevas entidades financieras. Todo esto da lugar a una verdadera multiplicación del negocio bancario, que se constituye a su vez en
una pieza fundamental para la acumulación de los grandes grupos económicos. Jorge Schvarzer considera a esta reforma "el cambio estructural más importante que (Martínez de Hoz) iba a realizar en su gestión.
(p. 61. op. cit).
17
Ver "La anomalía argentina. Estado, sindicatos y corporaciones" de
Adolfo Gilly, en El Estado latinoamericano. Teoría y Práctica. Siglo
XXI, 1990.
18
Investigaciones posteriores sacarían a la luz la colusión de empresarios
y "grupos de tareas" de la dictadura, para el secuestro y desaparición de
delegados y activistas. En el caso de empresas en conflicto, como Ford
y Mercedes Benz, comisiones internas completas son secuestradas. Por
otra parte, la metodología era aplicada de manera similar en empresas
�164
- Julio Gambina - Daniel Campione
públicas, siendo el caso más notorio el de Luz y Fuerza, que incluyó hasta al secretario general del sindicato, Oscar Smith. Ver Pablo Pozzi, Oposición obrera a la dictadura militar, Editorial Contrapunto, 1988.
19
Los reclamos de los capitalistas en orden a recuperar el control efectivo del proceso productivo frente al poder de delegados, comisiones internas y sindicatos, puede rastrearse hasta una fecha tan temprana como 1955, en el Congreso de la Productividad. Allí traen el tema a debate, pero no logran ponerse de acuerdo con la dirigencia sindical.
20
En primer lugar, se anulan una serie de medidas incorporadas a la Ley
de Contratos de Trabajo durante el breve período constitucional anterior, y luego se la emprende contra las conquistas y estatutos especiales de los más diversos gremios, así como se aplican criterios más restrictivos en los regímenes de insalubridad, jornadas reducidas y otros.
En el plano del "costo laboral", una medida importante es la supresión
de los aportes patronales en materia jubilatoria.
21
La deuda externa bruta, que ascendía a 7875 millones a fines de 1975,
sufrió un fuerte incremento a partir de 1978, que la llevó a más de
35..000.000 de dólares a fines de 1982. Datos del BCRA. Memorias
Anuales.
22
Como un indicador del volumen alcanzado por el déficit fiscal, puede señalarse que en el último año de dictadura, 1983, el déficit fiscal alcanza
a un 16,1% del PBI:
23
El producto bruto industrial sufrió sendos descensos en los años 1980
(1,8%) y 1981 (3,9%). Datos del BCRA.
24
Juega un papel importante en este cuadro, la acción consciente de desprestigio, y virtual sabotaje. llevado a cabo desde el estado mismo durante la conducción económica de Martínez de Hoz.
25
Nos referimos aquí a la dicotomía entre funciones estatales de acumulación y funciones estatales de legitimación que plantea James O¨Connor , The Fiscal Crisis of the State, 1973. las que entran en conflicto a
partir de que se produce lo que el autor llama una "sobrecarga" de demandas sociales sobre el Estado. El PRN es un buen ejemplo de ello, las
"demandas sociales" quedan obturadas vía represión, mientras que el
aparato estatal, sigue satisfaciendo, vía subsidios y contrataciones de
toda índole, las "demandas" de los grandes capitalistas. En ese sentido hablamos de opción por la acumulación.
26
Una exposición bastante completa de esta concepción inicial del radicalismo sobre el Estado en el período alfonsinista, está dada en Jorge E.
Roulet, El Estado Necesario, 1987 y Enrique Groisman, Políticas Administrativas para el estado democrático, CEAL, 1991.
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165
27
Con la denominación "complejo acreedor" designamos la coalición de alcance mundial que se fuer configurando para tratar el problema de la
deuda externa después del estallido de la crisis en 1982. La Secretaría
del Tesoro, el Banco Mundial, el F.M.I., los estados acreedores nucleados en el Club de París, y los grandes bancos acreedores, fueron conformando las soluciones superadoras de la reacción inicial de efectuar
exhortaciones al pago con escasas posibilidades de éxito. En su evolución, las propuestas de pago de la deuda se convirtieron en un diseño
completo de reforma económica (con el sector público en un lugar central) para los países deudores.
28
Nos referimos, fundamentalmente, al Cuerpo de Administradores Gubernamentales, que formaba parte de una concepción de perfeccionamiento de la función pública, en la que el Estado podía resignar funciones accesorias, pero seguía teniendo un vigoroso papel no muy distinto de l asignado al Estado de Bienestar.
29
Esta modificación en la agenda deriva, en buena medida, del cambio de
política en torno a la deuda externa, y la consiguiente penetración de
las propuestas provenientes del "complejo acreedor" en torno a la generación de recursos para el pago de la deuda. Las iniciativas de capitalización de la deuda a través de privatizaciones son decisivas en este aspecto. En el plano interno, en la medida en que se afianza la alianza con
los "capitanes de la industria" las propuestas de privatizaciones, desregulación y descentralización, encuentran impulso en los protagonistas
de la coalición.
30
El retiro voluntario, orientado con un criterio netamente fiscalista, ya
que retira gente de todos los organismos y niveles sin prioridades de tipo funcional, marca la inauguración (en términos de medidas concretas
e importantes) de la política de ajuste al interior del aparato estatal, y
reduce un 10% el personal de la Administración Pública Nacional, porcentaje que luego se amplía. En lo que respecta a la inserción de los representantes del gran capital en las empresas públicas, nos referimos a
la creación del DEP (Directorio de Empresas Estatales), una suerte de
organismo de superintendencia, que da como resultado que algunas
empresas estatales sean dirigidas (o supervisadas) por altos ejecutivos
de grupos económicos, aunque no se avance todavía hacia privatizaciones de importancia.
31
Estas propuestas son lanzadas desde el Ministerio de Obras y Servicios Públicos por Rodolfo Terragno, portador de una concepción de
reforma del Estado, enmarcada estrechamente en una propuesta global de modernización económica. Consisten en la privatización, vía
asociación con compañías extranjeras que operan en los rubros respectivos, de y Aerolíneas Argentinas. Los respectivos proyectos de
�166
- Julio Gambina - Daniel Campione
ley fueron rechazados en el Congreso por la oposición del PJ, que a favor de su ubicación fuera del gobierno, demoraba su adaptación ideológica y práctica a las "nuevas ideas" neoliberales. Con antelación a estos proyectos de privatizaciones precisas, existió una prolongada discusión en torno de proyectos de leyes generales de privatizaciones,
uno por la UCR (conocido como proyecto Socchi) y otro por el PJ (conocido como proyecto Manzano), pero tampoco lograron fructificar.
Logra sí aprobar algunas disposiciones por la vía de decreto, como la
"desmonopolización", permitiendo al capital privado entrar a competir
con el estado, y el de "desburocratización", que procuraba simplificar
las normas y procedimientos administrativos.
32
Decimos que "asumía en parte" porque en buena medida ya no daba un debate frontal ante las privatizaciones, y muchas de las objeciones a los proyectos de Terragno se basaban en cuestiones de procedimiento, como la
de tratarse de contrataciones directas que eludían un llamado a licitación.
33
En realidad, este "convencimiento" tuvo fuerte relación con las pautas
fijadas en el "Consenso de Washington" para la reestructuración de las
economías en orden a la solución a la crisis de la deuda externa. Por
eso, a renglón seguido, colocamos al pago de la deuda externa en el primer lugar en cuánto a las motivaciones para la retirada del Estado.
34
Esto es atinente en especial en el tema de las privatizaciones, donde las
transferencias a empresas y otras entidades privatizables (el sistema de
seguridad social en primer lugar), fueron consideradas como una causa
central del déficit.
35
Esta "ola neoconservadora" marca una diferencia sustantiva con la situación en tiempos de la dictadura militar. Mientras en torno a 1976 se podía argüir con justicia que la política de Martínez de Hoz era un experimento sólo comparable a los que estaban en curso (y desde hacía muy
poco tiempo) en Gran Bretaña e Israel, en la segunda mitad de los
ochenta, se había agregado el éxito (visto desde su lógica interna) de
las reaganomics, y el vuelco privatista de las experiencias social demócratas de España y Francia, entre muchos casos de los más variados
países (con el limítrofe caso de Chile en sitio destacado).
36
En este punto hay que marcar algunos matices, sobre todo porque el
empleo en la Administración Pública Nacional centralizada (lo que excluye empresas), no creció significativamente en las últimas décadas.
37
De hecho, durante todo un período en torno a la primera mitad de los
ochenta, las operaciones con el estado constituyeron una fuente central de acumulación para lo que en esa época se comenzó a llamar los
grandes grupos económicos, aunque el fenómeno venía de muy atrás.
Tanto Aspiazu, Basualdo y Khavisse op. cit como Schvarzer, op. cit.
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167
describen adecuadamente este proceso.
38
Tomamos la categoría "estructura social de acumulación" de Gordon,
Edwards y Reech, Trabajo segmentado, trabajadores divididos, Ministerio de Trabajo de España, 1987. Hacen referencia con este concepto a las condiciones institucionales que configuran el entorno, facilitador o no, en el que las unidades económicas desarrollan el proceso de
acumulación. En nuestro país, José Nun se ha referido a otra categoría
afín, pero que se proyecta con más amplitud en dirección a lo político e
ideológico, que denomina "régimen social de acumulación"., en "Vaivenes de un régimen social de acumulación en decadencia", en J. Nun y
J.C. Portantiero, Ensayos sobre la transición democrática argentina, Puntosur, Buenos Aires, 1987. El cambio de la estructura social de
acumulación en nuestro país, está dado a partir de la entrada en crisis
del patrón de industrialización sustitutiva de importaciones, que después de su "período de asalto" cumplido en los primeros años del peronismo, y del posterior reajuste con el desarrollismo en la presidencia de
Frondizi, nunca logra estabilizarse como un modelo de acumulación exitoso. El primer intento orgánico de cambio se da durante la Revolución
Argentina, en la gestión ministerial de Krieger Vasena, que se plantea
una reorientación exportadora, que privilegia los intereses de la gran industria, en particular la de capital transnacional., pero tras algunos éxitos parciales, es desplazado por la protesta social.
39
Esta categoría se encuentra desarrollada en A. Altvater "Problemas del
intervencionismo de Estado" en H. R. Sonntag y H. Vallecillos, El Estado en el Capitalismo Contemporáneo, Siglo XXI, 1986.
40
En realidad los supuestos iniciales del gobierno democrático, era que la
dictadura no había producido un cambio fundamental en el capitalismo
argentino, por lo que podía ser re-actualizado el tipo de relación entre
economía y estado imperante hasta los años 70’. La modificación de este diagnóstico errado inicial, sólo se produjo hacia el final del gobierno
Alfonsín, cuando comenzaron los primeros signos de adopción de la programática neoliberal, sobre todo en lo que respecta a privatizaciones.
41
La constitución en actor político central de los sectores del gran capital más beneficiados por la reestructuración en curso, se encuentra
explicada en Ostiguy, Pierre, Los capitanes de la industria Legasa,
1991. Este proceso puede ser interpretado como una consciente readaptación del núcleo predominante de la burguesía, a un régimen democrático-constitucional., y en ese sentido tuvo indudable éxito. Cuando hablamos de "construcción de poder político", nos referimos a la intención de consolidar el predominio económico alcanzado, con la posibilidad de ejercer una dirección política efectiva en condiciones democráticas, lo que era un objetivo nuevo para el gran capital. Hasta
�168
- Julio Gambina - Daniel Campione
1976, la regla había sido que los grandes capitalistas recurrieran al golpe militar como "factor de corrección" de las políticas de gobiernos
electos que se le tornaban difícilmente controlables.
42
Ya hemos hecho referencia a esta "nueva centralidad" del mercado estatal, impulsada por el estancamiento de la actividad económica. en general, y de la industria en particular. Como proveedores, contratistas de
obras y de servicios, y por variados mecanismos tendientes a generar
ganancias extraordinarias, esta fuente de acumulación presionaba sobre el gasto público de modo muy importante. Las privatizaciones fueron emergiendo como una solución que permitiera al mismo tiempo reducir el gasto público y proveer fuentes de acumulación alternativas, a
través de la obtención de beneficios en actividades antes estatales. A
ello se sumó la supresión progresiva de todo tipo de restricciones, a través de apertura económica, liberación de precios, y condiciones muy liberales para la inversión extranjera, y "flexibilización" progresiva de las
relaciones de trabajo. Ambos mecanismos, privatización y desregulación, jugaron como compensación con creces de la "pérdida" del mercado estatal para el gran capital.
43
En realidad, esta reorientación en sentido exportador, ha permanecido
hasta ahora en el terreno de las promesas incumplidas, en lo que ha tenido mucho que ver que las reformas estructurales hayan alcanzado su
fase de realización completa, en las condiciones cambiarias dadas por el
Plan de Convertibilidad, para nada estimulantes de la conquista de nuevos mercados o la ampliación de los existentes.
44
Nos referimos a la entronización de un pensamiento neoconservador
que plantea la devolución al mercado de funciones "usurpadas" por el
estado, y denuncia a las políticas keynesianas y de bienestar social como causantes de estancamiento del proceso de acumulación, que sobreviene al agotamiento del ciclo largo de crecimiento posterior a la postguerra.
45
Estas transformaciones a escala mundial son planteadas por Benjamín
Coriat en El taller y el cronómetro, y El taller y el robot, Siglo XXI,
1988 y 1991.
46
El crecimiento del aparato estatal producido a lo largo de décadas de
políticas de intervención, y la escasa capacidad para frenar las reivindicaciones económicas de los sindicatos por parte de ese mismo aparato, genera una situación potencialmente crítica que hace eclosión cuando las condiciones que permitieron el crecimiento sostenido de las economías capitalistas se agotan a fines de los años 60. Un buen análisis a
este respecto lo efectúa John Holloway en "Al borde del abismo. Surgimiento y caída del keynesianismo." Mímeo. 1993.
�Cirugía Mayor Argentina, fin de siglo -
169
47
Este proceso alcanza su fase de culminación en torno a 1989, expresándose tanto en el programa económico del candidato radical a las elecciones presidenciales de ese año, como en el completo abandono que
del suyo hace el Dr. Menem una vez elegido presidente por el PJ. Sin
embargo el inicio del acercamiento a los planteos liberales puede fecharse mucho antes, en torno a 1985.
48
Hasta los primeros años 70, y sobre todo pero no únicamente, en períodos democráticos, el sentido común ideológico imperante incorporaba
la noción de un rol central del estado en el trazado de políticas de desarrollo.
49
Nos referimos al programa electoral del candidato presidencial del radicalismo, Dr. Angeloz. De hecho, esa plataforma fue elaborada por un
grupo de economistas de filiación radical (López Murphy, Mezzadri,
Sturzenegger),que con posterioridad a 1991, mantuvieron un sostenido
apoyo al plan de convertibilidad, pese a la opinión contraria de la mayoría de su partido, incluidos otros grupos de economistas.
50
Varios autores coinciden con este carácter definitorio del fenómeno hiperinflacionario, que marca el comienzo del fin de toda discusión efectiva sobre el rol del Estado. Entre ellos Jorge Schvarzer en "El Proceso
de Privatizaciones en la Argentina", Realidad Económica. nro. 120, Diciembre-Enero, 1994. Sin disminuir la importancia del "golpe de mercado" de 1989 y sus consecuencias, hay que señalar que el predominio
de lo que nosotros llamamos criterio "fiscalista" del ajuste, venía preparándose aceleradamente al menos desde 1985. La crisis del 89 fue un
factor acelerador indudable, pero, creemos, ya no podía esperarse un
desenlace muy diferente.
51
El programa económico inicial de Menem fue diseñado por el grupo empresario Bunge y Born a cuyos cuadros ejecutivos pertenecían también
los dos primeros ministros de Economía. La mayor peculiaridad fue que
BB asumió públicamente el plan como propio, y los ministros Roig y Rapanelli aparecían como una suerte de "agentes" del mismo en el gobierno. Otros grupos económicos, como Techint, Pérez Companc y SOCMA,
asumieron también un compromiso explícito e irrestricto con el plan.
51
En menos de cuatro años se privatizaron la empresa de aeronavegación,
los teléfonos, la principal empresa petrolera de l país, mil kilómetros de
la red vial, la generación y distribución de electricidad, la distribución y
el transporte de gas, la red de distribución de agua y sistema cloacal,
empresas petroquímicas, ramales y líneas de ferrocarriles, elevadores
terminales de puertos, dos acerías, tres fábricas militares, el mercado
de hacienda, dos canales de televisión, numerosas áreas para la explotación de combustibles, etc. en un proceso que se inició efectivamente avanzado el año 90, y cobró acelerado impulso una vez iniciado el
�170
- Julio Gambina - Daniel Campione
Plan de Convertibilidad. Ver Mabel Thwaites Rey "Qué estado después
del estatalismo. Un análisis de la política de privatizaciones en la Argentina. (1984-1993)” en Aportes, Año 1. N° 1, Otoño 1994.
53
En ese entonces fueron transferidos a las provincias las escuelas primarias y buena parte de los hospitales.
541
En marzo de 1991, último mes anterior a la vigencia de la Ley de Convertibilidad, la inflación fue del 27%. En abril se redujo ya al 5,5%, y en
diciembre al 0,6%. En agosto de 1993, se llegaría, por primera vez en
décadas, a un mes con inflación del 0%. En los años subsiguientes, hasta la actualidad, se mantuvieron índices muy bajos de inflación convirtiendo la estabilidad de precios en un dato habitual.
55
El PBI se incrementó en un 8,9% en 1991, en 8,7% en 1992, y en 6,0 en
1993. Estas cifras adquieren relieve si se considera que desde 1980 en
adelante, sólo en el año 86 el índice de crecimiento superó al 5 por ciento (7,3%), y en el mismo lapso hubo cinco años de resultado negativo
en términos de PBI. (Cifras del BCRA y Secretaría de Programación
Económica, calculadas a precios de mercado del año 1986).
56
Es pertinente señalar que ese crecimiento va acompañado por una reversión de la tendencia de la balanza comercial, que presenta saldo favorable hasta 1991 inclusive (3702 millones de dólares), y déficit en
aumento luego (2636 millones en 1992 y 3708 en 1993).
57
Un elemento facilitador del establecimiento de estas alianzas, y su
posterior eficacia práctica, fue la particular estructura de la Fundación Mediterránea (sustento institucional y financiero del equipo económico), susceptible de conjugar la conducción por sectores importantes del gran capital, con el mantenimiento de una cierta autonomía de sus equipos técnicos, para ensayar sus propias definiciones,
sin quedar atados a intereses directos de tal o cuál grupo empresario.
Analizamos este tema en Campione D. y Muñoz l. “Concentración capitalista y sistema político” en Realidad Económica N1 121, EneroFebrero de 1994.
58
Es simultánea con el punto máximo de aplicación de las políticas de
ajuste, la implementación de los cargos con funciones ejecutivas, el Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, y los planes de fortalecimiento de algunas unidades estatales. Ver "Un programa para la reestructuración del estado" en Campione y Muñoz, Estado y Sociedad. De
Alfonsín a Menem, Letra Buena , 1994.
59
Aquí hay que hacer la salvedad, de que para los cargos de mayor jerarquía, responsabilidad y remuneración, que son aquéllos a los que se les
asigna "funciones ejecutivas", el procedimiento de selección combina la
selección meritocrática del concurso público, con la discrecionalidad de
�Cirugía Mayor Argentina, fin de siglo -
171
los funcionarios políticos, que escogen a un postulante para el cargo de
una terna de candidatos.
60
Este proceso ha sufrido contradicciones en su evolución, sobre todo en
el campo del sistema de organización del empleo público, profundamente alterada por una suerte de “flexibilización” vía contratos sin estabilidad, que el propio estado fue ampliando desde 1991-92 en adelante.
61
El “empequeñecimiento” del estado nacional debe ser tomado con ciertos matices, ya que se ha calculado que aun hay 300.000 empleados en
jurisdicción nacional, y el gasto público sigue ocupando una porción
muy significativa del producto bruto. A ese respecto siempre hay que
tener en cuenta el carácter selectivo del ajuste estatal.
62
Todo el mecanismo de elaboración presupuestaria y su posterior ejecución ha sido objeto de una compleja regulación, que incluye una detallada normativa y la consolidación de estructuras tecnocratizadas encargadas de operarlo. La Oficina Nacional de Presupuesto, en el ámbito de
la Secretaría de Hacienda, ha cobrado un papel protagónico en ese campo.
63
A esta reorientación de funciones puede atribuirse (en convergencia
con otros factores) el cambio en la distribución de personal entre los
organismos de la administración central. En un contexto general de reducción, el número de empleados ha crecido, entre 1989 y 1993 en Presidencia de la Nación, (89%) y en los ministerios de Interior , Economía
y Defensa , con la contracara de la drástica reducción en Educación, y
Salud y Acción Social. (En base a datos del INDEC, publicados en el
Anuario Estadístico 1993).
64
El caso del ajuste estructural llevado a cabo por el Plan Cavallo coincide con las características del más autoritario de los "tipos de ajuste".
Convencido de la conveniencia de la aplicación irrestricta del ajuste, y
sin preocupaciones por generar consenso y por lo tanto negociar aspectos del mismo, el gobierno avanza sin tener en cuenta a los demás actores políticos, el Parlamento en primer lugar. El decreto es la vía privilegiada de acción en estos casos. Ver Bresser Pereira, L.C, Maraval, J.
M. y Przeworski, A. "El ajuste económico en las nuevas democracias: un
enfoque socialdemócrata", en El Cielo por Asalto, nro. 5, 1993.
65
En el caso particular de Argentina, incluso las corrientes con origen de
izquierda, habían abandonado la menor distancia crítica frente a la expansión de las actividades y el aparato del estado, pese a sustentar teóricamente el carácter de clase del mismo. Frente a la crisis y la acelerada imposición de los cambios, ni siquiera las corrientes de origen socialista (y por lo tanto con cierta vocación antiestatal en sus orígenes) pudieron abandonar un deslucido “estatismo” destinado a ser derrotado
�172
- Julio Gambina - Daniel Campione
sin pena ni gloria.
66
Nos referimos a que buena parte de las privatizaciones y desregulaciones se efectuaron sin resistencias eficaces, o directamente sin ninguna
oposición activa. Junto a ejemplos de huelgas y conflictos importantes
como los que rodearon las primeras privatizaciones (ENTEL, Ferrocarriles, Aerolíneas), la privatización de otras importantes empresas estatales, la disolución de instituciones regulatorias, y masivos retiros de
personal en la Administración Central, se produjeron sin conflictos serios. Utilizamos el término de combates de retaguardia en el sentido de
que la resistencia era puramente defensiva, sin presentación de alternativas o enfoques novedosos al impulso de la “retirada”. El trauma producido por la represión y el miedo desatados previamente por la dictadura del Proceso de Reorganizacion Nacional, tuvo sin duda un papel en
la escasez de conflictividad, aunque quizás en un sitio secundario frente al inmenso desprestigio de la gestión estatal anterior.
67
Uno de los campos centrales de ese cambio de bando fue el de buena
parte de la dirigencia sindical peronista, que a partir de 1989, y vía participación en las privatizaciones (los sindicatos de Luz y Fuerza, la
Unión Ferroviaria, entre otros), en los programas de propiedad participada (el sindicato telefónico, el de Obras Sanitarias) y en variados espacios de poder y negocios, se convirtieron en defensores y partícipes
del programa de reforma estatal.
68
Nos referimos aquí a que las teorías de management se han originado
y desarrollado en los países capitalistas más avanzados (encabezados de
lejos por EE.UU), y sus elaboraciones prestan atención casi excluyente
a la empresa comercial privada, y quedan marcadas por la racionalidad
de éstas cuando hacen referencia al sector público.
69
Ver Gustavo Blutman, “Orden y desordenen la reforma del estado en la
Argentina (1989-1992)”, en Ciclos en la historia, la economía y la sociedad, Año IV, Vol. IV, Nº 7, 2do semestre de 1994.
70
Podría argumentarse que la ahora planteada “Segunda Reforma del Estado” aparece orientada en esa dirección , pero nuevamente el paisaje de la
discusión pública, y de las propias decisiones estatales, aparece dominado por las cuestiones fiscales y de completamiento de la “retirada” estatal, más que por un verdadero reordenamiento de las funciones públicas.
71
Junto con la implementación de la anunciada “Segunda Reforma” aparecen en el debate público (y gradualmente en la agencia estatal), nuevas privatizaciones como la del sistema bancario oficial (cuya reestructuración ya se efectuó en su momento y se la suponía “definitiva”), o la
perspectiva de disolver o fusionar algunos de los organismos de investigación científica a cargo del estado. Otra práctica cada vez más fuerte
�Cirugía Mayor Argentina, fin de siglo -
173
es lo que podríamos llamar “invención de negocios” donde el estado
aparece auspiciando el traspaso a gestión privada de actividades nuevas
o que nunca revistieron forma empresaria. (La aeroísla o la concesión
de servicios carcelarios son ejemplos quizás extremos.) Algunas de las
propuestas tienen escasos antecedentes de manejo privado a nivel
mundial, como es la de la administración de las cárceles y, muy recientemente, la posibilidad de privatizar los controles aduaneros.
72
Durante la subsiguiente presidencia De la Rúa, las medidas de privatización y desregulación ya no tuvieron protagonismo
73
Utilizamos aquí el término soberanía en un sentido fáctico, de independencia efectiva frente a poderes externos de cualquier tipo, políticos,
económicos o ideológicos, formalizados o no.
74
John Holloway destaca que las decisiones políticas tomadas por el Estado nacional están “ahora más integradas en el movimiento global del capital” (Holloway, 1995, p. 90) en función de la necesidad de colocar al
espacio nacional en la “ruta” de los capitales internacionales.
75
En su última obra de conjunto sobre la Historia del Siglo XX, el historiador británico Eric J. Hobsbawn, pone ésto en blanco sobre negro: De
ser la escala y el espacio institucional adecuado para el desarrollo capitalista hasta los primeros años 70`, los estados nacionales se han convertido a posteriori en un obstáculo para ese desarrollo. Hobsbawn
(1995)
76
Señala esa racionalidad “externa” a la sociedad en la reformulación del
estado, Brian Thompson (1994, p. 136 y ss.), quien considera que se ha
conformado un nuevo Estado en América Latina, estructurado para resolver problemas situados fuera de su sociedad.
77
En algunas coyunturas de agudización extrema de la inestabilidad e “ingobernabilidad” del sistema, los organismos internacionales han llegado
a actuar supliendo directamente las capacidades estatales notoriamente ausentes. Esto ocurrió en Argentina después del segundo brote hiperinflacionario, en 1990. (cf. Novaro-Palermo, pp. 165 y ss.)
78
“Tecnocracia” es un término ambiguo, pero indudablemente relacionado a la elevación de las pericias técnicas y científicas a la guía para una
racionalidad sustantiva, que atiende a los efectos de las decisiones, y no
sólo a la previsibilidad legal. (Therborn, 1988, p. 55). A menudo se produce un deslizamiento de ese término, en cuánto a una concepción que
pretende el reemplazo de la legitimidad democrática de los funcionarios, por otra basada en la competencia técnica, basada en saberes que
escaparían a las “presiones” de la opinión pública y a la “negociación”
entre distintos actores. A ese último significado nos referimos aquí con
el calificativo “tecnócrata”
�174
- Julio Gambina - Daniel Campione
79
Hemos efectuado un estudio de la inserción y desarrollo dentro del
aparato estatal del grupo Prebisch, la trayectoria de sus principales integrantes, su apogeo y declinación, en nuestro trabajo Prolegómenos
del Peronismo. Transformaciones del aparato estatal 1943-1946, realizado para el Instituto de Altos Estudios Universitarios Patricios en
1996. mímeo. El referido grupo estaba encarnado en unas dos decenas
de funcionarios, liderados por Prebisch, que controlaron el Ministerio
de Hacienda, y algunas áreas del de Agricultura, entre 1930 y 1943. Con
posterioridad a esa fecha, algunos de los jóvenes discípulos de ese grupo (Alfredo Gómez Morales, Miguel Revestido, etc.) ocuparon lugares
prominentes en las administraciones peronistas.
80
En esos años se produce, en los puestos de responsabilidad, una interesante mixtura entre hombres de origen patricio y otros descendientes
de inmigrantes recientes, captados a través de su brillante desempeño
como estudiantes de Ciencias Económicas.
81
Por esos años coexistían en el aparato estatal los “jovenes brillantes” de
la dirección del Banco Central y la Secretaría de Hacienda, con bolsones de clientelismo indiscriminado, como los míticos “langosteros” del
Ministerio de Agricultura, personal sin calificación que no cumplía en
absoluto su función específica.
82
Tilman Evers destaca tanto la asimetría de recursos entre diferentes
sectores del aparato estatal, según la temática a la que se dediquen
(ubica a los organismos ligados a la gestión económico-financiera en
una punta del desarrollo, y a las cajas de jubilaciones, entre otros, en el
extremo de la carencia de recursos y el atraso tecnológico. (Evers,
1989, pg. 169).
83
Avanzado el período de las presidencias de Perón, muchos elencos técnicos ascendidos con el propio gobierno fueron desmantelados o recluidos a posiciones subalternas, y la afiliación al partido oficialista se convirtió en un frecuente requisito para el ingreso a empleos públicos. Todo esto en flagrante contradicción con un gobierno, y un presidente,
que hacían de la “organización” entendida en un sentido amplio que
comprendía la racionalización y la profesionalización de las funciones
estatales. La heterogeneidad de conductas y comportamientos estatales
seguía campeando por sus fueros.
84
Trasladada ahora sobre todo a los organismos descentralizados, y a las
administraciones provinciales, la llamada IIº Reforma del Estado sigue, en los hechos, manifestándose como una fase más del “ajuste interminable” cuya manifestación más ostensible es el despido masivo
de empleados.
85
Existía el importante antecedente del Directorio de Empresas Públicas
�Cirugía Mayor Argentina, fin de siglo -
175
(DEP) creado en 1986 por el presidente Alfonsín, que adjudicaba la dirección de empresas públicas a directivos de grandes grupos económicos que a su vez eran importantes contratistas del estado, como Pérez
Companc o Techint. De 1989 en adelante se arribó con “naturalidad” a
que directivos de empresas viales dirigieran la concesión de rutas con
peaje, o que un empresario de la medicina prepaga titulara el ministerio de Salud Pública.
86
Estos políticos-gerentes hicieron su aparición poco después del retorno
a la democracia en Argentina, en 1983. Los medios de comunicación
(con el consentimiento de ellos mismos), les asignaron la denominación
de “operadores”, nombre tomado del ámbito bursátil, que se dirigía a
acentuar su carácter de hombres que “operaban” en círculos restringidos e informales , donde se supone que se hallaba el “nuevo poder”.
87
En la interpretación de Claus Offe, uno de los factores fundamentales
de puesta en crisis del Estado de Bienestar Keynesiano, es la “invasión”
de las funciones de “acumulación” del estado por las de “legitimación”,
y la consecuente generación de espacios “desmercantilizados” cada vez
más amplios. (Offe, 1988).
88
Ver John Holloway, “Un capital. Muchos estados”, en Aportes para el
Estado y la administración gubernamental, Nº 3, otoño de 1995.
89
Esta entidad fue creada en la ciudad de Córdoba, la segunda en importancia de la Argentina, en épocas de la dictadura militar, con el patrocinio de grandes empresarios, al principio locales, pero luego extendidos
a otras zonas, incluyendo Buenos Aires. Se erigió en un prestigioso centro de estudios, a la vez que en una fuente de divulgación propagandística de ideas económicas neoliberales, liderada por Domingo Felipe Cavallo, graduado de la Universidad de Harvard, que fue funcionario de la
dictadura militar y luego ministro de Relaciones Exteriores (1989-91)y
luego de Economía (1991-96) del presidente Carlos S. Menem.
90
El equipo del ministro Cavallo incluía, además de la gran “fuente” de
cuadros que fue la Fundación Mediterránea, un conjunto de hombres
provenientes de vertientes críticas del pensamiento en Ciencias Sociales, como Juan José Llach. No es un dato menor que el neoliberalismo
no fue, ni mucho menos, el venero ideológico único de los autores y ejecutores del Plan de Convertibilidad.
91
Nos resulta aquí interesante recordar reflexiones producidas a partir de
otro proceso de “resurgimiento” de un aparato estatal después de una
crisis terrminal: el de la Italia de los primeros años veinte. A partir de
los análisis de Gramsci en su etapa de L`Ordine Nuovo, Christine Buci-Gluksmann (1975, pg. 190), caracteriza aquel proceso como la implantación del dominio de una fracción plutocrática, que se apoya en
�176
- Julio Gambina - Daniel Campione
una capa burocrático-funcionarial, que se va generando a partir de un
reclutamiento renovado de funcionarios. El proceso argentino puede
interpretarse como el avance, muchas veces a tientas, contradictorio,
hacia la conformación de un estrato funcionarial que sirviera de sustento a un predominio “plutocrático” fortalecido por el propio carácter
extremo de la crisis.
92
Esta “desmitificación” del funcionariado público, que destruye la mística de “servicio a la comunidad” que constituye un rasgo cultural tradicional de las burocracias públicas bien constituidas, es predicada hoy
desde el mismo estado, por funcionarios de primer nivel.
93
Con posterioridad a la puesta en vigencia del SINAPA, se introdujeron
normas de “contratación flexible” en el ámbito estatal, que permiten la
contratación y el pago de salarios elevados a profesionales de buen nivel.
94
Un artículo de Dora Orlansky (1994), analiza los efectos de prácticas
clientelísticas en lo que llama las “áreas políticas” del estado (Presidencia, Ministerio del Interior, etc.),en las que, en un contexto de reducción
de personal, aumentaron las dotaciones, de resultas de nombramientos
orientados políticamente por los niveles superiores de las mismas.
95
Tomamos esta idea, de la transformación de los reclamos en derechos,
y la consiguiente neutralización en términos políticos que ello produce
de Capella (1993)
96
Llamamos privatización “externa” al proceso que comunmente se denomina como de “privatizaciones”, traspaso de empresas y organismos
públicos a manos privadas. Denominamos en cambio privatización “interna” a la penetración del estado por intereses capitalistas privados,
hasta un límite en que rebasa claramente la acción de lobby, y termina
por anular un mínmimo de autonomía estatal en la toma de decisiones.
Organismos que siguen formalmente siendo “estado”, no actúan como
tal, sino con una racionalidad “privada” importada a su interior por intereses capitalistas.
97
La “desregulación” es un término algo impreciso, que no tiene las fronteras relativamente claras de la “privatización”. Si tomamos el concepto
como supresión (o atenuación en grado importante) de controles estatales sobre el funcionamiento de los mercados y de la actividad privada
en general, una gran gama de medidas queda comprendida en el concepto. El decreto 2284/91, dictado a fines de ese año con Cavallo ya como ministro, es una disposición central en cuánto marca una “arquitectura” del proceso de desregulación, en campos que van desde el comercio exterior a las relaciones laborales, pasando por el mercado de capitales y la seguridad social.
98
Néstor García Canclini, Imaginarios urbanos, Eudeba, pp. 64-65.
�Cirugía Mayor Argentina, fin de siglo -
177
99
Señala al respecto Vilas: “la política social del neoliberalismo asume un
carácter eminentemente asistencial, apuntando a segmentos determinados de la población en condiciones de pobreza extrema. La política
social deja de tener una función integradora; mucho más que incorporar a la población de bajos niveles de ingreso a condiciones satisfactorias de empleo y de vida, apunta a impedir un mayor deterioro de la población que ya se encuentra en condiciones de pobreza y presta asistencia a las víctimas del ajuste.” (Vilas, 1997, p. 935).
100
Sostiene este autor: “podría afirmarse que carecen de un plan que identifique los problemas que atacan las políticas en cada uno de los campos, y que establezca prioridades con arreglo a principios compartidos
de equidad social. En ausencia de planes, la eficacia económica y social
de las medidas tiende a diluirse y aparece un divorcio entre el calendario de las acciones y su prioridad social.” (Beccaría y Carciofi, en Alberto Minujin (comp.)., Desigualdad y exclusiòn. Desafìos para la
política social en la Argentina de fin de siglo, Losada-Unicef, Buenos Aires, 1993.
101
Oscar Oszlak, “Construir un mejor estado”, en Clarín, 16/06/97.
102
En este juego de los términos “despolitización” y “repolitización”, aludo
a la racionalidad tecnocrática que se presenta como superadora de las
visiones “ideologizadas” provenientes de la política, y en realidad suele
ocultar apenas un proyecto político radical, presentado como “fundamentalismo de mercado”.
103
Juan Ramón Capella, Los ciudadanos “Siervos”, Trotta, Madrid, 1993.
104
La evolución del desempleo desde 1980 marca el tránsito desde una situación de virtual pleno empleo a los porcentajes de trabajadores desempleados más elevadas de la historia del país. La desocupación era de
2.6% en 1981 y 4.8% en 1982- En 1989 7.6%,1993, 9.6%, 1994, 11.5, y
1995, 17.4, 1996, 17% y de allí ha seguido en leve descenso, (Artículo
de Claudio Lozano, Página 12, abril de 1996)
105
“En 1995 la proporción de hogares pobres registró un aumento de un
24%, revirtiendo la tendencia al descenso desde 1989 (año que marcaba un punto altísimo, en medio de la crisis hiperinflacionaria). “En 1995
se estimaba en un 21% el porcentaje de hogares del G.B.A que se encontraba por debajo de la línea de pobreza, en tanto que un 15,3% tenía sus necesidades básicas insatisfechas. Esto se potencia con el abandono de las políticas sociales universales y su reemplazo por el gasto social focalizado. Svampa, Maristella y Martuccelli, Danilo, La plaza vacía. Las transformaciones del peronismo, Losada, 1997: 43)
106
Acuña y Smith expresan así la situación, refiriéndose al conjunto de
los países latinoamericanos que experimentaron procesos de ajuste
�178
- Julio Gambina - Daniel Campione
estructural: “El proceso de la reforma estructural condujo al surgimiento de democracias con una gran concentración del poder en el Ejecutivo y la exclusión de los sectores populares de la formulación e instrumentación de las medidas sociales y económicas (...) Otra consecuencia del proceso fue la desarticulación de los actores sociales, en particular los de sectores subalternos.” Acuña, Carlos y Smith, William C. “La
economía política del ajuste estructural: la lógica de apoyo y oposición
a las reformas neoliberales” en Desarrollo Económico. Revista de Ciencias Sociales. Abril-Junio de 1996. Vol. 36. N° 141: 357
107
Mabel Thwaites Rey se refiere a lo vivido en ese período como “... una
verdadera estrategia político-económica que resitúa las bases de la dominación social, define nuevas formas de legitimación-deslegitimación
estatal, implica un cambio profundo de las fronteras entre el estado y la
sociedad y de los vínculos entre los distintos grupos, clases y actores sociales que se habían configurado durante largas décadas en la Argentina.” Thwaites-Rey, Mabel, “Ajuste estructural y reforma del estado en la
Argentina de los 90” en Realidad Económica. Revista del Instituto Argentino de Desarrollo Económico, Nro. 160/161, noviembre 1998/febrero 1999: 77.
108
Hirsch, Joaquim, Globalización. Transformación del Estado y Democracia. Córdoba, 1997: 27.
109
Hirsch, J. op. cit.: 28-29
110
El término “refuncionalización” resulta más apto para designar el proceso experimentado en la estructura y composición del aparato estatal
que los de “desmantelamiento” o “desguace” que han ingresado al lenguaje periodístico, ya que la destrucción no fue universal, y los organismos más ligados con las funciones de “acumulación” del aparato estatal,
tendieron a ser reforzados y modernizados. Tratamos este tema en “El
Estado Argentino. A propósito de cambios y paradigmas” en Reforma y
Democracia. Revista del Centro Latinoamericano de Administración
del Desarrollo (CLAD), Nro. 9. Octubre 1997.
111
En un balance sobre las medidas implementadas por el Proceso de
Reorganización Nacional para “desmontar el poder sindical” Juan Alemann, quien fuera secretario de Hacienda del dictador Jorge Rafael Videla enumeraba la atomización de los sindicatos, la reducción de la concentración de personal en las grandes empresas,, el crecimiento de las
ramas de servicios en detrimento de la industria, y del personal técnico
y calificado en relación al más propiamente obrero, como otros tantos
éxitos en esa tarea. Alemann, Juan, “Los sindicatos y el poder”, La Nación, 9 de abril de 1987, citado por Nun, José “Cambios en la estructura social argentina” en Nun, J. y Portantiero J. C, Ensayos sobre la
transición democrática en Argentina.
�Cirugía Mayor Argentina, fin de siglo -
179
112
Borón, Atilio. “Las promesas incumplidas de la democracia” en AAVV.en
Izquierda, Instituciones y Lucha de Clases, sin mención de editorial,
1998: 44
113
El término “aceptable” no implica valoración positiva de nuestra parte
sino la comprobación de que las condiciones de libertad de expresión,
asociación, reunión, etc. no son sustancialmente peores que las imperantes en la mayoría de las democracias realmente existentes.
114
Cavarozzi, Marcelo. Autoritarismo y Democracia, Ariel, 1997: 115
115
En realidad, la posibilidad de escoger entre opciones previamente configuradas por poderes superiores se ha proyectado desde las elecciones
a la cotidianeidad por vía del desenfrenado auge de la “encuestología”,
siempre atenta a pulsar la opinión pública sobre elecciones futuras y
acerca de la “imagen” de los posibles candidatos, lo que a su vez encuentra una repercusión de primer orden en los “medios”. La expresión
de la “opinión” siempre armada sobre preguntas “cerradas” reemplaza
así las posibilidades de decisión efectiva.
116
Con el término “renuncia” aludimos aquí a la creciente tendencia a la
abstención electoral y al voto en blanco que se registra en las elecciones nacionales, que en los comicios a convencionales constituyentes de
1994 llegó al 34,9% del padrón, si se suman ambos índices, ocupando el
segundo lugar a nivel nacional y el primero en algunas provincias
117
Escribe Vilas: “...en el mismo momento en que se consolida el discurso sobre la autonomía del sistema político respecto de sus bases estructurales, la política se vincula e identifica con la preservación de
una determinada configuración estructural- el sistema capitalista realmente existente en un país dado, y por lo tanto, con una específica dominación de clase.” Carlos M. Vilas, “La Izquierda en América Latina:
Presente y futuro (Notas para la discusión)” en La invención y la herencia. Cuadernos Arcis-Lom Num. 4/ Noviembre-Diciembre 1996,
Santiago de Chile: 268.
118
Sidicaro, Ricardo, “Poder político, liberalismo económico y sectores populares” en AA.VV op. cit. :151.
119
Esta conjetura ha sido esgrimida hasta el exceso, sobre todo en medios
periodísticos, con motivo de las presidenciales de 1995, popularizándose la denominación de “voto-cuota”.
120
La supuesta “coalición” ha pasado a ser casi un tópico entre los analistas. Ricardo Sidicaro, Novaro-Palermo y Julio Godio, entre muchos
otros, analizan esa alianza, sin detenerse en el punto de la relativa “simetría” que exigiría, a nuestro juicio, el poder darla por constituida.
121
Novaro, Marcos y Palermo, Vicente. Los caminos de la centroiz-
�180
- Julio Gambina - Daniel Campione
quierda. Dilemas y desafíos del Frepaso y de la Alianza. Losada,
1998:30-31)
122
Manin, Bernard, 1992. “Metamorfosis de la representación” en Dos Santos, Mario, (comp.) ¿Qué queda de la representación política?,
CLACSO/Nueva Sociedad, Caracas: 29 y ss.
123
Nun, José “Populismo, representación y menemismo” en AA.VV Peronismo y menemismo, El Cielo por Asalto, 1995: 74.
124
Manin, B. op. cit.: 29.
125
Campione, Daniel “El menemismo como fenómeno político”. Cuaderno
de la Fisyp, 1990.
126
En lo que respecta al desempeño del gobierno del Dr. Alfonsín como
convocante a la “plaza pública” el punto de inflexión quedó marcado
primero en abril de 1985, cuando reunió a manifestantes de todas las
fuerzas políticas en Plaza de Mayo y terminó anunciando el comienzo de
las políticas de ajuste bajo el nombre de “economía de guerra”. Luego
sólo ante la amenaza de la rebelión militar de Semana Santa de 1987 se
repetiría una instancia de movilización masiva, nuevamente defraudada
con el discurso de la conciliación que quedó señalado en la memoria popular por el deseo de “Felices Pascuas” del Presidente de la Nación.
127
Ricardo López Murphy, Adolfo Sturzenegger (luego pasado al partido
del ex ministro Domingo Cavallo) y Adalberto Rodríguez Giavarini, son
cabales exponentes de economistas neoliberales pertenecientes al radicalismo y estrechamente ligados a su dirigencia.
128
La tradición de la Línea Córdoba siguió detentando el principal gobierno
provincial en manos de la UCR, la Capital Federal fue hegemonizada por
de la Rúa, primero como candidato a senador y luego a jefe de gobierno,
y su elección en ese cargo depositó en sus manos la candidatura presidencial sin que hubiera ninguna disputa en torno a la postulación.
129
Abal Medina, Juan Manuel, “La ‘normalización’ del sistema partidario argentino.” en Sidicaro, Ricardo y Mayer, Jorge (comp.) Política y Sociedad en los años del menemismo.
130
El triunfo del Dr. de la Rúa en las elecciones internas abiertas para determinar al postulante a la Presidencia de la Nación en 1999 han constituido el punto culminante de la plena recuperación del radicalismo como potencial “partido de gobierno”.
131
El Frente Grande se originó en la convergencia, con vistas a los comicios parlamentarios de 1993, de dos alianzas que habían actuado en
elecciones anteriores: el Frente por la Democracia y la Justicia Social
(Fredejuso) y el Frente del Sur. Este último era a su vez la coincidencia de varias pequeñas agrupaciones de izquierda, incluido el Partido
�Cirugía Mayor Argentina, fin de siglo -
181
Comunista y el Partido Comunista Revolucionario. En el Fredejuso convergían el partido Democracia Popular, sectores que se habían alejado
recientemente del Partido Justicialista, en el que habían formado el grupo parlamentario disidente conocido como “de los ocho”. Para un relato
detallado de la conformación del Frepaso ver Godio, Julio La Alianza.
Formación y destino de una coalición progresista. Grijalbo, 1998.
132
De especial valor, por tratarse de un estudioso cercano a esa fuerza política, es la descripción que hace Julio Godio del proceso de organización del Frente Grande, que merece ser transcripta en extenso: “...no
pensaban fundar un partido político que se asemejase al peronista o la
UCR, tampoco se lo imaginaban como partido ideológico al estilo de la
social-democracia y la democracia cristiana. Por el contrario, pensaban
en un partido “ligero”, dirigido verticalmente desde núcleos de dirigentes a nivel nacional y en las provincias. Para organizar a los adherentes
de base se debía crear “casas del Frente”, en las cuales funcionaría una
militancia fuertemente vinculada a los problemas locales.” ...“Es interesante destacar que en la estructura del FG no se prevé ninguna localización institucional de las casas del Frente. De modo que el sistema de
flujo de informaciones, decisión de actividades, etc, se limita a reuniones puntuales de esos militantes en distintos espacios organizativos (casas del Frente, asambleas, etc.) Los afiliados participan en la elección
de los dirigentes locales, distritales y nacionales por el voto directo y a
través de diferentes listas de candidatos.” Godio, Julio. op. cit.: 105-106
133
Godio, J. op. cit. 1998: 40.
134
Auyero, Javier (comp.) ¿Favores por votos? Estudios sobre clientelismo político contemporáneo, Losada, 1997, Introducción: 18
135
Auyero, Javier. “Evita como performance. Mediación y resolución de
problemas entre los pobres urbanos del Gran Buenos Aires” en Auyero
op. cit.: 172.
136
La figura del “puntero” (denominación de prosapia radical y conservadora, pero sin una sólida tradición en el peronismo, comentario nuestro) se ha convertido en el intermediario indispensable entre jefes políticos y “clientes” en el peronismo de los 90’ (cf. Auyero, 1997: 169).
137
Nos referimos con “normalización” a las circunstancias en que las distintas fuerzas políticas aceptan a la democracia como el único juego político posible. Una buena descripción la proporciona Daniel García Delgado “...el régimen representativo que se constituía en la fase democrática del ciclo cívico-militar no es similar al que se constituye con posterioridad a la última dictadura, ya que, mas allá de funcionar con similares instituciones, la difusión de valores asociados al pluralismo, la mayor competencia y el impacto de la globalización van a provocar una
�182
- Julio Gambina - Daniel Campione
transformación de este régimen político, produciendo el pasaje del modelo “movimientista” (democrático popular) al democrático liberal.”
García Delgado, Daniel Estado y Sociedad. La nueva relación a partir del cambio estructural, FLACSO-Tesis-Norma, 1994: 109.
138
"a partir de 1976, hubo una creciente transferencia de excedente desde
el Estado hacia las empresas privadas, a tiempo que el liderazgo del proceso de acumulación industrial pasaba a los grandes grupos económicos
nacionales y a las empresas extranjeras diversificadas y/o integradas"
Nun, José, "Vaivenes de un régimen social de acumulación en decadencia" en J. Nun y J:C Portantiero (comps.) Ensayos sobre la transición
democrática argentina, Puntosur, Buenos Aires, 1987: 101
139
"...aquéllos capitales, tanto nacionales como extranjeros, que tenían una
inserción restringida al control de unas pocas empresas y mercados con
un escaso desarrollo de la integración vertical y horizontal perdieron
trascendencia en forma acentuada, siendo expulsados en muchos casos
del mercado a pesar de tratarse de firmas oligopólicas." Nun-Portantiero. op. cit.: 189. Por el contrario, los capitales integrados y/o diversificados, fueran de origen nacional o extranjero, aumentaron su poder
económico y el control que ejercían sobre los mercados.
140
Ya en vísperas del retorno al régimen constitucional, los grupos económicos emergentes como lo mas granado del gran capital comienzan a
actuar como un grupo informal que mantendrá presencia durante todo
el período de Alfonsín, con diversos nombres y modalidades de actuación. como uno de sus ideólogos lo señala: "Los intereses importantes
necesitan tener una coordinación más rápida que la que ofrecen las instituciones...a más representatividad, menos agilidad". (Declaración de
Livio G. Kuhl,) citada por Ostiguy, Pierre. Los capitanes de la industria. Grandes empresarios, política y economía en la Argentina de
los años 80’, Legasa, 1990.: 92). Este grupo, conocido en ese período
como "capitanes de la industria", tendrá un acentuado protagonismo
durante la vigencia del Plan Austral, e ingresará cuasi oficialmente al
Estado, con la conformación del DEP (Directorio de Empresas Públicas). Es interesante señalar que, en esa etapa, esta modalidad informal
es reproducida en el sector obrero por el Grupo de los 15, otra unión
de actores estratégicos, dispuestos a trabajar en el cambio de modelo
de acumulación. Las grandes organizaciones corporativas volverán por
sus fueros en el Plan Primavera. Los primeros dos años del gobierno
Menem tendrán variadas alternativas en cuanto a la presencia de los
grupos económicos, pero a partir de la gestión Cavallo, el protagonismo
público volverá a descender claramente. Tiene que ver en ello, el protagonismo de un particular instrumento político-intelectual como es la
Fundación Mediterránea. (Allí no son los grupos los que elaboran un
�Cirugía Mayor Argentina, fin de siglo -
183
proyecto propio, sino que auspician a un think-tank, que mantiene un
importante grado de autonomía frente a sus promotores empresarios.)
La promoción del equipo de la fundación a la conducción del equipo
económico, inaugura un nuevo tipo de vinculación gran capital- conducción económica estatal, más dúctil y menos cruzada por contradicciones
que las intentadas hasta ese momento. (Un análisis más detallado de esta evolución se encuentra en Muñoz, Irene y -Campione, Daniel, Estado
y Sociedad de Alfonsín a Menem, Letra Buena, 1993.
141
Lo temprano de la actitud de partida favorable a la reapertura democrática de los sectores empresarios hegemónicos, es analizada con detalle
en Ostiguy, op. cit.
142
El estudio del proceso de concentración y diversificación se encuentra
en Azpiazu, H, Basualdo, E.M, y Khavisse M, El nuevo poder económico en la Argentina, Legasa, 1986.
143
La revalorización de la democracia abarcó a la sociedad en general, y estuvo estrechamente ligada a la problemática de Derechos Humanos, y
se reforzó con el juicio a las juntas. El tema está tratado en Acuña, Carlos y Smulovitz, Catalina, 1991
144
Acuña, Carlos H. "Política y Economía en la Argentina de los 90" (O por
qué el futuro ya no es lo que solía ser), CEDES, 1993: 1
145
Miguel Miranda, conductor económico del primer gobierno de Perón, es
quizás el mejor ejemplo. José Alfredo Martínez de Hoz no es un caso tan
claro, porque a su carácter de empresario exitoso se unía una formación
y actuación profesional como economista.
146
El mejor estudio sobre la presencia empresarial en la Argentina democrática es el de Pierre Ostiguy, Los capitanes de la industria, Legasa,
1992. “Capitanes de la Industria” “Grupo Empresario Asesor” “Club de
Privatizadores” fueron sucesivas denominaciones de ese nucleamiento.
147
Más en general, el “éxito”, la posesión previa de dinero y poder, se han
convertido en bienes que, obtenidos en la actuación empresaria privada
o en esferas públicas extrapolíticas (el deporte, el espectáculo) se han
vuelto “trasladables” al plano político, y los partidos políticos en general, y el PJ en particular, han recurrido a ello reiteradas veces.
148
Cf. Ostiguy, op. cit.
149
La Unión de Centro Democrático, pese a sus avances electorales de los
80’, y sus importantes vínculos con el mundo empresarial, no se había
afirmado todavía como un partido de derecha con gravitación nacional. El advenimiento de Menem, con la realización de su programa en
una versión no precisamente tímida, los arrastró con rapidez a un rol
de ‘socios menores’ que condujo a la pérdida de fuerza electoral y al
�184
- Julio Gambina - Daniel Campione
desmembramiento de la fuerza, ya muy debilitada en los primeros 90’.
150
Campione, Daniel y Muñoz, Irene, Estado y Sociedad de Alfonsín a
Menem. Letra Buena, 1994: 95.
151
Schvarzer, Jorge. Implantación de un modelo económico. La experiencia argentina entre 1975 y el 2000, 1998: 210 y ss.
152
Incluimos en el campo del ‘gran capital’, a las empresas propietarias de
los principales medios masivos de comunicación, los cuáles o han sido
adquiridos por conglomerados económicos constituidos en otros ramos
de actividad (como los canales 9 y 11 por ejemplo), o se han constituido en holding de las comunicaciones aprovechando la explosión de la
TV por cable, las conexiones a Internet, y las amplias privatizaciones de
radios y canales de TV.
153
La política exterior del presidente Menem rompió con una tradición secular de la política exterior argentina, de preservar un cierto margen de
autonomía frente a las posiciones norteamericanas, incluyendo ciertos
alineamientos ‘tercermundistas’. La posición argentina ha sido cambiada en casi todos los temas internacionales, para volverla coincidente
con la orientación de EE.UU.
154
Usamos este término en el sentido clásico de una orientación que ingresa
en el terreno de lo no disputable, excluida de las discusiones políticas habituales y sobre todo de las campañas electorales, por haber alcanzado un
consenso “suprapartidario” proyectado al menos al mediano plazo.
155
Con respecto a la convertibilidad monetaria, el proceso fue gradual, pero de claridad meridiana. De augurar su caída catastrófica, se fue pasando a la apelación a la necesidad de “salir de la convertibilidad” en algún
momento próximo, hasta llegar a la aceptación de la convertibilidad como “intangible”, un bien en sí mismo del que dependería el “bienestar
de los argentinos”.
156
Hay que destacar que una proporción no desdeñable del espacio de izquierda radicalizada se volcó al mismo “posibilismo” que había denunciado acremente en la década de los 80’, y pasó a adoptar una lectura
de la realidad más cercana a la que propulsaba el Club de Cultura Socialista en aquellos años que a los pujos combativos y aun “clasistas”
que habían signado su propia trayectoria dentro del PC, Encuentro Popular y otras agrupaciones de izquierda.
157
La idea de la ‘tercera vía’ intermedia entre el neoliberalismo y la socialdemocracia tradicional, ha tomado inusitada popularidad entre los políticos argentinos de oposición, ansiosos de encontrar una cobertura que
les permita aparecer en la ‘cresta de la ola’ en cuánto a las novedades circulantes, a despecho de la extrema pobreza de sus propuestas efectivas.
�Cirugía Mayor Argentina, fin de siglo -
185
158
Sidicaro, Ricardo. op. cit.: 126 y ss.
159
Al ser Menem el encargado de asumir el giro neoliberal, el contenido de
sus políticas le aseguró el apoyo del gran capital, y de todo el establishment intelectual y político, mientras que su identidad partidaria le dio un
margen de apoyo expectante o de neutralidad benévola de los sectores
identificados con el peronismo, lo que abarca tanto a los votantes como
a dirigentes políticos y sindicales. Ello no implica negar la elevada cuota
de voluntad y habilidad política desplegada por el gobierno para desarticular las resistencias que de todos modos pudieran producirse.
160
Novaro, Marcos y Palermo, Vicente, Política y poder en el gobierno de
Menem, Tesis-Norma, 1996: 473.
161
Si en 1989 el sufragio popular apoya la elección de Menem todavía imaginado como portador de políticas populistas, los comicios de 1991 pueden ser interpretados como el aval a una estabilidad de precios tan flamante como inédita. En 1993, con el grueso de las privatizaciones y la
desregulación efectuada, resulta innegable la existencia de un apoyo a
las políticas neoliberales, mientras se vivía el tercer año consecutivo de
un alto nivel de crecimiento del PBI. Por añadidura, la prédica de la carencia de cualquier alternativa viable, a la política en curso, frecuente en
discursos políticos de cualquier tipo, alcanzó una vigencia exacerbada en
estos años, viéndose a la vez reforzada por el derrumbe del bloque del
Este en el plano internacional, y la bancarrota tan completa como evidente de las instituciones del “estado empresario” en el plano nacional.
162
La tendencia expansiva del crédito, ciertos efectos deflacionarios de la
apertura económica en ramas antes protegidas, y la certidumbre hija de
la estabilidad de precios, tuvieron efectos expansivos sobre el consumo
hasta las circunstancias recesivas del bienio 1994-1995.
163
Acuña, op. cit. 1993: 33.
164
“De junio de 1985 en adelante, el radicalismo se mostró capaz de ser
permeable a la participación de los capitalistas y sus organizaciones en
el proceso de toma de decisiones, así como de implementar estrategias
que apuntaban a la solución de la crisis del "viejo" modelo de acumulación en una dirección funcional a intereses empresariales de gran peso:
apertura de la economía, privatizaciones, enfrentamiento con el poder
sindical y disminución del poder del estado como productor y asignador
de recursos ya no fueron objetivos monopolizados por los tradicionales
partidos de derecha o las FFAA., Acuña, Carlos "Lucha política y organizaciones empresariales de cúpula: Algunos apuntes teóricos con referencias al caso argentino". CEDES, 1992.
165
Ese apoyo generado por el Plan Cavallo, se mantiene muchas veces por
una confianza general en los resultados del modelo, más allá de perjui-
�186
- Julio Gambina - Daniel Campione
cios económicos puntuales, como en el caso de buena parte de la burguesía industrial. En ciertos casos, hay mecanismos que compensan
ampliamente, dentro de la lógica de las reformas, la pérdida de beneficios existentes en la etapa anterior. Así, para muchos grupos económicos, el cierre del mercado de contrataciones estatales, ha sido compensado por la posibilidad de acceder a la propiedad de las empresas privatizadas. Los posteriores cimbronazos, sobre todo a partir de 1994, han
disminuido la confianza en un horizonte de crecimiento sostenido y
prosperidad por “derrame” de los sectores menos privilegiados, pero
han aumentado la sensación de que sólo el régimen de convertibilidad
separa a la sociedad argentina de un retorno al descontrol. Cuando las
crisis comenzaron a repetirse en las geografías mas disímiles, y abarcando inclusive a algunos de los NICs., (países de nuevo desarrollo) vistos
como los más tempranos y sólidos ejemplos de incorporación de países
del Tercer Mundo al círculo de la prosperidad, la incertidumbre no hizo sino aumentar. Esto se refleja en el disciplinamiento de la oposición
política a la convertibilidad, luego de unos primeros años en que presagiaban el derrumbe del esquema o al menos la necesidad de salir de él
para terminar con sus restricciones.
166
Cabe aquí la advertencia contra la asociación mecánica entre empeoramiento de la situación económica y el aumento de la conflictividad social y política. El debilitamiento de los actores sociales potencialmente
opositores, y la adopción de estrategias individuales, "no políticas", inducida a su vez por los crecientes costos de la acción colectiva, se conjugan para que no haya crecimiento inmediato del nivel de conflicto.
�Cirugía Mayor Argentina, fin de siglo -
187
III. La vereda de enfrente
La lucha de los de abajo
La dinámica de la resistencia en la década de 1990 está condicionada por las secuelas dejadas por la política represiva de la
dictadura militar (1976-1983), con su correlato de un 50% de las
víctimas de la represión de origen proletario por un lado,1 y la
descomposición de la hegemonía peronista en el movimiento
obrero2 por el otro (proceso que aceleró el menemismo). Además, y en aras de los cambios económicos que venimos comentando, se verifican modificaciones en las formas que asume la resistencia y los sujetos que se constituyen en dicho proceso. Si el
accionar sindical (anarquista y socialista hasta los 40, peronista
luego) fue uno de los ejes principales de articulación de la resistencia social en buena parte del siglo, en la década final hay quiénes sostienen que “puede decirse que ya no quedan casi puntos
de apoyo político-estatales para la acción sindical, sino a lo sumo,
y en algunos casos puntuales, favores o prebendas”.3 O tal como
sostiene Juan Carlos Torre, "...es todavía temprano para reconocer los rasgos del mundo de las relaciones laborales que viene,
pero es posible sostener, a la luz del combate de retaguardia en
que está empeñado el sindicalismo, que las instituciones y las
prácticas que conocimos están, ellas también, abandonando la
escena junto con el orden económico y social del que eran piezas
solidarias”.4
Al mismo tiempo, en el periodo se constituyeron sujetos y organizaciones que, más allá de su articulación, asumieron la nueva forma y dinámica de una resistencia propia de las transformaciones operadas en el modelo de acumulación que emerge con
mayor fuerza en tiempos del menemismo y cuyos antecedentes
�188
- Julio Gambina - Daniel Campione
remiten al inicio de la dictadura militar. Son "novedades" que no
ponen en discusión la centralidad de los trabajadores en la resistencia popular, pero sí reconocen la diversidad que asumen éstos, ya sea en su actividad territorial o sindical. Sin dudas, en los
años 90 se produjeron novedades al interior del movimiento
obrero. De todas maneras, es necesario tener en cuenta la relación entre novedad 'mediática' y novedad 'real', esta última siempre distinta (y a veces menor) que lo que proclama el pensamiento oficial a través de los medios y sus intelectuales adictos.
En la casi totalidad de las experiencias de "inorganicidad",
que se expresaron en los "saqueos", "motines" o "revueltas" de
1989/1990; las "marchas del silencio" de Catamarca, organizadas
a partir del asesinato de María Soledad Morales en 1990; las "revueltas" en varias provincias y particularmente la de Santiago del
Estero en 1993; los cortes de ruta en Cutral-Co y Plaza Huincul y
su extensión a otros lugares desde 1996; las vinculadas al repudio por los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA, como el
repudio por el asesinato de José Luis Cabezas; hasta las iniciativas más "organizadas" y ligadas al movimiento de trabajadores, de
derechos humanos, de género, medio ambiental y de sectores sociales diversos, incluso de partidos políticos, entre las que se destacan los paros generales (varios en la década), la plaza del No
convocada por los partidos de izquierda, la constitución de la
CTA en 1992 (primero como Congreso y luego como Central), la
"marcha federal" de 1994; los trabajadores jugaron un rol central.
Sobre el final de la década aparecen con más visibilidad los nuevos movimientos de resistencia contra la globalización neoliberal,
tal el caso del grupo ATTAC, Diálogo 2000 y otros que se desarrollaron desde los acontecimientos en Seattle, Estados Unidos, en
noviembre de 1999.
Al mismo tiempo, se pudo verificar la articulación de lo inorgánico con lo orgánico en diversas ocasiones, siendo relevante en
ese sentido la gran concentración del 24 de marzo de 1996, para repudiar el vigésimo aniversario del golpe de Estado. En esta
actividad, que se desarrolló en todo el país y bajo diferentes formas, en plazas, calles y estadios deportivos, y que pese a la masi-
�Cirugía Mayor Argentina, fin de siglo -
189
vidad no remitió a ninguna hegemonía política o social, fue determinante el papel asumido por la CTA, y aún luego el peso de la
declaración judicial de parte de su Mesa Nacional en el Juicio que
en Madrid lleva adelante el Juez Baltazar Garzón5 Debe consignarse que la Asociación de Fiscales Españoles que inició las acciones judiciales en Madrid se inspiró en esa gran movilización de
rechazo al golpe genocida, poniendo de manifiesto la potencia
surgida del accionar popular en la resistencia en este período.
La primera condicionante aludida al comienzo remite a la desarticulación del activo militante, organizado a través de sindicatos, grupos y partidos políticos; y la segunda al agotamiento del
modelo sindical negociador que instaló el vandorismo por décadas, y cuyas cabezas, aún supérstites, se expresan en la UOM, el
SMATA y otros sindicatos contenidos en la CGT, con mayor o menor éxito en su capacidad negociadora. Precisamente, durante el
menemismo, el primero sufrió por sus finanzas amenazadas ,
mientras el segundo logró una interlocución con el gobierno y las
patronales que puede considerarse eficaz (desde su propio punto de vista). Los mecánicos tuvieron una mayor capacidad de
adaptación a las nuevas condiciones en las negociaciones con las
empresas y los beneficios derivados para las organizaciones sindicales. Por su parte, los metalúrgicos arrancaron al Poder Ejecutivo prebendas económicas que contribuyeron a sostener una
difícil situación en la obra social, y ello puede vincularse a las estrechas relaciones entre el aparato sindical y político del PJ, pero también a la personal relación entre Lorenzo Miguel y Carlos
Menem, tal como sugiere Hiroshi Matsushita.6 Simultáneamente,
se pudo apreciar un proceso de adaptación y refuncionalización
de algunos sindicatos al nuevo modelo de acumulación, desde la
UOCRA, pasando por Luz y Fuerza hasta Empleados de Comercio, los que se asociaron en calidad de copropietarios a emprendimientos económicos en el mercado de capitales, seguros, actividades productivas y de servicios, con el fin explícito de obtener
réditos derivados de la explotación capitalista. Esta variante de
sindicalismo empresario desarrolló una forma de interacción con
el poder político que se expresó en la hegemonía detentada en la
�190
- Julio Gambina - Daniel Campione
cúpula de la CGT para negociar pérdidas de derechos laborales
de los trabajadores con sustento asegurado de las propias organizaciones sindicales, tema que se reflotó a comienzos de 2000 en
la negociación entre la cúpula sindical y el nuevo gobierno de la
Alianza entre la UCR y el Frepaso, y que incluyó la emergencia
de la disidencia del MTA que se posicionó en la confrontación para finalmente negociar.
En el periodo analizado existieron realineamientos de las
alianzas entre distintos sindicatos y corrientes, en función del
mayor o menor protagonismo o éxito obtenido en sus estrategias
por sostener capacidad de negociación con las patronales y el gobierno; mantener los niveles de afiliación y la prestación de servicios a los mismos, particularmente en el área de salud, afectada fuertemente por las demandas de concentración derivada de
las presiones de las transnacionales de la salud y los laboratorios
externos en su puja por la obtención de beneficios en la explotación de las patentes medicinales. Está claro que aquellos que lograron cierta estabilización en la adaptación al nuevo modelo de
acumulación son los principales protagonistas de un sindicalismo
asociado al bloque de poder, con capacidad negociadora, así como los que tienen más dificultades económicas, sociales, sindicales y que pretenden recomponer sus posiciones desde la confrontación. Lejos está este último sector de ser parte de lo que enunciamos como "nuevos" fenómenos de organización de los trabajadores, aunque en la resistencia a las políticas neoliberales hayan
coincidido en iniciativas de protesta callejera, tal como se pudo
comprobar en las protestas contra la reforma laboral entre febrero y abril de 2000 por parte del MTA, la CTA y otras corrientes
sindicales.
En este marco, se puede hablar de tres ciclos de resistencia
en la década:
• Uno culmina con la privatización de los ferrocarriles en
1991/1992. Tiene como característica central la defensa
del empleo público en las empresas estatales y la oposición a las privatizaciones. Son luchas que transmiten una
imagen corporativa hacia el conjunto de la sociedad, la que
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191
se encuentra influida por un sentido común generalizado
privatizador.
• El segundo se despliega entre el “santiagazo” en diciembre
de 1993 y la Marcha Federal en junio de 1994. Aparecen
en escena nuevos sujetos con menor tradición e identidad
asumida en el conjunto social. Se destaca en este ciclo la
emergencia del Frente Grande, como una expectativa política que le sacará el cuerpo a la nueva institucionalidad
entre los trabajadores, pretendida por la CTA y la propia
Marcha Federal.
• Los cortes de calle y ruta, junto a los piquetes y fogones,
constituyen la forma que asume el tercer ciclo de resistencia y se despliega entre 1996 y 1998, con picos en 1997 en
Chapadmalal y Cutral-Có. Más claro que en los dos ciclos
anteriores, en este caso se visualiza la ausencia de representación política de esa resistencia. La Alianza entre el
Frepaso y la UCR producida en momentos de las elecciones
de renovación parlamentaria de 1997 capitalizarán como
apoyo electoral ese descontento expresado en rutas y calles. Simbólicamente, el 'apagón', única movilización social
convocada por la Alianza, opera como el momento del 'trasvase' del descontento social hacia el voto a la oposición a
Menem. Con un gesto casi único, un solo momento a la cabeza de las luchas, la coalición opositora queda lista para
volver a la disputa electoral, dueña del terreno. Las luchas
sociales decaerán durante el resto del gobierno de Menem.
Resulta legítimo interrogarse en torno del derrotero de la dinámica de resistencia con el cambio de gobierno en diciembre de
1999. El decenio de 1990 fraguó un estilo de confrontación y un
marco de alianzas unificado en el anti-menemismo. El retiro de la
escena del menemismo, agigantado por el ánimo de desmarque de
los postulantes a suceder a Menem en el liderazgo del PJ hacia la
renovación presidencial de 2003, como Carlos Ruckauf, José Manuel De la Sota, Carlos Reutemann y el propio Domingo Cavallo,
generó una situación que requiere nuevos posicionamientos y
�192
- Julio Gambina - Daniel Campione
alianzas en el campo de la resistencia. Un anticipo de ello fue la
fractura producida en la CGT ante la media sanción de la reforma
laboral (marzo de 2000) y la disputa en torno de la hegemonía de
la resistencia, en la que se anotan por lo menos la fracción liderada por Moyano (MTA) y la CTA. Permeada la primera por los intentos de recomposición del PJ de cara a la sociedad y de la disputa de cuotas de poder hacia dentro del mismo por parte de los
sindicalistas. En el caso de la CTA se manifestó una contradicción
no necesariamente explícita, entre quiénes (mayoría) con matices, cifraron expectativas en el cambio de administración presidencial y quedan incómodos ante las primeras decisiones del gobierno de Fernando De la Rúa, y los que (minoría) consideraron
necesario hacer emerger una central alternativa. Claro que todos
asumen el carácter "independiente" o "autónomo" de la CTA ante
gobiernos, partidos o patrones.
Defensa de las empresas públicas
Estadísticamente se registra una reducción de la conflictividad laboral en la primera etapa del menemismo. Entre las razones que pueden explicar este fenómeno debe considerarse el éxito inicial del “régimen de convertibilidad”, que generó una expansión del consumo y del crédito, que también incluyó a los asalariados. En 1990 el desempleo alcanzaba el 8,6% y el subempleo
el 9,3%. Ese 17,9% resultado de la suma de ambos índices constituye un escalón que en la década de 1980 será de dos dígitos y
alcanzaría casi el 30% al finalizar la década. En los 70 la escala no
superaba el 10% conjunto, para subir en el rango hasta el 20% en
la década siguiente, superar dicho escalón a partir de 1994 y estabilizarse en torno del 30% en una nueva escalada. Pero también, es conveniente destacar que el trabajo ideológico y propagandístico iniciado en tiempos de dictadura y continuado en periodo constitucional a favor de una reforma del Estado y particularmente sobre la “necesidad” de privatizar las empresas públicas, tuvo su efecto concreto bajo la presidencia del Dr. Menem.
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193
En un trabajo testimonial sobre las luchas de los ferroviarios
se puede leer con relación a las luchas contra la privatización del
ferrocarril entre 1987/1992, que “esta ofensiva discursiva inicial,
instalada con la ayuda de los medios de comunicación, no solo
apuntaba en ese momento a los ferroviarios sino a toda la sociedad”7. Lo comentado explica que una parte de la conflictividad
laboral se concentre en la defensa de las empresas públicas y
contra su privatización, proceso que es visualizado por la sociedad como la defensa corporativa de la fuente de trabajo. “Luego
de los muy altos niveles registrados en la crítica coyuntura de
1989 y 1990, en 1991 la cantidad de conflictos decrece un 12,5%
con respecto al promedio de los 19 meses previos a la vigencia
del Plan (de convertibilidad). Sin embargo, aunque posteriormente la cantidad de reclamos vuelve a incrementarse paulatinamente hasta alcanzar los niveles previos al Plan, lo más significativo es que la caída en la utilización de medidas de fuerza se
profundiza hasta 1993”.8
Lo principal de la resistencia de los trabajadores en este periodo se vincula al reclamo de los estatales, tanto por el achicamiento de la Administración Central9, como por las privatizaciones de empresas públicas10. Quizá sean las huelgas ferroviarias y
docentes en el periodo, las que mejor reflejen el contenido de la
época. Aunque un párrafo especial merece la resistencia de los
trabajadores jubilados a la propuesta de privatización, la que recién se materializará en 1994. En el caso de los docentes, promediando el gobierno del Dr. Alfonsín surgió la huelga de los docentes universitarios bajo la modalidad de no toma de los exámenes
(1986/1987) que dio nacimiento a una fuerte exposición de la
conflictivad de los docentes de las universidades públicas en la
década de 1990, y “la marcha blanca” de los maestros en 1988,
que se proyectará en una conflictividad que tuvo epicentro en los
90 como resistencia a la privatización educativa en grandes concentraciones estudiantiles (particularmente de alumnos de colegios secundarios), de padres y maestros, realizadas durante 1992
y más adelante en la “carpa blanca” entre 1997 y 1999.
Las luchas ferroviarias se extienden desde el plan privatizador
�194
- Julio Gambina - Daniel Campione
de Terragno (ministro de la administración Alfonsín) hasta la
asunción de Cavallo bajo la administración Menem. La combatividad de los trabajadores del riel los enfrentó a la fuerte decisión
presidencial expresada en la frase del presidente "ramal que para,
ramal que cierra", y que culminara con el envío de 12.000 telegramas de despido y retiro voluntario, que fueron el golpe de gracia
de la última gran movilización ferroviaria, que se extendió por más
de 40 días. Sería el paso previo a una privatización que luego presentaría escasas resistencias. En ambos casos, cobró protagonismo una nueva conducción sindical, por fuera de los gremios ferroviarios, y vía renovación de cúpula en el caso docente, donde el
privilegio se puso en la calidad de trabajadores (antes se hablaba
de "sacerdocio") de los educadores. Sin embargo, pese a la coincidencia de los reclamos de unos y otros, que los hizo confluir en
movilizaciones centrales, fue imposible la articulación de una resistencia que quedó acotada como reclamo sectorial. Esas insuficiencias tuvieron que ver con las identidades políticas y tradiciones culturales de los protagonistas de esas luchas, los del tren estaban vinculados a la izquierda (fragmentada), quiénes luego del
efímero y relativo éxito que expresaba la Izquierda Unida
(1989/1990) y la Plaza del No, el 1º de mayo de 1990, siguieron el
derrotero de la fractura y la fragmentación. En tanto los maestros,
ligados al peronismo con la nueva hegemonía iniciada con Marcos
Garcetti (1987) y luego con Mary Sanchez (1989), sufrieron las
contradicciones de la "traición" o "crisis" en el seno del PJ.
No hubo capacidad de conciliar la izquierda hacia dentro de
la lucha de los ferroviarios y menos favorecer la confluencia por
desconfianza entre éstos y la conducción de la CTERA. La desarticulación de la izquierda se vincula al proceso internacional que
incluye el fenómeno de la caída del muro de Berlín (1989) a la
desarticulación de la URSS (1991), y que tiene efectos en todos
y cada uno de los grupos locales. A su vez el fenómeno de sindicalización docente y la conflictividad asumida por la conducción
de la CTERA se desarrolla en plena emergencia de la crisis del
peronismo ante la orientación neoliberal del gobierno de Menem,
situación que se desencadenaría a posteriori con la formación del
�Cirugía Mayor Argentina, fin de siglo -
195
Grupo de los 8 y la organización luego en varios grupos, algunos
de los cuales desembocaron en el Frente Grande (93). A los desencuentros históricos entre la izquierda y el peronismo, debe sumarse este complejo entramado de problemas de los actores sociales al interior de cada una de las organizaciones y entre ellos.
La lucha del movimiento de jubilados surgida en éste periodo se proyectó durante toda la década como uno de los emblemas que asumió la protesta. La impronta de esta lucha obstaculizará por mucho tiempo (3 años aproximadamente) el estratégico
proyecto gubernamental de conformar un fuerte mercado de capitales a partir del aporte de los trabajadores (retenciones sobre
los salarios). En la década y desde los jubilados se articularon
distintas convocatorias a actos, concentraciones y marchas, que
se vieron facilitadas por la solidaridad social concitada.
Si bien podrían marcarse separaciones de dos crisis específicas, la que aconteció en el movimiento social/sindical y la que
transcurrió en el plano de las instituciones que asumen la política, es conveniente articular la discusión de ambas fases de un
mismo proceso, con epicentro en la ausencia de una alternativa
política en todo el periodo y que le resta eficacia a cualquier estrategia o iniciativa en los dos planos mencionados. Es que en
cierto sentido, la impotencia de las corrientes contestatarias en
el plano gremial, tiene autonomía respecto a las alternativas institucionales, pero ambas remiten a la problemática común derivada de la ausencia de alternativa política popular y con capacidad de acción en distintos planos: de la lucha cotidiana, de la organización popular, de la contienda electoral, en la conformación
de nuevo sentido común e imaginario social, etc. Entre los intentos específicos en materia política, vale mencionar la Plaza del
No, convocada por la Izquierda Unida en 1990 y que pretendía
hegemonizar el antimenemismo, que en contraposición pretendió ser organizada en una achicada Plaza del Sí motorizada por
uno de los principales comunicadores11 al servicio del proyecto
de acumulación que entonces lideraba el Dr. Menem, asociado al
clásico liberalismo del Capitán de Ingeniería Alvaro Alsogaray.
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- Julio Gambina - Daniel Campione
Pese a la gran convocatoria de la Plaza del No y a su masividad,
el embrión de una nueva división en los partidos de izquierda
frustraría la potencialidad de una propuesta con relativo éxito
electoral y de movilización. Más tarde se expresó en el surgimiento del ‘Grupo de los 8’, diputados peronistas, liderados entonces
por Germán Abdala, que fue uno de los componentes del surgimiento del Congreso de los Trabajadores Argentinos en 1992, y
en la emergencia del Frente Grande (FG) en 1993, junto a agrupamientos de la izquierda liderados por el Partido Comunista.
Ambas experiencias políticas aludidas, tanto la IU y el FG, estuvieron atravesadas, aún parcialmente, por las experiencias de resistencia mencionadas y otras similares, todas de carácter defensivo ante la ofensiva privatizadora desatada por el tandem Menem-Cavallo. Es una etapa de consolidación del menemismo en
el aparato del PJ, que ocupó buena parte del espacio político, en
tanto oficialismo y contenedor de la oposición, tanto a nivel institucional (Congreso) como social y político. La UCR debió esperar todavía mucho tiempo para recomponer su deteriorado espacio político derivado de la renuncia de Alfonsín (1989), y la izquierda continuó su derrotero de fragmentación. La propia CGT
se fracturó, por un lado los que sostenían la hegemonía de Menem, los que hacían oposición desde la identidad PJ, y aquellos
que comenzaron a alejarse y conformaron luego la CTA.
Del incendio en Santiago del Estero a la Marcha Federal
Se trata de un periodo importante en la constitución de sujetos en la resistencia, precisamente, en un tiempo de afirmación
de la hegemonía del oficialismo, que arranca el Pacto de Olivos
(1993)12 para asegurar la Reforma Constitucional (1994) y la reelección presidencial (1995). Remitimos a un proceso político en
dos movimientos, el de constitución de una oposición social en la
resistencia y el intento de constituirse políticamente en el escenario electoral, y al mismo tiempo la afirmación de un consenso
importante en torno al proyecto hegemónico sustentado por el
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menemismo y que se expresa como alianza entre el poder más
concentrado de la economía y los sectores marginados anclados
en la identidad del peronismo. Es una etapa de consolidación, como “sentido común” generalizado, de la defensa de la convertibilidad como sinónimo de estabilidad, con independencia de los regresivos efectos sociales que empezarán a contener las estadísticas sociales y una realidad que agudizará la pobreza en toda la
extensión territorial.
Se destacaron tres acontecimientos que afirman la particularidad de este ciclo. El primero tiene que ver con la dinámica de
la protesta social, con ejes en la lucha contra la privatización del
régimen previsional, iniciada en 1992; las movilizaciones provinciales contra la legislación local de ajuste que devino en varios levantamientos y protestas, particularmente en Santiago del Estero (1993), con antecedentes en los "saqueos", "revueltas" o "motines" de 1989/1990 y la “marcha federal” (1994).
El segundo se vincula con la capacidad de organización del
movimiento social, sobresaliendo la tendencia a construir una central sindical alternativa a la CGT. En ese sentido, comenzó a tener
visibilidad la propuesta del Congreso de los Trabajadores Argentinos (CTA) desde fines de 1992, y más tarde, a comienzos de 1994,
surgió el Movimiento de los Trabajadores Argentinos (MTA), como
un agrupamiento al interior de la CGT; en igual sentido que la corriente sindical liderada por Carlos “el perro” Santillán.
En el ámbito político aparece el tercer fenómeno, vinculado
con el relativo éxito alcanzado por el Frente del Sur en las elecciones a Senador por la Capital Federal en Buenos Aires en junio de 199213. Esa perfomance y la inminencia de la renovación
legislativa de octubre de 199314, aceleran los plazos para la conformación del Frente Grande (FG), agrupando a la disidencia
peronista en carácter de fuerza hegemónica y a la izquierda vinculada al PC. En las elecciones de 1993, el FG lograría incluir
tres diputados15 y afirmar su presencia electoral en las elecciones por la Reforma Constitucional, para transformarse luego en
primera fuerza en la Capital Federal en las elecciones a Senador
en 199516. Se trata entonces de una dinámica social y política
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- Julio Gambina - Daniel Campione
que articula protestas, organización popular y conformación de
instrumentos políticos con capacidad de actuar en el escenario
electoral. Ante la virtual desaparición de la UCR, no es un dato
menor la emergencia de una fuerza política electoral con puntos
de contacto en la resistencia y la organización social. Esta es una
de las particularidades de la época.
La reforma previsional fue uno de los objetivos principales
desde la llegada de Cavallo al Ministerio de Economía, y generó
una de las respuestas más interesantes de la década. El movimiento de trabajadores jubilados adquirió visibilidad como sujeto
resistente y con capacidad de instalar socialmente su reivindicación a favor de mejores ingresos para pensionados y jubilados.
Por un lado, el movimiento fue eficaz en el agrupamiento (reagrupamiento en algunos casos) de los propios jubilados, pero
también se mostró apto a la hora de aprovechar la influencia masiva de los medios de comunicación, los que actuaron en la proyección de las demandas y la solidaridad social conseguida. Mas
allá de la diversidad de grupos, se destacó la confluencia en la
CTA de la Mesa Coordinadora Nacional y el Plenario Permanente de Jubilados. La modalidad de la protesta se resumió en las
concentraciones semanales17 frente al Congreso Nacional, abonadas con movilización en ocasiones especiales, tal como la del 10
de marzo de 1993 con la adhesión del radicalismo, las 62 organizaciones peronistas y los partidos de izquierda, donde reunieron
unos 15.000 manifestantes.18 El movimiento continuó aún después de sancionada la reforma e incorporó entre sus reclamos la
normalización del PAMI.
Mención especial merece el "santiagazo", producido en diciembre de 1993. Para su análisis es necesario hacer una retrospectiva de fenómenos similares y algunas precisiones en materia
de similitudes y diferencia. Sostiene Cotarelo19 que "todavía está
presente el recuerdo de la revuelta de 1989, inmediatamente antes de la asunción de Menem tras el abandono del gobierno por
parte de la Unión Cívica Radical. Este hecho, en el que predominan el elemento espontáneo, los saqueos a supermercados, la
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dispersión de las acciones y los choques entre particulares, no
constituyen una lucha, sino una mera expresión de desesperación por parte de las capas más pobres de la población ante la imposibilidad de reproducir su vida dentro del sistema legal vigente. Menos recordada es la reiteración de saqueos a comercios,
ocurrida en febrero y marzo de 1990 ya durante el nuevo gobierno”.20 Para afirmar luego que "esta destrucción de relaciones sociales constituye el terreno sobre el que se reconstruirá la sociedad, a partir de la política que se aplicará desde entonces, uno de
cuyos ejes es el plan de convertibilidad vigente desde 1991”.21 El
disciplinamiento social y sindical que ya hemos comentado, ahora planteado como destrucción de relaciones sociales, tiene como
base la superación de la imagen instalada en el sentido común
contra la hiperinflación y el "desorden violento". La hiperinflación
fue asimilada al caos económico y la pérdida de referencias mediante la destrucción de la moneda y los saqueos, como caos social que se manifiesta en una salida a la calle totalmente desordenada e imprevisible. Ambos procesos se combinaron para dar la
idea de que se requiere recuperar un mínimo de orden, y que
cualquier ordenamiento se volverá duraderamente preferible al
caos, por más que resulte un tipo de orden perjudicial. En ese
sentido la 'hiperinflación' fue la vacuna contra cualquier intento
de restringir el control pleno de la economía, la sociedad, la cultura y la política por el gran capital.
El fantasma de los 'mercados', siempre agazapados prestos a
desatar la paradoja del 'caos disciplinador', habita la vida de nuestra sociedad desde 1989, así como desde 1976 la ocupa el espectro del castigo ilimitado y discrecional para todo aquel que 'anda
en algo'. Resulta imprescindible asumir esta nueva configuración
cultural instalada en la sociedad argentina, pues sin ella no puede
entenderse el ciclo que se transita desde la protesta violenta contra las propiedades del Estado y los principales dirigentes políticos
de Santiago del Estero, y la restauración de la hegemonía política
suturada en las urnas por parte del PJ. Es que juega un papel determinante el clientelismo y la imagen social generalizada de que
no existe ‘algo o alguién’ distinto en la política para resolver las
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necesidades sociales. El régimen de convertibilidad y su impacto
en la contención de la inflación jugará como un ‘valor’ a defender,
incluso, por sectores sociales afectados por la política económica
en ejecución. Eso explica el por qué el orden fue reinstalado también ante los acontecimientos de Santiago del Estero a fines de
1993. Es más, la intervención federal aprobada por el Parlamento en diciembre de 1993, contó con el voto favorable de los tres
diputados recién asumidos del FG, en "defensa de las instituciones", aunque sólo Fernández Meijide admitió, ante los propios seguidores,22 el error por desconocimiento de las nuevas funciones
legislativas asumidas. Luego de la intervención, reasumió el control de la provincia, uno de los políticos a quiénes les fue quemada su vivienda: Carlos Juárez, del PJ. Sostiene Cotarelo23 que
"también es recordado el hecho que se produce en Santiago del
Estero y La Banda el 16 y 17 de diciembre de 1993: el llamado
santiagazo, en el que una multitud formada por trabajadores estatales y las capas más pobres de la población asaltan, incendian
y saquean los edificios de los tres poderes del Estado provincial,
así como las casas de los principales dirigentes políticos locales.
Constituye una expresión de desesperación y venganza, en la que
prevalece el elemento espontáneo. No hay elección del momento
en que va a producirse y está en un nivel de conciencia más bajo
que cualquier tipo de hecho sistemático. Se encuentra en el umbral de lucha de la clase obrera, porque si bien puede calificarse
de ‘espontánea’, lo es en tanto forma embrionaria de lo consciente, lo que se expresa en la pérdida de la fe tradicional en la inmovilidad del orden de cosas que los oprimía”.24 Son elementos que
le permiten avanzar en conclusiones que atraviesan todo el ciclo
y señala que "a partir de entonces se registra una activación de
las luchas sociales: aumenta notablemente su número en relación
con el período que se extiende entre 1989/1990 y diciembre de
1993, se activan distintas fracciones sociales, en protesta contra
diversas políticas de gobierno y utilizando distintos medios de lucha. A la vez, se observa que a diferencia de las luchas producidas antes de diciembre de 1993, desde entonces los trabajadores
logran en muchos casos, si no evitar la aplicación de políticas de
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gobierno que apuntan a eliminar conquistas históricas, al menos
evitar que se apliquen de la manera y con la velocidad con que la
oligarquía financiera pretendía”25, para proyectarse posteriormente en lo que nosotros hemos definido como un tercer ciclo de
resistencia en la década. En definitiva, los acontecimientos en
Santiago del Estero se constituyeron en una referencia obligada
de quiénes asumen la necesidad de resistir las políticas en curso. Se recuperó la imagen entre el activismo social y político de
la posibilidad de triunfo que deviene de la lucha popular, y se
frenaron así muchos proyectos legislativos de “emergencias económicas” a nivel local o provincial. Claro que al mismo tiempo se
procesa el fenómeno de consolidación de la hegemonía cultural
de la “estabilidad”, la que será determinante a la hora de definir
la reelección presidencial de Menem en 1995 y luego de la crisis
económica endosada al efecto tequila (devaluación en México
en diciembre de 1994).
Los paros generales 'retornaron' tímidamente en diciembre
de 1992, y luego volvieron a ganar en fuerza y frecuencia a partir
de mediados de 1994. La Marcha Federal fue en ese sentido una
fecha importante (paro y movilización de alcance nacional), además de ubicar en un lugar de protagonismo a la CTA y en menor
medida a la Corriente Clasista y Combativa. Se trató de un acontecimiento de proyección nacional que instaló en la Capital Federal, vidriera de la ostentación de riqueza acumulada, la miseria
del interior provocada por el doble efecto de políticas nacionales
que lo excluyen y de oligarquías locales que atrasan aún más el
potencial de crecimiento, desarrollo y satisfacción de necesidades de la población.
La Marcha Federal fue el punto más alto de acumulación popular en la resistencia al modelo que define el menemismo. La
paradoja del caso es que en ese mismo momento, la experiencia
política emergente del FG dio un paso al costado, obturando la
posibilidad a futuro de articular un proyecto social con uno político electoral. Es el origen de una fuga hacia la gobernabilidad de
la hegemonía en el FG y el último acto en la década por darle visibilidad explícita a un proyecto político alternativo. Fue el paso
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necesario para finiquitar cualquier emprendimiento eficaz en
materia de oposición con perspectiva de construir una alternativa. Comenzó así un proceso de constitución de oposición política dentro del propio oficialismo, que por lo menos hasta 1997
desalojó del escenario de la política todo intento de constituir
oposición, e inauguró un proceso de realineamientos entre los
sujetos que protagonizaron este periodo de constitución de sujetos en la resistencia.
Piqueteros y fogoneros en calles y rutas
Los principales ejemplos de lucha en éste periodo lo constituyen los cortes de ruta, que se constituyeron en la forma más visible de la conflictividad, poniendo en evidencia los límites de
otras formas de resistencia y particularmente de las organizaciones que intentaban representar el conflicto. El corte de ruta como forma de lucha expresó la aparición de mecanismos de asamblea y democracia directa en el manejo de los conflictos, incorporando en un papel destacado a los desocupados y sectores precarizados junto a otros totalmente marginados, pero también aparecieron las dificultades para el enlace entre estas luchas y las del
movimiento obrero sindicalizado.
Dice Cotarello que "este tipo de hecho suele ser presentado
como la forma de lucha "novedosa" por excelencia. Sin embargo,
lo único "novedoso" es su utilización por parte de fracciones sociales que no solían usarlo antes (como trabajadores asalariados), así como la generalización del término para referirse a lo
que antes se llamaba "sentada" o simplemente una concentración
que da como resultado la interrupción del tránsito”.26
"Hemos registrado 749 acciones en que se utiliza el corte de
ruta o de calles”.27 "La gran mayoría de las acciones tiene como
objetivo obtener reivindicaciones inmediatas para los mismos que
las realizan, mientras que sólo una pequeña proporción está dirigida a modificar políticas de gobierno (nacional y/o provincial) y
van, aunque sea parcialmente, más allá de ese interés particular e
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inmediato”.28 Dentro de este conjunto de cortes se destacan algunos (Cutral-Có en 1996 y 1997, Libertador General San Martín,
Tartagal, Cruz del Eje, en 1997), en los que se observaron rasgos
diferentes: constituyen la ocupación (toma) de una posición que
es defendida frente a las fuerzas policiales; los piquetes tienen
como fin garantizar el corte mismo; son masivos; está presente
más de una fracción social; los reclamos incluyen metas generales, y los reclamos específicos son variados, expresándose más de
una fracción social; y aunque comienzan organizados en multisectoriales u otras formas semejantes, pronto surge una organización
en asamblea y formas de lo que tentativamente podemos llamar
"democracia directa", lo que conlleva la desinstitucionalización.
Estos cortes se desarrollan en el tiempo y generalmente en ellos
se producen divisiones entre quienes están dispuestos a negociar
inmediatamente y los que muestran disposición a continuar el
conflicto”.29 Quedando en claro a su vez los límites de alcance organizativo y político de éstas manifestaciones de la lucha popular.
Se trata de manifestaciones de protesta hacia la política hegemónica en el poder y al mismo tiempo la soledad de una extensión de
la resistencia que no encuentra contención política a través de las
representaciones electorales o institucionales existentes.
"La toma de decisiones en asamblea y esas formas de ‘democracia directa’ han sido interpretadas por algunos como formas
de construcción de un doble poder. No se desconoce al gobierno
-aunque sí a mediaciones políticas, ya que se rechaza la intervención de partidos y dirigentes políticos y sindicales; la única intervención que se acepta en algunos casos es la de la Iglesia-, ni tampoco simplemente se le reclaman determinadas medidas; lo que
hacen es elegir sus propios representantes para sentarse a negociar con el gobierno de igual a igual, a partir de la posición de
fuerza alcanzada por medio del corte de la ruta, para luego evaluar en asamblea lo actuado por esos representantes en la negociación”.30 Puede reconocerse la presencia de activistas sindicales y políticos entre los protagonistas y al mismo tiempo dificultades de las mismas orgánicas (sindicales y políticas) para acercarse a los principales núcleos de conducción de las protestas.
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Entre otras razones, el asambleismo o basismo fue uno de los
problemas para constituir una nueva representación política del
fenómeno de los cortes de rutas. Sin embargo, constituyeron un
fuerte aliciente para el activismo sindical y político como forma
de estímulo al desarrollo de un proyecto resistente que pudiera
articularse para avanzar en la conformación de una alternativa.
Analizando todo el decenio, reconoce Cotarello que "...entre
diciembre de 1993 y mediados de 1997 existen elementos que
permiten plantear que se estaba constituyendo un movimiento
de protesta con eje en la acción del movimiento obrero”, con amplio predominio de los trabajadores asalariados ocupados. Y en
este sentido apunta al desarrollo de las huelgas generales. "Se producen nueve paros generales entre 1992 y 1999. Convocados por la
CGT se realizan el del 9 de diciembre de 1992, con adhesión parcial; el del 6 de septiembre de 1995, para reclamar la formación de
una ‘mesa de trabajo’, la que se propone integrar por la CGT, los empresarios y el Gobierno para formular propuestas para resolver el
problema de la desocupación, que como sabemos había alcanzado
el mayor índice en mayo del 95. La CGT reclama entre otros puntos una política tributaria "más equitativa", una modificación del IVA
para los productos de la canasta familiar, facilidad de créditos para
las pymes, defensa de las economías regionales y de la industria nacional competitiva. La huelga es apoyada por el CTA y el MTA (que
reclaman el cambio del "modelo económico del Gobierno"), la UCR,
el Frente Grande, los partidos de izquierda, la CGE, la CAME y la
Iglesia. Otro paro, convocado a fines de septiembre de 1996, se realizó contra la decisión del gobierno nacional de reducir las asignaciones familiares y eliminar los beneficios impositivos para los pagos con tickets canasta. Exigen protección social, negociación colectiva sin restricciones y "defensa de los más necesitados". Ese
paro del 26 y 27 de setiembre fue principalmente contra el proyecto de mayor "flexibilización" de las relaciones laborales y la
cuestión del manejo de las obras sociales. Apoyan el CTA, MTA,
UCR, Frepaso, PC, éstos tres mediante sus diputados, agrupaciones estudiantiles, organizaciones de derechos humanos. El 26 de
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diciembre de 1996 se realiza el paro general contra tres decretos presidenciales que establecían la "flexibilización" laboral.
Apoyan el CTA y el MTA, UCR, FREPASO, 15 diputados del PJ,
PC, Nueva Dirigencia, Corriente Grande, PAIS, partidos de izquierda, agrupaciones estudiantiles, organizaciones de derechos
humanos y sociales.
Otros tres paros generales son convocadas por CTA y MTA.
El 2 de agosto de 1994, contra la política socioeconómica del gobierno nacional; el 21 de abril de 1995, para repudiar la situación
socioeconómica y los incidentes de Tierra del Fuego en los que
fue muerto el obrero Víctor Choque. El 14 de agosto de 1997,
contra el "modelo económico y la flexibilización laboral, también
es convocada por la Corriente Clasista y Combativa y la Unión
Obrera Metalúrgica. En tanto, sólo por la CTA, se realizó la denominada "Jornada Nacional de Protesta", el 6 de julio de 1999, en
lo que hemos considerado el tercer ciclo de la resistencia en el
periodo. Bajo la consigna "Trabajo ya", reclamó "alivio para las urgencias sociales, la creación de 1.000.000 de puestos de trabajo
mediante la reducción de la jornada laboral y un subsidio de $
500 para los jefes de familia desocupados. Fue apoyada por la
FUA, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y la Federación Agraria Argentina”.31
Se diluyen nuevamente los paros generales luego de 1997,
con la excepción de la Jornada Nacional de Protesta. La declinación inexorable de Carlos Menem, la constitución de la Alianza y
su victoria en las elecciones de 1997, fueron factores de desaceleración de luchas enfocadas sobre todo contra el 'modelo económico' y sus consecuencias más gravosas. La Alianza canalizó el
descontento por una vía electoral, institucional. Se apreció también una tendencia a la unidad entre los trabajadores: la cantidad
y proporción de acciones realizadas por trabajadores estatales y
privados conjuntamente aumentó hasta 1996. En lo que respecta
a trabajadores ocupados y desocupados, la mayor cantidad de acciones conjuntas se produjo en la primera mitad de 1997. En otro
plano, se plasmaron las tendencias a la centralización de las luchas económico-corporativas y contra políticas de gobierno por
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medio de la huelga general, concentradas en 1995 y 1996; a la
unidad en la acción de los cuadros sindicales, verificada en las
huelgas generales de 1995 y 1996, convocadas por todos los
agrupamientos sindicales. Cabe destacar además el aumento de
las acciones dirigidas contra el gobierno nacional y su política, en
tanto los destinatarios principales de las protestas entre 1993 y
1995 fueron los gobiernos provinciales, mientras que en 1995,
1996 y 1997 aumentaron los relacionados con la política económica y social del Ejecutivo nacional.
Se produjo en este periodo la reinstalación de las luchas por
la educación, con la emergencia del movimiento estudiantil secundario en 1992 manifestando contra la reforma educativa, y a
posteriori contra la Ley Federal de Educación, al mismo tiempo
que confluían las protestas universitarias contra la Ley de Educación Superior y las propuestas de arancelamiento universitario.
Un lugar destacado en la lucha por la educación lo constituye la
instalación de la Carpa Blanca por parte de la CTERA a partir del
2 de abril de 1997 y que se levantara a los pocos días del cambio
de administración presidencial en diciembre de 1999. La lucha de
los maestros había nacido contra la Ley Federal de Educación y
tras pasar a sostener las reivindicaciones de recomposición salarial de los docentes, la pelea se restringió a la aprobación de un
mecanismo fiscal de compensación limitada de los ingresos de los
trabajadores de la educación. Puede afirmarse también, que uno
de los éxitos de esa forma de lucha contribuyó a instalar socialmente las demandas de los manifestantes y lograr el consenso
mayoritario y la solidaridad de buena parte de la sociedad. Las luchas por la educación significaron la presencia callejera del estudiantado joven, sumando a una generación que había estado ausente de manifestaciones masivas en la década.
La conflictividad terminó el decenio con ciclos de alzas y bajas y sin lograr una representación política propia. La Alianza de
la UCR y el Frepaso se apropió, vía votos, del descontento social
generado durante el menemismo, y al mismo tiempo atravesó a todas las organizaciones sociales que intentaban construir nuevas
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207
subjetividades. Particularmente la CTA, una organización que había definido claramente una posición antimenemista en el periodo, se encontró, en las postrimerías del cambio de gobierno y más
aún inmediatamente luego de la sucesión presidencial, atrapada
en las alianzas o fidelidades de buena parte de la conducción y algunos cuadros intermedios con los dirigentes de la nueva coalición política, que sustentaba en campaña y más aún en el ejercicio del gobierno la misma política de ajuste y reestructuración regresiva del capitalismo que había implementado la administración Menem. Todo parecía una vuelta al principio, ya que las expectativas de cambio que significó el triunfo del PJ en 1989 se
vieron rápidamente frustradas con las primeras decisiones del
gobierno del Dr. Menem. Ahora la situación se precipitó más rápido, ya que las medidas fueron anunciadas en la propia campaña electoral de la fórmula De la Rúa-Alvarez. De todos modos, la
perplejidad y frustración de ese tiempo alentó la posibilidad de
continuar en la brega por constituir en el nuevo tiempo una representación política de los trabajadores y de la resistencia.
Estado, dirigencia sindical y clase obrera
Durante el período analizado se desarrolla una fase de la crisis
del capitalismo argentino cuyo inicio puede ubicarse a fines de la
década de 1960. La crisis se despliega en todos los aspectos de la
formación social, es por eso que el modo de articulación entre el
Estado y el movimiento obrero, mediado por su dirigencia, está sobredeterminado por el desarrollo de la crisis. Por un lado, como
consecuencia tanto de la crisis como de la reconversión que le sigue, se producen cambios en la estructura de la clase obrera.32 Por
otra parte, la modalidad y forma en que el Estado cumple su función en la reproducción social entra a su vez en crisis, produciéndose una reconfiguración del aparato estatal que es característica
del período en análisis.33 Son estos cambios los que –en el marco de
la dinámica claramente defensiva por la que atraviesa el movimiento obrero en la fase iniciada en 1976– determinan la redefinición
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- Julio Gambina - Daniel Campione
del modo de articulación tradicional del movimiento obrero y el
Estado y, sobre todo, del papel de las direcciones sindicales habitualmente designadas como ‘burocracia sindical’.
En torno al año 1945, se instauró en Argentina una suerte de
pacto social, de compromiso entre clases, destinado a la incorporación de la clase obrera al sistema político y al mercado de consumo, y la instauración de un sistema de negociación tripartita
Estado-empresarios-sindicatos, marcando el reconocimiento de
estos últimos como organizaciones sociales ‘respetables’. Este
"nuevo trato" en versión autóctona, puede ser entendido como
un mecanismo de ampliación de la ciudadanía, caracterización
pertinente, siempre que se le confiera al término "ciudadanía" un
sentido social y económico, además de político.34
La relación Estado-movimiento obrero, estuvo caracterizada,
hasta la década de 1930 inclusive, por respuestas primordialmente represivas a las reivindicaciones obreras y al no reconocimiento como interlocutor de sus organizaciones, mas allá de experiencias regionales o reducidas en el tiempo de integración del sindicalismo a las decisiones estatales Luego del advenimiento del peronismo, esto dejó paso a un mecanismo más complejo: un conjunto de mejoras habilitó vías para incorporar a la clase obrera
dentro de una coalición hegemónica con la garantía de su consentimiento, incluso activo y movilizado.35 El acuerdo le proporcionó a la clase mejores condiciones de venta de la fuerza de trabajo, mayor acceso al mercado de bienes y servicios, una cuota
de poder más amplia en las relaciones al interior de la empresa,
y un “prestigio social” totalmente ausente en épocas anteriores,
así como la institucionalización de su participación en arreglos
corporativos presididos por el Estado.36 Alcanza así un peso mayor en el conjunto de la sociedad por medio de una organización
sindical de masas, que a su vez la vinculaba estrechamente al
aparato estatal, al que se disciplinaba la cúpula de las organizaciones sindicales, mediante la imposición de pautas tanto en el
plano organizativo como en el ideológico: Una estructura centralizada y piramidal con amplios poderes para la dirección, y el
abandono de cualquier planteo anticapitalista y revolucionario en
�Cirugía Mayor Argentina, fin de siglo -
209
favor de una estrategia de colaboración de clases revestida de
una inspiración ‘nacional y cristiana’.37
El "pacto" encarnado en el peronismo, tenía como sujeto activo a un aparato estatal autoerigido en árbitro de las relaciones
entre capital y trabajo.38 Ese Estado actuaba con una acentuada
autonomía relativa, que le permitía desligarse del nivel económico-corporativo de los intereses de la burguesía, para intentar una
respuesta a los intereses estratégicos del conjunto de la clase, que
más de una vez le acarreó serios conflictos con dirigencias empresarias poco dispuestas a hacer concesiones o resignar ganancias.
Como mediador frente a la clase obrera, se conformó una estructura sindical caracterizada por una menguada autonomía política
y organizativa, a cambio de una amplia tutela económica y política por parte del Estado. Desde entonces nació y creció una dirección sindical burocratizada que, con matices, conservó su rol de
mediación a lo largo de las cuatro décadas siguientes.
La "ciudadanización" de la clase obrera tuvo entonces como
contrapartida la aceptación de la legitimidad del sistema en su
conjunto. Las relaciones de producción capitalistas se vuelven no
cuestionables, y el Estado es reconocido como organizador y gestor central del proceso social.39 La organización sindical es asumida como un instrumento de integración y negociación, ajeno por
definición a toda pretensión de transformación revolucionaria de
la sociedad.40 Ese conjunto de "aceptaciones" por parte de la clase obrera, más allá de cuestionamientos parciales y rupturas temporarias, se constituyeron en las bases de la "comunidad organizada", el modelo peronista de colaboración de clases.41
Con esas bases se produjo el ingreso de la clase obrera a la vida política, en condiciones de legalidad plena e incorporación en
la vida institucional. A posteriori, el desplazamiento del peronismo del gobierno en 1955, y treinta años de lucha de clases, modificaron este modelo sólo parcialmente, sin cuestionar sus basamentos. Las minorías radicalizadas que intentaron reemplazarlo
por otras formas de organización obrera de orientación más autónoma y clasista, fueron sistemáticamente neutralizadas por las
dirigencias, con la colaboración activa y sistemática del Estado y
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- Julio Gambina - Daniel Campione
las direcciones empresariales. Fueron los cambios ocurridos en el
conjunto de la economía mundial, y sus repercusiones sobre la
modalidad de acumulación capitalista en el país, los que marcaron sus limitaciones infranqueables, a partir de los 80.
Ya en la segunda mitad de la década de 1950, se evidenció un
desfasaje entre los cambios ocurridos en la economía y una gestión estatal poco capacitada para afrontarlos y encauzarlos, lo
que se agudizó en épocas posteriores.42 Como consecuencia de
ello, se produjo un acentuado deterioro de la posibilidad de generación de consenso por parte de la clase dominante. A fines de
los 60, el movimiento obrero ya dio señales de recobrar su autonomía y su capacidad de constituirse en epicentro de los movimientos de oposición al sistema que caracterizaron esa fase.43
Más allá de su posterior derrota, desde entonces quedó planteada una situación de crisis orgánica. Además, el poder económico
y político intentó la reformulación integral de nuestra formación
social. Ni el aparato estatal, ni la dirección sindical burocrática,
ni la clase obrera volverían ya a ser los mismos.
El llamado Proceso de Reorganización Nacional puso en
práctica un programa integral de reformulación del sistema de dominación. La sumatoria de la acelerada reestructuración capitalista y la represión, permitió consumar una derrota obrera y popular
muy profunda, y avanzar en la instauración de un modelo de acumulación que reemplazara al de industrialización sustitutiva, que
tenía entre sus bases la disminución de la participación obrera en
el ingreso, la precarización de las relaciones laborales, y el debilitamiento de la organización sindical, sobre todo en su base (cuerpos de delegados, comisiones internas de empresa). Nuevas condiciones económicas y políticas se establecieron en el interior de
las unidades productivas, y en el nivel global de la sociedad.44
A pesar de los éxitos de carácter estratégico para las clases
dominantes que proporcionó la dictadura iniciada en 1976, un
complejo conjunto causal operó para forzar la apertura democrática. Existen, por lo menos, tres órdenes de factores que impulsaron la caída de la dictadura: En primer lugar, en el plano estructural, las dificultades en normalizar el proceso de reproducción
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ampliada del capital, con sus consecuencias de tendencia al estancamiento del proceso productivo y de pujas intraburguesas.
En segundo lugar, la resistencia obrera y popular al carácter pauperizador y excluyente del modelo, que era incapaz por su orientación de generar un consenso popular estable. En tercer lugar,
la derrota militar en Malvinas, y un giro en la política internacional de EEUU favorable a procesos limitados de democratización.
De un adecuado enfoque del colapso final de la dictadura, depende la posibilidad de aprehensión del momento de la lucha de
clases en que se encontraba la sociedad argentina en 1983. La
tendencia a destacar de modo unilateral el peso en la crisis dictatorial de las contradicciones interburguesas y los elementos de
crisis coyuntural, en un extremo, o del movimiento de resistencia popular, en el otro, lleva a visiones forzosamente distorsionadas. En nuestra interpretación ambos factores se conjugaron. A
ello se suma la necesidad de las clases dominantes de proseguir
el proceso de reformulación en condiciones políticas más flexibles, y en última instancia, más seguras para el sistema que las
basadas en la represión permanente, con un estado constituido
en “fortaleza” represiva.
El resultado fue un proceso de democratización política que
se caracteriza, en cuánto a tareas históricas, por una acentuada
continuidad con el período dictatorial. Aporta como novedad fundamental, la reconfiguración del Estado y el sistema político. Si
se quiere, es la consumación del proceso iniciado en 1976 con la
conformación de una nueva forma de dominación. En oposición
a otras interpretaciones, nuestro punto de vista es que desde las
grandes movilizaciones obreras de 1975 que marcan la culminación de un período de auge del movimiento, se produce un repliegue que da lugar a una fase defensiva que mantiene su carácter
en todo el período posterior a pesar de las luchas democráticas
contra la dictadura.45
Bajo el régimen democrático-constitucional iniciado en 1983,
se reactualiza la pérdida de vigencia de los mecanismos de regulación establecidos a partir de 1945, y ello se va haciendo aceleradamente perceptible para el conjunto de las clases y sectores
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- Julio Gambina - Daniel Campione
sociales. Estamos frente a una realidad social que no ha dejado
en pie prácticamente ninguno de los presupuestos que viabilizaron la alternativa populista. La cuestión que abordamos enmarca
las condiciones en que se puede configurar el futuro del movimiento obrero y popular.
Los sindicatos en la presidencia Menem
Desde la asunción del presidente Menem, se intentó compatibilizar el propósito de debilitamiento corporativo con el aseguramiento de la confiabilidad político-ideológica. Ambas finalidades convergen en el objetivo estratégico del sometimiento y neutralización del movimiento obrero. La aceleración y profundización del proceso de reconversión que se emprende en esta etapa,
necesita de una organización sindical que no oponga resistencia
al proceso. La dialéctica presión-negociación, aún pautada por la
aceptación plena de la dominación de clase, se vuelve inaceptable para el gran capital. No hay lugar para el otorgamiento de
ventajas económico-corporativas, y por ende no hay sitio para
una conducción sindical basada en su consecución. Afirmadas las
tendencias principales de reconfiguración del aparato estatal, la
burocracia sindical resulta subalternizada. La división de la CGT
en 1989, en el congreso del teatro San Martín, fue la primera y
exitosa operación del gobierno de Menem en este sentido.
Junto con la pérdida del papel de mediación tradicional, se
produce una singular "estatalización" de la conducción sindical,
que se integra de modo permanente, no al aparato del Estado,
pero sí a la constelación de poder que dirige la maquinaria estatal.46 No se trata ya de cooptar a una dirigencia sindical que se
mantenga "exterior" al Estado y la clase dominante, sino de incorporar en un sitio de cogobierno a esa dirigencia, darle contenido estatal a su actividad.47 Al mismo tiempo, las organizaciones
sindicales fueron llevadas al papel de asociadas (no siempre ‘menores’) en el proceso de privatización y creación de oportunidades de negocios para las grandes empresas capitalistas.
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A la detentación, cada vez más nominal, de una relación de
representación respecto a los trabajadores sindicalizados, se suma el debilitamiento de la estructura sindical. Ahora bien, este
cambio en la relación aparato estatal-burocracia sindical, no puede comprenderse acabadamente sin ubicarla en relación con las
transmutaciones del proceso de producción y de las relaciones
de clase. Hay que situarlo en vinculación con el nuevo tipo de relaciones capital-trabajo que de ella resultan, y el nuevo perfil de
la clase obrera que emerge a partir de las transformaciones. Las
clases dominantes procuran salir de la prolongada crisis no en retroceso sino en avance, combinando la reconversión de los espacios de obtención de ganancias con la ofensiva sobre la clase
obrera y sus condiciones de vida y salario. Las condiciones históricas obturan la posibilidad de mantenimiento de la lógica del Estado de Bienestar, cuya base fue la integración de la clase obrera
en un rol subordinado pero activo. La recomposición de la rentabilidad del capital, de la tasa de ganancia, impone esta vez dispersar, desorganizar a la clase obrera, para someterla a una pérdida
estructural en su nivel de remuneración, y una precarización del
empleo, como parte integrante de una organización empresaria
basada en la reducción del costo laboral y el re-disciplinamiento
de los trabajadores.48
Estos imperativos económicos requieren para su cumplimiento condiciones políticas que garanticen su aplicación. A esos fines, el poder económico, el aparato estatal, y la burocracia sindical "modernizada", deben componer un bloque que permita la
reestructuración capitalista hasta sus últimas consecuencias. Esto no se realiza sin contradicciones y resistencias, aún por parte
de las direcciones sindicales más sumisas al gobierno. Sin embargo los focos de conflicto se resuelven por la progresiva búsqueda,
por parte de esos sindicatos, de formas de supervivencia organizativa, cada vez más desvinculadas de la capacidad efectiva para
llevar adelante las reivindicaciones de sus afiliados. Del seno mismo de las privatizaciones y medidas desregulatorias, surge un
abanico de posibilidades para los sindicatos partidarios del gobierno de Menem (Manejo de la cuota de propiedad participada
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- Julio Gambina - Daniel Campione
en las privatizaciones, posibilidad de asociarse en las privatizaciones, manejo de emprendimientos cooperativos de los trabajadores despedidos por las empresas públicas, formación de
AFJP, asociación de sus obras sociales con empresas de medicina prepaga, aseguradoras de riesgo de trabajo, etc.). En algunos casos, toma características de transformación organizacional incluso en el plano formal, como es el caso de la Federación
de Luz y Fuerza, que modifica sus estatutos para poder transformarse en un holding empresario, y un proceso similar se vive en la Federación de Empleados de Comercio. El resultado es
la constitución de un poderío económico, cada vez más cercano
en su funcionamiento a las formas clásicas de propiedad capitalista. En cuanto a la relación con los trabajadores, estos pueden
pasar a ser accionistas de las empresas del sindicato, aportantes a su AFJP, usuarios no siempre exclusivos de sus servicios
médicos, turísticos y sociales.49 El sindicato se ocupa a su vez
de ofertar capacitación, actividades culturales, préstamos y
otras prestaciones que le permitan renovar el ‘contrato’ con sus
asociados con independencia de la lucha reivindicativa: Aparece como una entidad prestadora de servicios y el dirigente como un ‘gerente’ eficaz de esa entidad. La figura clásica de la representación sindical, centrada en la defensa de los afiliados en
su relación con la patronal, queda difuminada en ese conjunto
de relaciones donde predomina la lógica de prestación de servicios o las ganancias comerciales.50Las pautas están dadas para
que el afiliado se sienta más bien un ‘socio’ de los emprendimientos del sindicato, que representado por este en la defensa
de su fuente de trabajo, de su salario o de las condiciones en
que se desempeña.
En este cuadro, el aparato de Estado actúa para dar sustento normativo, ideológico, y si es necesario represivo, a la
restauración del proceso de acumulación del capital, realizada
en gran medida, en base al aumento de la explotación de la
fuerza de trabajo. El término clave para caracterizar la acción
estatal en este campo, es la desregulación, o su casi equivalente flexibilización.
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En cuánto a los organismos estatales, en retirada respecto
a sus funciones tradicionales en torno a la reproducción de la
fuerza de trabajo, y la reglamentación del proceso laboral, su
acción fundamental consiste en suprimir todo límite o condicionamiento a la libre explotación del trabajador, en dos niveles: a)
El del mercado de trabajo (Ley de Flexibilización Laboral, y
otras) que posibilita precarizar la prestación laboral, suprimir
indemnizaciones, facilitar la contratación temporaria. b) El del
proceso productivo mismo, que tiende a permitir la polivalencia
de funciones de la fuerza de trabajo, su recalificación, la variabilidad de la jornada de trabajo y del régimen de licencias, etc.,
para lo cuál se necesita anular convenios colectivos (como en
las empresas públicas), suprimir derechos laborales legales
(Ley de Puertos, derogación de estatutos especiales), y se
apunta a atomizar toda la negociación laboral, remitiéndola al
nivel de ramas productivas y/o establecimientos, en lugar de para el conjunto del gremio, como en el pasado.
Esa acción en pos de cambios estructurales es inescindible de
la ofensiva política sobre la clase obrera, tendiente a aumentar su
fragmentación, y paralizar su capacidad de organización y movilización. Como parte de esa ofensiva, se fue conformando un conjunto de preceptos ideológicos que tiende a suplir la incapacidad
para dotar de consenso a este proceso de reestructuración capitalista en el que la clase obrera y los sectores populares son, de
modo más que evidente, los perjudicados. Para los sectores en
mejores condiciones relativas (trabajo estable, en ‘blanco’, salario
promedio o superior al promedio) se impulsa el individualismo
centrado en su propia estabilidad laboral y capacidad de consumo, junto con la identificación con la ‘empresa’ en tanto conjunto
social del que el trabajador es un ‘asociado’ y no un dependiente.
Y para el gran conjunto de los precarizados y empobrecidos, se
trata de instalar la resignación (el ‘privilegio’ de tener, al menos,
trabajo en medio de las altísimas cifras de desocupación) y el miedo (a perder el trabajo, a caer en la indigencia), presentando al
ajuste excluyente como la única solución posible, y la lucha social
como un anacronismo, injustificable en las condiciones actuales.
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- Julio Gambina - Daniel Campione
En este sentido, el período Menem cerró una parábola en la
relación estatal con la clase obrera. De la ciudadanización de los
años 40, se pasa a la desciudadanización de los 90, y la clase
obrera tiende a ser relegada en términos económicos, sociales,
políticos y culturales. Menem utilizó los vínculos subsistentes
con la clase obrera y la burocracia sindical, para mejorar la operatividad política de la reestructuración. En efecto, en los primeros días de su gobierno, aprovechó la contradicción entre las expectativas que suscitó y el efectivo programa de acción adoptado, para avanzar decididamente sobre un terreno de resistencias
debilitadas o neutralizadas por la rapidez y profundidad de los
cambios. En una muestra de habilidad táctica, el aparato estatal
operó con base en los residuos ideológicos y organizativos del
pacto populista, para proceder más cómodamente al entierro
definitivo de ese acuerdo. La hiperinflación, como ejemplo práctico del nivel de disolución social al que se podía arribar, y la
posterior estabilización vía el Plan de Convertibilidad, representaron la cara del ‘infierno’ social, y la contracara de un ‘purgatorio’, aceptable sobre todo por ser un ‘orden’ frente al caos anterior En ese contexto, el ajuste estructural pudo ser eficazmente
presentado como la única alternativa posible, y la dirección de
las políticas públicas por el gran capital como la posiblidad exclusiva para restaurar un orden.
La salvedad que surge, es que, a medida que el horizonte hiperinflacionario se va alejando, la estabilidad económica pierde
valor por sí misma. Sin embargo, en las elecciones de 1993 y
1995 el gobierno Menem retuvo el aval de importantes sectores
obreros y populares, al menos en el plano del sufragio, y recién
en 1997 sufre una derrota electoral, pero ante una oposición lo
suficientemente atenuada en sus planteos como para propugnar
políticas similares en todas las cuestiones decisivas. Esa oposición se convierte finalmente en gobierno en 1999, e inicia un período presidencial con políticas que, mas allá de pequeños matices, marcan continuidad con las de años anteriores.
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Situación de la clase obrera
De las profundas transformaciones sufridas por la sociedad
argentina, la clase obrera emerge profundamente modificada respecto al modelo vigente durante la organización industrial de tipo fordista. Terciarización, polivalencia, flexibilidad horaria, formación de círculos de calidad, son rasgos claves, que hicieron
añicos el rígido, concentrado y centralizado paradigma taylorista
de antaño y al modelo de la ‘cadena de producción’.
La clase obrera tiende a segmentarse, a dispersarse. Aumenta la inseguridad en cuanto a la estabilidad laboral, se incrementa la masa de desocupados y expulsados definitivos de las filas
obreras. Reaparecen modalidades como el trabajo a domicilio, y
toda una gama de condiciones de contratación que ponen en peligro la estabilidad y permanencia a la relación laboral. Son condiciones que dificultan la representación sindical, la solidaridad,
la coordinación de problemáticas de diferentes sectores de la clase. En última instancia se debilitan las precondiciones para su
acción política.53
Al exterminio de toda una generación de cuadros militantes
que se produjo durante la dictadura, se suma su capitalización
ideológica por medio del estímulo a la asociación, en el imaginario popular, de las luchas con derrota y castigo inevitable, que
puede llegar hasta la muerte y la desaparición.54 Desde el poder
se propugna así el apoliticismo, el individualismo, la resignación
ante la pérdida de conquistas y dignidad. Los retrocesos en el nivel de vida son presentados como el costo inevitable e irreversible que plantea la superación de una crisis de larga duración, para la cuál no existen otras alternativas, y como el modo de hacer
competitivo al país en un nuevo capitalismo globalizado.
Sin embargo, de las transformaciones y la crisis, emerge también una clase obrera que tiende a expandir sus fronteras en
nuevas direcciones. La segmentación tiende a condensarse en
una unidad en la diversidad, que puede dar lugar a una clase
obrera nueva. Junto con las tendencias a la dispersión y a la precarización, aumenta el grado de calificación de los trabajadores
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en algunos sectores: Se permeabilizan, en algunos casos, las barreras entre trabajo intelectual y manual, y también entre trabajo productivo y no productivo. La relación con la maquinaria y el
instrumental en general, cambia de fisonomía, y en muchos casos
ese cambio favorece la autonomía del trabajador, impensable ya
como "gorila amaestrado" encadenado a la monotonía de la cinta
de producción.55
Las luchas de la clase obrera en estos años muestran parte de
esa redefinición. Sectores antes encuadrados como capas medias
(maestros, médicos, técnicos, trabajadores de los servicios y del
aparato estatal) asumen con mayor intensidad modalidades organizativas y de comportamiento político similares a las obreras,
como ya hemos analizado. Los trabajadores del sector público pasan a distinguirse por un índice de conflictos y una combatividad
que antes les era desconocida.56
Este proceso es, por cierto, de carácter mundial, pero repercute en Argentina con especial fuerza. Pese a reestructuraciones
y despidos, la clase obrera sigue ocupando un lugar importante,
en términos cuanti y cualitativos.57 Los que sí están en una crisis
próxima a un punto de "no retorno", son los encuadramientos político-ideológicos y organizativos que tuvieron prolongada vigencia, entre ellos, el rol de árbitro del Estado en el conflicto social;
el peronismo como elemento de legitimación de las relaciones de
producción capitalistas y la colaboración de clase, la central
obrera unificada que agrupa a sindicatos únicos por actividad.
Son todas instancias puestas hoy en tela de juicio. Su crisis no
implica, todavía, ni su desaparición ni su pérdida absoluta de eficacia, pero marca un acentuado debilitamiento.
En las luchas obreras de la década menemista se observan
muchos resabios de un pensamiento y acción propios de etapas
anteriores, pero éstos se combinan con tendencias a la recepción de los cambios definitivos. La huelga ferroviaria de 19901991, por ejemplo, combinó formas "antiguas": reinvindicaciones
excluyentemente salariales que le imposibilitaron trascender del
ámbito económico-corporativo; con formas "nuevas": una modalidad organizativa que "saltó" por encima de la legalidad sindical.
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La lucha por la educación pública de 1992, tendió a superar esas
limitaciones, al igual que los conflictos regionales del año 1993 y
siguientes. En particular, las puebladas con 'cortes de rutas' y
asambleas populares que se incrementaron a partir de 1997 marcan una nueva calidad de movilización, que comienza en localidades de pocos habitantes y en áreas periféricas (Cutral-Co, Ledesma, General Mosconi, Tartagal, etc.), y con posterioridad se extiende a áreas centrales, hasta constituir a La Matanza, una de las
zonas más populosas del conurbano bonaerense, en una virtual
‘capital’ de ese movimiento. En relación con estos acontecimientos se van generando agrupaciones de ‘trabajadores desocupados’ cada vez más numerosas y con creciente capacidad de movilización. La generalización y politización de conflictos sectoriales, proporcionándoles no sólo solidaridad, sino asumiéndolos
como propios por diferentes sectores sociales, parece ser una
tendencia nueva, pasible de mayor desarrollo. El conflicto vuelve a salir del lugar de trabajo, para expandirse, muy por encima
de sus límites iniciales, y combinándose con la problemática de
la desocupación y la precariedad laboral. Con todo, sigue manifestándose una gran plasticidad de parte de la dirigencia política tradicional para asimilar o neutralizar esos movimientos, así
como una escisión entre esas luchas sociales y la esfera de las
instituciones políticas, manifestada en la pervivencia del voto a
la misma dirigencia política cuestionada. El caso del gobernador
Juárez vuelto a elegir luego del literal 'incendio' de la capital
provincial de Santiago del Estero, es el más flagrante pero en absoluto el único, que bien podría expresar que esas movilizaciones por bienes básicos y de repudio a dirigencias insensibles, no
modifican por sí solas una visión resignada y propensa al clientelismo de una 'política' vista como ajena e inmoral, pero al mismo tiempo utilizable en términos de conveniencia inmediata, de
intercambio de ‘favores por votos’.
En lo que respecta al modo de enfrentar a la burocracia sindical, puede dividirse el período democrático en cuatro etapas.
En una primera fase (que puede fecharse aproximadamente entre los años 1983 y 1986) la tendencia de las corrientes más liga-
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das a las bases y a posturas combativas, fue la de operar como
"oposición" a las direcciones burocráticas. Actúan, en cierta manera, en el mismo terreno que ellas: cuestionamientos en las
asambleas convocadas por la burocracia, constitución de listas
opositoras en ocasión de elecciones, denuncia pública de actitudes consideradas de traición, etc. Estas corrientes ganan incluso
la conducción de algunos sindicatos, pero tienden a diluirse y esterilizarse, precisamente porque al mantenerse dentro de la lógica de la estructura sindical en crisis, no logran trascenderla en
una respuesta orgánica alternativa.
Por el contrario, de 1987-1988 en adelante, aparecen en forma cada vez más clara y frecuente, tentativas de superar e ignorar a las burocracias. Se forman conducciones de base, coordinadoras de delegados, y éstas pasan a ejercer la conducción efectiva. La "legalidad" sindical, construida en definitiva desde la burocracia con apoyo del Estado, deja de ser una preocupación para
las corrientes cuestionadoras. Se busca una legitimidad distinta,
otorgada y revalidada de modo permanente por la base. Decididamente en esta nueva etapa se inscriben el conflicto de colectiveros (1989) y el prolongado conflicto ferroviario. (1991) En ambos casos es notable la tenacidad con que se lleva adelante la lucha, y en el segundo incluso se suscita solidaridad de los usuarios, pese a la objetiva contradicción de intereses inmediatos.
Una tercera etapa se plasma a partir de los intentos de constitución de una central obrera alternativa, y el estímulo de un
nuevo modelo organizativo, por ejemplo, las federaciones por rama, (Energía, Industria, Sector Público, etc.). También se da el
aliento a experiencias de 'paralelismo' sindical y otras que tienden a intentar otros caminos que el tradicional de 'recuperación
de sindicatos burocráticos' vía conformación de listas de oposición, así como a articular y centralizar las experiencias de 'paralelismo', seccionales autonomizadas, sindicatos por empresa independientes, agrupaciones afiliadas directamente a la CTA, etc.
En la segunda mitad del decenio de 1990 toma fuerza lo que
ya podría considerarse una cuarta etapa: La emergencia, con
fuerza y diversidad creciente, de agrupaciones que reivindican el
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carácter de trabajadores para sectores de desocupados permanentes. Desenvuelven la lucha en el plano territorial y no en el
sindical, ya que carecen de lugar de trabajo, pero identificándose como trabajadores (muchas de estas agrupaciones tienen denominaciones que incluyen la frase ‘trabajadores desocupados’),
y reivindicando su regreso al mundo del trabajo, en el que el otorgamiento de subsidios o ‘planes’ sólo debería ser una estación pasajera. Estas organizaciones entroncaron en algunos casos con el
sindicalismo expresado en la CTA o en la Corriente Clasista y
Combativa, pero sobre todo inauguraron una actividad de ‘lucha
de calles’ con expresión principal en los piquetes que cortan rutas, y buscaron formas de democracia directa, revocabilidad de
los dirigentes, funcionamiento asambleario, que tienen una gran
perspectiva en cuanto al afianzamiento de la autonomía y capacidad de iniciativa de las clases subalternas.
Tal como está erigido el edificio sindical, éste forma parte de
un complejo entramado de elementos coercitivos, jurídicos e
ideológicos, provistos en gran medida por la burguesía y el poder
estatal. Las estructuras sindicales de nuestro país son casi inescindibles de esa trama. La elección de una comisión directiva con
otras premisas ideológicas, no modifica el carácter sustancial de
esas organizaciones. En el difícil caso de acceder a la conducción
sindical, una corriente combativa y clasista tiende a quedar entrampada en la lógica de la estructura, diseñada para el mejor
servicio de las patronales y el aparato estatal. Ello es en buena
medida independiente de los deseos y voluntad de los integrantes de aquéllas. La estructura sigue autorreproduciéndose en
prácticas burocráticas, relacionándose desde ellas con sus afiliados y en definitiva nada sustantivo cambia para los trabajadores.
La repetida burocratización de dirigentes honestos y combativos
una vez que asumen cargos de dirección, no puede ser leído desde el ángulo conspirativo, como traiciones, sino como la respuesta casi obligada frente a la inclusión en una burocracia muy estructurada que tiende a “asimilar” a todo cuerpo extraño. Esto no
es inexorable, pero el evitarlo requiere una cuota muy alta de habilidad y firmeza política, que por lógica, la mayoría de los diri-
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- Julio Gambina - Daniel Campione
gentes no posee. Aun la más superficial observación directa del
funcionamiento de algunos sindicatos con dirigencias genéricamente clasificables como de 'izquierda' revelan niveles de caudillismo y organización verticalista que parecen descender más directamente de la tradición burocrática que del ideario de esas dirigencias cuestionadoras.
Desde 1991 el cuadro se agravó por la mutación, a la que ya
hicimos referencia, en que las organizaciones sindicales evolucionan hacia una suerte de holdings empresarios, comprometidos
en las privatizaciones de las empresas del Estado, en las AFJP y
en las aseguradoras de riesgos de trabajo, lo que se completa
luego con la tendencia a fusionar o asociar las obras sociales con
empresas de medicina prepaga y otras actividades de carácter
netamente empresarial. Y en el campo de la acción política, ésto
se ha completado con el apoyo (o el asentimiento implícito) a diversos proyectos y normas de flexibilización laboral. La acción
reivindicativa aparece cada vez mas diluida, si bien en casos
puntuales puede volver a pasar al primer plano, como las convocatorias a la protesta de la UOCRA, en torno a la mayor visibilidad pública de los accidentes de trabajo58, o las de UPCN, integrando el Frente de Gremios Estatales, contra los recortes salariales en el sector público.
Un modelo algo diferente, que combina la ideología, la estructura organizativa vertical y centralizada y el grueso de las prácticas de la burocracia sindical más corrupta, con una mayor preocupación reivindicativa y movilizadora, e incluso con un recurso
frecuente a las medidas de fuerza, es el que identificó primero al
MTA (Movimiento de Trabajadores Argentinos), integrado por un
tiempo en una CGT reunificada y luego nuevamente autonomizado como CGT secretaría Moyano. Estructurado sobre la base de
los gremios del transporte (Camioneros y UTA en primer lugar),
la raíz de sus matices respecto a la conducción de la CGT pueden
rastrearse, al menos parcialmente, en su enraizamiento en gremios menos afectados por la desocupación, que mantuvieron o
aumentaron la concentración de trabajadores y el grado de centralidad en el proceso económico, al revés de la declinación de
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esos factores en la mayoría de los otros. A la hora de efectuar
planteos de mayor alcance estratégico, esos dirigentes se agotan
en las tentativas de reedición de algún tipo de 'movimiento nacional' que les permita asociarse al sector más 'productivista' del
gran capital, que en los últimos años de Menem había roto con el
sector financiero, comercial y de servicios para formar el ‘grupo
productivo’ (UIA, SRA y Cámara de la Construcción), y a estrechar vínculos con sectores peronistas no adscriptos a las reformas
neoliberales. Eso explica el sustento a políticas de devaluación de
la moneda sostenidas por el “moyanismo”, en un aliento al desarrollo del mercado interno, que conciliaba intereses de los trabajadores con una supuesta burguesía nacional. La reacción de la sociedad argentina luego de la devaluación acalló la voz de los rebeldes devaluadores de la CGT.
Por otra parte, una infinita gama de condicionamientos dificulta la disputa 'institucional' por la conducción de los sindicatos,
y desgasta a quienes se embarcan en ella, enfrentados a la superioridad en ese terreno del poder instituido. Ello va desde la disponibilidad de recursos materiales muy amplios, la existencia de
extensas y sólidas redes clientelísticas, los estatutos proscriptivos, la legalidad custodiada desde un ministerio de Trabajo en general favorable a las conducciones burocráticas. Se suma, y no en
último término, la existencia en los mismos trabajadores de un
sentido común conservatista, que tiende a recaer en el apoyo
electoral a las conducciones vigentes, por un marcado efecto de
acostumbramiento a una modalidad que en muchos casos ha borrado hasta la memoria de otro tipo de organización gremial, y
que en muchos casos compensa con servicios de salud, turismo,
ayuda escolar, capacitación laboral y otros, lo que no proporciona en la defensa de salarios y condiciones de trabajo.
En síntesis, la búsqueda de nuevas modalidades organizativas tiene como mérito principal el inscribirse en una práctica de
acumulación social de abajo hacia arriba, tendiente a conformar
nuevas relaciones de poder, ajenas a la estructura tradicional, a
la patronal y al Estado. Sus líneas de ruptura y de continuidad
histórica se entroncan en una dirección de ensanchamiento de la
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- Julio Gambina - Daniel Campione
perspectiva política de una clase obrera en profundo proceso de
cambio. Es un camino no exento de contradicciones, porque las
innovaciones organizativas propiciadas en la CTA y otros ámbitos, chocan con el hecho de que son espacios compartidos (y en
buena medida conducidos) por sectores que no tienen un planteo radical de la autonomía política del movimiento obrero, en los
que predominan componentes ideológicos socialdemócratas y
socialcristianos, que distan de ser sustancialmente diversos de
los que sustentan el accionar del viejo sistema sindical.
Mirada al final del decenio
La reinstauración del régimen democrático-constitucional,
estuvo signada por una transición, con la secuela de indefinición
que toda etapa transicional conlleva, y la forzada coexistencia de
elementos en extinción, con otros nuevos que se desarrollan con
fuerza. La referida transición atraviesa todos los niveles de nuestra sociedad, y eso le confiere un muy alto nivel de complejidad.
Uno de sus rasgos más acentuados es la existencia de un cúmulo de debilidades y contradicciones internas en ambos contendientes centrales de la lucha de clases, pero en un cuadro donde
el peso político e ideológico de la derrota del año 1976, y los efectos de la crisis del Este y de la ofensiva neoliberal a nivel mundial, colocan a los trabajadores y otros sectores populares en una
marcada situación de desventaja frente a una clase dominante
cada vez mas transnacionalizada y radicalizada en su propósito
de desarrollar hasta las últimas consecuencias una ofensiva en
toda la línea contra el poder del trabajo y sus organizaciones.
Durante los 80, el bloque de clases dominantes avanza en su
reformulación del modelo de acumulación, en medio de luchas
interburguesas. Las dificultosas condiciones de reproducción del
proceso productivo (estancamiento, recesión, fluctuaciones
bruscas) convierten a todo el proceso en un juego de suma cero,
donde solamente la expropiación de otro sector social permite la
ampliación de la participación propia en el excedente. De allí la
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ferocidad de la lucha de clases, librada en condiciones de persistente ofensiva por parte del gran capital monopolista.
Ello se ve potenciado por el afianzamiento de una perspectiva del mismo tipo a escala mundial. La propia lógica de acumulación impone la sostenida expropiación de la participación obrera
en el ingreso, y el aumento de la explotación.
En estas condiciones, el bloque de clases dominantes queda
inhabilitado para la generación efectiva de hegemonía, en condiciones que las modalidades de consenso anteriores (año 1945 en
adelante). Ellas son irrecuperables por haberse pulverizado los
presupuestos que la hicieron posible.
Aún cuando, avanzado el ajuste estructural, el Plan de Convertibilidad genera condiciones de estabilidad de precios y crecimiento que, luego de un fuerte sobresalto en 1995, se retoman
en los años 1996 y 1997, el modelo de acumulación, al no estar
orientado al mercado interno, ni a desarrollar actividades intensivas en trabajo, continúa reproduciendo desempleo, precarización laboral y deterioro en las condiciones de trabajo,59 hasta volver a caer en un proceso de recesión prolongada, a partir de los
últimos meses del año 1998.
Reducidos a condiciones de defensiva y retroceso, desencuadrados de identificaciones político-ideológicas que tuvieron cuatro décadas de vigencia, la clase obrera y los sectores populares
se debaten en búsqueda de algún tipo nuevo de ubicación social
y política. En medio de la vorágine, se ven confrontados a nuevas
modalidades de organización del proceso productivo, a nuevas
formas de venta de la fuerza de trabajo, que exigen a su vez una
percepción y reubicación.
Los vínculos anteriores caducaron: l) La inclusión en el peronismo se ha reducido a un vínculo electoral, por otra parte inseguro en su vigencia. 2) La agrupación en sindicatos burocráticos
se hace cada vez más pasiva, con direcciones que recaen en un
rol cada vez más administrativo, sin capacidad movilizadora, y reducidos al apoyo de las redes clientelares y de corrupción y los
“auxilios” provenientes del aparato estatal, pese a las contradicciones existentes.
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- Julio Gambina - Daniel Campione
El camino tradicional de integración está cerrado. En el capitalismo neoliberal no hay ningún lugar para políticas estatales
neokeynesianas, de sesgo re-distributivo.60 Y si el Estado no puede cumplir ese rol compensador, la restauración de cualquier variante nacional-popular resulta sencillamente imposible.
Y no existe un camino nuevo de integración. El nuevo modelo impuesto desde las clases dominantes tiende a cerrar
abruptamente la etapa iniciada en 1945, mediante la lisa y llana deportación de la clase obrera y los sectores populares de la
política activa, y de mecanismos globales de concertación. Ello
a cambio, en el mejor de los casos, de un puesto en el sistema
productivo, amenazado todo el tiempo por la precarización y el
desempleo. En esas condiciones, una integración meramente
adaptativa, de estrecha defensa del interés económico-corporativo, sin articulación política alguna, no es más que una convalidación del retroceso permanente, y por lo tanto inviable en
el mediano plazo, salvo que se la imponga con un elevado componente represivo.
En función de lo antedicho, tanto el empecinamiento en los
modos de accionar propios del nacionalismo populista que imperaba hasta los 70, como la generación de una modalidad de sindicalismo economicista, son caminos ciegos, sin otro destino posible que la frustración.61 Con base en esta comprobación, es previsible que se afiance la búsqueda de nuevos modos de acción
sindical y política para la clase obrera argentina. Ello en el difícil
marco de una aguda crisis, con la burguesía en condiciones de intentar superarla en posición de ofensiva. La construcción de nuevos modos de acción es una tarea eminentemente política, tomando esa palabra en el sentido estricto de acción transformadora, subversiva, encaminada a la reversión completa del sistema
de poder vigente.
Ese retorno a la política requiere, entonces, tender a la puesta en cuestión, con alcance radical, de los dos modos básicos de
integración de la clase obrera en el sistema socio-estatal capitalista: 1) La representación parlamentaria, con su efecto de borramiento de las fronteras de clase en la noción homogeneizadora
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de ciudadanía, y la ficticia separación de la esfera política respecto de la económica. 2) La organización económico-corporativa a
través de la delegación en el sindicato organizado como aparato
de Estado (en el sentido de constituir una pieza activa del sistema de dominación), que esteriliza la identidad de clase, y la fragmenta, profundizando la separación de economía y política a la
que hacíamos referencia.
Las condiciones de crisis orgánica en agudización progresiva que aquejan a nuestra formación social, han puesto a su vez
en seria crisis a ambas nociones, lo que redunda en precondiciones favorables a la viabilización de un cuestionamiento global que habilite alternativas. La auto-organización en el plano
económico-corporativo y en el político, son inescindibles. Una
organización sindical que no tienda a una politización que la
unifique en un proyecto de poder, termina, de modo inexorable, en una modalidad adaptativa, de penosa negociación de
espacios que se empequeñecen. Una organización política que
no ponga en tela de juicio la totalidad del sistema de mediaciones y representaciones, se integra al sistema, aún contra su voluntad consciente, al reproducir sus formas de organización y
acción. Se vuelve funcional, ya que más allá de la posesión de
un discurso revolucionario, se plantea una "representación", es
decir una mediatización, una suplantación subordinante de la
clase con que aspira a identificarse. Esto no implica la ruptura
inmediata con la estructura sindical, y mucho menos abjurar
en bloque de la democracia so pretexto de rechazo a los elementos paralizantes de la lógica parlamentaria. Significa, en
cambio, la negativa teórica y práctica, a considerar al parlamentarismo y a la organización sindical tradicional como puntos de llegada, como marcos organizativos incuestionables, a
los cuáles se trata no de transformarlos, sino de conducirlos
con otros presupuestos.
En suma, el movimiento social real no puede constituirse en
transformador si no asume la problemática total de la sociedad, y
como tal la cuestión del poder, entendido como relación social
compleja y no como espacio a ocupar. Del mismo modo, no tiene
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futuro un movimiento político que se separe del movimiento real,
y pretenda al mismo tiempo una representación vicaria de la clase
obrera. El riesgo que aparece es que reacciones defensivas se movilicen, desde propósitos revolucionarios, en dos sentidos opuestos y equivocados: a) La no asunción de las profundas transformaciones de la clase obrera en los últimos años, aferrándose a una ortodoxia (la del inexorable rol de “vanguardia” del proletariado industrial) que ya carece de anclaje social. b) El interpretar los cambios como desplazamiento social y político definitivo de la clase
obrera, y proponer su reemplazo, en el plano político por movimientos sociales de definición no clasista. En una sociedad como
la nuestra, que mantiene su perfil urbano e industrial, pero con
profundos cambios respecto al modelo fordista, ambas actitudes
parten de facilismos ideologistas. Cualquiera de ellas llevaría a un
fracaso inexorable, si se tornase predominante.
Por último, cabe llamar la atención sobre las implicaciones
insoslayables de las condiciones de debilidad y la posición defensiva que los posibles portadores de alternativas ostentan en nuestro país. Ello señala la existencia de una distancia a recorrer antes de arribar a la posibilidad efectiva de disputar el poder con las
clases dominantes. En consonancia con ello, cabe pensar que
existe un flanco débil en estas últimas, que a nuestro juicio radica en su incapacidad, pese al enorme poder económico y político
acumulado, de generar una visión del mundo susceptible de ser
compartida por sectores amplios de las clases subalternas, en
vías a instalar una hegemonía. La sutura proporcionada por la
ideología de la resignación, el individualismo y el miedo es potencialmente inestable y frágil. La actitud del Estado no va mucho
mas allá de una presión constante por facilitar un interminable
proceso de liberalización-precarización de las condiciones de trabajo, y de restricción de la capacidad de negociación de un sindicalismo al que ya no se le asigna el papel de contención social que
ostentó en el pasado. Es en esa brecha, pensamos, que se ubica
buena parte de las posibilidades de progresiva reversión de la
tendencia en la lucha de clases, proceso que en cualquier caso
será gradual y prolongado.
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En los últimos años de Menem, alejado ya el fantasma paralizante de la hiperinflación, y puestos en claro los efectos de una
política de ajuste a cuya no realización se achacaban antes todos
los males, actitudes de movilización y lucha despuntaron, con
amplitud y profundidad crecientes, que con la Marcha Federal y
el paro del CTA-MTA del 2 de agosto de 1994, ya mencionados,
alcanzan un nuevo escalón. Ambos fueron movimientos de protesta de alcance nacional, afianzados en una participación social
amplia, pero con indudable protagonismo de trabajadores sindicalizados. La CGT quedó al margen de estas movilizaciones, perdido el monopolio de la representación sindical y maniatada por
sus vínculos estrechos con el gobierno de Menem del que, pese a
todo, siguieron obteniendo prebendas y oportunidades de negocios. Y el MTA (luego CGT Moyano), siguió apostando a posiciones algo menos conciliadoras que las de la central todavía mayoritaria, pero sin variar un ápice la ideología inspiradora y los comportamientos predominantes en aquélla.
Junto con las protestas tradicionales, surgieron diversas formas de resistencia, de múltiples facetas, pero con un protagonismo innegable de trabajadores (tanto ocupados como desocupados), tales como los cortes de ruta y los alzamientos contra gobiernos provinciales, cuyos mismos modos de democracia interna y de planteo de la lucha son profundamente novedosos.62 Varios signos apuntan a que un nuevo campo de organizaciones de
los trabajadores en particular, y de las clases subalternas en general, está en fase de constitución. La agudización, cada vez más
rápida y profunda, de esa convergencia de desocupación elevada,
precarización, caída de ingresos y pérdida de conquistas y beneficios que los trabajadores argentinos viene sufriendo hace décadas, constituye el telón de fondo sobre el que se construyen nuevas experiencias organizativas y tienden a aflorar comportamientos renovados y nuevos modos de conciencia.
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Intelectuales y política.
En la década de 1960 y primeros años de la siguiente, la intelectualidad argentina experimentó un proceso de radicalización que acompañó el aumento de las luchas sociales, la profundización de las demandas de transformación de la sociedad, y el
impulso hacia la izquierda de sectores progresivamente más vastos dentro del peronismo, movimiento que fue víctima de persecuciones, proscripto del sistema político oficial, criminalizado el
uso de sus símbolos y consignas, por lo que sus militantes sólo
podían hacerlo subsistir en base a la radicalización de sus métodos de lucha y de su modo de ver la realidad.
Ese movimiento de radicalización se nutría de la repercusión creciente de un marxismo autónomo de la tutela soviética,
del profuso pensamiento suscitado por los movimientos de descolonización y liberación nacional, la revolución cubana, y la
crítica radical que sufría la cultura del capitalismo individualista y consumista que se había entronizado en Estados Unidos y
Europa Occidental.
Los últimos años 60 y primeros 70 fueron el escenario de un
auge inusitado de las luchas populares, incluyendo la confrontación directa con el aparato estatal y la gran empresa, la realización de movimientos insurreccionales, y una aceleración de la
radicalización ideológica ya en curso. La mayoría de los intelectuales se sumergieron en la idea del compromiso activo con la
lucha de las clases oprimidas, una noción puesta a la orden del
día por la lectura de Sartre, Fannon, Marcuse... El pensamiento
aparecía como un modo de dar el combate social y político; de lo
contrario quedaba al servicio, consciente o no, de la clase dominante y del sistema de poder existente. Se produjo el desencadenamiento de la ‘lucha de calles’ a lo largo del país, con fuerte
protagonismo de un movimiento obrero antiburocrático en crecimiento, el derrumbe -al calor de esas luchas- de una dictadura
que planeaba permanecer dos o tres décadas en el poder, la aparición con fuerza creciente de organizaciones que se volcaban a la
lucha armada para desarrollar la lucha antidictatorial; hechos que
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se conjugaban para hacer aparecer una victoria revolucionaria
como inminente. Entre la intelectualidad que se había involucrado activamente, casi era ‘pecado’ dudar de la cercana perspectiva de triunfo y consiguiente transformación radical de la sociedad. Que el ‘campo’ estuviera plagado de propuestas demasiado
generales o excesivamente ambigüas, que los ideales emancipatorios se mezclaran con nacionalismo exacerbado, militarismo incipiente, prácticas hegemonistas y autoritarias, parecía un conjunto de inconvenientes menores que la propia dinámica del movimiento estaba destinada a superar.
No tardó en quedar en evidencia que se había subestimado
groseramente la capacidad de reacción de las clases dominantes,
tanto en el terreno ideológico-cultural como en el de la represión;
y que las debilidades del movimiento no eran precisamente pasibles de solución rápida y sencilla. Los intelectuales jugados con la
revolución estuvieron en gran número entre los inmolados, desde
los primeros asesinatos de la Alianza Anticomunista Argentina
(Silvio Frondizi, Rodolfo Ortega Peña), hasta las desapariciones
del operativo de ‘noche y niebla’ implantado por la dictadura (Rodolfo Walsh, Haroldo Conti, Francisco Urondo), poblaron las cárceles, engrosaron el exilio, arrostraron la persecución y las marginaciones de lo que algunos llamaron el ‘exilio interno’; vivieron de
lleno el anticlímax de la transformación en el lapso de meses, de
lo que se creía una segura victoria en una derrota sangrienta.
Tras la represión homicida y la censura de la dictadura, que
llevó al grueso de la intelectualidad cuestionadora a la muerte, la
cárcel, el exilio, o bien al refugio dentro del país en diferentes
modalidades de marginalidad y trabajo ‘subterráneo’63, llegó el resurgir de una vida intelectual dotada de libertad de expresión.
Pero, desgraciadamente, en ese período se plasmó el mayoritario
abandono de las posiciones revolucionarias desarrolladas en la
etapa previa a la dictadura. La asimilación del doloroso impacto,
en lo colectivo y en lo personal, que significó la dictadura y la derrota, junto con un cambio de clima a nivel mundial que favorecía cada vez menos a las propuestas radicalizadas, hicieron que
pocos mantuvieran con decisión la perspectiva anticapitalista y
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- Julio Gambina - Daniel Campione
revolucionaria. Pocos ejemplos pueden registrarse de continuidad
en una línea de pensamiento y acción, más como testimonio de una
generación que como potencialidad de construcción de una nueva
intelectualidad revolucionaria. Entre ellos se destacaron Osvaldo
Bayer, David Viñas, León Rozichtner, Eduardo Pavlovsky, y algunos pocos más. El fracaso en la tentativa de ‘asaltar el cielo’ impulsó a la reflexión de muchos en dirección a concluir que aquel ‘cielo’ no existía como tal, o al menos no podía ser trepado sin el seguro castigo de una desmanteladora caída desde las alturas.
De la aspiración a cambiar por su base la configuración de la
sociedad y las relaciones de poder en el seno de la misma, se pasó, más o menos bruscamente, a un reformismo preocupado por
la ‘gobernabilidad’, tributario en gran medida del pensamiento
socialdemócrata. Esto en una etapa en que la socialdemocracia
viraba a la derecha en todo el mundo, al compás de la contraofensiva del gran capital que se dejó percibir desde el advenimiento de Margaret Thatcher y sobre todo de Ronald Reagan en
EE.UU. Los regímenes de Felipe González o Francois Mitterrand pasaban a ser fuentes de inspiración supuestamente más
aptas que los procesos revolucionarios que se habían desenvuelto a lo largo del siglo.
Era decisivo en la conformación de esta nueva ‘visión del
mundo’, el efecto de encantamiento que jugaba el retorno a la
institucionalidad republicana, como fruto de un ‘procesamiento’
de la derrota que tendía a perpetuarla, al interpretarla como demostración de lo inadecuado de los objetivos que se habían planteado en aquéllos años ‘incandescentes’. Las acciones y el modo
de ver el mundo de los 60-70’ podían rescatarse para la memoria
histórica, pero no para la acción política del presente y el futuro
cercano. A partir de allí, muchos decidieron creer en la promesa
simbólica que formulaba el primer presidente de la restauración
democrática: “con la democracia se come, se cura, se educa...”,
que a poco andar se vería drásticamente desmentida en todos sus
términos, y trabajar para el éxito de un proceso que denominaron
‘transición a la democracia’. La caracterización epocal conservaba
la noción de etapa intermedia que da el término ‘transición’, pero
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ya no estaban comprometidos ni el fin del capitalismo ni la construcción del socialismo, sino apenas la consolidación de un régimen político que, en el talante contestatario de la época anterior,
casi no se mencionaba si no era con el calificativo de ‘burguesa’ o
al menos de ‘formal’. Las instituciones que años antes, a veces
con bastante de unilateralidad, se desdeñaban como tapadera de
la dominación de clase y de la explotación de los trabajadores y
pobres, eran propuestas como objeto de los desvelos de la intelectualidad de la democracia “burocrática”; la modesta utopía de
un parlamento eficaz y una justicia autónoma, de la celebración
de elecciones limpias en los plazos programados; aspiraba a
reemplazar a las consideraciones sobre la conformación de un
‘poder popular’ o de la ‘autoorganización y autogobierno de las
masas’, característica de la democracia participativa o de los de
abajo, en el mejor estilo de las grandes revoluciones.
A medida que la mayoría de ellos retornaba del exilio, conformaron una serie de aparatos culturales que perdurarían durante más de una década, entre ellos el Club de Cultura Socialista, y la revista La Ciudad Futura, ambas denominaciones indicativas de la adopción del comunista italiano Antonio Gramsci
como la principal referencia dentro de la tradición marxista. En
realidad, hombres como Juan Carlos Portantiero,64 Oscar del
Barco, Héctor Schumucler y sobre todo, José Aricó, ya habían
profesado la impronta gramsciana desde la década de 1950, pero en aquella época no la encontraban incompatible con la lectura crítica de Lenin o Guevara, a los que desecharon en bloque en
esta nueva etapa, junto con las posiciones revolucionarias que
habían sustentado en el pasado.65 El marxista italiano, por su
parte, era leído en una clave reformista, en la que la problemática del consenso y la hegemonía, sepultaba los fenómenos ligados
a la explotación y la coerción, cuya existencia y gravitación
aquel nunca había negado. Una afirmación de José Aricó, uno de
los pensadores fundamentales de esa tendencia, sirve para sintetizar el programa de este núcleo de intelectuales: “La pretensión de mantener unidos democracia y socialismo supone en la
práctica política la lucha por construir un orden social y político
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en el que la conflictualidad permanente de la sociedad encuentre formas de resolución que favorezcan su democratización sin
generar su ingobernabilidad”.66
No más revolución social, no más lucha de clases, nada que
pudiera producir alteraciones sustantivas en el orden social y político existente. La ‘conflictividad’ debía ser resuelta por medios
que no alteraran el régimen político ni el orden social. El no retorno a una situación dictatorial tomaba prioridad decisiva en ese
pensamiento, pero en una forma temerosa y defensiva, que pretendía que el alejamiento del conflicto radical, de una ‘violencia’
condenada sin matices ni salvedades, era la única forma de aventar los riesgos de retroceso a los ‘años de plomo’.
En los 80 se asistió a la convergencia de un vasto núcleo de
intelectuales en un denominado post-marxismo que, a partir de
un intento de crítica global de la experiencia de los últimos 60 y
primeros 70, producía una revisión profunda de la tradición marxista en general, y de su despliegue particular en Argentina.
Bernstein, Jaurés y Juan B. Justo67 reemplazaron en la galería de
'grandes figuras' a Lenin, Mao y al Che, junto con una re-interpretación de Gramsci, de un tinte marcadamente socialdemócrata,
ya mencionada. La idea de revolución y todos sus corolarios quedó de lado, en beneficio de una vindicación de la democracia (ya
no adjetivada como formal o burguesa) y de la consecución de
cambios por la vía reformista. Ese tipo de posiciones, epitomizadas en el mencionado Club de Cultura Socialista, mantuvieron sin
embargo una preocupación por dejar viva la identificación socialista y de izquierda, aunque acogieran versiones muy moderadas
de esas corrientes y, a contrario sensu, excluyeran a quienes pretendían mantener una visión claramente anticapitalista, que no
renunciaba a la transformación social por vía revolucionaria. No
se puede comprender estas posiciones si no se las liga con los siguientes factores:
a) En el plano local, la experiencia directa de la derrota de
las organizaciones armadas, con las que buena parte de estos intelectuales se habían involucrado de una manera u
otra, dejó como saldo el terror, la desilusión con la lucha
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que se sostuvo, la sensación de que se habían tomado riesgos demasiado altos inútilmente.
b) El cruce de esa experiencia de derrota con una interpretación de la experiencia internacional como un reflujo definitivo de los movimientos revolucionarios y la caducidad
de la concepción marxista de crítica al capitalismo.
c) La necesidad de construir un lugar en la sociedad para ese
discurso reformista, que no podía ser otro que el de la ‘izquierda’ si no pretendía quedar diluido por completo en el
pensamiento oficial. Así, los intelectuales ‘posibilistas’, se
encolumnaron detrás de las variadas propuestas ‘progresistas’ que no se plantearan el conflicto radical con las clases dominantes y con un Estado que, no por dotado de formas republicanas y parlamentarias, dependía menos completamente de aquéllas, disputando al mismo tiempo el espacio de izquierda con quiénes intentaban seguir ligados a
las clases subalternas y a la construcción de una perspectiva autónoma para las mismas.
Incluso se empezó a pensar en términos de una modificación
definitiva de la escena política, en la que la acción de masas, la
‘lucha de calles’, quedaría definitivamente relegada en beneficio
de una disputa centrada en los medios de comunicación, con rasgos más ‘virtuales’ que reales. La política se convertía en una batalla de imágenes más que en un asunto de masas, en un ‘espectáculo’ más que en una confrontación. En esta versión ‘comunicacional’ de una utopía tecnocrática, la confrontación ‘virtual’ de
discursos en los medios masivos de comunicación sustituía de
modo definitivo a la apropiación material de la esfera pública. Actos y manifestaciones callejeras estaban destinados a morir. Era
una concepción inspirada en una lectura de achicamiento cuantitativo y cualitativo de la clase obrera. El hecho de la disminución de trabajadores industriales reflejados en los censos respectivos desde 1974 hacía concluir en la necesaria revisión del carácter hegemónico de los trabajadores en el proceso de transformaciones revolucionarias. De allí el diagnóstico propenso a cambiar
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el lugar del sujeto en los procesos transformadores y transferir la
lucha política a la disputa comunicacional de signos, significados
y significantes.
Otros intelectuales experimentaron una conversión incluso
más completa, plegándose a los conceptos de la corriente principal de las ciencias sociales norteamericanas, y presentando la arquitectura institucional y las reglas de juego como objetos excluyentes de interés, generando una literatura ‘politológica’ de aparente sofisticación, pero muy superficial nivel de reflexión, que
procuraba desplazar violentamente las preocupaciones sobre el
destino real de la sociedad por los análisis electorales, las encuestas de opinión y el minucioso seguimiento de los debates parlamentarios. La pretensión fundamental apuntaba a que se asumiera la democracia representativa ‘realmente existente’, con su claro sesgo hacia la desmovilización y la desorganización de las clases subalternas, como la única modalidad de democracia posible,
y el estudio de su funcionamiento institucional como el objeto
privilegiado de la ciencia social.69 En esa franja, las posiciones
frente al gobierno del Dr. Alfonsín transitaron desde un apoyo
crítico (que algunos retiraron en torno a 1986, ley de Punto Final
mediante) y una adhesión tan incondicional como provocadora.
José Aricó y Pablo Giussani70 (salvadas las distancias de nivel intelectual entre ambos) podrían representar las posiciones extremas en ese arco. Aquí pueden rastrearse los elementos que sirvieron de base para la “modernización” de la UCR y el PJ, incluyendo su proceso de renovación dirigencial, expresado por el alfonsinismo y la renovación peronista respectivamente.
Otro núcleo fue el que se articuló en torno a la revista Unidos, identificado con la tradición peronista, y con una participación en el auge de convocatoria de masas de la JP de los 70.
Una versión más o menos radicalizada de la renovación peronista concitaba sus esperanzas, y continuaban oponiéndose a los
costados liberales y 'politicistas' del alfonsinismo. De todas formas, también renegaban de la meta de transformación revolucionaria, e inducían un ‘regreso’ de la experiencia de la ‘tendencia revolucionaria’ hacia los cauces de la aceptación pacífica de
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la democracia representativa, y de la propiedad privada de los
medios de producción.
La presidencia Menem descolocó a unos y a otros. Tanto el
radicalismo en su versión alfonsinista como el peronismo renovador, lucían derrotados. Y Menem ganó para su campo a las figuras relevantes de la renovación peronista, que algunos fantaseaban como parte de un eje posible de una 'transversalidad' progresista que conjugara a lo más 'moderno' y democrático de ambos
partidos mayoritarios. El rápido paso de una figura como José
Luis Manzano de supuesto portaestandarte de una centroizquierda 'moderna' a encarnación del arribismo y la corrupción, resulta un ejemplo potente en ese sentido.
Tomó impulso además, con un ímpetu y seguridad desconocida en el pasado, una intelectualidad de derecha, abanderada de
la modernización y la tecnocracia, influida en gran medida por las
corrientes de pensamiento neoliberal que se hacían hegemónicas
a nivel mundial. Organizados en fundaciones y think-tanks de
variado tipo, afiliados sin rubores a los principios de la libre empresa, partidarios del desmantelamiento de todo lo que oliera a
Estado benefactor o intervencionista, ocuparon un lugar central
en la dirección de la sociedad y la política en todo el período Menem. Domingo Felipe Cavallo, Juan José Llach, Armando Caro Figueroa, Martín Redrado, fueron las figuras más rutilantes de esta
intelectualidad orgánica del gran capital,71 que demostró una
gran capacidad de elaboración y de articulación práctica con el
poder económico, el Estado, los medios de comunicación y los
mecanismos de consagración del país y del exterior. Superaban
en mucho, en su eficacia y su ‘organicidad’, al viejo modelo de
pensadores del establishment, al estilo de Roberto Alemann y
Alvaro Alsogaray. Su discurso era más flexible y moderno, muchos provenían de sectores ajenos a la derecha tradicional, con
pasado en el socialcristianismo y hasta en la izquierda.72 Además
de su labor concreta como funcionarios e ‘ideólogos’, su encumbramiento tuvo otra consecuencia importante: confirieron legitimidad en el campo intelectual al pensamiento neoconservador,
que en épocas anteriores había resultado impresentable, salvo en
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- Julio Gambina - Daniel Campione
ciertos ámbitos ligados más a la empresa que a la academia o a
cualquier reflexión seria. Incluso en el terreno politológico y sociológico crecieron en audiencia y prestigio analistas identificados abiertamente con esa tendencia, como Manuel Mora y Araujo y Rosendo Fraga, ‘estrellas’ en el nuevo firmamento de la ‘encuestología’ y el análisis político en formato mediático.
El conjunto del proceso descripto puede ser entendido como
un vasto fenómeno de ‘transformismo’ en el que las clases subalternas fueron ‘decapitadas’ de su dirección, en parte por el exterminio físico de sus dirigentes políticos e intelectuales, pero también por la cooptación de los supérstites para ‘convertirlos’ al servicio de las clases dominantes. El proceso de cooptación, complejo en sus fuentes y en sus formas, reconoce componentes materiales y simbólicos que se combinan: desde el espanto producido
por la derrota y la dictadura militar, hasta la tentación de acceder a posiciones más o menos confortables y apacibles, pasando
por la adhesión a toda una ‘onda’ del pensamiento mundial, que
se alejó del compromiso político y del cuestionamiento radical al
orden social existente. En una sociedad como la argentina; en la
que los núcleos de izquierda habían tenido gran influencia entre
los intelectuales, desde el anarquismo a principios de siglo, hasta las múltiples organizaciones de la nueva izquierda a partir de
fines del quinto decenio del siglo XX, pasando por un prolongado período de influencia en ese campo del partido comunista, izquierda política e intelectualidad quedaron casi totalmente disociadas, al punto que la militancia política activa pasó a ser virtualmente un factor de desprestigio para cualquier intelectual considerado medianamente ‘serio’ e ‘importante’, de acuerdo con las
valoraciones en uso.
En el marco de este análisis debe computarse la reconversión
universitaria, transformada en una gran “playa de estacionamiento” derivada de un ingreso irrestricto sin presupuesto suficiente
y un deliberado deterioro de la capacidad investigativa e incluso
docente, más allá de la voluntad de los claustros. La reestructuración universitaria se produjo en condiciones de relativa ausencia de conflictividad, motivada en el gobierno autónomo de una
�Cirugía Mayor Argentina, fin de siglo -
239
burocracia universitaria hegemonizada en tiempos constitucionales por el radicalismo renovado en manos del alfonsinismo y la
Franja Morada. Uno de los intentos más importantes por sistematizar un proceso de resistencia es la constitución (en el marco de
un fuerte programa de lucha) de la sindicalización docente a mediados de los 80, mayoritariamente expresada por una intelectualidad joven, en general despojada de la posibilidad de una carrera profesoral. Integrada por ayudantes, jefes de trabajos prácticos y algunos cargos superiores se destacaron en su anticipo a
las grandes luchas en defensa de la educación pública. Algo parecido ocurrirá con la sindicalización profesional, especialmente
en materia de salud. Buena parte de esa experiencia de organización y lucha levantó las banderas de los intelectuales, universitarios y profesionales comprometidos con la revolución de las décadas de 1960 y 1970.
Frepaso: gloria y decadencia del ‘progresismo’
En 1993 apareció un nuevo polo de atracción para la intelectualidad volcada al reformismo: el Frente Grande, alianza heteróclita de pequeños partidos ‘progresistas’, núcleos de izquierda e
individualidades con cierto predicamento en la lucha por los derechos humanos o en el combate contra la corrupción. A él se sumaron tanto los hombres y mujeres de Unidos como los del Club
de Cultura, junto con otros intelectuales más jóvenes, formados
en la universidad normalizada de la democracia. El compromiso
con el cambio político ‘posible’ resurgía luego de la decepción con
el gobierno radical y la penumbra de los primeros años de la presidencia Menem, signados por la crisis económica y la subsiguiente borrachera neoliberal.
El Frente Grande se convirtió a poco de andar en la fuerza
hegemónica del Frepaso, que inicialmente apareció como un
nuevo momento de convergencia entre la intelectualidad que había jugado a la 'transición democrática' y alguno de los términos
del bipartidismo dentro de ella, y la fracción minoritaria que se
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- Julio Gambina - Daniel Campione
había mantenido en posiciones más duras, fueran hijas de una visión radicalizada del peronismo, de corrientes de la izquierda tradicional o supervivientes del pensamiento crítico de los sesenta.
La depuración ideológica previa a los comicios presidenciales de
1995 y la configuración del Frepaso junto con disidentes del PJ
que nada tenían que ver con posiciones de izquierda (con un católico conservador como José Octavio Bordón al frente, que luego sería candidato a presidente), señalaron a estos últimos el camino del alejamiento desencantado,73 o el de la permanencia, pero en rápido camino hacia la completa cooptación por la lógica de
la defensa, apenas velada, no ya del orden capitalista, sino de las
brutales modalidades de su implantación en Argentina. Ya antes
de las elecciones de 1995, el conductor de la nueva fuerza, Carlos ‘Chacho’ Alvarez, lamentó no haber votado la Ley de Convertibilidad, al mismo tiempo que hacía múltiples manifestaciones
de un vuelco hacia el ‘realismo’ y la ‘previsibilidad’, términos que
no significan otra cosa que sometimiento pleno a los lineamientos fijados por el gran capital y los acreedores externos,74 y pasiva aceptación de los mecanismos político institucionales que excluían cada vez con más claridad a las clases subalternas.
La participación en la Alianza con la Unión Cívica Radical en
un lugar subordinado, tal como quedó definido después de la interna en que el Dr. De la Rúa fue electo candidato, y con más claridad, luego de la derrota de Graciela Fernández Meijide como
candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, reprodujo para muchos de estos intelectuales, en una escala más amplia, el lugar de 'apoyo crítico' u oposición menos que tibia, que
ocuparon en la UBA y otras universidades, frente al radicalismo
que las hegemoniza75.
En muchos casos, se trata de hombres y mujeres que ingresaron a la actividad adulta abrazando un marxismo que despegaba del 'modelo' soviético, de la mano de la ruptura de Mao con la
URSS, de la revolución cubana en su etapa de mayor originalidad
y tendencia expansiva, de la épica de la resistencia antiimperialista del Vietnam, en un conjunto de ideas innovadoras que irían
a corporizar en la versión vernácula de la 'nueva izquierda'. Pero
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aquél modo de pensar y actuar era entonces constitutivo de lo
novedoso, de la 'última ola', en una época en la que condición de
intelectual y pertenencia a la izquierda eran cuasi-sinónimos (sólo quedaban a la derecha, en nuestro país un nacionalismo algo
anacrónico o un socialcristianismo conservador no demasiado
atractivo, mientras que el conservadurismo liberal no gozaba de
la mínima legitimidad en el campo intelectual). La revolución parecía ser la palabra de orden, y solía ni ponerse en cuestión la
perspectiva de victoria rápida de fuerzas anticapitalistas. Se cultivaba un pensamiento ‘urgente’, que aspiraba a ligarse directamente a la acción, y en el que la vida académica tendía a ocupar
un lugar secundario, si es que tomaba alguno.
En la década de 1980, el modo de ver el mundo que había
parecido cuasi ‘obligatorio’ hasta pocos años antes, se encontraba en su punto histórico más bajo, tanto en el plano mundial como en el local. La mayoría de los intelectuales que habían abrazado la ‘urgencia revolucionaria’, no estaban dispuestos a quedar
en los márgenes, a sufrir las consecuencias de aparecer como
desactualizados o nostálgicos, ni a pagar los costos de sostener
posiciones políticamente derrotadas, intelectualmente desprestigiadas. Sólo les quedaba girar en la dirección de las modas
ideológicas, ésta vez con la ventaja de ir al encuentro de posiciones mucho más reposadas, en un país en que la 'transición democrática' permitía 'colocarse' en la universidad y en los medios
de comunicación, y conseguir subsidios de prósperas entidades
extranjeras. Además, en el retorno a la democracia de un país en
el que los intelectuales de centro o de derecha habían apoyado
a una dictadura que se había hundido en la vergüenza; una izquierda moderna dispuesta a coexistir para siempre con el gran
capital y la política parlamentaria, podía hacer un aporte no desdeñable a la construcción de una intelectualidad orgánicamente
ligada al orden existente.
Tuvieron, incluso, a través de sus posiciones en la universidad y otros ámbitos ligados a lo académico, la oportunidad de
educar en esos mismos hábitos a una nueva generación, salida de
sus clases en la universidad y cooptada por variados mecanismos,
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- Julio Gambina - Daniel Campione
liberada por procedencia generacional de todo vínculo personal y
directo con la utopía 'setentista'. Se optó por un cierto confort,
no sólo espiritual, que se fue resquebrajando gradualmente a medida que las políticas de ajuste y los recortes presupuestarios se
cernían también sobre las universidades. Algunos de ellos incluso ‘privatizaron’ su pertenencia académica, dejando las universidades públicas a favor de entidades privadas con mayor provisión
de recursos y ventajas contractuales significativas. Volvían al
abrigo de lo más granado de la cultura oficial, en las modalidades
acordes con los tiempos que transcurrían, signados por el vuelco
a lo privado y el abandono de la política. Un tedio de gestos apenas inconformistas y fondo complaciente parecía ser el destino
de largo plazo de intelectuales revolucionarios en retiro definitivo de la condición de tales.
Las formas y el fondo
El derrumbe del proyecto alfonsinista, la hiperinflación, el ascenso de Menem a la presidencia, sacudieron la construcción de
espacios de la intelectualidad identificada con la adaptación y el
‘posibilismo’, pero no la anularon. La universidad continuó en las
manos anteriores, las revistas se siguieron editando, los subsidios
flaquearon pero no desaparecieron. Y el Frente Grande-Frepaso
brindó la oportunidad de reverdecer la inserción en la actividad
política que estos hombres y mujeres habían intentado bajo el alfonsinismo. Fueron oposición, pero constituyéndose en tal de
una manera que les permitiera no abandonar la 'cresta de la ola'
ideológica, mientras esperaban reubicarse en el plano político.
Con el anticapitalismo ya abandonado, se ubicaron en un ángulo
de oposición a las políticas neoliberales, que se autoimpedía todo
cuestionamiento que fuera mas allá de los excesos del ‘capitalismo salvaje’ impuesto por lo que llamaron ‘fundamentalistas de
mercado’, como si fuera una cuestión de obstinación ideológica y
no de una visión de clase, orientada a obtener beneficios concretos. De allí se deslizaron al mero 'antimenemismo' que permitió
�Cirugía Mayor Argentina, fin de siglo -
243
una construcción en que el 'estilo' de ejercer el poder del presidente y sus partidarios, tenía mayor peso que el repudio a las medidas que tomaba (privatizaciones, desregulación, flexibilización
laboral, etc.), para al poco tiempo comenzar a visualizar a esas
medidas como una 'modernización indispensable' y por lo tanto a
aceptar su irreversibilidad y la de sus principales consecuencias,
en cuanto a concentración capitalista y manejos oligopólicos en
perjuicio de las clases subalternas. Lo que había hecho el gobierno Menem era pasar de la ‘centralidad del Estado’ a la ‘centralidad del mercado’76, proceso que era analizado como indispensable (e inevitable) a la luz de los cambios producidos a nivel mundial. En definitiva, cuestionaban la modalidad de aplicación (corrupción, contratos especialmente leoninos, falta de instancias
reguladoras eficaces), pero no el fondo, el sentido estratégico de
las políticas aplicadas, en un divorcio entre forma y contenido
que pecaría de ingenio si no tuviera algo de miopía interesada.
El papel crítico era cada vez más modesto, e inclusive las pretensiones de modificar la política cedieron paulatinamente. El
'socialismo en el sistema' predicado por algunos en los 80', dejaba paso al acto de cohonestar la adhesión al 'equilibrio fiscal' como objetivo base de toda política de Estado. Unas pocas ubicaciones en terrenos no decisivos del aparato estatal tendieron a
ser toda la compensación para su apoyo vergonzante. Pero suficiente para seguir ejerciendo desde un lugar confortable la 'crítica cultural' que tiende a agotar su universo de pretensiones. Esos
intelectuales se constituían cada vez más en ‘funcionarios de la
ideología’ al servicio de las clases dominantes y el estado. Y esto
en una situación de penuria material e intelectual que los tornaba simples ‘administradores’ de la crisis ideológica y cultural, con
menguada capacidad de iniciativa y acción autónoma. Parecidos
en esto a los políticos, convertidos a su vez en ‘administradores’
de un sistema cuyas coordenadas fundamentales no podían modificar ni en lo mínimo.
Consolidadas sus posiciones en el campo universitario, parte de ellos se lanzaron a ocupar lugares decisivos en otros ‘aparatos de hegemonía’, brindando atención a la producción escrita
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- Julio Gambina - Daniel Campione
de divulgación, el periodismo diario77 y los suplementos culturales, la radio y la televisión, la producción de textos para niveles
básicos de enseñanza, etc. Beatriz Sarlo o Luis Alberto Romero,
y bajo su auspicio un grupo más amplio de académicos más jóvenes o menos consagrados, se convirtieron en una presencia
habitual en los medios masivos de comunicación, y muchos de
sus trabajos se convirtieron en éxitos de crítica y público.78
Mientras tanto, en el plano político, todo el empeño estuvo al
servicio de aproximar la realidad institucional de nuestro país a
los postulados del liberalismo, colocando la construcción de ciudadanía, la 'cuestión republicana', en el lugar de privilegio dentro
de su proyecto, al que a falta de mejor denominación, algunos designaron como la consecución de 'un país normal'.79 El uso de esa
frase para designar la ‘utopía’ buscada, exhibe por sí sola la modestia creciente de un reformismo que corre el riesgo de dejar de
ser tal, para convertirse en conformismo a secas.
Un elemento llamativo es que estos intelectuales se empeñaron en seguir detentando la ubicación de 'izquierda' en el campo
político, incluso con pretensiones de hegemonizar ese ángulo del
espectro político y encabezar movimientos culturales que se refugien en ese espacio.80 Siguieron al respecto la conducta de los
partidarios europeos de la socialdemocracia, capaces de aplaudir
los bombardeos norteamericanos en distintos puntos del planeta
sin renunciar a la autodenominación como 'socialistas' y 'hombres de izquierda'. El problema es que, en una sociedad con un
nivel de desarrollo capitalista mucho menor, y más inequitativa
que las europeas, la pretensión corre el riesgo de introducirse de
lleno en el ridículo, volviéndose intelectual e incluso éticamente
indefendible, al proponer una ‘agenda’ de elaboración y debate
signada por las preocupaciones de la posmodernidad, mientras la
mayor parte de la sociedad argentina se hunde en la desocupación duradera, la pobreza, el deterioro de las condiciones de vida, trabajo y acceso a la cultura.
En el campo de su labor específica, los estudios sobre sistema político y partidos, las investigaciones más o menos light en
torno a movimientos sociales y minorías, y los análisis de opinión,
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continuaron ocupando el tiempo y el trabajo en cátedras e instituciones de investigación. Son intelectuales que compraron su libertad (y su subsistencia) al precio de su irrelevancia. La inspiración ideológica va desde la ciencia política norteamericana, los
pensadores franceses más arrepentidos de su pasado marxista, y
los predicadores de la 'tercera vía' u otras variantes de un pensamiento y una acción política que intenta monopolizar el título de
'izquierda', mientras se aleja con rapidez de todos los postulados
históricos de esa corriente.
Revolucionarios de fin de siglo
Por su parte, las tendencias que persistieron en la pretensión
de aunar un proyecto de sociedad no capitalista realizable con la
reivindicacion del paradigma de la revolución social, respondieron, en muchos casos, involuntariamente, a la caricatura que sus
adversarios querían dibujar: Reivindicaciones en bloque del pasado, persistencia en explicar todo fracaso por la 'traición' de los dirigentes, apego a esquemas de explicación de la realidad que, si
alguna vez fueron válidos, caducaron hace décadas, mayor propensión a la denuncia y el homenaje a los caídos que a la acción
política, oscilando entre la nostalgia de lo que no fue y un triunfalismo poco verosímil en el presente. O bien una proclamación
obsesiva de un enfoque catastrofista de la crisis del capitalismo
mundial y local, propensa a caer en la profecía perpetua de una
revolución inminente, con mucho de pensamiento mítico en su
base.
Quedó así delineada una franja estrecha para quiénes pretendieran moverse en un campo que eludiera tanto la tentación
adaptativa y posibilista, como la del refugio en una ortodoxia
que parecería no haber leído nada desde la muerte de Guevara,
Mao o Trotsky. Con todo, los esfuerzos en esa dirección, luego de
tocar fondo a principios de los 90, entre el derrumbe del bloque
del Este en el plano mundial, y las reformas neoliberales en el
país, tendieron a crecer en cantidad y calidad.81 La tendencia se
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- Julio Gambina - Daniel Campione
aceleró en los últimos años al compás del desarrollo, gradual pero sin pausa, de un nuevo auge de la movilización social, con la
aparición de nuevos movimientos y modalidades de lucha, como
los de desocupados, HIJOS, o agrupaciones estudiantiles de tinte radicalmente renovador.
En el final de la década menemista, florecieron numerosas publicaciones vinculadas al marxismo o a propuestas alternativas
de izquierda, así como radios FM no comerciales, productoras de
comunicación alternativa, y centros culturales de tono contestatario. En el ámbito universitario cobraron relevancia agrupaciones de izquierda independiente, que suplieron en parte la pérdida de gravitación en ese ámbito de algunos de los partidos de
esa orientación, ostensible en la década de 1990. Se manifestó
una voluntad de re-construcción en la que participan pequeños
partidos de izquierda, otras organizaciones no partidarias y muchos intelectuales dispersos, que aportaron aquí y allá su pensamiento y su acción. Lo negativo fue el mantenimiento de un divorcio entre esa izquierda intelectual y la acción política, que paradójicamente realimentó esas expresiones intelectuales, que al
no participar en la militancia partidaria, liberaron energías para
emprendimientos al margen, y a veces directamente en contra,
de los partidos y demás portadores tradicionales de la acción política. Y que tomó contacto con un activismo social en gran medida no partidario, que a su vez osciló entre la orgullosa independencia y la subordinación, abierta o solapada, al clientelismo
político tradicional. Ese activismo social que se reúne, se solidariza con movimientos sociales, crea espacios culturales autónomos del estado y de la universidad, pero no 'hace política' en el
sentido tradicional del término, mientras que la izquierda tradicional, a veces, lo ignora, y en otras ocasiones lo combate.
Ligados a esa floración de movimientos que, con fuertes contradicciones, procuraron re-ligar el pensamiento y la acción revolucionarias, se han desarrollado también en los últimos 90, una serie de espacios signados por la pretensión de autonomía y crítica radical del orden existente.
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Dentro de las universidades oficiales, con antecedentes en los
años 80’ pero brío renovado a partir de 1997, se desarrollaron las
cátedras libres, que con variados temas, enfoques y denominaciones, se lanzaron al rescate de la tradición revolucionaria, y
atrajeron a miles de estudiantes y público en general, a lo largo
y a lo ancho del país.82
A partir de 1998 surge un trascendente campo de debate, el
de los Encuentros para un Nuevo Pensamiento, organizados por
la Central de Trabajadores Argentinos, conjuntamente con numerosas organizaciones sociales. Allí se mueve un espacio multiforme, con poco peso relativo de la izquierda tradicional, y mayor incidencia de corrientes nacional-populares y cristianas, así como
ciertas variantes de lo que podría llamarse pensamiento 'posmoderno', identificado con un enfoque de superación del marxismo.83
Las Madres de Plaza de Mayo también ingresaron en la creación de espacios de elaboración intelectual, con su Universidad
Popular, que organiza cursos y actividades destinados de modo
preponderante a la militancia social y política, consiguiendo una
vasta repercusión, no exenta de conflictos y divisiones. Se procura así retomar la idea de construir instituciones educativas no estatales, orientadas a la formación cultural y política de quiénes
están identificados con la transformación del mundo desde abajo, sin las formalidades y trabas de la vida académica, pero manteniendo una aspiración de seriedad y sistematicidad.
Va quedando instalada así la preocupación por volver a pensar la revolución y la lucha de clases, por replantear el tema del
sujeto sin cohonestar las tesis de virtual ‘desaparición’ de las clases sociales, por revisar la tradición marxista sin enterrarla bajo
un torrente de banalización y ‘moderantismo’.
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- Julio Gambina - Daniel Campione
A modo de conclusión
El ejercicio de una 'libertad en la irrelevancia' desentendida del poder de las grandes corporaciones y de las consecuencias sociales desgarrantes del mismo, en un país periférico y de
bajo desarrollo como el nuestro, equivale a la asunción de la impotencia política para todo aquello que no sea la administración
del orden capitalista realmente existente, que evoluciona hacia
un orden signado cada vez con más fuerza por la desigualdad y
la injusticia.
Alejarse de las contradicciones centrales para focalizar el debate en las secundarias, dejar el terreno de la política para replegarse en la 'crítica cultural', atacar cualquier movimiento ‘desde
abajo’ en cuánto osa poner en tela de juicio la sacrosanta democracia parlamentaria, son las actitudes características del segmento de intelectuales cooptados desde el poder. Para consumar
esa aceptación del sistema capitalista y de la democracia parlamentaria con un discurso sostenible, se procede a la licuación de
las categorías y de los métodos de investigación. La clase obrera
se metamorfosea en "sectores populares", el capitalismo desaparece bajo la problemática de la modernidad, la ciudadanía y el
sistema político concluyen por sepultar la atención hacia el núcleo duro del Estado, de propensión represiva.
Este sector se fortaleció en un afán re-fundador de las ciencias sociales, la historiografía y el pensamiento político de Argentina, que dejó atrás las construcciones pre-dictatoriales para instaurar el predominio de una intelectualidad de alta profesionalización y con base en los ámbitos específicos (universidades, CONICET, etc.). Desde allí se proyectaron a la divulgación y a los
medios de comunicación con renovado ímpetu, con el fin de completar su hegemonía académica con una llegada continuada y de
alto impacto al 'gran público'. Ya no buscan desarrollar una militancia sino, desde el lugar profesional del ‘especialista’, dotarse
de una voz prestigiada que les permita intervenir en los debates
públicos con una audiencia benévola más o menos garantizada.
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Junto con los sectores ‘transformistas’, la década de 1980 y
sobre todo la de 1990, exhibieron el apogeo de una intelectualidad de derecha en el país, puesta al servicio de la 'revolución
conservadora' impulsada durante la presidencia Menem. No
fueron en general 'hombres de letras' sino especialistas orientados a la economía, la administración, la reflexión sobre los avances científico-tecnológicos, analistas de la “opinión pública” y
“comunicadores de masas”. Su campo de actuación y producción incorpora a menudo figuras empresariales junto a los tradiciones aparatos académicos, o directamente tienden a reemplazarlos: Consultoras varias, centros de estudios más o menos
directamente patrocinados por empresas capitalistas, encuestadoras de opinión y asesorías de imagen, forman su universo habitual de actuación.
Un componente clave en la proyección de estos intelectuales conservadores dentro del aparato del Estado fue la puesta en
marcha y ejecución del Plan de Convertibilidad, realizada con
una actitud que puede calificarse de militante en la defensa y
aplicación de la programática del neoliberalismo. Tomás Abraham llegó a escribir al comienzo del gobierno del Dr. De la Rúa,
que la última idea innovadora en la Argentina había sido la convertibilidad, otorgándole así a la intelectualidad conservadora la
primacía en la producción de un pensamiento original. El ministro Cavallo y su disciplinado y numeroso equipo de expertos de
la Fundación Mediterránea fueron el ejemplo más cabal de intelectuales de derecha colocados en la dirección estatal. Allí, a
partir de su legitimación técnica, desarrollaron una tarea política, en cuanto se postularon como fundadores de un nuevo orden
socioeconómico y cultural, superador del envejecido capitalismo
con pujos de autosuficiencia y del estado intervencionista.
Este fenómeno fue simultáneo al punto más bajo de la relación entre intelectuales de izquierda y militancia política, bajo el
vendaval simultáneo del derrumbe del bloque del Este y la restauración capitalista a que dio lugar, las reformas neoconservadoras que se extendían por todo el mundo, y el avance arrollador en lo cultural de los valores mercantiles e individualistas,
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que parecían capaces de borrar de la faz de la tierra todo lo que
pudiera oler más o menos remotamente a socialismo.
Con todo, se fueron apreciando signos de re-avivamiento, en
generaciones post-dictadura, del vínculo intelectuales-militancia
política, aunque muchas veces esa militancia no se encuadrara
directamente en los partidos políticos sino en organizaciones que
apuntaban directamente a lo político-intelectual u otras organizaciones sociales, orientadas a reivindicaciones específicas. En el
haber de estas experiencias debe acreditarse la intención de defender y desarrollar el pensamiento marxista o la tradición de izquierda radical en general, frente a las variopintas corrientes que
pregonaban su extinción definitiva, y de esa manera emprendieron una batalla, desigual por cierto, con la hegemonía cultural de
quienes, so capa de 'progresismo' aggiornado, reniegan del pasado revolucionario y anticapitalista de la izquierda.
Quienes pretendían mantener un pensamiento radicalmente
crítico trataron de reflejar la lógica multiforme y plural de los movimientos de resistencia. Había en ellos un extendido rechazo no
sólo del poder económico y estatal, sino también del que tiene
sus fuentes en la vida cotidiana, en la sexualidad, en la vida familiar. No es fácil procesar la desconfianza global hacia cualquier
institución y frente a todo poder que despunta en muchos de
esos movimientos, orientados a posiciones ‘antipolíticas’, que
suelen no distinguir entre el repudio a la dirigencia política ‘sistémica’, la profunda desconfianza al partido político como forma
de organización popular; y el rechazo global e indiferenciado a las
acciones que excedan el campo de su propio ‘asunto’ (desocupación, vivienda, defensa de minorías oprimidas, combate contra la
represión, defensa de la cultura popular, etc.)
Hacia el final del gobierno de Menem había todavía alguna izquierda que esperaba la vuelta al pasado, o se refugiaba en "certidumbres" ya desmentidas por la realidad, sin jugarse a descubrir las nuevas posibilidades del presente, y sin buscar -activamente y con inteligencia- la articulación con toda una serie de expresiones, muchas de ellas novedosas, no susceptibles de ser controladas o instrumentalizadas, y a menudo directamente hostiles
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a los partidos y organizaciones de izquierda más tradicionales.
Hay varios hitos que llamaron a la reflexión: El avance de la
restauración capitalista en los países del Este, la evolución hacia
la integración en el capitalismo globalizado del régimen chino, el
rutilante avance de la tecnología y de nuevas propuestas de consumo en el norte del capitalismo desarrollado, restaron valor a las
'certidumbres' que se solían sostener sobre los distintos sistemas
sociales y el futuro del capitalismo. Las reducciones deterministas del marxismo dejaron paso en nuestro país al cuestionamiento generalizado sobre los presupuestos de la izquierda revolucionaria. Inicialmente, no fueron muchos los que efectuaron una reflexión seria desde la premisa de mantener posiciones anticapitalistas, tendientes a la transformación revolucionaria de la sociedad. Cierto ‘espíritu de época’ signado por el descreimiento y la
liviandad, coadyuvó para que la mayoría absorbiera múltiples influencias, actualizara su información y su reflexión, pero en clave de alejamiento del conflicto social, de las urgencias planteadas
por la explotación y la pobreza, del compromiso con los problemas y sufrimientos del resto de la sociedad. Más adelante se fue
demostrando que todo aquello tenía un destino efímero: Las llagas de la sociedad argentina quedaron al descubierto, mostrando
lo intrínsecamente perverso de todo el proceso de ‘modernización’ de los 90, haciendo trizas la ilusión de que la ‘transición a la
democracia’, con sus problemas, había tenido éxito. Se mostraba,
en suma, que la abdicación por parte de muchos intelectuales
respecto de una orientación crítica y de proyección militante, no
había sido sino una forma de complicidad con el saqueo del nivel
de vida, las posibilidades de participación democrática y el avance cultural de la mayor parte de la sociedad argentina, y desde ya
el conjunto de las clases subalternas.
Esto abre un nuevo campo de perspectivas para quienes intentan la vinculación entre un pensamiento liberador y el movimiento social real, con un éxito gradualmente creciente. Por doquier aparecen formas de lucha social enteramente nuevas, o
bien profundamente renovadas: Los cortes de ruta y toma de espacios públicos, las múltiples acciones de los movimientos de
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trabajadores desocupados, mecanismos de funcionamiento en
asamblea y mandato revocable enmarcados en las luchas, las
organizaciones que radicalizan la protesta contra la impunidad
y los abusos a través de ir a buscar a los culpables a sus guaridas (los ‘escraches’ de variado tipo e intencionalidad). La necesidad de articular el conjunto de luchas en propuestas capaces de generar coherencia, consensos básicos, una base de
coordinación y toma de decisiones comunes, se hace más imperiosa a medida que el movimiento crece. No se puede hacerlo sin altas dosis de formación teórica y de voluntad política,
sin la tenacidad invencible del organizador dispuesto a volver a
tejer mil veces lo que el ataque del enemigo o las divisiones del
campo propio desmadejan una y otra vez. Se requiere asimismo dejar definitivamente de pensar en términos de monolitismo ideológico, de centralización absoluta en lo organizativo, de
existencia de una jerarquía ‘histórica’ que predetermina quien
es vanguardia y quien va detrás; para hacerlo en términos de
articulación de lo múltiple y diverso, de construir alianzas sociales, políticas y culturales que habrá que re-definir día por
día. Toda una generación de intelectuales orgánicos de las clases subalternas tiene un papel importante y activo a jugar en
ese campo, a condición de saber romper con las prisiones de la
rutina y la idealización del pasado, pero con renovada capacidad para lanzarse a la lucha incansable contra una sociedad desigual e injusta, a la que sólo la fuerza y decisión de las multitudes podrá cambiar de raíz.
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NOTAS
1
CONADEP, Nunca Más, Eudeba, 1985
2
Es un proceso en pleno desarrollo y con muchas dificultades para expresar una
nueva identidad que actúe en su reemplazo. El fenómeno incluye un proceso
de fragmentación de agrupaciones que remiten a la identidad peronista y se autoasumen disidentes del aparato oficial, tanto del PJ como de la CGT. Algunos
de esos agrupamientos consideran superada la identidad peronista y se proponen construir una nueva identidad. Es el caso de muchos de quienes con dicha
tradición conforman la CTA. Debe reconocerse que aún, buena parte de los trabajadores sindicalizados (la minoría sobre el conjunto de trabajadores) remite
a la hegemonía del sindicalismo clásico enrolado en al CGT. El comentario es
válido aún para las variantes disidentes de la CGT, muchos de los cuáles militan en el MTA. "¿Significó verdaderamente el gobierno de Carlos Menem la superación definitiva del modelo representado por el sindicalismo peronista tradicional? ¿O representó, de una manera más visible, su salvataje tras el agotamiento del modelo social y económico que le dio origen y sobre el que se edificó la estructura sindical argentina?" se preguntan los autores de un texto sobre el sindicalismo en el primer gobierno menemista. (González, Bosoer, 99)
3
Marcelo Gómez y otros. “La conflictividad laboral durante el Plan de Convertibilidad en la Argentina (1991-1995). Las prácticas de lucha sindical en una etapa de reestructuración económica y desregulación del mercado de trabajo”.
Revista Aportes, Nº, página 245.
4
Santiago Senén González y Fabián Bosoer, El sindicalismo en tiempos de Menem. Los ministros de Trabajo en la primera presidencia de Menem: sindicalismo y Estado (1989-1995), ediciones Corregidor, 1999.
5
CEJFA, cuadernillo Nº 1.”Juicio en Madrid. Presentación de la Central de Trabajadores Argentinos, confederación Intersindical Gallega, y fallo sobre la competencia del Juez Baltasar Garzón en la Sala en lo Penal de la audiencia Nacional”. Edición de la Federación Judicial Argentina, 1999.
6
Santiago Senén González y Fabián Bosoer. El sindicalismo en tiempos de Menem. Los Ministros de Trabajo en la primera presidencia de Menem: sindicalismo y Estado (1989-1995). Ediciones Corregidor, 1999.
7
Juan Carlos Cena. El Guardapalabras (Memorias de un ferroviario), página 476. Editorial La Rosa Blindada, 1998.
8
Marcelo Gómez y otros. “La conflictividad laboral durante el Plan de convertibilidad en la Argentina (1991-1995). Las prácticas de lucha sindical en una etapa de reestructuración económica y desregulación del mercado de trabajo”.
Revista Aportes, Nº , página 245.
�254
- Julio Gambina - Daniel Campione
9
Claudio Lozano. Cuadernos del IDEP.
10
Alfredo García. Revista Realidad Económica.
11
Bernardo Neustadt
12
Acuerdo secreto entre Raúl Alfonsín y Carlos Menem.
13
Se obtuvo el tercer lugar (7,5%) para la candidatura de Fernando "Pino" Solanas. Oportunidad en que fue electo Senador por la UCR Fernando De la Rúa
con un 51% de los votos y en una coalición que incluía al PJ obtuvieron el segundo lugar para Avelino Porto con un 30% de votantes.
14
Vencía el mandato de varios Diputados peronistas del Grupo de los 8, particularmente Carlos "Chacho" Alvarez (Capital Federal) y Luis Brunatti (Pcia. de
Buenos Aires).
15
Carlos Alvarez y Graciela Fernández Meijide por Capital Federal y Fernando
Solanas por la Pcia. de Buenos Aires.
16
Fue electa Graciela Fernández Meijide. Reemplazada en la Cámara de Diputados por Floreal Gorini del PC.
17
Ya superaron las 500 concentraciones al cierre de este libro.
18
Santiago Senén González y Fabián Bosoer. El sindicalismo en tiempos de Menem. Los Ministros de Trabajo en la primera presidencia de Menem: sindicalismo y Estado (1989-1995), página 106. Ediciones Corregidor, 1999.
19
María Celia Cotarelo. “La protesta en la Argentina de los 90”. En Herramienta, Revista de Debate y Crítica Marxista, número 12, año V, otoño de 2000.
20
Idem.ant. página 80.
21
Idem.ant. página 81.
22
Dicho por la reciente diputada en una reunión evaluatoria de la sesión comentada en el despacho del Titular del bloque del FG, a la que asistí (JCG) en tanto miembro de la coalición y en representación del PC.
23
María Celia Cotarelo. “La protesta en la Argentina de los 90”. En Herramienta, Revista de Debate y Crítica Marxista, número 12, año V, otoño de 2000.
24
Idem.ant. página 82.
25
Idem ant.
26
Idem ant. página 87.
27
Idem. ant.
28
Idem ant. página 88.
29
Idem ant.
30
Idem ant.
31
Idem ant,. página 86.
�Cirugía Mayor Argentina, fin de siglo -
255
32
Para una descripción de los cambios estructurales en la clase obrera en el período, ver:
Lucita, E "1984-89 Reestructuración del Capital y reorganización de los trabajadores" en Cuadernos Del Sur, noviembre 1989.
33
El proceso de crisis del Estado y reconfiguración fue abordado por nosotros en
otros trabajos:
Muñoz I, Campione D, Rubio L, "Las nuevas funciones del Estado, Reconfiguraciones" en Cuadernos FISYP, l988.
Muñoz I, "La Reforma del Estado. Sus rasgos en la administración menemista"
en Cuadernos FISYP, 1990.
34
Przeworski caracteriza este tipo de "compromisos de clase", desde el punto de
vista de los trabajadores, de la siguiente manera: "Los asalariados consienten la
organización capitalista de la sociedad cuando actúan como si pudieses mejorar sus condiciones materiales dentro de los límites del capitalismo...cuando
actúan colectivamente como si el capitalismo fuera un juego de sumas positivas..." (Przeworski, Capitalismo y socialdemocracia, pg. 169).
35
Se conformó una coalición sociopolítica bastante particular, que aprovechó el
interés estratégico de las FFAA en la industrialización, sectores empresarios
inclinados al mercado interno, y la propensión reformista ya existente de sectores amplios del movimiento obrero. Con el avance del gobierno de Perón, esta coalición se fue desequilibrando, siendo el rol de la clase obrera cada vez
más protagónico.
36
La relación al interior de las unidades productivas, quedó signada durante décadas por el amplio poder que alcanzaron las comisiones internas y los cuerpos de delegados. Esta fue una tendencia que siempre alarmó a la burguesía,
y jugó un papel importante en la forma de la lucha de clases en el nivel "celular" cuya destrucción definitiva se encaró desde el aparato estatal después
del golpe de estado de 1976. Esta peculiaridad es particularmente señalada
y analizada desde su incidencia en la lucha de clases por Gilly, Adolfo, "La
anomalía argentina. Estado, clase y corporaciones”, en Pablo González Casanova (comp.), El Estado Latinoamericano, Teoría y Práctica, Siglo XXI,
Méjico, 1990. Muy tempranamente ya lo indica Germani, que considera el
cambio en las relaciones intraempresa como una fuente de legitimidad para
el peronismo, más importante que las mejoras económicas. (Estado y sociedad en una época de transición, 1963)
37
La orientación ‘nacional y cristiana’, ha solido tomar, desde los primeros tiempos del peronismo en los años 40’, un fuerte componente de anticomunismo.
Hasta el día de hoy (salvo en la Central de Trabajadores Argentinos, como veremos más adelante) el calificativo de ‘zurdo’ (por izquierdista) es un insulto en boca de la dirigencia sindical, y es utilizado en la vida gremial para desprestigiar a cualquier tentativa opositora o cuestionadora que tenga algún
tinte anticapitalista. Frente a las patronales, las dirigencias burocráticas no
�256
- Julio Gambina - Daniel Campione
vacilaron en presentarse como ‘dique de contención’ frente al avance de corrientes marxistas o de izquierda en general, y baluartes de un pensamiento
‘nacional’ (y por nacional, procapitalista) en el movimiento obrero argentino.
38
A partir del régimen de "personería gremial", que combina la centralización
sindical, con las fuertes facultades de aprobación e intervención por el estado de las actividades sindicales. Con base en la personería unificada, se instrumentó un sistema de convenciones colectivas de trabajo, limitado a las
asociaciones sindicales reconocidas, y sujeto a la "homologación" del estado.
Este rol protagónico y tutelar del estado, construido en torno a la unificación
sindical es analizado por Omar Moreno en "La última oportunidad del sindicalismo argentino", en donde le asigna un rol causal en la práctica de los
sindicatos de privilegiar su influencia posible sobre el estado antes que los
vínculos con su base. (pg. 20), en Moreno, Omar (comp.), 1993.
39
Offe describe con claridad el alcance del reconocimiento del orden capitalista por los trabajadores., en los mecanismos propios de lo que él llama "Estado
de Bienestar Keynesiano": "El acuerdo representaba por parte de los trabajadores la aceptación de la lógica de la rentabilidad y del mercado como principios rectores de la asignación de recursos, del intercambio de los productos y
de la localización industrial..." (Offe, 1982, pg. 61)
40
Nos referimos al fuerte componente de anticomunismo (o mejor, antiizquierdismo de cualquier signo), que acompañaba y servía de corolario a la doctrina de
la colaboración de clases en la ideología del sindicalismo peronista.
41
Con todo, el panorama no queda completo, si no se señala la influencia que
tomó, a partir del peronismo, la organización obrera a l interior de las fábricas (comisiones internas y cuerpos de delegados), que siempre estuvieron
en la base de las acciones con mayor potencialidad anticapitalista de los trabajadores argentinos (como las Coordinadoras de Gremios en Lucha, en
1975). No en vano, esta organización de base, fue vista como una pérdida de
poder por los capitalistas, que veían disputada su hegemonía práctica en las
fábricas. Ver Gilly (1990), que considera a esta particularidad, el rasgo distintivo de la organización sindical argentina, y una amenaza virtual al poder
de la clase dominante. En sentido parecido, se expide J. C. Torre: " paralelamente a la redistribución del ingreso y al reforzamiento de los órganos contractuales en el mercado de trabajo, los obreros obtuvieron bajo el peronismo una gravitación inédita en la vida de las empresas" (1983, pg. 89).
42
Nos referimos a las persistentes dificultades para lograr un desarrollo económico sostenido. Los intentos más serios, fueron los de Frondizi (vía profundización de la sustitución de importaciones, con base en la inversión extranjera), y de Onganía (vía generación de una industrialización con capacidad
exportadora), pero ambos fracasaron enredados en sus contradicciones,
tanto las económicas, como las políticas basadas en la proscripción del peronismo. Esta proscripción era a su vez el síntoma patente de la incapacidad
�Cirugía Mayor Argentina, fin de siglo -
257
hegemónica suscitada, a la que hacemos referencia seguidamente.
43
Desde 1969 a 1975 se da un ciclo de elevada confictividad obrera, y emergencia de agrupaciones de base y direcciones alternativas que, sin embargo, no lograron desplazar el predominio de las direcciones burocratizadas, y fueron finalmente derrotadas por una acción represiva que asoció estrechamente a la
dirigencia sindical tradicional con grupos parapoliciales primero y con las Fuerzas Armadas encaramadas en el poder estatal, a partir de marzo de 1976.
44
"Destruir el poder del movimiento obrero", fue una orientación explícita y consciente, que no titubeó ante la utilización de máximos niveles de violencia, incluyendo el secuestro y desaparición de numerosos delegados y activistas, intervención de sindicatos, prohibición del derecho de huelga. También se reformó la normativa laboral, en un sentido siempre desfavorable al movimiento
obrero. Muchas conquistas fueron suprimidas de la Ley de Contratos de Trabajo, y de los estatutos particulares de gremios públicos y privados. En el plano de las remuneraciones, el salario real cayó un 40 % a lo largo de 1976, el primer año de la dictadura. Para encontrar un salario promedio más bajo que el
del año 77 (77.2 con 1980=100, hay que remontarse hasta el año de la hiperinflación, 1989 (69.9 con 1980=100). (Datos tomados de Luis Beccaría "Estancamiento y distribución del ingreso", en Minujín, Alberto (comp), (1993).
45
Dos interpretaciones que ejemplifican estas visiones a nuestro entender unilateralizadas son para el caso de la acentuación de los aspectos de consumación estructural de los objetivos de la dictadura y la subestimación del papel de las luchas populares y de los fracasos políticos del Proceso de Reorganización Nacional, ver: Horowicz, A., Los cuatro peronismos, Ed. Planeta, Buenos Aires, 1991.
Para la otra visión, que asigna un rol mayor el papel de los sectores populares
en la derrota de la dictadura, ver:
Pozzi, P., Oposición obrera a la dictadura, Editorial Contrapunto, Buenos
Aires, 1988.
46
Tomando una distinción de raíz althusseriana, hacemos referencia aquí a l a
tendencia de un sector de la dirigencia sindical, no ya a incorporarse a funciones de gobierno, sino a incorporarse (sea en forma individual o institucional),
a la clase dominante, mediante la adquisición de empresas capitalistas.
47
La dirigencia que mas adelante caracterizamos como "integracionista", ha tenido desde la época de la dictadura militar, la aspiración de lograr un sitio, no
necesariamente formalizado, en el diseño y aplicación de políticas públicas, no
sólo las laborales, sino las de económicas y sociales. Lo que ha decantado en
la gestión Menem, luego de idas y vueltas, ha sido una participación bastante
restringida en todo lo que sea trazado de políticas, aún de los sindicatos de adhesión más incondicional al gobierno. Más bien, han sido las "oportunidades de
negocios", las que mantuvieron la ligazón burocracia sindical-estado, junto a
cargos de conducción en algunas agencias públicas, sobre todo las vinculadas
a temas de trabajo y seguridad social.
�258
- Julio Gambina - Daniel Campione
48
Altamira C., "¿Nueva centralidad obrera?, reflexiones en torno a la última
huelga ferroviaria" Ponencia presentada en Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología, La Habana, Cuba 1991, (mimeo). Durante un período prolongado, caracterizado por el estancamiento económico (y el retroceso si vamos al ingreso per capita), los trabajadores argentinos vieron obliterada toda posibilidad de mejora económica. El estancamiento económico
se refleja claramente en que el PBI de 1980, recién fue superado en 1992. La
variación anual promedio del PBI en el período 80-92, ha sido de +0,8%, y el
crecimiento entre extremos del período, del 8%. (Datos del INDEC, Anuario
Estadístico de la República Argentina, 1993). En esas condiciones, el Estado de Bienestar tenía destino de desactivación, al no poder cumplir su parte en la lógica del "compromiso de clase". En realidad, el efecto ha sido de
concentración de la riqueza, como muestra entre otros indicadores el nivel
decreciente del salario real.
49
Con lo de "no siempre exclusivo", nos referimos a cierta tendencia a abrir los
servicios de las obras sociales (turísticos y de salud) a la atención de clientes
extrasindicales, lo que habilita la posibilidad de obtener ganancias en la misma forma que una empresa capitalista de servicios.
50
La modalidad operativa más reciente de los sindicatos, ha sido la asociación,
en diversas formas, a administradoras jubilatorias privadas. En algunos casos, la utilización de la masa de afiliados como mercado cautivo fuer incluso
pública, como en el caso de "Claridad", empresa impulsada por la UOCRA,
que en su propaganda asociaba directamente la pertenencia al sindicato con
la afiliación a la AFJP. En estos casos, la masa de afiliados opera como plataforma de lanzamiento, para entrar a negocios con un mercado que excede los
límites de aquélla.
51
Para un análisis global de los inicios del período menemista ver:
Campione D.: "El menemismo como fenómeno político" en Cuadernos FISYP 1990.
52
En un trabajo sobre el menemismo, Carlos Acuña destaca las características de
esta presentación como única alternativa, frente a una situación que se caracteriza como "crisis terminal" de la economía del país, calificación usada repetidas veces por Menem.
53
Cf. Nun (1987), quién destaca las grandes dificultades para la organización y
acción sindical derivados de las transformaciones producidas. En el mismo
artículo se citan unas declaraciones periodísticas de Juan Alemann ( "La Nación, 9 de abril de 1987), quien hace el balance de la gestión Martínez de
Hoz, no desde el ángulo macroeconómico, sino respecto al gran éxito alcanzado en el debilitamiento del poder sindical en particular y de la clase obrera en general.
54
Durante el mencionado conflicto por la educación pública de 1992, bastó que
Menem invocara la posibilidad de que se volvieran a producir desapariciones,
�Cirugía Mayor Argentina, fin de siglo -
259
para que el nivel de movilización se retrajera. En realidad, el miedo como
arma ideológica disuasiva, ha tenido un extenso uso en la Argentina postdictatorial, y sigue hasta el presente. A partir de 1989, al fantasma represivo, se
unió el ofrecido por la posible reedición de la hiperinflación.
55
"El proceso de informatización de la sociedad y las diversas modalidades de "desindustrialización" presentes, impulsadas muchas de ellas como mecanismos de
salida a la crisis, han llevado a extender la naturaleza social del trabajo productivo, contexto en el cual pierde peso la figura del viejo obrero-fabril, creciendo
la de un obrero más calificado, más preparado, con niveles de educación superior, con perfil fundamentalmente polivalente" Altamira C, op. citada.
56
Así la participación de los estatales en la cantidad de conflictos en el período
86-69 promedió el 66,3% frente a un 20% del sector servicios, y sólo un 13,4%
del sector industrial. Fuente: Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría.
Para un análisis del tema ver:
Muñoz I, Campione, D: "La resistencia a la reestructuración del Estado" ponencia presentada en el Congreso Alas 1991, publicada con modificaciones en el libro Estado y Sociedad Civil. De Alfonsín a Menem, 1994. La tendencia se
mantuvo a posteriori.
57
Para el Gran Buenos Aires, a octubre de 1992, sobre un total de 3.179.167 asalariados, 860.482 trabajaban en la industria manufacturera, lo que representa
el 27,04% de ese total. A eso se le podría sumar el sector de la construcción,
que tiene 127.195 asalariados, que representa otro 4%. (Fuente INDEC, Encuesta Permanente de Hogares.) Esta incidencia sectorial no descarta transformaciones al interior de la rama, que signifiquen aumentos de empleados,
técnicos y profesionales.
58
Las contradicciones son flagrantes en este caso, ya que el sindicato de la construcción organizó su propia Aseguradora de Riesgos de Trabajo, y sólo recientemente se desligó del sistema que hoy denuncia.
59
Mejora de la performance económica de un país no significa, en absoluto, mejora en las condiciones de vida y trabajo de los asalariados. Este paisaje post
ajuste es explorado en Bresser Pereira, et al. (1994)
60
Cierto pensamiento, desde una perspectiva que parte de los vastos resultados del ajuste estructural ya realizado, propone la recomposición de políticas
sociales, y de instituciones públicas ligadas más estrechamente al bienestar
que a la intervención en la acumulación capitalista. Esto sería posible de
hacer sin amenazar de nuevo la capacidad de acumulación de los empresarios , como ocurrió de resultas del hiperdesarrollo del Estado de Bienestar
Keynesiano. Esta postura es desarrollada con amplitud en
Bresser Pereira, Maravall y Przeworski. Nuestra opinión es que el EBK era un
modelo de organización que funcionaba como una totalidad, con los mercados internos de los respectivos países jugando un rol central , y en condiciones
�260
- Julio Gambina - Daniel Campione
monetarias y de la economía real menos internacionalizadas que actualmente. Ese paradigma ha quebrado completamente, dando paso a un panorama
signado por la reducción del aparato estatal, la apertura de la economía, y
la desregulación generalizada. En esas condiciones, el "compromiso de clase"
que daba basamento al EBK, es imposible de recompone. Para el concepto de
compromiso de clase y de EBK, ver Offe y Przeworski, (op. cit.).
61
La generación de un sindicalismo de empresa , "amarillista", y sin otra proyección que la subordinación a la respectiva patronal, sigue estando en el programa de amplios sectores burgueses, pero hasta ahora no ha alcanzado vías importantes de concreción. Como ya dijimos más arriba, los intentos de reformar la normativa sobre convenios colectivos y asociaciones gremiales, responde en parte a estos objetivos.
62
Cf. N. Iñigo Carrera y M. C. Cotarelo en “Revuelta, motín y huelga en la Argentina actual”, en Pimsa, Documentos y Comunicaciones1997. Documento de
Trabajo N°7.
63
Centros de estudios no estatales, como CEDES o CISEA, alguna revista destinada a larga trayectoria, como Punto de Vista, y multitud de núcleos más informales o más efímeros
64
Los usos de Gramsci, libro-compilación de Juan Carlos Portantiero, marcó en
diferentes ediciones la transición desde una recepción del pensador italiano en
clave revolucionaria, a otra abiertamente reformista.
65
Es difícil de exagerar el aporte al conocimiento e investigación del marxismo de
José Aricó y otros miembros del grupo Pasado y Presente, a través de los avatares sucesivos de la revista de ese nombre y de los libros editados bajo esa
misma denominación, o la de Siglo XXI de México en su mejor etapa. Ediciones de los documentos de la I.C, de grandes marxistas poco recordados como
Karl Korsch y Arthur Rosenberg, de Rosa Luxemburgo, de textos poco conocidos de Marx, Engels y Lenin, de los mejores textos de la nueva izquierda europea (muy en particular la italiana, con Gramsci al frente, y representada además por Marramao, Luporini, Pissorno, Cerroni y muchos otros), se contaron
entre esa labor editorial, a menudo enriquecida con estudios preliminares de
gran valor. Incluso la mejor edición de El Capital en lengua española (lanzada
por Siglo XXI, con traducción de Pedro Scaron), contó con el aporte protagónico de la erudición de Aricó. Esta tarea titánica, plena de talento y laboriosidad, no debe ser menoscabada por el desacuerdo con las posiciones teóricas y
políticas de esos intelectuales en los años recientes.
66
Aricó, Entrevistas... p. 116
67
Expresión de la revalorización de Juan B. Justo que aquí mencionamos, es la
obra La hipótesis de Justo, de José Aricó.
68
Este visión orilló una y otra vez el ridículo cuando debió enfrentarse a la explicación de luchas que se empeñaban en encarnarse en una materialidad
�Cirugía Mayor Argentina, fin de siglo -
261
irreductible. Así, la repercusión de los piquetes pudo ser explicada por el potente efecto visual televisivo de las llamas de las fogatas, por el impacto emocional que producía la visión (también televisiva) de las mujeres con niños en
brazos, soslayando más o menos por completo la problemática social que los
atravesaba. En similar clave, el levantamiento zapatista trató, casi con desesperación, de ser reducido a ‘fenómeno mediático’, en un intento de ocultar la
prepotente materialidad de un alzamiento armado, en una época en que habían
sido declarados imposibles.
69
Los trabajos de cientistas sociales como Liliana De Riz, Catalina Smulovitz o
Carlos Acuña, con matices importantes en cuánto a la complejidad y mérito de
sus respectivos análisis, reflejaron esa inserción en la corriente del pensamiento anglosajón.
70
Pablo Giussani, periodista que había estado ligado a Montoneros en la década
anterior,, publicó un libro con destino de best seller, Montoneros, la soberbia
armada, a mediados de los 80’. Con prólogo de Ernesto Sábato incluido, el libro reducía a la organización armada a una especie de ‘fascismo de izquierda’
al estilo de Rohm en Alemania o los partidarios acérrimos del ‘squadrismo’ en
Italia, dando apoyo a la teoría de los ‘dos demonios’, que funcionarios radicales
y el augusto prologuista del libro pergeñaban por esos días, a la vez que propalaba un retorno con arma y bagajes a la interpretación del peronismo como ‘fascismo’. En el periodismo cotidiano, Giussani se convirtió en un defensor acérrimo del gobierno de Alfonsín, no dejando falacia ni lugar común por utilizar para denostar a la izquierda y al peronismo
71
Con un sesgo diferente, preocupado siempre por mantener una impronta ‘progresista’ y transmitir la idea de un grado de conflicto, siquiera mínimo, entre
sus ideas y el gran capital, no puede olvidarse a Rodolfo Terragno, autor de Argentina Siglo XXI y otros best-sellers de la era alfonsinista, y uno de los primeros impulsores de las privatizaciones en los últimos años 80’.
72
En realidad, no sólo se distinguían de los viejos ‘dinosaurios’ del liberalismo,,
sino también de otros intelectuales de su misma generación, pero incapaces de
matizar el monocorde sermón neoliberal, como Roque Fernández o los economistas de FIEL. La eficacia de esta construcción la probó, entre otros factores,
que su vinculación con el peronismo menemista, no les impidió continuar en
los primeros planos en la posterior presidencia de la Rúa, y vincularse incluso
con las fuerzas ‘progresistas’ como el Frepaso. Llach y Marcos Makón llegaron
al gabinete de la Alianza, ‘de la mano’ de la dirigencia del Frepaso.
73
En la transición del Frente Grande inicial al Frepaso, se produjo el desprendimiento de Fernando Solanas y un grupo de intelectuales y cuadros a él ligados,
así como del Partido Comunista y otros grupos políticos que en un primer momento se habían integrado a la experiencia del F.G. Otros permanecieron momentáneamente, pero emprendieron la retirada cuando apreciaron que el ‘giro
a la derecha’ perduraba y se profundizaba.
�262
- Julio Gambina - Daniel Campione
74
El libro Política y Poder en el gobierno de Menem, Norma, 1996, de Vicente
Palermo y Marcos Novaro, es quizás el texto canónico en la exposición de ese
enfoque. No mucho después, los mismos autores publicarían un libro completo para fundamentar el establecimiento de la Alianza para el trabajo, la justicia
y la educación, acto que consolida la subordinación del ‘progresismo’ al sistema bipartidista.
75
Al tiempo de terminar de redactar este ensayo, el radicalismo sufría un inusitado debilitamiento de su dominio en el campo universitario, perdiendo incluso la conducción de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA)
76
Ha sido Marcelo Cavarozzi, uno de los politólogos más reconocidos de estos últimos años, uno de los que impuso esta terminología, hábil forma de describir,
sin mencionar sujetos sociales ni adscripciones ideológicas, lo que había ocurrido,.produciendo de paso una ‘naturalización’ del fenómeno. cf. Carvarozzi,
M., Autoritarismo y democracia, Ariel, 1997
77
Aquí reinaban el estilo Bernardo Neustadt en los 80 y Mariano Grondona en los
90. Ambos habían marcado época en los medios de comunicación, principalmente en la TV los dos, y en La Nación el segundo, quien también influía desde la cátedra universitaria y los proyectos editoriales. Debe reconocerse que
buena parte del posibilismo intelectual y de algunos pocos izquierdistas tuvieron en Página 12 un lugar para el debate de ideas. Hubo además un brevísimo
intento de prensa diaria de izquierda con el diario Sur, en los primeros tiempos de menemismo.
78
Romero, historiador, ha sido el más multifacético en esta dirección. El diario
Clarín, la editorial Sudamericana, el Fondo de Cultura Económica, fueron espacios desde los que desenvolvió su actividad de dirección en tareas de divulgación, sin descuidar por ello un lugar central en la actividad estrictamente
académica como profesor e investigador.
79
José Nun es el que utilizó ese término, en un editorial periodístico de su autoría.
80
Un ejemplo práctico del mantenimiento de esa pretensión lo constituye el libro
de entrevistas compilado por Javier Trímboli, La izquierda en la Argentina,
Manantial, 1998, que incluye entre sus entrevistados a varios hombres del
Club... cuyo accionar ningún observador desapasionado podría calificar como
política de izquierda, mientras que excluye prolijamente a cualquier intelectual
que mantenga un compromiso anticapitalista y revolucionario, sea cual fuere
su inserción y procedencia.
81
En ese campo se han producido en los últimos años algunos trabajos importantes, ligados muchos de ellos a una verdadera floración de revistas de izquierda,
que se desató sobre todo en la década de los 90’, aunque algunas databan de
unos años atrás. Cuadernos del Sur, Doxa, El Cielo por Asalto, El Rodaballo, Razón y Revolución, Dialectika, Herramienta, Periferias, El Ojo Mocho, La Escena Contemporánea, marcaron esfuerzos en ese terreno.
�Cirugía Mayor Argentina, fin de siglo -
263
82
Pueden nombrarse, entre otras, las Cátedras Che Guevara, Karl Marx, Antonio
Gramsci, Agustín Tosco, J. W. Cooke, varias sobre temas relacionados con la
economía y la crítica al orden capitalista, y la de algún modo pionera, la de Derechos Humanos, fundada por Osvaldo Bayer.
83
El mismo nombre 'Nuevo Pensamiento' fue escogido en debate con la denominación 'Pensamiento Crítico'. Aunque ambas expresiones tienden a la alusión más que a la identificación clara, ‘nuevo pensamiento’ entronca mejor
con las tendencias ‘post’, mientras que pensamiento crítico con la tradición
del marxismo.
�264
- Julio Gambina - Daniel Campione
�Cirugía Mayor Argentina, fin de siglo -
265
IV. Hegemonías electorales
El fin de una década:
elecciones presidenciales 1999
El período 1983/1999 demuestra que la democracia no está
vinculada con procesos de distribución progresiva de la riqueza,
ni garantiza el acceso a la ciudadanía y derechos integrales consagrados en las constituciones, ni promueve la mayor participación en la toma de decisiones, más allá de algunos "programas"
que inducen al protagonismo y que dependen de la orientación
política del gobierno que la sustenta1.
El interrogante acerca de si el fin de siglo entraña también el
fin del neoliberalismo resulta válido al plantearse similitudes entre procesos complejos y diferentes que ocurren en la región,
que marcarían una tendencia transformadora: la emergencia zapatista en Chiapas en 1994, la insurgencia colombiana; el fenómeno de Chávez en Venezuela, el agotamiento de los partidos
tradicionales y la importante presencia electoral de la izquierda, centro izquierda e incluso centristas en distintos países de
la región (México, Uruguay, Brasil, Nicaragua); además de la visibilidad que adquieren algunos movimientos sociales que interpelan la política desde la resistencia y desde nuevas formas de
organización popular2.
El fenómeno está vinculado a las nuevas tendencias que aparecen a escala global, en sus distintas variantes: la adecuación al
orden dominante de la “tercera vía” (con todos sus matices); las
múltiples críticas al “salvajismo” neoliberal por parte de sus beneficiarios o impulsores, como por ejemplo Kissinger o Soros,
funcionarios del Banco Mundial, desde Stiglitz hasta el mismo
�266
- Julio Gambina - Daniel Campione
Wolfhenson. Pero también la aparición de movimientos que intentan una resistencia global, como los que se hicieron visibles a
la opinión pública mundial en Seattle, USA, en oportunidad de
celebrarse la reunión ministerial de la OMC3 que debía lanzar la
Ronda del Milenio para liberalizar el comercio mundial.
En materia de cambios económicos, políticos y sociales en la
Argentina a partir de la elección presidencial de octubre de 1999,
se registró más expectativa en el exterior que en el interior del
país. Esto tiene que ver con la profundidad de la reestructuración
operada en la Argentina en la década de 1990. Es más, muchos
extranjeros asociaron en un calificativo de izquierda o centro izquierda al Frente Amplio uruguayo y a la Concertación chilena
con la Alianza UCR–Frepaso de la Argentina. La asimilación se
extendió en ciertos análisis al propio PT de Brasil. En general se
hace muy dificultoso –en realidad, imposible- encontrar similitudes entre procesos sociales y políticos de tanta diversidad en la
región, donde la izquierda sólo puede considerarse contenida en
las coaliciones que disputan el gobierno en Brasil y Uruguay.
Cada caso tiene un propio punto de partida totalmente distinto, lo que obliga a hacer un análisis específico de cada país, para luego intentar identificar los puntos comunes que presenta la
realidad política en la región. El punto de partida para comprender la realidad en la Argentina está determinado por el terrorismo de Estado ejercido por la dictadura militar (1976/1983), ya
que fue la forma asumida para lograr el disciplinamiento social y
político e inducir los regresivos cambios que se consolidaron en
los 80/90 bajo administraciones constitucionales (1983/1999).
El efecto “miedo” se potenció en los 80 al amparo del fenómeno hiperinflacionario y en los 90 por el hiperdesempleo, con
impacto en el crecimiento de la marginalidad, la criminalidad y la
inseguridad. Puede decirse que el “miedo” cumplió el rol de ordenador de la sociedad, en un proceso de destrucción de sujetos,
especialmente de sus identidades, “recompuestos” luego como
individuos-cosas de fácil manipulación por la ideología dominante a través de sus mecanismos culturales, de los medios de comunicación y su proceso de privatización, el intento de anulación de
�Cirugía Mayor Argentina, fin de siglo -
267
la memoria y de los proyectos alternativos, de las utopías, etc.
Aunque subsiste una relativa organización sindical en Argentina, los trabajadores tienen temor a realizar denuncias judiciales
por la impunidad y el matonaje por parte de la patronal y de los
propios sindicatos; no consiguen que un compañero atestigüe en
su favor por el miedo a perder el salario de hambre que recibe.
Así,
• la transferencia de ingresos desde los trabajadores y sectores populares a los capitales más concentrados;
• la pérdida de garantías que otorgaba el derecho protectorio del trabajo;
• las privatizaciones de empresas públicas y la asunción de
nuevas funciones del Estado favorables al restablecimiento de la dinámica de valorización de los capitales;
• la apertura y desregulación de la economía que induce a la
hegemonía del capital financiero y a la dependencia del ingreso externo de capitales, en el caso argentino de tipo
fundamentalmente especulativo;4
son las formas de funcionamiento de la variante del capitalismo
argentino de fin de siglo, que para ser instalado necesitó de la eliminación de las formas de resistencia que se habían constituido
a lo largo del siglo.
Remitimos a la constitución de sujetos y sus formas de representación social (principalmente los sindicatos) y política
(partidos), ya analizadas. En este sentido, el siglo XX estuvo
atravesado principalmente por la emergencia de dos sectores
sociales que le imprimen su impronta, y por dos partidos políticos. Nos referimos al empresariado surgido del proceso de "industrialización" en distintos momentos del desarrollo capitalista
hasta la crisis de mediados de los 70: la burguesía local, y los denominados “sectores medios”. Desde otro ángulo, a los trabajadores y a su emergencia con una fuerte identidad en el terreno
político en la posguerra. Sus expresiones políticas fueron el radicalismo y el peronismo, el primero hegemónico a comienzo de
siglo y el segundo desde su aparición en 1945. Sin lugar a dudas
que en el periodo existen otros actores políticos, con mayor o
�268
- Julio Gambina - Daniel Campione
menor peso en determinados momentos de la historia, como la izquierda y la derecha tradicional y por supuesto el llamado “partido militar”, pero no es el caso de analizarlos en esta oportunidad.
La reconversión del capitalismo argentino tiene que ver con
la clausura de esas formas construidas a lo largo de un siglo y la
transformación (resignificación) del sistema de partidos políticos. Nuestra tesis es que la reconversión del capitalismo en curso desde la crisis de la década de 1970 implica una reestructuración de la "democracia", del Estado, de la sociedad y de los propios partidos políticos, que aún manteniendo sus nombres y en
algunos casos su ritualidad, no expresan necesariamente el contenido esencial instalado en la memoria de los adherentes históricos de dichas identidades. Esto nos lleva a sostener que existe
una "crisis en las identidades políticas", y que ante la no emergencia de una nueva política alternativa, la crisis se procesa con
la transformación de las estructuras existentes en el marco de la
forma de funcionamiento del sistema político.
En Argentina se consolidó la democracia como procedimiento. Ante la crisis de representación política, nunca hubo
en el país, hasta 1999, profusa propaganda a favor del voto en
blanco; se formó una agrupación, la “501”, para justificar el no
voto de quienes viajaban a más de 500 kilómetros de su residencia electoral; incluso promovieron el turismo a Sierra de la Ventana para reunirlos de manera visible. La campaña electoral se
basó en promover el voto por la Alianza, por el PJ y por Domingo Felipe Cavallo, pero también por el voto en blanco, el no voto, el discurso de la inutilidad de los partidos políticos. Sin embargo, nunca salió tan fortalecido el sistema de partidos, la democracia formal, por supuesto, no la democracia sustantiva.
Además, la rápida desilusión observada al cabo de los primeros
pasos dados por el gobierno de Fernando de la Rúa, consolida
esa tendencia.
En nuestro país el concepto democracia estaba vinculado a
la distribución de la riqueza a favor de los trabajadores y los sectores populares, al desarrollo del mercado interno y la satisfacción
de las demandas sociales. Los golpes de Estado y las dictaduras
�Cirugía Mayor Argentina, fin de siglo -
269
militares se correspondían con la concentración de la riqueza y
la restricción de las libertades públicas y políticas.
En las dos últimas décadas del siglo esto deja de ser así. Muchas de las tesis sustentadas en la década del 80 están hoy en discusión, lo que nos obliga a definir que tipo de democracia tenemos. En Argentina está instalada una nostalgiosa concepción de
un nunca existente Estado keynesiano (el Estado benefactor europeo); es frecuente dar esa categoría a las políticas vinculadas
al desarrollo de sectores de la burguesía local con formas populistas y/o desarrollistas.5 Lo que fue pensado como un elemento
de soberanía hoy es un tema en discusión.
Con el menemismo se consolidó la idea del Estado cuya principal función es la de disputar con otros Estados el ofrecimiento
de mejores condiciones para atraer inversiones extranjeras o para el mercado especulativo. Por ejemplo, Argentina disputa con
Brasil, pero además, al interior de los países se discuten las prerrogativas que cada estado subnacional les ofrece. En el caso
brasileño, por ejemplo, el Estado de Rio Grande do Sul, gobernado por el Partido de los Trabajadores, tiene un problema muy
serio con su programa para controlar la salida de capitales e inversiones extranjeras, mientras otros, gobernados por la derecha, trabajan para atraerlos.
Menem pudo
En Argentina los partidos políticos tradicionales mayoritarios
(UCR y PJ) dejaron de representar lo que históricamente representaban. Se trata de un proceso de transformación iniciado con
la dictadura militar, pero que empieza a tomar encarnadura social
como resultado de la crisis de mediados de 1985 y se aprecia con
total claridad en la década de 1990.
La dictadura no consiguió imponer totalmente sus planes; el
alfonsinismo, siendo una indudable ruptura, en su última etapa
intentó retomar y continuar con los cambios en las formas de
�270
- Julio Gambina - Daniel Campione
funcionamiento del capitalismo argentino iniciados por la dictadura militar, pero fue trabado por la acción de una CGT entonces “combativa”, que impulsó mecanismos de resistencia. Junto
a la burocracia política opositora del PJ, por ejemplo, logró impedir las privatizaciones.
Al asumir, “Menem pudo” (frase de propaganda permanente del PJ). En principio, disciplinó a la burocracia sindical (no a
los trabajadores, que resistieron junto a los sectores populares
durante la década por fuera de los sindicatos), para lo que contó
con la absoluta complicidad de la CGT y avanzó en la remodelación del capitalismo local. Una de las consecuencias fue la emergencia de una nueva central de trabajadores, la CTA, producto de
la década de 1990. Se inscribe en los nuevos movimientos sociales que no disputan de manera institucional; por ejemplo, el Movimiento Sin Tierra en Brasil, o el Movimiento Zapatista mexicano. La CTA rompe con la tradición de la unicidad de la representación sindical; tiene una clara definición política de una parte
del activismo sindical de los sectores más combativos, con fuerte
presencia entre los trabajadores del Estado, con la intención hacer emerger una nueva representación sindical y política de los
trabajadores, con características de autonomía e independencia
de los factores de poder, tal como aprobó en su Congreso Nacional, desarrollado en mayo de 1999, en Mar del Plata, con la mirada puesta en experiencias de los fenómenos sociales de América
Latina, por ejemplo del Partido de los Trabajadores de Brasil y
del Frente Amplio Uruguayo.
El análisis de los resultados electorales del ciclo constitucional más largo de la historia argentina (desde 1930) (cuadros 1 a
3) muestra el predominio, casi excluyente, de dos agrupaciones
políticas, el radicalismo y el peronismo. Sólo se interrumpe esa situación en la elección de 1995 ante la emergencia del Frepaso,
agrupación que será absorbida luego, sí bien en una coalición, por
la UCR. Este último partido logró definir su hegemonía en la
Alianza en las elecciones presidenciales de 1999.
�Cirugía Mayor Argentina, fin de siglo -
271
Cuadro 1 - Elecciones presidenciales (%)
Cuadro 3 - Composición de la Cámara de Diputados
En las elecciones presidenciales del periodo, la UCR y el PJ
sumaron más del 90% en 1983, casi el 80% en 1989 y cerca del
90% en 1999; solamente en 1995 el Frepaso puso en duda la hegemonía de esos partidos en el gobierno, logrando casi el 30%
de las adhesiones. La disidencia de 1995 fue contenida o reabsorbida por los dos partidos o coaliciones: Bordón, candidato a
presidente por el Frepaso en 1995, retornó al PJ, y Alvarez,
�272
- Julio Gambina - Daniel Campione
candidato a vicepresidente por el Frepaso en 1995, ocupó la vicepresidencia en la formula de la Alianza que encabezó De la Rúa.
Las terceras fuerzas y sobre todo los “otros” quedaron muy
lejos en cada oportunidad, con una presencia de centro izquierda al comienzo del ciclo (Partido Intransigente/1983) y de derecha al finalizar (Unión del Centro Democrático/1989) y Acción
por la República/1999). El centro izquierda fue absorbido por la
UCR en la Alianza, a través de un proceso iniciado en 1997. La
UCD de Alsogaray, derecha liberal–conservadora, se incorporó al
PJ menemista desde 1989/90, luego de instalarle la ideología neoliberal, conformando una nueva derecha.6 En cambio Alianza por
la República es un desprendimiento de sectores neoliberales
“modernos” del PJ encabezados por uno de los principales referentes del establishment argentino, Domingo Cavallo. Analicemos la composición de la Cámara de Diputados Nacionales en el
período (cuadro 2):
Cuadro 2 - Votos para Diputados Nacionales (%)
El gráfico muestra que el máximo de representación institucional por fuera de ambas coaliciones alcanzó escasamente el
20%, dando cuenta de una alternancia que parecía agotarse en
1995 y que sin embargo fue rápidamente absorbida.
�Cirugía Mayor Argentina, fin de siglo -
273
Los diputados pertenecieron mayoritariamente al bloque
UCR/PJ; el 96% en 1983; el 92% en 1985; 87% en 1987; 79% en
1989; 79% en 1991; 80% en 1993; 76% en 1995; 87% en 1997; y
88% desde 1999. Los diputados restantes pertenecieron mayoritariamente a partidos provinciales, de marcado corte conservador, o nacionales de derecha (UCD, Acción por la República). En
“otros” existen variantes a izquierda y derecha con escasa capacidad de acción parlamentaria y política al margen de las hegemonías resultantes en cada oportunidad. Destacamos los casos
del PI en 1983 y 1985 y del Frepaso en 1995, que parecían romper con esa hegemonía. También la presencia de Antonio Domingo Bussi, Palacios, Roberto Ulloa, Luis Patti o Aldo Rico7, todos
ellos antiguos o nuevos represores. Todas esas propuestas "por
fuera" resultarían finalmente incorporadas al bloque UCR/PJ, por
medio de alianzas electorales o en el funcionamiento de ambas
cámaras del Congreso.
Es interesante destacar que en las elecciones de 1999 la coalición triunfante en la provincia de Buenos Aires (PJ/UCD/AR),
no pudo materializarse a nivel nacional. De haberlo hecho podría
haber habido un final muy parejo, si bien en política no cuentan
las matemáticas. El hecho de no conformación de la coalición tuvo más que ver con el proyecto político nacional a futuro de Cavallo que con la ausencia acuerdos políticos esenciales.
La situación descripta presenta algunas singularidades en las
provincias, con algunos casos de gobiernos locales que no se incluyen en las coaliciones hegemónicas en el ámbito nacional. De
todos modos, a los fines de la gobernabilidad, siempre tuvieron
que negociar con la coalición hegemónica en cada momento histórico. Es el caso de Neuquén, Tierra del Fuego, Corrientes, San
Juan, y Salta, entre otras.
El detalle a remarcar deviene de los cambios de hegemonía
derivados de algún acontecimiento resonante. Es el caso del asesinato de María Soledad Morales en Catamarca, que determinó el
cambio gubernamental desde el PJ a la UCR, aunque con tendencia a la convergencia en cantidad de votos entre una y otra coalición (ver el cuadro 4).
�274
- Julio Gambina - Daniel Campione
CUADRO 4 - VOTOS
A
GOBERNADOR - PCIA.
DE
CATAMARCA (%)
La Rioja (cuadro 6) da cuenta de la fuerte hegemonía del PJ
durante la gestión nacional de Menem y una tendencia leve a la reversión sobre el final del periodo. Es importante destacar que esta
provincia recibió fondos extraordinarios del tesoro nacional, distribuido a través de un sistema de lealtades y clientelismo político.
CUADRO 6 - VOTOS
A
GOBERNADOR - PCIA.
DE
LA RIOJA (%)
El caso paradigmático se produjo en Santiago del Estero (cuadro 8), donde pese a un estallido popular (1993), la incapacidad
�Cirugía Mayor Argentina, fin de siglo -
275
de generar alternativa determinó la presencia hegemónica del PJ.
CUADRO 6 - VOTOS
A
GOBERNADOR - PCIA.
DE
SAMTIAGO
DEL
ESTERO (%)
En una provincia con pocos habitantes, tranquilos y trabajadores, donde parece que nunca va a suceder nada; en plena Argentina neoliberal, ni la “siesta” pudo impedir la primera gran rebelión popular de los 90, que incluyó la destrucción de la casa de
gobierno, de la sede del poder legislativo y del poder judicial, junto con las casas de los principales caudillos políticos de la región,
incluido Carlos Juárez, quien sería reelecto gobernador por quinta vez.8 El estallido se originó en la falta de pago de los magros
sueldos de los empleados estatales, en tanto altos funcionarios
del estado aumentaban sus sueldos desproporcionadamente. El
gobierno nacional intervino la provincia y envió importantes recursos financieros; con eso estableció mecanismos de clientelismo político -algo bastante común en Argentina–, pilar sobre el
�276
- Julio Gambina - Daniel Campione
que se apoyó la continuación del control político. Este ejemplo
muestra que la crisis de representación política es tan grande que
incluso revueltas populares tan cruentas, al carecer de formas de
contención política, generan grandes movimientos de tipo espasmódico y rápidamente vuelven al cauce normal.
En la mayoría de las provincias se mantienen las hegemonías
políticas desde 1983, en tanto hubo cambios en los restantes. En
los nuevos distritos, cambió en Tierra del Fuego y se mantiene la
Alianza en la Ciudad de Buenos Aires (ver cuadro 9).
CUADRO 9
PROVINCIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Jujuy
Salta
Formosa
Chaco
Catamarca
Tucumán
Sgo del Estero
Corrientes
Misiones
La Rioja
Santa Fe
San Juan
Córdoba
Entre Ríos
Mendoza
San Luis
La Pampa
Buenos Aires
Neuquén
Río Negro
Chubut
Santa Cruz
T. del Fuego
C. de Bs. Aires
PARTIDO GOBERNANTE
1983
1987
1991
1995
1999
PJ
PJ
PJ
PJ
PJ
PJ
PJ
Prov.
UCR
PJ
PJ
Prov.
UCR
UCR
UCR
PJ
PJ
UCR
Prov.
UCR
UCR
PJ
-
PJ
PJ
PJ
PJ
PJ
PJ
PJ
Prov.
PJ
PJ
PJ
Prov.
UCR
PJ
PJ
PJ
PJ
PJ
Prov.
UCR
PJ
PJ
-
PJ
Prov.
PJ
Prov.
UCR
PJ
PJ
Prov.
PJ
PJ
PJ
PJ
UCR
PJ
PJ
PJ
PJ
PJ
Prov.
UCR
UCR
PJ
Prov.
-
PJ
PJ
PJ
UCR
UCR
Prov.
PJ
Prov.
PJ
PJ
PJ
PJ
UCR
PJ
PJ
PJ
PJ
PJ
Prov.
UCR
UCR
PJ
Prov.
UCR
PJ
PJ
PJ
Alianza
UCR
PJ
PJ
Prov.
PJ
PJ
PJ
Alianza
PJ
Alianza
Alianza
PJ
PJ
PJ
Prov.
Alianza
Alianza
PJ
PJ
UCR
�Cirugía Mayor Argentina, fin de siglo -
277
El cuadro político nacional presenta una hegemonía compartida por ambas coaliciones, con claro dominio de la UCR en
la votación a presidente de 1999, aún en las provincias gobernadas por el PJ. Ello determina lo que algunos llaman un “empate
institucional”, con mayoría de provincias gobernadas por el PJ,
particularmente aquellas de mayor peso económico, político y
de concentración de la mayor parte de electores: Buenos Aires,
Santa Fe y Córdoba
(ca si 7 mi llo nes de
CUADRO 10 - ARGENTINA.
electores sobre 12 miDISTRIBUCIÓN
DE ELECTORES EN TRES
llones). Esos tres distriGRUPOS DE DISTRITOS
tos junto a la Ciudad de
Buenos Aires, gobernada por la Alianza, representan 2/3 de los electores (ver cuadro 10) y
producto bruto interno.
�278
- Julio Gambina - Daniel Campione
En Córdoba, el cuarto distrito por el número de electores, el
cambio es resultado del desgaste y la asociación del gobierno de
la UCR con la corrupción (ver cuadro 5). En la provincia no existen grandes acontecimientos de criminalidad cotidiana, pero la
UCR la gobernó en forma continuada desde 1983, con mecanismos de corrupción similares a los del PJ a nivel nacional. El partido de oposición gobernante en la provincia sufrió el mismo proceso de descrédito que el PJ a nivel nacional; el tema de la corrupción fue una de las demandas principales de la sociedad argentina en las elecciones de 1999.
CUADRO 5 -
FALTA ENTREGAR
Santa Fe (cuadro 7), tercer distrito en cuanto a cantidad de
electores, es uno de los ocho distritos que el PJ gobierna sin interrupciones desde 1983 y que, en la elección a gobernador, poco antes de las nacionales, logró despegar de las derrotas del PJ
en octubre. Seguramente, la diferencia radica en la presencia de
uno de los personajes con más perspectivas de futuro en la resolución de la gobernabilidad en Argentina, proveniente de las
carreras automovilísticas, no de la política, Carlos Reutemann.
�Cirugía Mayor Argentina, fin de siglo -
CUADRO 7 - VOTOS
A
GOBERNADOR - PCIA.
DE
279
SANTA FE (%)
Este caso recuerda cuando en EEUU, en la década de 1980, un
mal actor llegó a presidente. Generaba comentarios risueños,
sin embargo demostró tener una gran capacidad para ejercer la
hegemonía política. Esto expresa la crisis de una época en que
surgen numerosas dificultades para continuar con el mismo modelo de funcionamiento político; los cambios que se registran en
la economía, en la política y en la sociedad repercuten en los
partidos políticos, desgastando a sus figuras; las formas clásicas
de acceso al liderazgo político dejan de funcionar y aparecen los
personajes de la farándula como “extrapartidarios”.
La gobernabilidad del capitalismo argentino en el fin de siglo, combina un Poder Ejecutivo Nacional en manos de la coalición liderada por la UCR, y provincias con ejecutivos del PJ.
Una Cámara de Diputados con mayor presencia de la Alianza sobre el PJ (cuadro 11) y una Cámara de Senadores claramente
hegemonizada por el PJ (cuadro 12) A su vez, la Corte Suprema
�280
- Julio Gambina - Daniel Campione
CUADRO
11 -
COMPOSICIÓN CÁMARA DE DIPUTADOS
de Justicia es mayoritariamente influida por
el PJ. Esta situación se
reproduce, incluso en
sentido inverso en algunas provincias (p.e.
en Buenos Aires).
CUADRO
12 -
(%)
COMPOSICIÓN CÁMARA
DE SENADORES
(%)
�Cirugía Mayor Argentina, fin de siglo -
281
Una nueva cultura
Al comienzo del gobierno de Menem aparecían como problemas a resolver la inflación y el estancamiento. Tanto los analistas políticos como el imaginario social, se le adjudica al menemismo la “resolución” de ambos aspectos. El régimen de convertibilidad (un peso = un dólar) que rigió desde abril de 1991,
es el instrumento privilegiado para explicar la contención inflacionaria y el crecimiento del PBI.
Sin embargo, es bueno destacar que el crecimiento económico no es tal si se considera la década, que parte de un piso
muy bajo del bienio 89/90 y que desde la recesión del 95/96 luego del “efecto tequila” tuvo serios problemas para recuperar los
niveles de expansión de la primera mitad del decenio. En el ámbito de la producción industrial Argentina recuperó, recién en
1999, el importante nivel alcanzado en 1974. La prolongada recesión iniciada en 1998, con continuidad en la gestión de la
Alianza, ratifica este planteo.
El otro dato a tener en cuenta es la importante afluencia de
capitales externos que sostuvo el financiamiento de la expansión del crédito interno y el consumo en la primera mitad del
periodo presidencial de Menem, y que le valiera la reelección
presidencial en el marco de la primera gran recesión. Esos capitales ingresaron para financiar el déficit fiscal y externo, tentados por las excelentes condiciones que les aseguraron las privatizaciones de las empresas públicas y los altos rendimientos
financieros que ofrecían las condiciones económicas locales.
La economía argentina creció en base al desarrollo de los servicios; desde 1989, mientras el sector productivo baja del 45% al
35%, el sector servicios crece al 65%. La Argentina se fue transformando de un país capitalista con un fuerte perfil productivo
en otro país que privilegia los servicios (que además puso en manos privadas, en condiciones de monopolio, con nulas posibilidades de ejercer sobre ellos el control público), con fuerte concentración de la riqueza y un gran polo de desigualdad.
Culturalmente se transformó la sociedad, el consumismo y
�282
- Julio Gambina - Daniel Campione
el individualismo aparecen como los valores a sustentar. La ostentación de la riqueza fuertemente concentrada constituye un
valor asumido por los sectores pudientes, en convivencia con la
pobreza y marginación más extrema. La derrota cultural sufrida por los valores solidarios se transitó por las armas y la manipulación del consenso social, donde los medios de comunicación jugaron un papel muy importante. En todo caso, en ese
ámbito es donde se conjuga el poder económico y el ideológico,
tanto por el dominio privado del satélite (telefónicas) como de
los principales multimedia (diarios, radios y TV) en la Argentina.
Más allá de la imagen favorable en la contención de la inflación, se asocia al legado menemista la explosión del desempleo
y subempleo, los que sumados alcanzan el 30%; la caída de los
salarios, el crecimiento de la informalidad y la precariedad del
empleo; pero también las penurias de otros sectores populares,
tales como los pequeños y medianos productores del campo y
la ciudad. Cabe destacar que el desempleo se generalizó en un
país que históricamente no lo sufrió. Solamente el 40% de los
trabajadores tienen contratos de trabajo, en “blanco”; el resto
son empleos informales, precarios e irregulares.
La deuda externa pública se duplica y la privada se decuplica a lo largo de la década. Los intereses de la deuda externa pública consumen el 18% del gasto público y el déficit fiscal y externo constituyen datos de complejo abordaje ante la incapacidad recaudadora acrecentada por niveles alarmantes de evasión
y elusión fiscal, y falta de aptitud exportadora ante la destrucción de buena parte del aparato industrial local (salvo sectores
como el alimentario) y los límites de la política cambiaria y económica en general derivada de la convertibilidad.
Además, debe adicionarse en el imaginario social la idea de
que la corrupción está extendida en todos los poderes de la República: ejecutivo, legislativo y judicial. Son muchos los casos
en la justicia vinculados al tráfico de armas, al narcotráfico, al
cohecho y negocios diversos que asocian a grandes empresas
con funcionarios y personalidades, como los conocidos casos de
�Cirugía Mayor Argentina, fin de siglo -
283
los negociados entre IBM y el gobierno nacional, algunos provinciales y la Dirección General Impositiva. Son pocos los casos
esclarecidos aunque la sociedad ya tiene el veredicto. Son
acontecimientos que van desde asesinatos de periodistas a la
voladura de un arsenal, incluyendo los atentados contra edificios de la comunidad judía. Argentina vendió armas a Croacia
y a Ecuador durante su conflicto con Perú. Para destruir las
pruebas volaron un arsenal completo, afectando al pueblo de
Río Tercero (provincia de Córdoba), con gravísimos costos humanos, económicos y sociales.
El problema de la seguridad no está planteado desde los
esenciales derechos humanos de educación, salud y trabajo, sino desde el punto de vista del robo. La inseguridad derivada de
la situación de explotación y marginación, constituye otro de
los problemas centrales que acusa la sociedad. Es un problema
fuertemente asociado a la delincuencia policial. Según las estadísticas, proporcionalmente existen más sentencias y condenas
a personal policial que al conjunto de la criminalidad extra policial. Corrupción y delincuencia aparecen así, asociados a la
policía y a su poder de represión y organización del crimen.
En síntesis, más allá de las opiniones o críticas existe una
importante valoración de la “estabilidad” monetaria y el control
inflacionario y del tipo de cambio y a la vez, una demanda por
modificar la situación compleja del desempleo, la inseguridad y
la corrupción. En estos tres aspectos se pueden centrar los
principales datos del triunfo electoral de la Alianza en el ámbito nacional, e incluso explica los triunfos del PJ en algunas provincias, particularmente en Buenos Aires. Ruckauf (PJ) levantó como consigna de campaña la “mano dura” en la represión de
la delincuencia y nombró, como secretario de Seguridad de su
gobierno, al militar golpista Aldo Rico, que había obtenido el
62% de los votos en la candidatura a intendente de San Miguel.
Durante la campaña electoral parecía que los discursos de mano dura resultarían negativos, luego de lo que había representado la dictadura militar; pero buena parte de la población10 fue
captada por el discurso de la seguridad reducido al control de
�284
- Julio Gambina - Daniel Campione
la criminalidad; incluso conocidos personajes vinculados a la represión militar adquirieron un relieve político impensable en
otras circunstancias. La evolución política posterior, demostrará que los gobiernos surgidos en las elecciones de 1999 no resolvieron ninguna de las cuestiones señaladas.
Es necesario poner en claro que durante la campaña electoral las tres fuerzas que la monopolizaron pusieron en el centro de la escena el tema de la corrupción, dejando en segundo
plano problemas como la desocupación, que según las encuestas constituía una de las preocupaciones principales de la gente. Por otra parte, el tema de la seguridad fue reducido al de la
delincuencia de marginales, sin tomar la problemática de los
abusos policiales y las operaciones de diferentes 'mafias'. El
sujeto más sospechado de corrupción en Argentina es la policía, particularmente la de la provincia de Buenos Aires y la Federal; sus componentes tienen una proporción demasiado alta
de condenas, procesos judiciales y sentencias en firme. Sin embargo, son ellos quienes tienen el encargo de controlar la seguridad ciudadana.
¿Se votó por un cambio?
El vencedor de las elecciones, Fernando de la Rúa, se presentó como antimenemista, pero su campaña electoral y sus
primeros anuncios dejaron entrever la absoluta continuidad de
las políticas del gobierno anterior, que a su vez continua, en un
plazo más largo, la esencia del proyecto de la dictadura. Aunque
con promesas de transparencia y honestidad en la administración y combate contra la corrupción, puestas en duda luego con
las denuncias de cohecho en la Cámara de Senadores e incluso
con la renuncia del vicepresidente, Carlos Alvarez.
Es difícil determinar el alcance de los cambios demandados. Existen encuestas que señalaban la inconformidad económica de la población y al mismo tiempo el temor ante toda posibilidad de modificación del régimen cambiario. El tema aparece
�Cirugía Mayor Argentina, fin de siglo -
285
muy claro en el primer mensaje presidencial, al hablar de transparencia y honestidad en la gestión. No habría cambios en el
modelo de políticas de apertura, desregulación, privatización y
favoritismo al gran capital, tal como estaba afirmado en la campaña electoral de la Alianza y en la designación de cuatro economistas fuertemente identificados con las concepciones emanadas del Consenso de Washington al comienzo de la década de
1990. Todos ellos son confiables ante los organismos financieros
internacionales y los capitales más concentrados que definen el
bloque de poder en la Argentina.
Todas las señales emanadas del discurso inaugural del nuevo presidente apuntaban a mantener el rumbo económico e impulsar medidas para combatir la inseguridad derivada de la criminalidad y en un marco de no-corrupción. Cabe señalar que el
predominio de la iniciativa privada de carácter monopólico conlleva la marginación social; su resultante es el aumento de la delincuencia; además favorece los negocios espurios con ámbitos
del Estado. El bloque de poder logró sus objetivos a través de
Menem, quien dejó de ser funcional a sus intereses, luego de la
más feroz transferencia de ingresos del siglo. Las exigencias pasaron luego por la llamada “seguridad jurídica” (respeto de las
privatizaciones) y la depuración de los estamentos estatales
(además de su reducción, la “2da. Reforma”).
Un interrogante válido es si Menem perdió. Baste decir, que
al no haber sido candidato es difícil afirmarlo, aunque las encuestas lo ubicaban en un bajísimo nivel de popularidad y alto
rechazo. El que perdió fue el PJ y su candidato, Eduardo Duhalde (boicoteado por el propio Menem), aún luego de intentar
despegarse de las políticas del gobierno, retomando algunas de
las banderas históricas del peronismo, en especial la de 'justicia
social'. Incluso llegó a plantear el no pago de la deuda externa,
creíble para un candidato de la izquierda pero no para quien
fue parte principal de las negociaciones con los organismos internacionales. Puede decirse que el menemismo no tuvo candidatos en la elección presidencial, aunque las propuestas de gobierno de los tres principales candidatos puedan considerarse
�286
- Julio Gambina - Daniel Campione
de corte menemista, en tanto sustentadores del “modelo”, palabra
que identifica a la convertibilidad, que ninguno quiere abandonar.
Pese a que la inmensa mayoría votó por las propuestas que
explícitamente se definieron por mantener la política económica, una encuesta realizada poco antes de las elecciones indicó
que la mayoría de la población consideraba que la economía estaba muy mal a nivel de su bolsillo individual; pero ante la pregunta sobre la necesidad de modificar la política económica, la
estabilidad y la convertibilidad, la respuesta era negativa. Es
decir que no se identifica lo que sucede a nivel individual como resultado directo de las políticas estatales. Podríamos definir que se trata de una sociedad disciplinada, sin capacidad para diagnosticar e identificar el problema individual y sectorial
con el contexto más general, lo que traba todo intento de respuesta a través de una propuesta alternativa que, por otra parte, no existe.
Lo que desde el 10 de diciembre de 1999 funcionó como
“oposición” tenía bajo su “control” la Corte Suprema de Justicia
y el Senado Nacional. Para describir el escenario que se presentó en el traspaso de poder, cabe citar que, según la última reforma constitucional, la Auditoría de la Nación debe ser presidida
por un funcionario designado por el principal partido de la oposición. El PJ nominó a un personaje nefasto de la década, que transitó por la Corte Suprema, el Parlamento, la Secretaría de la Presidencia y que actuó en las privatizaciones; además, en ocasión de
la reforma constitucional, encabezó las negociaciones previas y el
bloque del PJ; luego desarrolló una (fallida) teoría sui generis para fundamentar la re-reelección de Menem. En su juventud fue activo militante de grupos nazis y fascistas en Argentina. La Alianza
intentó trabar su designación, pero esta cumplía las normas constitucionales; al oficialismo solo le quedó no concurrir a la ceremonia de asunción. Al asumir, el Dr. Rodolfo Barra declararía: “Yo soy
el jefe de la Auditoría desde ahora. Todo lo que ocurrió en el
gobierno anterior ya fue auditado por la auditoría anterior.
Yo empiezo a auditar desde este gobierno. Mis funciones empiezan el 10 de diciembre”. Es decir, lo pasado pisado.
�Cirugía Mayor Argentina, fin de siglo -
287
La Alianza debió gobernar con una oposición que ostentaba
amplios instrumentos parlamentarios, jurídicos y constitucionales
que le facilitaron un fuerte poder político.
La fuerte concentración de poder durante la década se afirma en
una votación que supera el 90% para los tres primeros candidatos: De la Rúa, Duhalde y Cavallo. La asociación de los dos últimos determinó el triunfo en la provincia de Buenos Aires y la suma nacional prácticamente iguala a la fórmula ganadora. De tal
manera que resulta difícil arriesgar que perdió el menemismo.
¿Puede decirse que en Argentina la población votó por un
cambio? ¿Hubo en realidad una modificación en la paridad de
fuerzas políticas? Las elecciones de octubre de 1999 pusieron
de relieve el éxito que logró Alfonsín con el Pacto de Olivos para la UCR. El radicalismo logró en 1999 la elección más importante desde 1983, cuando Alfonsín superó la barrera del 50% de
los votos, logro que no alcanzó ni siquiera Menem en su mejor
momento. En 1989 la UCR baja a poco más del 30%, y al 17%
en 1995, tras la firma del Pacto de Olivos. Muchos creyeron
muerto al radicalismo, pero entre 1995 y 1999 hegemonizó la
fórmula de la Alianza, su histórico dirigente De la Rúa se acercó al 50%, y Alfonsín aparecía en las encuestas como uno de los
políticos más populares de la Argentina. De su supuesta inexistencia tras la crisis política con hiperinflación que hizo anticipar
su salida del gobierno en 1989 y el descrédito por el Pacto de
Olivos, no solo se restituyó la credibilidad de la UCR, sino que
ganó la presidencia.
El margen izquierdo
En Argentina hubo un ciclo de ascenso de las luchas populares, cuyo punto culminante fue la “Marcha Federal” de junio
de 1994, que involucró a todas las provincias, desde donde partieron multitudinarias caravanas de activistas sociales, fuerzas
�288
- Julio Gambina - Daniel Campione
políticas, sindicatos de trabajadores y otros sectores sociales.
Entre 1993 y 1994, en el marco de esa resistencia y pretendiendo nuevas formas de hacer política, se funda el Frente Grande,
confluencia del Partido Comunista y otros sectores de la izquierda, varios de centroizquierda11 y sectores de la disidencia
peronista,12 que se presenta como un partido político capaz de
contener la resistencia que se estaba desarrollando. Generó importantes expectativas en un amplio espacio de la resistencia
popular y del activismo social y político. Incluso obtuvo éxitos
electorales, que se expresaron con cierta fuerza y visibilidad en
la Asamblea Nacional Constituyente de 1994.
En el momento más alto de la lucha social, los principales líderes declararon: “nosotros no somos la expresión política
de esta resistencia popular”; no se querían hacer cargo de dirigir ni de representar políticamente a la Marcha Federal de
1994. Es entonces que se produce un viraje hacia la “gobernabilidad” con un accionar en dos movimientos al interior del
Frente Grande que finalizó absorbido por la UCR.
Uno de los actos en ese sentido fue la expulsión del Partido
CUADRO
13 -
COMPARACIÓN DE VOTANTES
(EN %)
Y BANCAS OBTENIDAS POR LA ALIANZA, LEGISLATURA DE LA CIUDAD
�Cirugía Mayor Argentina, fin de siglo -
289
Comunista y de los dirigentes peronistas más radicalizados. El
otro, simultáneo, fue la configuración de lo que sería el Frepaso, convergencia con los partidos de la Unidad Socialista y un
sector escindido del PJ encabezado por Bordón, quien ganaría
las internas y encabezaría la fórmula presidencial. Esta reorientación quedará afirmada en el acuerdo con la UCR en 1997 al
conformarse la Alianza para disputarle el gobierno al PJ, completando el progresivo abandono de sus posiciones iniciales de
izquierda para convertirse en “partido de gobierno”.
De segunda fuerza política en las presidenciales de 1995, quedó absorbido por la UCR al perder de nuevo la elección interna
para dirimir la fórmula presidencial. La pre candidata presidencial del Frepaso, Graciela Fernández Meijide, jugó su destino
en la candidatura a gobernadora por Buenos Aires, donde perdió a manos del PJ, mientras en las legislativas provinciales de
1997 había arrasado.
CUADRO
14 -
RESULTADO DE LA ELECCIÓN A JEFE DE GOBIERNO,
7
DE MAYO DE
2000
�290
- Julio Gambina - Daniel Campione
La izquierda hace décadas que soporta una fuerte marginalidad
en Argentina. En las elecciones de 1999 se presentó en seis fórmulas que en su conjunto acumularon el 3% de los votos. Ninguna de ellas alcanzó el 1% a nivel nacional. Hasta se mencionó el síndrome del “0” para la izquierda clásica, tradicional, que
levanta las mismas banderas que se pueden levantar en Chile,
Uruguay, o Brasil. Pero curiosamente en la ciudad de Buenos
Aires, con hegemonía de la Alianza, la izquierda en conjunto
obtuvo el 7%. De haber concurrido unificada, podría haber colocado algún diputado nacional, lo que le hubiese dado un nivel
de visibilidad muy grande. La falta de unidad de la izquierda no
se origina en disputas entre dirigentes por cargos sino en distintas visiones sobre cómo se recompone la dinámica social, política, cultural en Argentina, donde la izquierda hace décadas
que no tiene la hegemonía del movimiento popular, en manos
del radicalismo o del peronismo, lo que implica un gran desafío
para lograr su reconstitución.
NOTAS
1
A modo de ejemplo puede considerarse al Estado de Río Grande do Sul
en Brasil que está impulsando el Presupuesto Participativo con base en
la experiencia acumulada en la Administración del PT en Porto Alegre.
El interrogante tiene que ver con aquellas localidades del Estado que no
son administradas por el PT. En la Argentina, el tema está incluido en la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tras muy pocas
reuniones que intentaron implementarlo, el programa se suspendió.
2
En un Seminario sobre el impacto social del Ajuste Estructural en América Latina, organizado por el grupo de Economía Internacional de CLACSO, en noviembre de 1999, en Porto Alegre, Brasil junto a los análisis de
economistas y profesionales se escuchó la opinión de los organismos internacionales y la visión que al respecto tienen los movimientos sociales.
Para ese efecto se invitó a exponer las experiencias y visiones del Movimiento Zapatista, del Movimiento sin Tierra y la Central de Trabajadores
�Cirugía Mayor Argentina, fin de siglo -
291
Argentinos. Todos movimientos que emergieron con visibilidad en los 90
y son expresión de nuevas formas de representación y acción.
3
La Organización Mundial del Comercio.
4
Una de las bases es la actual liquidez del sistema internacional; por eso
cualquier dificultad en cualquier mercado repercute en Argentina como
una tremenda explosión. No se puede creer que el peso argentino tenga
una perdurabilidad en el tiempo similar al dólar de EEUU.
5
El modelo de acumulación instalado en el período 1945/52 se basaba en
una fuerte acción del Estado para industrializar y urbanizar el país; protección aduanera, extensión del mercado interno, salarios altos y legislación social, que a la vez que aseguraba consumidores alejaba el “peligro
rojo”. A partir de 1952, agotado el modelo, se pone el centro en el “desarrollo”, basado en la explotación de las fuentes de materias primas y la
adquisición de nuevas tecnologías en asociación con los capitales extranjeros, a los que se otorgan concesiones cada vez más importantes.
6
Alsogaray diría: “por años traté de hacer política desde un partido testimonial; tenía dos opciones: hacerme popular y cambiar mis ideas o hacer al
revés, ir a un partido popular, dotarlo de ideología liberal, etc.; logré lo que
quería, que un partido mayoritario me haga caso”. Logró lo que por años
los conservadores intentaron sin éxito: consenso social; desde los ‘30, sólo habían logrado imponerse en base a las alianzas con los militares; ahora
ya no les hace falta, consiguiendo consenso económico y cultural (al menos la aceptación). El golpe de estado es innecesario (con la rebelión carapintada el primer apoyo al gobierno llega desde la embajada de EEUU).
7
Todos miembros en distintas funciones del gobierno militar (1976/83) y
legitimados por votación en diferentes momentos pos-dictadura.
8
Por otra parte, el sector juarista del PJ fue el único en oponerse a la ley
de ajuste provincial.
9
Hegemonía permanente PJ: Jujuy, Formosa, La Rioja, S. Estero, S. Fe,
Santa Cruz, La Pampa, San Luís (8)
Hegemonía permanente UCR: Río Negro (1)
Partidos provinciales: Neuquén y Corrientes (2)
Cambios: San Juan, Mendoza, E. Ríos, Misiones, Córdoba, Chaco, Chubut, Catamarca, Tucumán, Salta, Buenos Aires (11)
10
No sólo los sectores medios, sino también entre los propios trabajadores,
en un juego de pobres con trabajo contra otros más pobres sin perspectivas, marginados por su situación de desocupados estructurales).
11
Por ejemplo Graciela Fernández Meijide, su figura más conocida.
12
Originalmente un grupo de diputados del PJ que se habían organizado en
bloque aparte, encabezados por Carlos “Chacho” Alvarez.
�Cirugía Mayor Argentina, fin de siglo -
293
EPILOGO
Post-scriptum
Los dos años que siguieron a los diez de que se ocupa centralmente este libro, vale decir 2000 y 2001, se caracterizaron por
la profundización de las tendencias que en él se procura describir y explicar. La clase dominante, la dirigencia política, y la burocracia estatal, perseveraron en el sentido general de sus estrategias y comportamientos concretos. La concentración y centralización del capital siguió su curso, así como la aplicación al aparato estatal de reformas centradas en la fiscalidad y los requerimientos más inmediatos de los capitalistas, y no en las necesidades de re-funcionalización del mismo. La dirigencia política
continuó dedicada a profundizar sus vínculos con la gran empresa y su alineamiento con los poderes financieros y políticos
internacionales, renunciando a toda intención de transformar la
sociedad en algún sentido progresivo. Mas allá de los lamentos
de rigor sobre el aumento de los niveles de pobreza, el crecimiento de la desocupación, el deterioro del salario, quiénes han
manejado el aparato estatal o bien tienen posiciones de privilegio en la trama de relaciones que constituyen el 'Estado' en el
sentido más profundo del término, al menos consintieron, cuando no trabajaron activamente para ello, que este proceso regresivo siga su curso e incluso incremente la velocidad y profundidad con que se produce.
Sin embargo, si por alguna dimensión de la realidad estuvo
signado el lapso diciembre 1999/diciembre 2001, fue por un salto
cualitativo en el nivel de la crisis política que vive la sociedad argentina. Las políticas en curso se encontraron con movimientos
de resistencia cada vez más firmes y más frecuentes, y con un
�294
- Julio Gambina - Daniel Campione
hartazgo progresivamente mayor frente al completo abandono
por parte de la dirigencia política de toda preocupación coherente por la suerte de las clases populares, mas allá de las maniobras de manipulación tendientes a la obtención de votos en
las elecciones, o a garantizar un margen de pasividad e inacción
que reemplace, en alguna medida, la obtención de un consenso
activo y duradero.
Los enfoques que centraban en el ‘menemismo’ y en sus acciones de deterioro de las instituciones políticas la problemática
de la década 89-99, se han visto profundamente desmentidas por
el desarrollo del proceso. Quiénes reemplazaron al gobierno de
Menem en nombre del fin de la corrupción y la recomposición de
las instituciones republicanas, lo hicieron también dispuestos a
encarar una ‘segunda etapa’ de las reformas estructurales producidas por Menem; lo que implicaba, con toda claridad, seguir en
el sendero del Consenso de Washington y de las orientaciones de
los organismos financieros internacionales. El resultado fue la
continuidad del camino tomado por Menem, aun en el campo del
deterioro institucional y del desprestigio de la dirigencia política
frente al conjunto social.
Hoy aparece, con mayor claridad aún que hace unos años, la
continuidad subyacente en todo el último lapso, pese a un cambio tan importante como el del paso de una dictadura sanguinaria a un régimen constitucional, que mantuvo un nivel aceptable
de vigencia de las libertades públicas. Ese régimen agoniza,
abrumado bajo el cargo certero de que todo su transcurso no ha
sido sino la continuidad y la profundización del proceso de instauración generalizada de desigualdad y empobrecimiento que
abrió la dictadura en 1976. El advenimiento de la democracia, lamentablemente, sólo aportó al empeoramiento de las condiciones de vida y trabajo de la gran mayoría de la población. En estos últimos dos años, esto se hizo evidente incluso, para las capas
mejor ubicadas de los llamados ‘sectores medios’, que comenzaron a ver que no quedaban ya totalmente a salvo, ni de la desocupación, ni de la caída pronunciada del nivel de vida.
Casi dos décadas de gobiernos elegidos por sufragio popular,
�Cirugía Mayor Argentina, fin de siglo -
295
período en el que se alternaron los dos partidos mayoritarios y
una fuerza nueva, ha dejado a esas organizaciones políticas, y a
la casi totalidad de su dirigencia, en el lugar de blanco del rechazo, activo y militante, de la inmensa mayoría de la población. Esto se manifestó con toda claridad en los comicios legislativos de
octubre de 2001, y dio un nuevo salto a partir de la ira popular
por el ‘congelamiento’ de los depósitos bancarios, y por la incapacidad gubernamental para tomar ninguna decisión que no fuera en la dirección de los intereses de la gran empresa, aún a costa de perder todo consenso en la población y en la propia coalición de gobierno. La renuncia del presidente De la Rúa, y del artífice del ‘éxito’ neoliberal de los primeros 90, Domingo Cavallo,
bajo la presión de millares de personas volcadas a las calles y decididas a no abandonarlas fácilmente, ni ante la amenaza del estado de sitio, marcó el virtual derrumbe del sistema político. La
decisión de buena parte de los movilizados, en cuanto a no cejar
en su actitud de protesta y de acompañarla con la búsqueda de
propuestas novedosas, basándose en mecanismos caracterizados por la deliberación directa, un pluralismo real y no sólo de
formas, y la refundación de la representación a partir de mandatos imperativos y revocables, ha complicado aun más el panorama de toda la dirigencia, sin excluir a empresarios, banqueros y
medios de comunicación, en una muestra de que la acción desde ‘arriba’ para limitar el cuestionamiento a la mal llamada ‘clase política’ (excluyendo así a los capitalistas que la dirigen) ha
fracasado hasta ahora. Legisladores, funcionarios y ex funcionarios, dirigentes partidarios, sindicalistas, economistas y consultores, grandes empresarios, no pueden hoy caminar por la calle
ni exhibirse en lugares públicos, sin exponerse a la repulsa ruidosa, y a veces violenta.
Con todo, la movilización continúa signada por cierta dispersión de modalidades y objetivos, disputas internas que afloraron rápido y con fuerza, y la tendencia a hegemonizarla de algunos de los partidos de izquierda, ganados por un triunfalismo
desproporcionado, y despreocupados de una construcción de
poder que no se centralice en sus propias organizaciones, por
�296
- Julio Gambina - Daniel Campione
otra parte pequeñas y sumidas en sus propias crisis. La asunción
de un gobierno como el de Eduardo Duhalde, con menos de dos
años de plazo, dudosa legitimidad de origen, y nula resolución a
la hora de cambiar ningún aspecto sustantivo de las políticas anteriores, no hace sino prolongar la incertidumbre.
Todos los interrogantes están aún abiertos, en un escenario
de tiempos acelerados por la crisis y la movilización, y en el que
las fuerzas conservadoras han sufrido varios traspiés sucesivos,
pero mantienen todavía vastas posibilidades de reagrupamiento y reorganización. Su problema más grave es que no han conseguido generar otra política que la de proseguir una expropiación masiva que ya no logra conducir (como sí lo hizo en los primera mitad del decenio pasado) a nada que pueda ser presentado como avance o éxito. Sólo queda, por ahora, el discurso
puro y duro de la austeridad y el ajuste, acompañado por mayor
liberalización y privatizaciones (el sistema bancario oficial es
quizás el botín más codiciable dentro de lo que queda en pie en
el ámbito estatal), y las consabidas políticas sociales de modalidad focalizada, con cada vez más ‘heridos’ por el sistema y menos recursos para asistirlos. Y esos elementos no bastan ya para generar consenso, ni siquiera pasivo y resignado, sino que
suscitan un hartazgo que tiende a ser más activo y ruidoso cada vez. El llamado establishment debate hoy qué hacer frente
a la protesta omnipresente, si apostar a su desgaste paulatino,
o reprimir con ‘mano dura’ frente a ‘desbordes’ que muchos
consideran ya intolerables.
Uno de los efectos más interesantes de las últimas movilizaciones, fue el puente tendido entre ese amplio y heterogéneo
conglomerado llamado ‘capas medias’ y los desocupados y trabajadores pobres que se movilizan a través de los ‘piquetes’. Mientras los piquetes y cortes de ruta se generalizaron progresivamente, hasta constituir la forma de lucha más característica de la
segunda mitad de la década de 1990, con fuerte repercusión y
una reacción represiva expresada sobre todo en la apertura de
centenares de procesos incriminando a los partícipes de variadas
figuras delictivas, otros sectores urbanos tuvieron expresiones
�Cirugía Mayor Argentina, fin de siglo -
297
más dispersas y esporádicas (aunque trascendentes, como los
‘escraches’ dirigidos inicialmente a los represores y luego convertidos en vehículo de todo tipo de repudios, personalizados o ‘institucionales’), que en diciembre de 2001 dieron paso a un masivo ‘cacerolazo’ y a la rápida organización de asambleas que expresaron un estado deliberativo que no alcanzó a ser masivo, pero sí contó con simpatías mayoritarias entre la población no participante, y que, al traer el resultado de la virtual caída de dos
gobiernos (en realidad la caída del primero tuvo como disparador inmediato el virtual combate callejero del veinte de diciembre, distinto en composición social y modalidades de acción al
‘cacerolazo’ del día anterior), insufló una nueva fe en las posibilidades de la acción colectiva y del enfrentamiento con el poder,
que había flaqueado al menos desde la frustrada movilización de
Semana Santa de 1987.
El sector que, si bien se sumó a las otras formas de lucha,
no adquirió el protagonismo en ellas, es el de los trabajadores
asalariados, que ha visto disminuir su capacidad de convocar a
huelgas y otras protestas de directa confrontación con la patronal, por el miedo al despido en épocas de creciente desocupación. Los sindicatos arrastran un grado de merecido desprestigio que angosta su capacidad de movilización, salvo en algunos
gremios, sobre todo estatales, en los que se conjuga la menor
facilidad para las cesantías, con la existencia de dirigencias sindicales que no padecen el desprestigio en tan alto grado. Algo
de ello ocurre con la CTA, organización que avanzó en la integración de trabajadores de la producción (energía, metalúrgicos, neumáticos) y de servicios (gastronómicos, transporte),
como desocupados desde organizaciones territoriales que integran el piquete como modalidad privilegiada de lucha. Se destacó su accionar en este periodo por la conformación del movimiento por una consulta popular articulando un espacio popular integrado por otros movimientos sociales , organizaciones
políticas y personalidades diversas, proponiendo un salario social compuesto por un seguro de empleo y formación y asignaciones universales para menores de 18 años y mayores de 65
�298
- Julio Gambina - Daniel Campione
años sin cobertura previsional. Consulta realizada a dos días de
la pueblada de diciembre y que cosechó la adhesión de más de
3 millones de pesonas en todo el país.
La consulta popular, las asambleas y los cacerolazos, particularmente en la Capital Federal, asumieron un carácter popular,
indiferenciando en “acto” a las distintas clases expresadas en su
seno. Esa indiferenciación puede pensarse como tendencias de
conformación de un bloque popular sin hegemonía precisa, aunque a veces en la prensa se le asigna a las capas medias descontentas. Las llamadas capas medias incluyen hoy desde trabajadores calificados, técnicos y profesionales, hasta pequeños empresarios y trabajadores por cuenta propia, pasando por estudiantes y trabajadores de la comunicación y el arte, a los que se
suma en los últimos años un amplio conjunto de jóvenes provenientes de familias de ‘clase media’, pero que sólo consiguen
trabajos precarizados o permanecen en la desocupación, y el
numeroso conjunto de afectados por un proceso de ‘movilidad
social descendente’, pero que conservan los vínculos sociales, la
formación cultural y las expectativas a futuro comunmente
identificadas con esos sectores.
Es cierto que la crisis se llevó consigo el régimen de convertibilidad, con su engañosa sensación de ‘estabilidad’. La devaluación de la moneda incorporó nuevos datos de incertidumbre,
con recesión e inflación creciente. El resultado está profundizando las tendencias estructurales que hemos definido en este
libro. La desocupación abierta superaba el 22% al comienzo de
2002, con un 44% de la población bajo la línea de pobreza, y el
dólar superando los $3 en la víspera del 24 de marzo, que nuevamente reunía a miles de personas en las calles denunciando
el golpe genocida de 1976. Esta vez la conmemoración era distinta. El sentir generalizado remitía al fin de los efectos paralizantes del terrorismo de Estado, y a una recuperación de la acción colectiva y las luchas como forma de transformar la realidad, la política volvía a las calles, rebasando el modelo ‘administrativo’, pergeñado por comunicadores, tecnócratas y políticos
�Cirugía Mayor Argentina, fin de siglo -
299
cuya pretensión ‘moderna’ se agota en el acatamiento continuado a los dictados del gran capital. El enfrentamiento masivo al
Estado de Sitio del fin de gobierno del Dr. De la Rúa y el clima
de movilización continua que atravesó el verano argentino de
2002, son síntomas de un nuevo tiempo.
Mayo de 2002
�Cirugía Mayor Argentina, fin de siglo -
301
INDICE
3
31
31
31
35
38
45
45
50
60
79
83
83
84
85
87
90
93
102
Introducción
I. La economía de la década
Estabilización y reforma estructural en la Argentina 1989-1999 (59 páginas)
Antecedentes
Los postulados del Consenso de Washington
Las reformas
Evolución económica
Sistema financiero: creación de las AFJP’s y
ART`s
Producción y desigualdad de ingresos
Privatizaciones a medida
Balance: concentración de la riqueza y
fragmentación social
II. El nuevo Estado
Reforma estatal: el ausentismo aparente
Transformación del Estado argentino
Apuntes históricos
Fuera del orden del día
El Estado en debate
Ajuste estructural
Instalación del discurso único
�302
106
108
110
117
120
- Julio Gambina - Daniel Campione
La ilusión tecnocrática
La gerencia pública
¿Quién dirigió el Estado en los 90?
El rol “social”
De fiscalistas y tecnoburócratas
124
132
132
137
139
142
145
151
155
Concentración capitalista y vida política
Evolución de las fuerzas políticas
Partido Justicialista
Unión Cívica Radical
Frente Grande y Frepaso
Partidos adaptados a los 90
La proyección política de los grandes empresarios
El debate disciplinado
Consolidación democrática: saldo de una década
187
187
192
196
202
207
212
217
224
III. La vereda de enfrente
La lucha de los de abajo
Defensa de la empresa pública
Del incendio en Santiago del Estero
a la Marcha Federal
Piqueteros y fogoneros en calles y rutas
Estado, dirigencia sindical y clase obrera
Los sindicatos en la presidencia Menem
Situación de la clase obrera
Mirada al final del decenio
230
239
242
245
Intelectuales y política
Frepaso: gloria y decadencia del progresismo
Las formas y el fondo
Revolucionarios de fin de siglo
�Cirugía Mayor Argentina, fin de siglo -
248
A modo de conclusión
265
265
269
281
284
286
IV. Hegemonías electorales
El fin de una década: elecciones 1999
Menem pudo
Una nueva cultura
¿Se votó por un cambio?
El margen izquierdo
293
293
Epílogo
Post-scriptum
303
�Este libro se terminó
de imprimir en el mes de Setiembre de 2002
en Argentina, por Grupo Editor Altamira
Santa Magdalena 635,
(C 1277 ACH), Buenos Aires.
�
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AJUSTE ESTRUCTURAL
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La guerra civil española y los comunistas argentinos: solidaridad y participación
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Campione, Daniel
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Fil: Campione, Daniel. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Dep. Unidad de Información
Subject
The topic of the resource
HISTORIA
GUERRA CIVIL ESPAÑOLA, 1936-1939
COMUNISTAS
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Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini
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2021
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Historia
-
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Libros y folletos
Description
An account of the resource
Ediciones del CCC / EDG
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Para leer a Gramsci
Subject
The topic of the resource
MARXISMO
PENSAMIENTO POLITICO
BIOGRAFIAS
GRAMSCI, ANTONIO, 1891-1937
Description
An account of the resource
Fil: Campione, Daniel. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Dep. Unidad de Información.
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Campione, Daniel
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
2007
Rights
Information about rights held in and over the resource
info:eu-repo/semantics/openAccess
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
Language
A language of the resource
spa
Type
The nature or genre of the resource
info:eu-repo/semantics/book
info:ar-repo/semantics/libro
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
ISBN 978-987-23653-0-1
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
ITA
Dep. Unidad de Información
marxismo
-
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Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Libros y folletos
Description
An account of the resource
Ediciones del CCC / EDG
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
El impacto socio político de Internet
Subject
The topic of the resource
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
INTERNET
SOCIEDAD
MOVIMIENTOS SOCIALES
BRECHA DIGITAL
Description
An account of the resource
Fil: Grupo Informática y Sociedad. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Departamento Unidad de Información
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Grupo Informática y Sociedad
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
2006-11
Contributor
An entity responsible for making contributions to the resource
Dughera, Lucila (redacción)
Rights
Information about rights held in and over the resource
info:eu-repo/semantics/openAccess
http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
Language
A language of the resource
spa
Type
The nature or genre of the resource
info:eu-repo/semantics/book
info:ar-repo/semantics/libro
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
ARG
Dep. Unidad de Información
Tecnología de la información
-
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Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Cuadernos de Trabajo
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Centro Cultural de la Cooperacion
Language
A language of the resource
spa
Description
An account of the resource
Serie monográfica de investigaciones
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
URL
http://ojs.politicasdelamemoria.cedinci.org/index.php/PM/article/view/496/475
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
La Calle, el diario de casi todos : octubre - diciembre de 1974
Subject
The topic of the resource
PERIODISMO
PRENSA
MEDIOS DE COMUNICACION
IZQUIERDA
PARTIDO COMUNISTA
Description
An account of the resource
Fil: Vommaro, Gabriel. Centro Cultural de la Cooperación. Unidad de Información
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Vommaro, Gabriel
Source
A related resource from which the described resource is derived
Cuadernos de Trabajo Nº 12 y 14
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Centro Cultural de la Cooperación
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
2002-11
Rights
Information about rights held in and over the resource
info:eu-repo/semantics/openAccess
http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
Language
A language of the resource
spa
Type
The nature or genre of the resource
info:eu-repo/semantics/workingPaper
info:ar-repo/semantics/documento de trabajo
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
ISSN 1666-8405
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
ARG
Dep. Unidad de Información
Izquierda
Prensa
-
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Cuadernos de Trabajo
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Centro Cultural de la Cooperacion
Language
A language of the resource
spa
Description
An account of the resource
Serie monográfica de investigaciones
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Racionalización y democracia en la escuela pública: la educación durante el período 1916 - 1930
Subject
The topic of the resource
EDUCACION PUBLICA
HISTORIA ARGENTINA
HISTORIA DE LA EDUCACION
SITUACION DE LOS DOCENTES
DOCENTES
Description
An account of the resource
Fil: Campione, Daniel Alberto. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Unidad de Información
Fil: Mazzeo, Miguel. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Unidad de Información
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Campione, Daniel Alberto
Mazzeo, Miguel
Source
A related resource from which the described resource is derived
ISSN 1666-8405
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Centro Cultural de la Cooperación
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
2020-10
Rights
Information about rights held in and over the resource
info:eu-repo/semantics/openAccess
http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
Language
A language of the resource
spa
Type
The nature or genre of the resource
info:eu-repo/semantics/workingPaper
info:ar-repo/semantics/documento de trabajo
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
ISSN 1666-8405
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
ARG
Dep. Unidad de Información
Historia Argentina